" ... ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR "

Cinco imputados con prisión preventiva

Afirman que “todos los días hay alguna novedad” en la causa Área Paraná
Nuevas víctimas que dicen lo suyo y una defensa abocada a la producción de contrapruebas. La causa madre por violaciones a los Derechos Humanos en Entre Ríos camina a paso sostenido pero es difícil pronosticar cuándo habrá una sentencia.

“Todos los días hay alguna novedad. Absolutamente todos los días”. La frase, de la abogada de la querella, Marina Barbagelata, ilustra el ritmo que ha cobrado, por estos tiempos, la Causa Área Paraná, luego de dos décadas de archivo y de una extensa discusión acerca de meras cuestiones procesales.
Se trata de la causa madre que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos. Pese al paso sostenido que ha cobrado el expediente en el último año, cada día aparecen nuevos testimonios, más víctimas que relatan lo sucedido y un movimiento más fuerte de la defensa de los acusados de ejecutar la represión. Esta parte, que en los últimos años se centró en el cuestionamiento y observación de aspectos procesales, se abocó más ahora a la producción de pruebas que busquen debilitar la imputación que, por otro lado, ha llevado a prisión a cinco de los acusados.
Actualmente, en el marco de la Causa Área Paraná, se encuentran detenidas cinco personas a las que imputan distintos niveles de responsabilidad, y en diferentes casos concretos, en delitos de lesa humanidad como tormentos, severidades, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Ramón Genaro Díaz Bessone quien fuera Comandante del II Cuerpo de Ejército con la jerarquía de General de Brigada, entre noviembre de 1975 y diciembre de 1976; José Anselmo Appelhans, que era suboficial mayor, director de la Unidad Penal Nº 1 y director general de Institutos Penales de la provincia en 1976 y 1977; Jorge Humberto Appiani, abogado, fue teniente primero auditor en el Comando de Caballería Blindada II, entre diciembre de 1975 y marzo de 1977; Hugo Mario Moyano, médico otorrinolaringólogo que cumplió funciones en la Unidad Penal Nº 1; y Rosa Susana Bidinost, quien se desempeñara como directora de la Unidad Penal Nº 6 de mujeres, de Paraná, son los detenidos.

Los hechos

La causa reúne más de 60 denuncias y al momento de su detención, el 4 de junio de 2009, se imputaron a los encartados un total de 51 hechos de los cuales en 44 tendría responsabilidad Díaz Bessone; en 35 Appiani; en 40 hechos se investiga a Appelhans; en siete a Moyano; y en cinco a Bidinost.
La doctora Miriam Galizzi, a cargo del Juzgado Federal de Paraná al momento de la detención, encontró que los hechos denunciados se enmarcaron en una “metodología sistemática similar” en tiempos del Terrorismo de Estado que consistía en “en el secuestro informal y clandestino de los denunciantes por fuerzas conjuntas (ejército, policía Federal, policía de la provincia), su posterior traslado a alguno de los centros clandestinos de detención constatados, en condiciones infrahumanas (sin comida ni higiene, encapuchados, hacinados, maniatados, etcétera) donde se los sometió reiteradamente a apremios, vejaciones, torturas (denominadas como picana eléctrica, submarino seco o mojado que implicaban asfixia, golpes, introducción de biromes, vidrios, alimañas en distintos orificios del cuerpo) violaciones, amenazas, presión psicológica”, detalla la magistrada en un par de párrafos del extenso informe de los hechos denunciados que, por otro lado, repasa las secuelas registradas por estos tormentos.

Responsabilidad

Para la jueza, Díaz Bessone no podía desconocer lo sucedido si no que por el contrario debió haber dado órdenes en el marco de la represión por el lugar que ocupaba en la cadena de mandos. Sucede de igual modo en el caso de Appiani a lo que se agrega que, como auditor y auxiliar de los denominados Consejos de Guerra –farsa de juicios que se hacían a los presos políticos- debió haber tenido intervención en “la articulación de las instrucciones militares que se denunciaron, teniendo amplio dominio y disposición sobre los detenidos”.
Quien ostentaba el cargo de director de la cárcel fue encontrado, de modo provisorio, como “autor mediato y/o partícipe necesario” de los hechos denunciados “permitiendo el ingreso (al penal) en condiciones paupérrimas y el egreso clandestino de detenidos, incluso coadyuvando en las sesiones de torturas” en el centro que funcionaba en la cárcel, al que se denominaba como Casita del Director o Unidad Familiar.
En las declaraciones de las víctimas, se ubica a Moyano interviniendo “en las sesiones de tortura a los fines de limitar o no las mismas, mediante el control médico correspondiente, de acuerdo al estado de salud que iba manteniendo la víctima”. Al respecto, se impugna el no registro de esas torturas “en las historias clínicas de los detenidos”. Finalmente, respecto de Bidinost, se le imputa habilitar “el traslado clandestino de las víctimas hacia centros clandestinos de detención” y no dejar registro de “tales circunstancias”.

Trimarco

La máxima autoridad política que tuvo Entre Ríos en tiempos de la dictadura, la del general Juan Carlos Trimarco, sigue bollando en la incertidumbre en el marco de la causa. Hasta la fecha no ha sido posible realizar una nueva pericia que pueda ratificar o desmentir los problemas neurológicos que arguye la defensa de Trimarco para eludir la indagatoria y el procesamiento. La última vez que se dispuso el estudio, en los primeros días del corriente mes, el imputado no se presentó. En el marco de la causa hubo también otros señalados por las víctimas respecto de los cuales no hubo detención: Julio Paredes, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas, Alfredo Ismael Duré, Ramón Oscar Balcaza, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata. Finalmente, la justicia lenta impidió el procesamiento de quienes han fallecido sin juicio y que tuvieron intervención en la represión en Entre Ríos: Leopoldo Fortunato Galtieri, Abel Teodoro Cattuzzi, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Faustino Fernández, Carlos María Cerrillos y Daniel Manuel Rodríguez.

El expediente

La Causa Área Paraná reúne 25 cuerpos, sólo en lo que se denomina “tronco común” del expediente. Pero a esto se deben añadir alrededor de 16 legajos que reúnen pruebas acerca de distintos casos de desapariciones o denuncias de ex presos políticos. En el último año, se añadieron al expediente las causas que tramitaban por separado y que se conocían como “La Tapera”; “UPº 6” y “Dirección de Investigaciones”.
Los primeros tres cuerpos se constituyeron en 1987 cuando la Justicia Federal tomó para sí las denuncias contra autoridades militares. Según la legislación de los albores de la democracia estas denuncias tramitaban ante la Justicia Militar que se entendía debía intervenir en estos casos y juzgar a los uniformados. Se avanzó con la toma de testimoniales que apuntaron contra una veintena de personas, algunas de las cuales fueron citadas a indagatoria.
La sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminó con el proceso que sólo fue reactivado tras la declaración de nulidad de los decretos de indulto y la sanción de la ley que declaró nulas a las leyes de impunidad.
Hubo planteos de la defensa al respecto y resoluciones de la Corte Suprema que habilitaron el avance de estas causas en todo el país.
En Entre Ríos, luego, se ingresó en otro atolladero para la investigación: fue un largo debate respecto del Código Procesal penal a aplicar. La cuestión fue resuelta contra la pretensión de las víctimas de que se hiciera un juicio oral y público. Es por eso que la causa Área Paraná tramita con el código vetusto, por escrito y a puertas cerradas.
Recién el 11 de agosto de 2008 fue reabierta la instrucción penal que derivó en los avances mencionados.

El Diario,24/11/2009.-