LAS ELECCIONES DEL JUEVES 23 Y EL ROL DE HUGO MOYANO
Entre CTA y CGT
Dentro de once días la CTA deberá ratificar a su secretario general Hugo Yasky o suplantarlo por el estatal Pablo Micheli, quien ya proclamó la candidatura presidencial de Víctor De Gennaro. Mito y realidad de las acusaciones cruzadas y un análisis de las posibilidades electorales de cada Lista. El proyecto de Héctor Recalde de participación en las ganancias de las grandes empresas.
Por Horacio Verbitsky
Una elección decisiva se avecina en la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, en la cual por primera vez competirán dos listas fuertes sostenidas por sus sindicatos más numerosos, los docentes, con 320.000 afiliados, y los estatales, con 220.000. Los respectivos candidatos son los líderes de SUTEBA y actual titular de la Central, Hugo Yasky, por la lista 10, y su secretario adjunto y titular de ATE, Pablo Micheli, por la lista 1. El 30 de julio, al ser proclamado, Micheli lanzó la candidatura presidencial para 2011 del ex secretario general, Víctor De Gennaro. Mientras los docentes están unidos detrás de Yasky, los estatales se fragmentaron entre las dos listas. Si Micheli no resultara electo, el año próximo debería defender también su asiento en ATE, que renueva su conducción. En cambio Ctera acaba de reelegir por el 76 por ciento de los sufragios a Stella Maldonado, de la lista de Yasky. El resultado de esta elección por voto directo, puede tener tanta incidencia en la política nacional como lo que ocurra en la CGT, donde el liderazgo de Hugo Moyano está consolidado. Igual que De Gennaro, también Moyano analiza posibles candidaturas, aunque la experiencia histórica indica que ningún sindicalista tuvo éxito en la política electoral, por lo que es probable que ninguno de ellos lo intente.
Instrumentos
Desde mediados de la década pasada, la CTA postuló la creación de un Movimiento Político y Social, con potencialidad electoral, al estilo del PT brasileño. Ese proyecto, encomendado a De Gennaro, se concretó en dos instancias: la Constituyente Social, que ha realizado encuentros nacionales en Jujuy y en Neuquén, y el Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP). Mientras De Gennaro construye el IEUP, Yasky integra la mesa directiva del Encuentro por la Democracia y la Equidad, que preside el ex intendente de Morón Martín Sabbatella. En los comicios de 2009 se llegó a un acuerdo, por el que la sindicalista estatal Graciela Iturraspe acompañó en la fórmula a Sabbatella. Pero Iturraspe vota junto con Proyecto Sur, y en consecuencia con el Grupo Ahhh..., en la extraña confluencia de Pino y Pinedo, mientras Sabbatella postula defender el alto piso de las conquistas logradas a partir de 2003 pero subir su bajo techo.
Paradojas
La elección de la central creada en 1992 como alternativa a la CGT, abunda en paradojas. Yasky es el oficialismo pero De Gennaro tiene mayoría en la mesa nacional, en el Congreso y en la Junta Electoral. La Lista 1 sostiene que Yasky plantea el abandono del modelo alternativo y el regreso a la CGT. Pero apoyan a Micheli el MST y el PCR y su Corriente Clasista Combativa, que en aquel momento denunciaron la creación de la CTA como una ruptura de la unidad de la CGT. La Lista 1 expresa al extraño frente que hace dos años apoyó a la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias y De Gennaro impulsa la candidatura a la gobernación de Santa Fe de uno de los miembros de esa Mesa, Eduardo Buzzi. Aquel conflicto fue la divisoria de aguas dentro de la CTA. De Gennaro propuso invitar a Buzzi a exponer sus razones en la CTA y Yasky se opuso, por lo que el encuentro con el colaborador de la Sociedad Rural se realizó en el auditorio de ATE. En vísperas de la votación en el Senado, Yasky acompañó a Sabbatella en la movilización al Congreso convocada para apoyar la resolución 125. El economista Claudio Lozano, de estrecha relación con De Gennaro, fue uno de quienes argumentaron en contra de esa propuesta oficial y la CCC y el MST hicieron flamear sus banderas rojas en Palermo durante el acto de la Sociedad Rural. Con argumentos maximalistas pero en apoyo concreto a la postura más conservadora, Lozano dijo que debía regularse el comercio exterior de oleaginosas pero que la regulación propuesta por el gobierno no era suficiente, que las retenciones eran necesarias pero que la política agropecuaria no podía limitarse a ellas. Lozano fue intermediario entre el gobierno y Buzzi, en procura de modificaciones en el proyecto oficial que aislaran a la derecha pura y dura. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, una vez que el gobierno accedió, su interlocutor decidió votar de todos modos en contra, para no “quedar pegado al gobierno”. No le molestó, en cambio, quedar pegado a la Sociedad Rural, lo cual repite en un contexto distinto los alineamientos de 1930, 1945/46, 1955, 1966 y 1976, donde no sólo la derecha enfrentó a los defectuosos movimientos populares y nacionales. Pocos recuerdan hoy que la plataforma de la Unión Democrática en 1946 era más progresista que la del conglomerado peronista. Aunque la CTA participó del Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo, que impulsó políticas sociales precursoras de la Asignación Universal por Hijo, y Lozano propuso en 2008 una cuota de 135 pesos mensuales que debía financiarse derivando reservas al pago de compromisos externos, estuvo en contra cuando CFK la instituyó por decreto, en 180 pesos, y también cuando creó el Fondo del Bicentenario. Su cuestionamiento fue que la AUH llegara “sólo a un 25 por ciento de los chicos” y que no se hiciera con nuevos gravámenes sobre los más ricos. Ese tipo de razonamiento permitió que hace pocos días el Grupo Ahhh... votara un incremento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento, sin contemplar el financiamiento necesario. Proyecto Sur presentó un proyecto alternativo de Lozano, que contemplaba reimplantar las contribuciones patronales, pero luego dio quórum para que el Grupo Ahhh... impusiera su dictamen. Varios diputados de Proyecto Sur (no por casualidad aquellos electos en las boletas del kirchnerismo que defeccionaron ante las duras confrontaciones de este periodo, como Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Victoria Donda) además de dar quórum terminaron por apoyar el dictamen del Grupo Ahhh... y lo mismo hicieron los socialistas y el bloque de Margarita Stolbizer, del Acuerdo Cívico y Social. En mayo, mientras Yasky y Milagro Sala despedían en Jujuy una de las columnas de la Marcha de los Pueblos Originarios, Stolbizer participaba de un acto en Mar del Plata con De Gennaro a quien presentaba como “la pata sindical de nuestro proyecto”, al mismo tiempo que el senador radical Ernesto Sanz decía que el dinero de la AUH “se va por la canaleta de la droga y del juego”. Mientras los carteles y folletos de la Lista 1 se centran en consignas que tal vez tengan algún sentido interno (“Vamos por + CTA”), los de la Lista 10 enumeran algunas medidas de los últimos años, como la AUH, la recuperación del sistema previsional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dice que se consiguieron mediante la unidad y la lucha popular e insta a seguir organizándose para mejorar la distribución del ingreso.
Candidatos
De Gennaro intentó que el candidato de su lista fuera el dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático, Pedro Wasiejko, quien es uno de los actuales adjuntos. Pero este dirigente de uno de los pocos gremios industriales de peso que forman parte de la CTA decidió volver a postularse junto con Yasky. El otro candidato a secretario general adjunto es Marcelo Frondizi, El Nono, de ATE, lo cual muestra la fractura del frente estatal. También forman parte o apoyan a la Lista 10 otros dirigentes históricos de ATE, como Jorge Hoffman, secretario general de los estatales de Santa Fe; el delegado regional de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Fabián Moncho Alessandrini; el secretario general de ATE en Entre Ríos, Miguel Angel Pelandino, el adjunto en Río Negro y el actual vocal Carlos Girotti (integrante de Carta Abierta). El correntino Juan González, a quien De Gennaro desplazó en 2003 de la secretaría general de ATE nacional porque no era demasiado adverso al nuevo gobierno nacional no se pronunció en forma explícita por Yasky, pero tampoco lo hizo por Micheli, lo cual ya constituye una definición. Otro tanto ocurre en Mar del Plata con Daniel Barragán, secretario adjunto de ATE en la provincia de Buenos Aires. Micheli organizó un acto en Quilmes para presentar a los docentes que lo apoyaban. Pero sólo pudo sacarse una foto con el secretario general bonaerense de ATE, Hugo Godoy: las únicas seccionales docentes que apoyan a Micheli son aquellas que controla la histórica oposición del PCR a la conducción nacional (Lista Lila) como el caso de Quilmes, cuya secretaria general es la esposa de Darío Perillo, candidato de Micheli a la secretaría de organización. Los adjuntos de Micheli son el electricista marplatense José Rigane y el visitador médico Ricardo Peidró.
La Túpac Amaru
La organización barrial autogestionaria Túpac Amaru, que encabeza Milagro Sala, es otra de las claves para la elección. Ambas listas hicieron los mayores esfuerzos para atraerla de su lado. Es el movimiento social más numeroso y mejor organizado del país y Sala es Secretaria de Acción Social de la CTA. Sala publicó una carta en la que solicitó a todos un esfuerzo para recomponer la lista unitaria que condujo a la CTA desde los tiempos de Germán Abdala, cuya herencia espiritual también está en disputa. Abdala compartió con De Gennaro la conducción de ATE y la fundación de la CTA, pero se enemistó con Lozano cuando el economista propició la fractura de la agrupación porteña MRP, durante el primer viaje de Abdala a Estados Unidos para un tratamiento médico. De Gennaro, Abdala y el municipal jujeño Nando Acosta fueron los mentores de Milagro Sala antes de la creación de la Túpac Amaru. Pero sus opiniones políticas están más próximas a las de Yasky. De hecho, la Túpac también participó en aquella marcha sobre el Congreso y Sala tiene una relación mucho más próxima que la de Yasky con el gobierno nacional. Para sortear la dicotomía entre sus afectos y sus opciones políticas, Sala delegó en cada provincia la decisión de qué lista apoyar. Esto no significa abstención, ya que María Ester Mamani, de la Túpac de La Quiaca, que fue la amauta de la marcha de mayo, es candidata de la Lista 10 a la Secretaría de Pueblos Originarios. La Túpac se pronunció por la lista de Yasky en diez provincias, entre ellas las de mayor significación numérica, se declaró prescindente en cinco y sólo dio su apoyo a Micheli en Córdoba, donde sólo tiene 500 afiliados. Dirigentes de la Túpac integran la Lista 10 en los principales distritos: en la Ciudad Autónoma, en Mendoza y en Chaco son tupaqueros los candidatos a la secretaría general adjunta (Manuel Alzina, Nélida Rojas y Totino Bermúdez). En la provincia de Buenos Aires, el candidato a secretario de organización de la Lista 10 es el tupaquero Juan Vila y la Túpac también forma parte de esa lista en los nueve distritos bonaerenses en los que tiene desarrollo. Luis Castañeira es candidato en Santa Fe. En Jujuy, hay una lista única provincial y libertad de acción para la elección nacional, si bien Clarín dijo que Milagro Sala había visitado el diario para comunicar su apoyo a Micheli. No hay otra fuente de esa información.
Los judiciales y el subte
Otro gremio que votará dividido es el de los judiciales. Su secretario general bonaerense, Víctor Mendibil, permaneció junto a Micheli, pero no integra la Lista 1. De 21 seccionales, trece se pronunciaron por la lista de Yasky y el adjunto de Mendibil, Daniel Pérez Guillén es candidato al mismo cargo en la CTA bonaerense, en la Lista 10. “Estamos en un proceso de lucha de todos los trabajadores, de la Argentina y de Latinoamérica, que el pueblo no se quiere perder” declaró. Los judiciales también apoyan a Yasky en Córdoba, Río Negro, Neuquén y Misiones. Los distritos con mayor peso numérico son la provincia de Buenos Aires (460.000 afiliados), la Ciudad Autónoma (115.000) y Santa Fe (90.000). En la Ciudad Autónoma, la Lista 1 lleva como candidato a la secretaría general a Carlos Hurton, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación a quien se conoce como Carlos Chile, quien participó en las luchas por la vivienda. El postulado por la Lista 10 es Beto Pianelli, el dirigente de los trabajadores del subte que rompió con la UTA cegetista. Esta candidatura refuta una de las principales acusaciones que desde el campo de De Gennaro se lanzan sobre Yasky, de colusión con la CGT. Pianelli explicitó con claridad el rechazo que en sectores de la CTA provoca la Constituyente Social, a la que calificó como un partido político que no puede contener la heterogeneidad de la clase trabajadora. Por otro lado, los acuerdos entre el Hugo Blanco y el Hugo Negro se han limitado a las acciones conjuntas en caso de despidos o represión contra los trabajadores. Se iniciaron en abril de 2007, con el repudio conjunto de ambas centrales al asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba y tuvieron manifestaciones más recientes en abril de este año, en Rosario y Córdoba, cuando ambos acompañaron movilizaciones en apoyo de 26 trabajadores despedidos en las radios de Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila y de 18 trabajadores imputados por participar en las protestas de 2008 contra la ley de Emergencia Previsional cordobesa que recortó jubilaciones al estilo de la Alianza. En un acto reciente, Micheli dijo que la CTA “no se rinde, arrodilla ni entrega ante nadie” y que “no vamos a chuparle las medias a ningún gobierno”. Yasky le respondió que “nosotros queremos pelear con Biolcati y no con Moyano y no nos arrodillamos ante Bergoglio. Autonomía no es neutralidad”.
Página 12.
domingo, 12 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
domingo, 25 de abril de 2010
20 AÑOS DEL COMIENZO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA TV
A VEINTE AÑOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS CANALES 11 Y 13, UNA MOVIDA QUE TRANSFORMO EL PANORAMA PARA SIEMPRE
La licitación que le abrió la puerta a la nueva TV
Fue el primer paso del menemismo, el primer ladrillo de los multimedios concentrados. Dos décadas después de la “Ley Dromi”, un recuento de cómo se fue modificando la TV.
Por Emanuel Respighi
Hace poco más de veinte años, período que para algunos puede ser una eternidad y para otros apenas un ratito, la TV argentina evidenciaba uno de los hechos más significativos de sus 59 años de historia. Mucho más influyente que la elección de la norma Pal-N para la transmisión en color, en el verano de 1990 los canales 11 y 13 dejaban de ser propiedad del Estado para pasar a manos privadas. Ese hecho, si bien no afectó directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos como las privatizaciones de los servicios públicos que impulsaría luego el gobierno de Carlos Menem, probablemente haya sido uno de los acontecimientos que más condicionaron a la opinión pública. El Estado argentino, con excepción del por entonces ATC, dejaba librados los contenidos televisivos a empresas. A dos décadas de aquella licitación que marcó un antes y un después en la industria televisiva local, Página/12 hizo un breve repaso sobre aquella convulsionada licitación y sobre la manera en que esa decisión afectó al medio en los años siguientes.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa televisivo distaba mucho del actual. La estructura de propiedad de las emisoras era muy diferente. Hasta los últimos días de 1989, el panorama de la TV abierta en la región del AMBA tenía tres canales en manos del Estado (ATC, el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro Romay y el 2 de Héctor Ricardo García). En medio de una hiperinflación galopante, la disparada del dólar y una crisis energética que llegó a limitar la programación a cuatro horas diarias, hacia fines de los ‘80 la industria atravesaba uno de sus peores momentos económicos. En ese contexto, el 11 y el 13 eran los que más sentían la crisis: con 570 empleados, el primero poseía un déficit operativo cercano a los 27 millones de pesos; el segundo tenía más empleados (871) y una deuda cercana a los 20 millones.
Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban. Las voces que desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindicatos, a través del decreto 578 el gobierno convocó a licitación para privatizar los canales 11 y 13 antes de fin de año. Previamente, Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos tener participación accionaria en medios audiovisuales. El camino para la conformación de grandes multimedios estaba allanado.
En este punto, más que tratarse de una consecuencia de la falta de política comunicacional, la del menemismo tuvo una clara dirección. Así como el llamado a licitación de tres nuevos canales por el gobierno de Aramburu en 1957, más que a definir un sistema comunicacional estuvo destinado a revertir el sistema de propiedad de los medios del depuesto gobierno peronista, la política menemista sentó las bases para favorecer la concentración mediática y la creación de multimedios, flexibilizando restricciones y limitaciones que favorecieron al capital extranjero y a las empresas de medios gráficos.
El decreto 578, de fines de 1989, estipuló las condiciones de la adjudicación, que no eran demasiadas. La licitación disponía que los oferentes pagasen un 40 por ciento al contado, mientras que para el restante 60 por ciento proponía una financiación en cuotas semestrales, o que el Estado se iba a hacer cargo de los déficit de los canales. Ante esas laxas condiciones, buena parte de los hombres de negocios y empresarios periodísticos se presentaron para incrementar su poder. La licitación –que cosechó sospechas de favoritismo– ya estaba en marcha. De los 16 pliegos que el Comfer vendió, sólo 10 propuestas terminaron presentándose: el 11 recibió seis intenciones de compra, el 13 cuatro. Luego de la evaluación de un cuarteto designado oportunamente, Artear (Grupo Clarín) ganó la licitación, tanto para el 13 como para el 11. Por 7 millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble decidió quedarse con el 13, canal que deseaba desde hacía tiempo y en el que mantiene su propiedad hasta el día de hoy.
Por el 11, en tanto, tuvieron que desempatar Tevemac (de la familia Macri) y Telefe (encabezado por Editorial Atlántida y un conglomerado de canales del interior), ya que ambas propuestas habían sido calificadas con 170 puntos. Finalmente, a sobre cerrado, Telefe se quedó con la emisora por 16 millones de dólares, cinco más que la oferta de los Macri y más del doble que la que le bastó a Clarín para hacerse del 13. Destrozadas quedaron las ilusiones de otros oferentes, que no por perdedores eran menos poderosos, como Argentevé (Julio Ramos, Palito Ortega y Gerardo Sofovich), o Imagen Visión (Daniel Vila). El 22 de diciembre, en la Casa Rosada, Menem formalizó la entrega a los nuevos dueños, que se hicieron cargo durante el verano de 1990. El comienzo de una nueva era televisiva.
El nuevo panorama agitó el funcionamiento de la industria desde el primer día de 1990. Las expectativas que la privatización trajo tenían que ver, por un lado, con la necesidad de que el sector privado le brindara un fuerte impulso a la renovación tecnológica, y por otro, con la conformación de una competencia que redundara en contenidos variados y de mayor calidad. Algo así como la política neoliberal del libre mercado aplicada al circuito televisivo. La expectativa tecnológica fue satisfecha: los canales supieron reequiparse y nunca dejaron de mantenerse acordes con los últimos requerimientos técnicos. El incipiente negocio globalizado que los nuevos dueños buscaban era imposible sin soportes de última tecnología.
En cuanto a los contenidos, si bien los canales siguieron de cerca las tendencias, incorporando nuevos géneros y lenguajes, eso no significó necesariamente una televisión de mayor calidad. El aspecto cultural y educativo, por ejemplo, fue cediendo lugar en la TV privada. La máxima de que la TV debe informar, educar y entretener fue derivando en un proceso en el que la TV privada se limitó cada vez más a posicionarse como una mera fuente de entretenimiento.
Acorde con la lógica impuesta por el poder, la “nueva TV” tendió a contenidos livianos, provocando en los primeros ’90 el auge de las comedias blancas al estilo Grande pá! y Amigos son los amigos, programas con los que Telefe pasó a liderar la audiencia después de un largo reinado del 9 a pura telenovela. A medida que la década avanzaba, la discusión política y periodística fue dejando lugar a la cotidiana, en la que el público comenzó a tomar protagonismo a partir de los talk shows, primero, y los reality shows después. En materia periodística, las bases dejadas en el periodismo de investigación como Edición plus y Telenoche investiga derivaron, años más tarde, en un estilo más amarillista, en el que las cámaras ocultas se convirtieron en la principal herramienta, ya no para deschavar al poderoso sino a delincuentes de poca monta.
El género que más se desarrolló y sofisticó en estos 20 años fue el de la ficción. El surgimiento de un nuevo jugador en la industria fue imprescindible para revitalizar al género: las productoras independientes. El arribo de productores por fuera de las estructuras y cosmovisiones del mundo de los canales pluralizó estética y temáticamente las ficciones. Los canales festejaron su llegada por una simple razón: derivaron el alto costo y riesgo económico de las ficciones en las productoras. Los nuevos players, además, se beneficiaron con los avances tecnológicos, sofisticando la posproducción y facilitando la producción en exteriores.
Como todo lo que funciona, con el tiempo algunas independientes fueron adquiridas por las emisoras (Pol-Ka e Ideas del Sur por el 13), o por grandes grupos mediáticos (GP Media por la BBC, Cuatro Cabezas por Eyeworks, Underground por Endemol). La calidad estética y los bajos costos relativos de producir en el país llevaron a que, tras la crisis de 2001, las latas de programas o formatos argentinos inundaran las televisiones del mundo, aun en culturas muy distantes.
En cuanto a la audiencia, la década del ‘90 marcó el fin del reinado del 9, que con holgura sostuvo durante los ‘80, cuando era el único privado. La nueva estructura resultó un duro golpe para el canal de Romay, que desde la salida del productor nunca pudo crear un perfil de programación. La gran cantidad de veces que cambió de dueños (en 1997 lo compró la australiana Prime, luego Telefónica, más tarde una sociedad encabezada por Daniel Hadad, y desde hace algunos años el mexicano Angel González) no favoreció que la pantalla consolidara una programación coherente. En la misma línea se puede situar a América, que cambió de manos no menos de tres veces (Héctor Ricardo García, Eduardo Eurnekian, Carlos Avila, el Grupo Vila) y su pantalla fue sensible a esos movimientos. Aun así, en estas décadas se destacó por su perfil periodístico, casi lo único que pudo mantener en el tiempo (sin entrar en detalles de calidad). No es casualidad que los canales que más modificaciones societarias tuvieron sean los únicos que tuvieron que presentarse a convocatoria de acreedores.
Desde los ’90, la audiencia fue disputada masivamente entre Telefe y El Trece, con predominio general del primero. La década menemista enfrentó dos modelos: por un lado, Telefe, que privilegió posicionarse como la emisora líder (con una programación popular y familiera) a tener equilibradas sus cuentas; por otro, Canal 13, que persiguió con costos controlados apuntar al target ABC1. Entrado el siglo XXI, esa diferenciación ya no es tan clara y, combinando perfiles de programación, ambos canales pelean por la audiencia con programas que, salvo excepciones, no difieren mucho en sus contenidos.
La única señal pública, Canal 7, sin una política comunicacional consensuada por los diferentes actores del arco político-cultural argentino, pasó estas dos décadas a la deriva, entre gestiones que se perdieron en buenas intenciones (Leonardo Bechini), otras que fueron devastadoras (Gerardo Sofovich) y unas pocas que intentaron imprimirle un sello estatal no atado al gobierno de turno. Recién a partir de la gestión encabezada por Rosario Lufrano y en la actual continuidad de Tristán Bauer el canal parece haberse encolumnado detrás de un proyecto artístico definido. Incluso, durante estos años, pasó de tener un equipamiento obsoleto a encabezar la renovación tecnológica de cara al apagón analógico. Que el Estado haya tomado la iniciativa comunicacional es un cambio de paradigma para la historia del sector.
Esas no fueron las únicas cosas que pasaron. La irrupción masiva del cable a mediados de los ’90 renovó hábitos televisivos y llevó a que la programación deportiva, la infantil y la informativa quedaran relegadas en los canales de aire. El zapping, casi como signo instintivo de la época, democratizó la audiencia y les otorgó mayor libertad de elección a los televidentes. Además, mientras los guionistas fueron reemplazados por numerosos equipos, los directores artísticos perdieron el bajo perfil y, con estrategias de programación que hicieron imposible seguir la continuidad de los programas, tomaron status de celebridades.
A veinte años de las privatizaciones, la TV argentina se convirtió en una industria consolidada, equipada con la última tecnología e inserta en el mundo como nunca antes. La cuenta pendiente, sin embargo, es la tendencia hacia el escándalo, la fórmula probada y el morbo que invade a los canales privados. El rating y el dinero no sólo siguen mandando: ahora parecen ser las únicas cuestiones que importan.
Página 12. Domingo, 25 de abril de 2010.-
La licitación que le abrió la puerta a la nueva TV
Fue el primer paso del menemismo, el primer ladrillo de los multimedios concentrados. Dos décadas después de la “Ley Dromi”, un recuento de cómo se fue modificando la TV.
Por Emanuel Respighi
Hace poco más de veinte años, período que para algunos puede ser una eternidad y para otros apenas un ratito, la TV argentina evidenciaba uno de los hechos más significativos de sus 59 años de historia. Mucho más influyente que la elección de la norma Pal-N para la transmisión en color, en el verano de 1990 los canales 11 y 13 dejaban de ser propiedad del Estado para pasar a manos privadas. Ese hecho, si bien no afectó directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos como las privatizaciones de los servicios públicos que impulsaría luego el gobierno de Carlos Menem, probablemente haya sido uno de los acontecimientos que más condicionaron a la opinión pública. El Estado argentino, con excepción del por entonces ATC, dejaba librados los contenidos televisivos a empresas. A dos décadas de aquella licitación que marcó un antes y un después en la industria televisiva local, Página/12 hizo un breve repaso sobre aquella convulsionada licitación y sobre la manera en que esa decisión afectó al medio en los años siguientes.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa televisivo distaba mucho del actual. La estructura de propiedad de las emisoras era muy diferente. Hasta los últimos días de 1989, el panorama de la TV abierta en la región del AMBA tenía tres canales en manos del Estado (ATC, el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro Romay y el 2 de Héctor Ricardo García). En medio de una hiperinflación galopante, la disparada del dólar y una crisis energética que llegó a limitar la programación a cuatro horas diarias, hacia fines de los ‘80 la industria atravesaba uno de sus peores momentos económicos. En ese contexto, el 11 y el 13 eran los que más sentían la crisis: con 570 empleados, el primero poseía un déficit operativo cercano a los 27 millones de pesos; el segundo tenía más empleados (871) y una deuda cercana a los 20 millones.
Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban. Las voces que desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindicatos, a través del decreto 578 el gobierno convocó a licitación para privatizar los canales 11 y 13 antes de fin de año. Previamente, Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos tener participación accionaria en medios audiovisuales. El camino para la conformación de grandes multimedios estaba allanado.
En este punto, más que tratarse de una consecuencia de la falta de política comunicacional, la del menemismo tuvo una clara dirección. Así como el llamado a licitación de tres nuevos canales por el gobierno de Aramburu en 1957, más que a definir un sistema comunicacional estuvo destinado a revertir el sistema de propiedad de los medios del depuesto gobierno peronista, la política menemista sentó las bases para favorecer la concentración mediática y la creación de multimedios, flexibilizando restricciones y limitaciones que favorecieron al capital extranjero y a las empresas de medios gráficos.
El decreto 578, de fines de 1989, estipuló las condiciones de la adjudicación, que no eran demasiadas. La licitación disponía que los oferentes pagasen un 40 por ciento al contado, mientras que para el restante 60 por ciento proponía una financiación en cuotas semestrales, o que el Estado se iba a hacer cargo de los déficit de los canales. Ante esas laxas condiciones, buena parte de los hombres de negocios y empresarios periodísticos se presentaron para incrementar su poder. La licitación –que cosechó sospechas de favoritismo– ya estaba en marcha. De los 16 pliegos que el Comfer vendió, sólo 10 propuestas terminaron presentándose: el 11 recibió seis intenciones de compra, el 13 cuatro. Luego de la evaluación de un cuarteto designado oportunamente, Artear (Grupo Clarín) ganó la licitación, tanto para el 13 como para el 11. Por 7 millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble decidió quedarse con el 13, canal que deseaba desde hacía tiempo y en el que mantiene su propiedad hasta el día de hoy.
Por el 11, en tanto, tuvieron que desempatar Tevemac (de la familia Macri) y Telefe (encabezado por Editorial Atlántida y un conglomerado de canales del interior), ya que ambas propuestas habían sido calificadas con 170 puntos. Finalmente, a sobre cerrado, Telefe se quedó con la emisora por 16 millones de dólares, cinco más que la oferta de los Macri y más del doble que la que le bastó a Clarín para hacerse del 13. Destrozadas quedaron las ilusiones de otros oferentes, que no por perdedores eran menos poderosos, como Argentevé (Julio Ramos, Palito Ortega y Gerardo Sofovich), o Imagen Visión (Daniel Vila). El 22 de diciembre, en la Casa Rosada, Menem formalizó la entrega a los nuevos dueños, que se hicieron cargo durante el verano de 1990. El comienzo de una nueva era televisiva.
El nuevo panorama agitó el funcionamiento de la industria desde el primer día de 1990. Las expectativas que la privatización trajo tenían que ver, por un lado, con la necesidad de que el sector privado le brindara un fuerte impulso a la renovación tecnológica, y por otro, con la conformación de una competencia que redundara en contenidos variados y de mayor calidad. Algo así como la política neoliberal del libre mercado aplicada al circuito televisivo. La expectativa tecnológica fue satisfecha: los canales supieron reequiparse y nunca dejaron de mantenerse acordes con los últimos requerimientos técnicos. El incipiente negocio globalizado que los nuevos dueños buscaban era imposible sin soportes de última tecnología.
En cuanto a los contenidos, si bien los canales siguieron de cerca las tendencias, incorporando nuevos géneros y lenguajes, eso no significó necesariamente una televisión de mayor calidad. El aspecto cultural y educativo, por ejemplo, fue cediendo lugar en la TV privada. La máxima de que la TV debe informar, educar y entretener fue derivando en un proceso en el que la TV privada se limitó cada vez más a posicionarse como una mera fuente de entretenimiento.
Acorde con la lógica impuesta por el poder, la “nueva TV” tendió a contenidos livianos, provocando en los primeros ’90 el auge de las comedias blancas al estilo Grande pá! y Amigos son los amigos, programas con los que Telefe pasó a liderar la audiencia después de un largo reinado del 9 a pura telenovela. A medida que la década avanzaba, la discusión política y periodística fue dejando lugar a la cotidiana, en la que el público comenzó a tomar protagonismo a partir de los talk shows, primero, y los reality shows después. En materia periodística, las bases dejadas en el periodismo de investigación como Edición plus y Telenoche investiga derivaron, años más tarde, en un estilo más amarillista, en el que las cámaras ocultas se convirtieron en la principal herramienta, ya no para deschavar al poderoso sino a delincuentes de poca monta.
El género que más se desarrolló y sofisticó en estos 20 años fue el de la ficción. El surgimiento de un nuevo jugador en la industria fue imprescindible para revitalizar al género: las productoras independientes. El arribo de productores por fuera de las estructuras y cosmovisiones del mundo de los canales pluralizó estética y temáticamente las ficciones. Los canales festejaron su llegada por una simple razón: derivaron el alto costo y riesgo económico de las ficciones en las productoras. Los nuevos players, además, se beneficiaron con los avances tecnológicos, sofisticando la posproducción y facilitando la producción en exteriores.
Como todo lo que funciona, con el tiempo algunas independientes fueron adquiridas por las emisoras (Pol-Ka e Ideas del Sur por el 13), o por grandes grupos mediáticos (GP Media por la BBC, Cuatro Cabezas por Eyeworks, Underground por Endemol). La calidad estética y los bajos costos relativos de producir en el país llevaron a que, tras la crisis de 2001, las latas de programas o formatos argentinos inundaran las televisiones del mundo, aun en culturas muy distantes.
En cuanto a la audiencia, la década del ‘90 marcó el fin del reinado del 9, que con holgura sostuvo durante los ‘80, cuando era el único privado. La nueva estructura resultó un duro golpe para el canal de Romay, que desde la salida del productor nunca pudo crear un perfil de programación. La gran cantidad de veces que cambió de dueños (en 1997 lo compró la australiana Prime, luego Telefónica, más tarde una sociedad encabezada por Daniel Hadad, y desde hace algunos años el mexicano Angel González) no favoreció que la pantalla consolidara una programación coherente. En la misma línea se puede situar a América, que cambió de manos no menos de tres veces (Héctor Ricardo García, Eduardo Eurnekian, Carlos Avila, el Grupo Vila) y su pantalla fue sensible a esos movimientos. Aun así, en estas décadas se destacó por su perfil periodístico, casi lo único que pudo mantener en el tiempo (sin entrar en detalles de calidad). No es casualidad que los canales que más modificaciones societarias tuvieron sean los únicos que tuvieron que presentarse a convocatoria de acreedores.
Desde los ’90, la audiencia fue disputada masivamente entre Telefe y El Trece, con predominio general del primero. La década menemista enfrentó dos modelos: por un lado, Telefe, que privilegió posicionarse como la emisora líder (con una programación popular y familiera) a tener equilibradas sus cuentas; por otro, Canal 13, que persiguió con costos controlados apuntar al target ABC1. Entrado el siglo XXI, esa diferenciación ya no es tan clara y, combinando perfiles de programación, ambos canales pelean por la audiencia con programas que, salvo excepciones, no difieren mucho en sus contenidos.
La única señal pública, Canal 7, sin una política comunicacional consensuada por los diferentes actores del arco político-cultural argentino, pasó estas dos décadas a la deriva, entre gestiones que se perdieron en buenas intenciones (Leonardo Bechini), otras que fueron devastadoras (Gerardo Sofovich) y unas pocas que intentaron imprimirle un sello estatal no atado al gobierno de turno. Recién a partir de la gestión encabezada por Rosario Lufrano y en la actual continuidad de Tristán Bauer el canal parece haberse encolumnado detrás de un proyecto artístico definido. Incluso, durante estos años, pasó de tener un equipamiento obsoleto a encabezar la renovación tecnológica de cara al apagón analógico. Que el Estado haya tomado la iniciativa comunicacional es un cambio de paradigma para la historia del sector.
Esas no fueron las únicas cosas que pasaron. La irrupción masiva del cable a mediados de los ’90 renovó hábitos televisivos y llevó a que la programación deportiva, la infantil y la informativa quedaran relegadas en los canales de aire. El zapping, casi como signo instintivo de la época, democratizó la audiencia y les otorgó mayor libertad de elección a los televidentes. Además, mientras los guionistas fueron reemplazados por numerosos equipos, los directores artísticos perdieron el bajo perfil y, con estrategias de programación que hicieron imposible seguir la continuidad de los programas, tomaron status de celebridades.
A veinte años de las privatizaciones, la TV argentina se convirtió en una industria consolidada, equipada con la última tecnología e inserta en el mundo como nunca antes. La cuenta pendiente, sin embargo, es la tendencia hacia el escándalo, la fórmula probada y el morbo que invade a los canales privados. El rating y el dinero no sólo siguen mandando: ahora parecen ser las únicas cuestiones que importan.
Página 12. Domingo, 25 de abril de 2010.-
ESCUELA SECUNDARIA
Reflexiones sobre el nuevo modelo de secundaria
Por María Teresa Mendez*
El fin de año suele ser un momento de balance y redefiniciones, en ese sentido tomo el artículo del diario “en 2010 aplicaran nuevo modelo de secundaria”. Aparecen allí cifras de repitencia y abandono escolar de alrededor del 14% y una mención al hecho que en algunos lugares inician el nivel con 4 cursos y terminan con uno solo y con escasos alumnos. Estos datos marcan la necesidad de una escuela más inclusiva y significativa para los adolescentes.
Las leyes de educación, tanto nacional como provincial, establecen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la asignación universal por hijo brinda las condiciones para que esto se concrete.
Es así que en el inicio de clases 2010 el aumento de la matrícula es un hecho en todas las escuelas y así empieza a hacerse más efectivo el derecho a la educación. Los incluimos, se los quitamos a la esquina y a otras tentadoras actividades que aparecen cuando no hay nada que hacer, y en los alrededores de chicos y chicas solo hay problemas.
Pero este es solo un primer paso, la escuela necesita reacomodarse para que no sea un lugar de permanencia nada más, sino un lugar donde se aprende, se disfruta, se comparte, donde se forman ciudadanos comprometidos con su realidad, donde se tienen en cuenta las necesidades del aparato productivo y el perfil de provincia que queremos y también se prepara para continuar estudiando.
Lo dicho no nos hace ignorar que se necesiten más bancos y mesas, aulas, materiales didácticos, tal vez más escuelas o más medios de transporte o más personal, pero lo significativo es que los chicos están en la escuela y esta claro que hay que ir solucionando estas cuestiones para mejorar la calidad del aprendizaje, pero estamos en marcha.
Nos llama la atención que los compañeros del gremio docente solo vean las dificultades y pidan que no se comience con la transformación de la escuela, esperando momentos más oportunos que nunca se dice cuales serán.
Nosotros como militantes de la educación saludamos el aumento de la matrícula y el inicio de las transformaciones de la escuela secundaria porque creemos que la educación es una herramienta válida para luchar contra la injusticia, que es liberadora, nos permite elegir, crecer como personas, desarrollarnos como pueblo, ser artífices de nuestro destino como país en el contexto latinoamericano.
Interesaría saber: en que escuelas hubo aumento de matrícula, en que porcentajes y como se incorporaron a los nuevos que hace algunos años estaban fuera de la escuela o si los sumaron sin ninguna estrategia.
* Docente jubilada.
12 de abril de 2010.-
Blog del Mov. de Educ. de Entre Ríos
Por María Teresa Mendez*
El fin de año suele ser un momento de balance y redefiniciones, en ese sentido tomo el artículo del diario “en 2010 aplicaran nuevo modelo de secundaria”. Aparecen allí cifras de repitencia y abandono escolar de alrededor del 14% y una mención al hecho que en algunos lugares inician el nivel con 4 cursos y terminan con uno solo y con escasos alumnos. Estos datos marcan la necesidad de una escuela más inclusiva y significativa para los adolescentes.
Las leyes de educación, tanto nacional como provincial, establecen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la asignación universal por hijo brinda las condiciones para que esto se concrete.
Es así que en el inicio de clases 2010 el aumento de la matrícula es un hecho en todas las escuelas y así empieza a hacerse más efectivo el derecho a la educación. Los incluimos, se los quitamos a la esquina y a otras tentadoras actividades que aparecen cuando no hay nada que hacer, y en los alrededores de chicos y chicas solo hay problemas.
Pero este es solo un primer paso, la escuela necesita reacomodarse para que no sea un lugar de permanencia nada más, sino un lugar donde se aprende, se disfruta, se comparte, donde se forman ciudadanos comprometidos con su realidad, donde se tienen en cuenta las necesidades del aparato productivo y el perfil de provincia que queremos y también se prepara para continuar estudiando.
Lo dicho no nos hace ignorar que se necesiten más bancos y mesas, aulas, materiales didácticos, tal vez más escuelas o más medios de transporte o más personal, pero lo significativo es que los chicos están en la escuela y esta claro que hay que ir solucionando estas cuestiones para mejorar la calidad del aprendizaje, pero estamos en marcha.
Nos llama la atención que los compañeros del gremio docente solo vean las dificultades y pidan que no se comience con la transformación de la escuela, esperando momentos más oportunos que nunca se dice cuales serán.
Nosotros como militantes de la educación saludamos el aumento de la matrícula y el inicio de las transformaciones de la escuela secundaria porque creemos que la educación es una herramienta válida para luchar contra la injusticia, que es liberadora, nos permite elegir, crecer como personas, desarrollarnos como pueblo, ser artífices de nuestro destino como país en el contexto latinoamericano.
Interesaría saber: en que escuelas hubo aumento de matrícula, en que porcentajes y como se incorporaron a los nuevos que hace algunos años estaban fuera de la escuela o si los sumaron sin ninguna estrategia.
* Docente jubilada.
12 de abril de 2010.-
Blog del Mov. de Educ. de Entre Ríos
ESTAMOS DE NUEVO
COMPAÑEROS GLOBBER@S HEMOS VUELTO A PONERNOS EN CONTACTO CON UDS, PERDÓN POR LA DESAPARICIÓN MOMENTANEA DE NOTAS DE OPINIÓN.
SALUDOS Y ABRAZOS A TOD@S.
AGRUPACIÓN CELESTE ENTRE RÍOS
SALUDOS Y ABRAZOS A TOD@S.
AGRUPACIÓN CELESTE ENTRE RÍOS
viernes, 2 de abril de 2010
LA SIP REPITE LO QUE DICEN LAS NOTAS DE CLARÍN Y LA NACIÓN
Ricardo Nissen
“Los accionistas de Papel Prensa difunden falsedades desde que el Estado Nacional defiende el derecho de todos los medios.”
Abogado del Estado nacional en la causa de la intervención judicial de Papel Prensa, denuncia que ambos medios ocultaron las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de sus directores en contra de los derechos de la partipación del capital estatal.
Por Jorge Mancinelli
- ¿Qué hechos puntuales tiene en cuenta el pedido de intervención judicial a Papel Prensa?
-Las medidas cautelares fueron solicitadas en causa iniciada ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 2 y dispuestas por el titular de ese juzgado, Dr. Eduardo Malde, quien intervino judicialmente Papel Prensa S.A. designando un coadministrador judicial con funciones equiparadas a las de un director. La resolución del magistrado incluyó la suspensión del asesor legal del directorio, Dr. Enrique Pigretti, así como la ejecución de diversos actos del directorio y la celebración de una asamblea de accionistas. Las decisiones judiciales están fundadas en las sanciones que la Comisión Nacional de Valores (CNV) le impuso a Papel Prensa ante diversas irregularidades que ese Organismo comprobó en el manejo de esa empresa y en la desatención y desacato en que incurrieron los directores que representan a Clarín y La Nación al no aplicar resoluciones que eran de cumplimiento obligatorio. En la resolución judicial se tiene en cuenta, además, el ocultamiento de información respecto de la actividad de la empresa por parte de los directores del sector privado en perjuicio de los directores que designó el Estado Nacional así como el hecho de que se impidiera la asunción del cargo respecto de un integrante del consejo de vigilancia de la sociedad que había sido designado por el propio Estado Nacional, maniobra nuevamente atribuida a los directores del sector privado.
-Dr. Nissen, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa al gobierno argentino de hostigar a Papel Prensa ¿puede Ud. demostrar que la solicitud de intervención judicial no es la prueba de un hostigamiento?
-La Sociedad Interamericana de Prensa no consultó la causa que lleva la justicia contra Papel Prensa, sino que reprodujo notas publicadas por LA NACION y CLARIN, en las que se ocultaron dolosamente las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de los directores que representan a esos medios, así como nunca se informaron los avasallamientos que esos directores cometieron contra los derechos del capital estatal; violaciones normativas que dieron lugar a la intervención judicial. Clarín y La Nación desinformaron una vez más con la fábula que se trataba de una nueva muestra del "hostigamiento" del Secretario de Comercio Interior, el Licenciado Guillermo Moreno, hacia Papel Prensa. Esa es la conducta de esos medios; en cuanto a la declaración de la SIP, organización corporativa de propietarios de diarios, la misma muestra el grado de sumisión que esa entidad tiene respecto de sus socios; dependencia que prevalece por sobre el compromiso que debería tener con las libertades de prensa y de información. Si le importara la libertad de información, promovería la obligación de informar con la verdad; y si le interesara la libertad de prensa, se pararía al lado de la inmensa cantidad de medios gráficos que en la Argentina padecen el monopolio que Clarín y La Nación establecieron sobre el mercado de papel a través del manejo de Papel Prensa.
-Si bien el desconocimiento de las leyes no es causal de exculpación, bien podría ocurrir que la SIP no esté informada del juicio contra Papel Prensa
-Mire, es llamativo el supino desconocimiento del que hace gala la SIP sobre lo que verdaderamente ocurre en el seno de Papel Prensa SA, pues mal puede llamar "hostigamiento" a una sentencia judicial que es pública y por la que el juez resolvió sancionar a esa entidad con las mas graves medidas precautorias que admite nuestro ordenamiento societario, como es la intervención judicial de su administración, aún en grado de coadministración. Tan contundente es la resolución judicial, que por primera vez un juez suspende al abogado de la empresa, en este caso el Dr. Enrique Pigretti, por manifiesta parcialidad en beneficio de los accionistas privados, que no son otros que las sociedades comerciales que controlan CLARIN y LA NACION. Equiparar el ejercicio legítimo de un derecho al concepto de hostigamiento es de una ligereza asombrosa que no puede ser admitido, salvo que prevalezca la falsedad y la mala fe.
-¿Pudo haber otra alternativa que el pedido de intervención judicial?
-La Comisión Nacional de Valores constató serias irregularidades, intolerables en una sociedad que por cotizar en bolsa está sujeta a estrictos controles legales en defensa del público inversor. Los directores que representan a Clarín y La Nación habían avalado actas falsas al mismo tiempo que desconocían a la autoridad de control ignorando sus resoluciones de una manera que roza la provocación.
En suma, en el caso se ha comprobado – con la provisionalidad propia de toda medida cautelar – la comisión de gravísimas irregularidades imputadas a los directores designados por el sector privado en la administración de Papel Prensa S.A., quienes de hecho han pretendido convertir a los funcionarios designados por el Estado en meras figuras decorativas sin ningún poder de decisión, escamoteándoles información vital sobre las actividades de la empresa o trabando la asunción de sus cargos, todo ello agravado por otra serie de irregularidades vinculadas al control irrenunciable que es deber funcional de la Comisión Nacional de Valores.
Por todo ello, que se hayan iniciado acciones judiciales para poner fin a las irregularidades y excesos, nunca puede ser juzgado como un hostigamiento, sino como el estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público.
-Al comunicado de la SIP, le siguió el 24 de marzo una nota en La Nación firmada por Morales Solá. En la misma se hacen acusaciones similares a las de la SIP contra la actuación del Estado Nacional como accionista de Papel Prensa, aunque va más allá.
-Es la repetición del mismo discurso falso y difamatorio que los accionistas privados de Papel Prensa vienen difundiendo desde que tomaron conciencia que los representantes del Estado Nacional estan para cuidar el patrimonio público y defender el derecho que tienen todos los medios gráficos a acceder en condiciones igualitarias al papel que produce la empresa. Es decir, a que la libertad de prensa, de impresión, comience a ser realidad en nuestro país porque para que haya libertad, tiene que haber un piso común de derechos y obligaciones. En cuanto a que va más allá, sí lo hace al escribir las siguientes falsedades (leo el artículo):"Moreno instruyó a los directores estatales de Papel Prensa para que hicieran lo posible y lo imposible para devaluar la empresa hasta que el Estado pudiera comprarla a precio de oferta o para crear las condiciones de una intervención. Es eso lo que ha hecho durante seis meses. Papel Prensa sería inviable si LA NACION y Clarín decidieran no comprarle papel para diarios. Podrían consumir papel importado. Pero ¿qué sucedería si Moreno, dueño y señor de la Aduana, decidiera cerrar la importación de papel? Esa es la pregunta que los periodistas debemos hacernos. En tal caso, los diarios deberían caer de rodillas ante Moreno para acceder a míseras cuotas de papel…". Tales afirmaciones son absurdas: Primero, ningún director puede hacer caer el valor de una empresa por querer saber como se administra; segundo, si la información que hasta ahora han proporcionado respecto de egresos, ingresos, resultados y patrimonio es falsa, es un problema penal que tendrán que afrontar quienes cometieron el fraude; tercero, si el valor de la empresa cayera, eso no justifica ni habilita al Estado para que la compre, en todo caso los interesados podrían ser representantes de los medios que hasta ahora han sido discriminados; cuarto, Papel Prensa no se hizo para abastecer a dos empresas, sino a todo el mercado, por lo tanto es falso de toda falsedad que esa empresa exista gracias a La Nación y Clarín, afirmación que revela cinismo y desparpajo; quinto, que luego de afirmar que Papel Prensa no sería viable sin el consumo que hacen sus propios accionistas del papel que produce, concluye que tendrían que importar papel y entonces ahí aparece nuevamente Moreno quien no se los dejaría importar. La conclusión del sofisma es, entonces, "monopolio o víctima". El artículo de Morales Solá, además de falso e interesado, es sencillamente patético.
El Argentino, 28-03-2010.-
“Los accionistas de Papel Prensa difunden falsedades desde que el Estado Nacional defiende el derecho de todos los medios.”
Abogado del Estado nacional en la causa de la intervención judicial de Papel Prensa, denuncia que ambos medios ocultaron las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de sus directores en contra de los derechos de la partipación del capital estatal.
Por Jorge Mancinelli
- ¿Qué hechos puntuales tiene en cuenta el pedido de intervención judicial a Papel Prensa?
-Las medidas cautelares fueron solicitadas en causa iniciada ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 2 y dispuestas por el titular de ese juzgado, Dr. Eduardo Malde, quien intervino judicialmente Papel Prensa S.A. designando un coadministrador judicial con funciones equiparadas a las de un director. La resolución del magistrado incluyó la suspensión del asesor legal del directorio, Dr. Enrique Pigretti, así como la ejecución de diversos actos del directorio y la celebración de una asamblea de accionistas. Las decisiones judiciales están fundadas en las sanciones que la Comisión Nacional de Valores (CNV) le impuso a Papel Prensa ante diversas irregularidades que ese Organismo comprobó en el manejo de esa empresa y en la desatención y desacato en que incurrieron los directores que representan a Clarín y La Nación al no aplicar resoluciones que eran de cumplimiento obligatorio. En la resolución judicial se tiene en cuenta, además, el ocultamiento de información respecto de la actividad de la empresa por parte de los directores del sector privado en perjuicio de los directores que designó el Estado Nacional así como el hecho de que se impidiera la asunción del cargo respecto de un integrante del consejo de vigilancia de la sociedad que había sido designado por el propio Estado Nacional, maniobra nuevamente atribuida a los directores del sector privado.
-Dr. Nissen, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa al gobierno argentino de hostigar a Papel Prensa ¿puede Ud. demostrar que la solicitud de intervención judicial no es la prueba de un hostigamiento?
-La Sociedad Interamericana de Prensa no consultó la causa que lleva la justicia contra Papel Prensa, sino que reprodujo notas publicadas por LA NACION y CLARIN, en las que se ocultaron dolosamente las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de los directores que representan a esos medios, así como nunca se informaron los avasallamientos que esos directores cometieron contra los derechos del capital estatal; violaciones normativas que dieron lugar a la intervención judicial. Clarín y La Nación desinformaron una vez más con la fábula que se trataba de una nueva muestra del "hostigamiento" del Secretario de Comercio Interior, el Licenciado Guillermo Moreno, hacia Papel Prensa. Esa es la conducta de esos medios; en cuanto a la declaración de la SIP, organización corporativa de propietarios de diarios, la misma muestra el grado de sumisión que esa entidad tiene respecto de sus socios; dependencia que prevalece por sobre el compromiso que debería tener con las libertades de prensa y de información. Si le importara la libertad de información, promovería la obligación de informar con la verdad; y si le interesara la libertad de prensa, se pararía al lado de la inmensa cantidad de medios gráficos que en la Argentina padecen el monopolio que Clarín y La Nación establecieron sobre el mercado de papel a través del manejo de Papel Prensa.
-Si bien el desconocimiento de las leyes no es causal de exculpación, bien podría ocurrir que la SIP no esté informada del juicio contra Papel Prensa
-Mire, es llamativo el supino desconocimiento del que hace gala la SIP sobre lo que verdaderamente ocurre en el seno de Papel Prensa SA, pues mal puede llamar "hostigamiento" a una sentencia judicial que es pública y por la que el juez resolvió sancionar a esa entidad con las mas graves medidas precautorias que admite nuestro ordenamiento societario, como es la intervención judicial de su administración, aún en grado de coadministración. Tan contundente es la resolución judicial, que por primera vez un juez suspende al abogado de la empresa, en este caso el Dr. Enrique Pigretti, por manifiesta parcialidad en beneficio de los accionistas privados, que no son otros que las sociedades comerciales que controlan CLARIN y LA NACION. Equiparar el ejercicio legítimo de un derecho al concepto de hostigamiento es de una ligereza asombrosa que no puede ser admitido, salvo que prevalezca la falsedad y la mala fe.
-¿Pudo haber otra alternativa que el pedido de intervención judicial?
-La Comisión Nacional de Valores constató serias irregularidades, intolerables en una sociedad que por cotizar en bolsa está sujeta a estrictos controles legales en defensa del público inversor. Los directores que representan a Clarín y La Nación habían avalado actas falsas al mismo tiempo que desconocían a la autoridad de control ignorando sus resoluciones de una manera que roza la provocación.
En suma, en el caso se ha comprobado – con la provisionalidad propia de toda medida cautelar – la comisión de gravísimas irregularidades imputadas a los directores designados por el sector privado en la administración de Papel Prensa S.A., quienes de hecho han pretendido convertir a los funcionarios designados por el Estado en meras figuras decorativas sin ningún poder de decisión, escamoteándoles información vital sobre las actividades de la empresa o trabando la asunción de sus cargos, todo ello agravado por otra serie de irregularidades vinculadas al control irrenunciable que es deber funcional de la Comisión Nacional de Valores.
Por todo ello, que se hayan iniciado acciones judiciales para poner fin a las irregularidades y excesos, nunca puede ser juzgado como un hostigamiento, sino como el estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público.
-Al comunicado de la SIP, le siguió el 24 de marzo una nota en La Nación firmada por Morales Solá. En la misma se hacen acusaciones similares a las de la SIP contra la actuación del Estado Nacional como accionista de Papel Prensa, aunque va más allá.
-Es la repetición del mismo discurso falso y difamatorio que los accionistas privados de Papel Prensa vienen difundiendo desde que tomaron conciencia que los representantes del Estado Nacional estan para cuidar el patrimonio público y defender el derecho que tienen todos los medios gráficos a acceder en condiciones igualitarias al papel que produce la empresa. Es decir, a que la libertad de prensa, de impresión, comience a ser realidad en nuestro país porque para que haya libertad, tiene que haber un piso común de derechos y obligaciones. En cuanto a que va más allá, sí lo hace al escribir las siguientes falsedades (leo el artículo):"Moreno instruyó a los directores estatales de Papel Prensa para que hicieran lo posible y lo imposible para devaluar la empresa hasta que el Estado pudiera comprarla a precio de oferta o para crear las condiciones de una intervención. Es eso lo que ha hecho durante seis meses. Papel Prensa sería inviable si LA NACION y Clarín decidieran no comprarle papel para diarios. Podrían consumir papel importado. Pero ¿qué sucedería si Moreno, dueño y señor de la Aduana, decidiera cerrar la importación de papel? Esa es la pregunta que los periodistas debemos hacernos. En tal caso, los diarios deberían caer de rodillas ante Moreno para acceder a míseras cuotas de papel…". Tales afirmaciones son absurdas: Primero, ningún director puede hacer caer el valor de una empresa por querer saber como se administra; segundo, si la información que hasta ahora han proporcionado respecto de egresos, ingresos, resultados y patrimonio es falsa, es un problema penal que tendrán que afrontar quienes cometieron el fraude; tercero, si el valor de la empresa cayera, eso no justifica ni habilita al Estado para que la compre, en todo caso los interesados podrían ser representantes de los medios que hasta ahora han sido discriminados; cuarto, Papel Prensa no se hizo para abastecer a dos empresas, sino a todo el mercado, por lo tanto es falso de toda falsedad que esa empresa exista gracias a La Nación y Clarín, afirmación que revela cinismo y desparpajo; quinto, que luego de afirmar que Papel Prensa no sería viable sin el consumo que hacen sus propios accionistas del papel que produce, concluye que tendrían que importar papel y entonces ahí aparece nuevamente Moreno quien no se los dejaría importar. La conclusión del sofisma es, entonces, "monopolio o víctima". El artículo de Morales Solá, además de falso e interesado, es sencillamente patético.
El Argentino, 28-03-2010.-
LA JUSTICIA DE COBOS
Jorge Álvaro
“La Cámara mendocina y la jueza Pura de Arrabal son una empresa”
“En Mendoza lo dice todo el ambiente judicial: el líder de está banda es el Juez Romano”
El diputado mendocino por el Partido de la Concertación denuncia a los integrantes de la Cámara Federal y su connivencia con la dictadura, grupos económicos y medios de comunicación.
Por Francisco Balázs
El diputado mendocino de por la Partido de la Concertación, Jorge Álvaro fue quien apeló la medida cautelar introducida por el diputado cobista Enrique Thomas que llevó a la jueza Olga de Arrabal el 21 de diciembre pasado a suspender la ley de medios. Además de apelar la medida cautelar ante la Cámara Federal de Mendoza, Álvaro recusó a los integrantes de la Cámara por estar denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad.
Ante el reciente fallo de la Cámara Federal ratificando el de la Dra. Pura de Arrabal, Miradas al Sur conversó con el diputado sobre la causa sobre la ley de medios y el funcionamiento de la justicia en Mendoza.
La causa comienza con una presentación del diputado Enrique Thomas a la que se le hace lugar aduciendo que él, como otros diputados, no pudieron actuar en el Congreso en defensa de los representados que lo votaron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", menciona la sentencia.
“La demanda de Thomas está basada en el tratamiento de la ley en Diputados de la Nación. Primero dice que el despacho no se firmó en el recinto y después que no se esperaron los 7 días para tratarlo. Eso es lo que ahora la Cámara acaba de ratificar como válido. Por otro lado, Cobos se presentó ante el juez que falló la semana pasada por esa mamarrachada que hicieron con la bicameral diciendo que los tramites parlamentarios no son judiciables. Yo necesito ahora que venga en mi ayuda porque acaba de decir que sí lo son y que tiene razón Thomas. Cuando la jueza dicta la cautelar, que es lo que yo apelo, no sólo le da la razón a Thomas sino que evade el contenido de la ley. Yo apelé a los 5 días así que este fallo debe ser del 26 de diciembre. Ella dice que la ley objetivamente fija censura previa sin citar ningún artículo de la ley, lo dice genéricamente. Desde el punto de vista de la técnica judicial es inaceptable, debió haber mencionado artículos concretos. Habló de todas las generalidad que desde la oposición a la ley se puede decir. Yo apelo todo eso, lo de Thomas porque no es cierto lo que dice y porque además era una sesión especial y no se deben esperar los 7 días que él menciona, que además se retiró de la sesión. No se puede decir que no hubo tiempo para estudiar la ley como él dice cuando la diputada Silvana Giúdice –presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión- que presentó una cuestión de privilegios y no como Thomas que se fue de la sesión, en el mismo sentido diciendo que no había tenido tiempo de estudiarla pero con la salvedad de que ella omite que presentó un despacho en minoría. Por un lado no la conocía y por el otro presenta uno con tantas páginas como el que tenía el proyecto oficial. Nosotros sabemos a qué responde todo esto, es el largo brazo del poder, del judicial, del mediático y del económico que usa a las personas que se le ofrecen”, sostiene Alvaro.
-Usted también recusó a los miembros de la Cámara Federal luego termino confirmando el fallo de primera instancia de Pura de Arrabal
-Esta Cámara, junto con la doctora De Arrabal de primera instancia, son una empresa. Ya es así, lo digo clarito. Yo tengo una denuncia que les han hecho, que me la ha dado un abogado de acá, una demanda que está en el Consejo de la Magistratura y que dice que hay un cobro de una indemnización de una persona fallecida que nunca existió. Está involucrada la jueza De Arrabal y esta Cámara. En el medio creo que está la secretaria de la jueza que es la nuera de Nicolás Becerra y no sé si Miret o Petra, algunos de los dos, tiene un grado de parentesco político con Daniel Vila.
-Cuando se refiere a una empresa, ¿ quien sería el gerente general?
-El líder de esta banda es Romano, eso lo dice todo el ambiente judicial.
-Y de casos de connivencia de muchos de estos jueces con la dictadura…
-El caso de Miret que se excusó de una causa de lesa humanidad aduciendo que era amigo personal del General de Brigada Teófilo Saá. Después cuando vinieron los juicios de lesa humanidad no se excusó. La justicia actúa como corporación esto es lo más concentrado y es la cara más feroz de ese problema.
-Hasta donde llegan los intereses de La "Empresa", como usted la definió?
-Un ejemplo es el fallo del Juez Petra con respecto a una causa que tiene el Grupo Vila, constructor del Barrio Dalvian, que para ampliar ese barrio que está a menos de 5 minutos en auto del centro de la capital y que es de un valor incalculable. El Grupo Vila – encabezado por el padre, que ya falleció, Luis Alfredo Vila, hizo una demanda por usucapión para apropiarse de 32 hectáreas linderas al Barrio Dalvian que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo que tiene todo su campus ahí abajo. Demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a la Universidad. Son 3 causas y están en la Corte, aclaro. El doctor Petra fue a favor del grupo. No tengo la fecha pero esto debe tener por lo menos 2 años de antigüedad.
-El viernes pasado La Nación publicó una entrevista al juez Romano donde se refiere a la conferencia de prensa donde denuncia que el 28 de diciembre fue acosado por manifestantes de derechos humanos y que pocos días después tuvo en su casa una suerte de robo/allanamiento. ¿Qué cobertura tuvo eso cuando sucedió?
-Él dio una conferencia de prensa junto con Miret el 29 de diciembre. Está en el diario Los Andes (diario que pertenece al grupo Clarín y a quien la Dra. Pura de Arrabal concedió la primicia de su fallo, antes de notificar al Estado Nacional, tal como indican los pasos de rigor a seguir) denunciando presiones de grupos como si fueran declaraciones mías. ¿Qué eran las presiones?: que los abogados patrocinantes de los organismos de derechos humanos de Mendoza habían presentado ante el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, un pedido de enjuiciamiento contra él y el juez Miret. El título de la conferencia era que estaban sufriendo presiones del oficialismo vinculadas a la ley de medios.
-Es común denominador ver que gran parte de los jueces, no los del TOF 1 sino los de esta cámara, son jueces de una edad muy avanzada y que sus inicios en el Poder Judicial se remontan a la época de la dictadura o a los años previos.
-Sí, vinculados a la dictadura y a los ´90.
El Argentino, 28-03-2010.-
“La Cámara mendocina y la jueza Pura de Arrabal son una empresa”
“En Mendoza lo dice todo el ambiente judicial: el líder de está banda es el Juez Romano”
El diputado mendocino por el Partido de la Concertación denuncia a los integrantes de la Cámara Federal y su connivencia con la dictadura, grupos económicos y medios de comunicación.
Por Francisco Balázs
El diputado mendocino de por la Partido de la Concertación, Jorge Álvaro fue quien apeló la medida cautelar introducida por el diputado cobista Enrique Thomas que llevó a la jueza Olga de Arrabal el 21 de diciembre pasado a suspender la ley de medios. Además de apelar la medida cautelar ante la Cámara Federal de Mendoza, Álvaro recusó a los integrantes de la Cámara por estar denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad.
Ante el reciente fallo de la Cámara Federal ratificando el de la Dra. Pura de Arrabal, Miradas al Sur conversó con el diputado sobre la causa sobre la ley de medios y el funcionamiento de la justicia en Mendoza.
La causa comienza con una presentación del diputado Enrique Thomas a la que se le hace lugar aduciendo que él, como otros diputados, no pudieron actuar en el Congreso en defensa de los representados que lo votaron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", menciona la sentencia.
“La demanda de Thomas está basada en el tratamiento de la ley en Diputados de la Nación. Primero dice que el despacho no se firmó en el recinto y después que no se esperaron los 7 días para tratarlo. Eso es lo que ahora la Cámara acaba de ratificar como válido. Por otro lado, Cobos se presentó ante el juez que falló la semana pasada por esa mamarrachada que hicieron con la bicameral diciendo que los tramites parlamentarios no son judiciables. Yo necesito ahora que venga en mi ayuda porque acaba de decir que sí lo son y que tiene razón Thomas. Cuando la jueza dicta la cautelar, que es lo que yo apelo, no sólo le da la razón a Thomas sino que evade el contenido de la ley. Yo apelé a los 5 días así que este fallo debe ser del 26 de diciembre. Ella dice que la ley objetivamente fija censura previa sin citar ningún artículo de la ley, lo dice genéricamente. Desde el punto de vista de la técnica judicial es inaceptable, debió haber mencionado artículos concretos. Habló de todas las generalidad que desde la oposición a la ley se puede decir. Yo apelo todo eso, lo de Thomas porque no es cierto lo que dice y porque además era una sesión especial y no se deben esperar los 7 días que él menciona, que además se retiró de la sesión. No se puede decir que no hubo tiempo para estudiar la ley como él dice cuando la diputada Silvana Giúdice –presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión- que presentó una cuestión de privilegios y no como Thomas que se fue de la sesión, en el mismo sentido diciendo que no había tenido tiempo de estudiarla pero con la salvedad de que ella omite que presentó un despacho en minoría. Por un lado no la conocía y por el otro presenta uno con tantas páginas como el que tenía el proyecto oficial. Nosotros sabemos a qué responde todo esto, es el largo brazo del poder, del judicial, del mediático y del económico que usa a las personas que se le ofrecen”, sostiene Alvaro.
-Usted también recusó a los miembros de la Cámara Federal luego termino confirmando el fallo de primera instancia de Pura de Arrabal
-Esta Cámara, junto con la doctora De Arrabal de primera instancia, son una empresa. Ya es así, lo digo clarito. Yo tengo una denuncia que les han hecho, que me la ha dado un abogado de acá, una demanda que está en el Consejo de la Magistratura y que dice que hay un cobro de una indemnización de una persona fallecida que nunca existió. Está involucrada la jueza De Arrabal y esta Cámara. En el medio creo que está la secretaria de la jueza que es la nuera de Nicolás Becerra y no sé si Miret o Petra, algunos de los dos, tiene un grado de parentesco político con Daniel Vila.
-Cuando se refiere a una empresa, ¿ quien sería el gerente general?
-El líder de esta banda es Romano, eso lo dice todo el ambiente judicial.
-Y de casos de connivencia de muchos de estos jueces con la dictadura…
-El caso de Miret que se excusó de una causa de lesa humanidad aduciendo que era amigo personal del General de Brigada Teófilo Saá. Después cuando vinieron los juicios de lesa humanidad no se excusó. La justicia actúa como corporación esto es lo más concentrado y es la cara más feroz de ese problema.
-Hasta donde llegan los intereses de La "Empresa", como usted la definió?
-Un ejemplo es el fallo del Juez Petra con respecto a una causa que tiene el Grupo Vila, constructor del Barrio Dalvian, que para ampliar ese barrio que está a menos de 5 minutos en auto del centro de la capital y que es de un valor incalculable. El Grupo Vila – encabezado por el padre, que ya falleció, Luis Alfredo Vila, hizo una demanda por usucapión para apropiarse de 32 hectáreas linderas al Barrio Dalvian que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo que tiene todo su campus ahí abajo. Demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a la Universidad. Son 3 causas y están en la Corte, aclaro. El doctor Petra fue a favor del grupo. No tengo la fecha pero esto debe tener por lo menos 2 años de antigüedad.
-El viernes pasado La Nación publicó una entrevista al juez Romano donde se refiere a la conferencia de prensa donde denuncia que el 28 de diciembre fue acosado por manifestantes de derechos humanos y que pocos días después tuvo en su casa una suerte de robo/allanamiento. ¿Qué cobertura tuvo eso cuando sucedió?
-Él dio una conferencia de prensa junto con Miret el 29 de diciembre. Está en el diario Los Andes (diario que pertenece al grupo Clarín y a quien la Dra. Pura de Arrabal concedió la primicia de su fallo, antes de notificar al Estado Nacional, tal como indican los pasos de rigor a seguir) denunciando presiones de grupos como si fueran declaraciones mías. ¿Qué eran las presiones?: que los abogados patrocinantes de los organismos de derechos humanos de Mendoza habían presentado ante el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, un pedido de enjuiciamiento contra él y el juez Miret. El título de la conferencia era que estaban sufriendo presiones del oficialismo vinculadas a la ley de medios.
-Es común denominador ver que gran parte de los jueces, no los del TOF 1 sino los de esta cámara, son jueces de una edad muy avanzada y que sus inicios en el Poder Judicial se remontan a la época de la dictadura o a los años previos.
-Sí, vinculados a la dictadura y a los ´90.
El Argentino, 28-03-2010.-
jueves, 1 de abril de 2010
¡ CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE !
¡CARLOS FUENTEALBA PRESENTE!
Solicitada de la CTERA ante un nuevo aniversario de la brutal represión y del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba.
En un nuevo aniversario de la brutal represión y del fusilamiento de de nuestro compañero Carlos Fuentealba, CTERA sigue exigiendo Juicio y Castigo a Jorge Sobisch y a todos los responsables intelectuales y políticos de dicho asesinato.
miércoles, 24 de marzo de 2010
POR UNA NUEVA LEY DE ENTIDADES FINACIERAS Y TRIBUTARIA
Panorama económico
Cheque
Por Alfredo Zaiat
El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, es considerado por los especialistas como más distorsivo que otros tributos sobre la actividad económica. En teoría, todos los impuestos son distorsivos, porque interfieren en el funcionamiento de la economía. Pero por las características, alcance e impacto distributivo algunos impuestos son más aceptados entre los expertos al momento de evaluar una estructura tributaria. En Argentina, el impuesto al cheque se aplica con una alícuota muy elevada en comparación a otros países de la región que lo tienen incorporado a su sistema. Además de acercar recursos de percepción fácil al fisco, desalienta la bancarización de operaciones financieras alimentando el circuito informal de la economía y la evasión. Es un impuesto que estableció Domingo Cavallo durante la gestión del gobierno de Fernando de la Rúa en su desesperación para sostener el experimento de la convertibilidad. Estos antecedentes son necesarios para ordenar el espasmódico debate sobre la distribución de los recursos obtenidos de ese gravamen.
El heterogéneo universo de los representantes políticos expresa una marcada deficiencia en la adopción de un enfoque sistémico para encarar el necesario proceso de cambio en la estructura impositiva nacional y provincial, incluyendo el esquema de distribución en la coparticipación federal y el existente entre los gobiernos provinciales y sus municipios. Esa carencia que se extiende por años tiene su origen en las sucesivas crisis pasadas que volvía imposible en esas circunstancias discutir ese tema, así como también en la intervención de factores de poder que terminan obturando la posibilidad de avanzar en un sistema impositivo progresivo.
El régimen de coparticipación vigente fue dictado con carácter provisorio por sólo dos años, prorrogables hasta que se dictase el definitivo. La cláusula provisoria 6ª de la reforma constitucional de 1994 previó que se dictara un nuevo régimen antes de fines de 1996. Ya se registran catorce años de mora en esa tarea. Se trata de una reforma con un muy elevado grado de complejidad y por ese motivo debe ser encarada con un enfoque sistémico. De acuerdo con la Constitución, ninguna jurisdicción puede ser obligada a percibir menos que lo que hoy recibe. Así planteado, el acuerdo ha sido y seguirá siendo muy complicado, más aún con arrebatos de federalismo como el actual para apropiarse de recursos vía la coparticipación del impuesto al cheque. Basta imaginar a los 24 distritos más la Nación en una misma mesa pujando por el reparto de los recursos para desalentar a cualquiera de los protagonistas para abrir un debate amplio. Sin embargo, la necesidad de racionalizar un nuevo pacto fiscal y empezar a construir institucionalidad sobre cómo se reparten los ingresos tributarios se presenta como una prioridad. En ese sentido, el fortalecimiento de las atribuciones así como también la eficiencia de los organismos de recaudación impositiva de las provincias ofrecería la posibilidad de ganar márgenes de autonomía sobre el poder central. Si no recaudan para no afectar a los grupos económicos locales, las provincias no deberían quejarse tanto por quedar atrapadas de los giros de recursos de la Nación.
Este conflicto pone en evidencia que no existe mucha voluntad de pensar y avanzar en una reforma tributaria más equilibrada y progresiva. Resulta difícil imaginar una disminución en la alícuota del impuesto al cheque o hasta en la posibilidad de eliminar ese tributo si pasa a estar integrado plenamente en el esquema de distribución de la coparticipación. Los gobernadores se lamentan –muchas veces con razón– de la dependencia que tienen de la Nación, pero hacen muy poco para diseñar un sistema de recaudación tributaria local eficaz. No cobrar impuestos y cargar sobre la discrecionalidad del gobierno central es no asumir su propia responsabilidad, al tiempo de construir una relación perversa: dependencia útil para no afectar intereses locales y sumisión para conseguir fondos de la billetera de la Nación.
En un documento elaborado por los economistas del Plan Fénix sobre el régimen de coparticipación se destacaba que la dependencia de las transferencias de la administración nacional disimula la renuencia a la eficaz percepción de sus propios ingresos, en una política clientelística que acentúa el poder de sus gobiernos. Precisaban que “algunos gobiernos locales constituyen verdaderos feudos, en los cuales prevalecen caudillos que se eternizan y cuyos ciudadanos son víctimas de manipulaciones y trampas electorales”. Para agregar que “todas éstas resultan rémoras que deben ser progresivamente erradicadas en un proceso de reconstrucción institucional, que no debería ser bloqueado por un uso espurio de las ‘banderas federales’”.
Cuando se analizan los presupuestos provinciales resulta llamativa la escasa relevancia que tienen los ingresos por tributos de origen provincial en el total. Con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en el resto la autonomía fiscal es bajísima. La situación fiscal y financiera de las provincias muestra que cobran muy poco por ingresos brutos, inmobiliario y patente. El autofinanciamiento de los presupuestos de cada administración equivale en promedio a poco más del 30 por ciento. Pero ese porcentaje desciende a menos del 20 por ciento excluyendo a los dos distritos más ricos del país. Es cierto que en la década pasada se concretó una muy fuerte descentralización del gasto público (en educación, salud e infraestructura), lo que agravó el desequilibrio entre los recursos de recaudación directa y los gastos de provincias y municipios. Ese desbalance fue cubierto por los giros del régimen de coparticipación y por otras transferencias nacionales, consolidando una descentralización del gasto y una centralización de los ingresos. Pero la escasa vocación política en algunos y las fuertes restricciones que imponen el poder económico local en otros definen una estructura tributaria provincial débil y regresiva.
La resistencia a experiencias recientes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otras, de proyectos de reformas para aumentar la recaudación sobre sectores privilegiados ha mostrado los rasgos sobre cómo intervienen los factores de poder. En Santa Fe, desde 1992 la industria, la construcción y el agro están exentos de Ingresos Brutos, dejando de recaudar por ese concepto unos 1000 millones de pesos por año. Ahora el gobierno de Hermes Binner presentó una reforma que contempla aplicar ese tributo sobre la industria, además de subir el Impuesto Inmobiliario. En Mendoza, por ejemplo, no se aplican revalúos de inmuebles desde 1994, y el ajuste propuesto es de apenas el 10 por ciento. En Córdoba sólo el campo quedó fuera de los ajustes impositivos propuestos por el gobernador Juan Schiaretti para este año. El caso más contundente de injerencia del poder económico sobre decisiones de una administración política se verificó en la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, las cámaras patronales del sector agropecuario lograron frenar la promulgación de la reforma impositiva ya sancionada por la Legislatura bonaerense. Y luego consiguieron modificarla, en especial en los cambios previstos en el Impuesto Inmobiliario Rural. Pudieron definir que se establezca un tope del 39 por ciento en esos aumentos, diferenciación de la alícuota a aplicar según la zona geográfica y, en especial, que el impuesto recaiga sobre la valuación fiscal del 2003 y no la prevista de 2005, siendo la primera muy inferior, además de ocultar así la espectacular suba que registraron los campos desde ese año.
En el documento del Plan Fénix mencionado se realiza una comparación con la situación en Brasil, que también es un país federal, donde en la relación tributos/PBI los fiscos estaduales (provinciales) son responsables del 40 por ciento del total, mientras que en la Argentina ese porcentaje contabiliza apenas un 15 por ciento de la gestión provincial y municipal. Para tener legitimidad para pedir, incluso a un gobierno centralista que debe ser interpelado por la fuente y uso de los recursos, se requiere de mayor compromiso para revisar y mejorar el esquema tributario propio.
Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010.-
Cheque
Por Alfredo Zaiat
El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, es considerado por los especialistas como más distorsivo que otros tributos sobre la actividad económica. En teoría, todos los impuestos son distorsivos, porque interfieren en el funcionamiento de la economía. Pero por las características, alcance e impacto distributivo algunos impuestos son más aceptados entre los expertos al momento de evaluar una estructura tributaria. En Argentina, el impuesto al cheque se aplica con una alícuota muy elevada en comparación a otros países de la región que lo tienen incorporado a su sistema. Además de acercar recursos de percepción fácil al fisco, desalienta la bancarización de operaciones financieras alimentando el circuito informal de la economía y la evasión. Es un impuesto que estableció Domingo Cavallo durante la gestión del gobierno de Fernando de la Rúa en su desesperación para sostener el experimento de la convertibilidad. Estos antecedentes son necesarios para ordenar el espasmódico debate sobre la distribución de los recursos obtenidos de ese gravamen.
El heterogéneo universo de los representantes políticos expresa una marcada deficiencia en la adopción de un enfoque sistémico para encarar el necesario proceso de cambio en la estructura impositiva nacional y provincial, incluyendo el esquema de distribución en la coparticipación federal y el existente entre los gobiernos provinciales y sus municipios. Esa carencia que se extiende por años tiene su origen en las sucesivas crisis pasadas que volvía imposible en esas circunstancias discutir ese tema, así como también en la intervención de factores de poder que terminan obturando la posibilidad de avanzar en un sistema impositivo progresivo.
El régimen de coparticipación vigente fue dictado con carácter provisorio por sólo dos años, prorrogables hasta que se dictase el definitivo. La cláusula provisoria 6ª de la reforma constitucional de 1994 previó que se dictara un nuevo régimen antes de fines de 1996. Ya se registran catorce años de mora en esa tarea. Se trata de una reforma con un muy elevado grado de complejidad y por ese motivo debe ser encarada con un enfoque sistémico. De acuerdo con la Constitución, ninguna jurisdicción puede ser obligada a percibir menos que lo que hoy recibe. Así planteado, el acuerdo ha sido y seguirá siendo muy complicado, más aún con arrebatos de federalismo como el actual para apropiarse de recursos vía la coparticipación del impuesto al cheque. Basta imaginar a los 24 distritos más la Nación en una misma mesa pujando por el reparto de los recursos para desalentar a cualquiera de los protagonistas para abrir un debate amplio. Sin embargo, la necesidad de racionalizar un nuevo pacto fiscal y empezar a construir institucionalidad sobre cómo se reparten los ingresos tributarios se presenta como una prioridad. En ese sentido, el fortalecimiento de las atribuciones así como también la eficiencia de los organismos de recaudación impositiva de las provincias ofrecería la posibilidad de ganar márgenes de autonomía sobre el poder central. Si no recaudan para no afectar a los grupos económicos locales, las provincias no deberían quejarse tanto por quedar atrapadas de los giros de recursos de la Nación.
Este conflicto pone en evidencia que no existe mucha voluntad de pensar y avanzar en una reforma tributaria más equilibrada y progresiva. Resulta difícil imaginar una disminución en la alícuota del impuesto al cheque o hasta en la posibilidad de eliminar ese tributo si pasa a estar integrado plenamente en el esquema de distribución de la coparticipación. Los gobernadores se lamentan –muchas veces con razón– de la dependencia que tienen de la Nación, pero hacen muy poco para diseñar un sistema de recaudación tributaria local eficaz. No cobrar impuestos y cargar sobre la discrecionalidad del gobierno central es no asumir su propia responsabilidad, al tiempo de construir una relación perversa: dependencia útil para no afectar intereses locales y sumisión para conseguir fondos de la billetera de la Nación.
En un documento elaborado por los economistas del Plan Fénix sobre el régimen de coparticipación se destacaba que la dependencia de las transferencias de la administración nacional disimula la renuencia a la eficaz percepción de sus propios ingresos, en una política clientelística que acentúa el poder de sus gobiernos. Precisaban que “algunos gobiernos locales constituyen verdaderos feudos, en los cuales prevalecen caudillos que se eternizan y cuyos ciudadanos son víctimas de manipulaciones y trampas electorales”. Para agregar que “todas éstas resultan rémoras que deben ser progresivamente erradicadas en un proceso de reconstrucción institucional, que no debería ser bloqueado por un uso espurio de las ‘banderas federales’”.
Cuando se analizan los presupuestos provinciales resulta llamativa la escasa relevancia que tienen los ingresos por tributos de origen provincial en el total. Con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en el resto la autonomía fiscal es bajísima. La situación fiscal y financiera de las provincias muestra que cobran muy poco por ingresos brutos, inmobiliario y patente. El autofinanciamiento de los presupuestos de cada administración equivale en promedio a poco más del 30 por ciento. Pero ese porcentaje desciende a menos del 20 por ciento excluyendo a los dos distritos más ricos del país. Es cierto que en la década pasada se concretó una muy fuerte descentralización del gasto público (en educación, salud e infraestructura), lo que agravó el desequilibrio entre los recursos de recaudación directa y los gastos de provincias y municipios. Ese desbalance fue cubierto por los giros del régimen de coparticipación y por otras transferencias nacionales, consolidando una descentralización del gasto y una centralización de los ingresos. Pero la escasa vocación política en algunos y las fuertes restricciones que imponen el poder económico local en otros definen una estructura tributaria provincial débil y regresiva.
La resistencia a experiencias recientes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otras, de proyectos de reformas para aumentar la recaudación sobre sectores privilegiados ha mostrado los rasgos sobre cómo intervienen los factores de poder. En Santa Fe, desde 1992 la industria, la construcción y el agro están exentos de Ingresos Brutos, dejando de recaudar por ese concepto unos 1000 millones de pesos por año. Ahora el gobierno de Hermes Binner presentó una reforma que contempla aplicar ese tributo sobre la industria, además de subir el Impuesto Inmobiliario. En Mendoza, por ejemplo, no se aplican revalúos de inmuebles desde 1994, y el ajuste propuesto es de apenas el 10 por ciento. En Córdoba sólo el campo quedó fuera de los ajustes impositivos propuestos por el gobernador Juan Schiaretti para este año. El caso más contundente de injerencia del poder económico sobre decisiones de una administración política se verificó en la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, las cámaras patronales del sector agropecuario lograron frenar la promulgación de la reforma impositiva ya sancionada por la Legislatura bonaerense. Y luego consiguieron modificarla, en especial en los cambios previstos en el Impuesto Inmobiliario Rural. Pudieron definir que se establezca un tope del 39 por ciento en esos aumentos, diferenciación de la alícuota a aplicar según la zona geográfica y, en especial, que el impuesto recaiga sobre la valuación fiscal del 2003 y no la prevista de 2005, siendo la primera muy inferior, además de ocultar así la espectacular suba que registraron los campos desde ese año.
En el documento del Plan Fénix mencionado se realiza una comparación con la situación en Brasil, que también es un país federal, donde en la relación tributos/PBI los fiscos estaduales (provinciales) son responsables del 40 por ciento del total, mientras que en la Argentina ese porcentaje contabiliza apenas un 15 por ciento de la gestión provincial y municipal. Para tener legitimidad para pedir, incluso a un gobierno centralista que debe ser interpelado por la fuente y uso de los recursos, se requiere de mayor compromiso para revisar y mejorar el esquema tributario propio.
Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010.-
sábado, 13 de marzo de 2010
2º JORNADA INTERFACULTADES DE DERECHOS HUMANOS : " TENEMOS ALGO QUE DECIR "
El 30 de Marzo del corriente año se realizará la 2º Jornada Interfacultades de Derechos Humanos: "Tenemos algo que decir", en la Facultad de Trabajo Social. La misma está organizada e integrada por alumnos de las siguientes carreras: Trabajo Social, Ciencia Política, Cominicación Social y Enfermeria.
En la Jornada se desarrollaran 5 temáticas:
-Conmemoración por la semana de la memoria-Juicio y castigo
-El derecho a decidir y la trata de personas
-Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadania e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-El derecho a la información
La inscripción es libre y gratuita
Se entregarán certificados a las personas inscriptas que participen de tres temáticas o mas.
Cronograma:
-8:30 hs. inscripción
-9:00 hs. Conmemoración por la semana de la memoria
-10:45 hs. Pausa
-11:00 hs. Juicio y castigo
-12:15 hs. Pausa
-12:30 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-13:00 hs. Corte
-15:00 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-16:00 hs. El derecho a decidir y la trata de personas
-17:30 hs. Pausa
-18:00 hs. Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadanía e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-19:30 hs. Pausa
-20:00 hs. El derecho a la información.
Durante toda la Jornada se encontrarán en el patio de la Facultad de Trabajo Social muestras de arte (fotografias, pinturas y esculturas) de diferentes artistas, referidas a las temáticas abordadas.
Los esperamos!!! porque todos tenemos algo que decir...
En la Jornada se desarrollaran 5 temáticas:
-Conmemoración por la semana de la memoria-Juicio y castigo
-El derecho a decidir y la trata de personas
-Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadania e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-El derecho a la información
La inscripción es libre y gratuita
Se entregarán certificados a las personas inscriptas que participen de tres temáticas o mas.
Cronograma:
-8:30 hs. inscripción
-9:00 hs. Conmemoración por la semana de la memoria
-10:45 hs. Pausa
-11:00 hs. Juicio y castigo
-12:15 hs. Pausa
-12:30 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-13:00 hs. Corte
-15:00 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-16:00 hs. El derecho a decidir y la trata de personas
-17:30 hs. Pausa
-18:00 hs. Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadanía e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-19:30 hs. Pausa
-20:00 hs. El derecho a la información.
Durante toda la Jornada se encontrarán en el patio de la Facultad de Trabajo Social muestras de arte (fotografias, pinturas y esculturas) de diferentes artistas, referidas a las temáticas abordadas.
Los esperamos!!! porque todos tenemos algo que decir...
LES LLEGO LA HORA
Viernes, 12 de marzo de 2010
A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA
A los represores les llegó la hora de hablar
Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
Por Diego Martínez
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
Página 12
A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA
A los represores les llegó la hora de hablar
Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
Por Diego Martínez
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
Página 12
NEGRO TE MAANDASTE UN CAAGADÓN ...
Servini investiga tres cuentas en paraísos fiscales
Una lupa judicial sobre Luis Juez
En el marco de una causa sobre supuesta malversación de fondos, la jueza federal enviará exhortos a dos paraísos fiscales para verificar si tres cuentas denunciadas, que suman unos cinco millones de dólares, son de Luis Juez. El senador aseguró a Página/12 que “es todo una mentira”.
Antiguo intendente de Córdoba y actual senador Luis Juez.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría está investigando tres cuentas en paraísos fiscales en las que figura el senador cordobés Luis Juez. En dos de ellas, como autorizado a mover los fondos junto con su hermano, y en la tercera representado por su hermano. En total, en esas tres cuentas hay depósitos por más de cinco millones de dólares: la suma da, concretamente, 5.090.381 dólares. La más voluminosa está en el BNP Paribas de Bahamas y las otras dos en el Bank of America y en el Delta Bank de las islas Caimán. Si la Justicia confirma que esas cuentas son suyas, el senador podría tener un problema: ninguna de ellas figura en su declaración jurada de bienes, presentada en su momento ante la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces el ahora senador declaró tener bienes por un total de 663.720 pesos. Consultado por Página/12, Juez negó rotundamente tener ese dinero: “Me hacen cagar de risa. Es una gansada. ¿Cómo voy a tener cinco palos verdes? No tengo ni cinco escarbadientes. Es todo una mentira”. Servini lleva adelante esta averiguación en el marco de una causa en la que se investiga a Juez por supuesta malversación de fondos y se dispone, primero, a dar vista al fiscal Guillermo Marijuan y, después, a enviar exhortos a Bahamas e Islas Caimán para que ratifiquen o rectifiquen la información.
La causa en la que Servini investiga a Juez tiene que ver con una malversación de fondos en la que también está implicada la ex titular de Medio Ambiente Romina Picolotti. El mes pasado, Servini le dictó la falta de mérito al senador, es decir que consideró que no había elementos para procesarlo y tampoco para sobreseerlo. La investigación, entonces, debe continuar. Curiosamente, Juez había recusado al fiscal Guillermo Marijuan. La recusación fue rechazada por el juez Ariel Lijo. El ex intendente de Córdoba además presentó una denuncia contra Marijuan por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que fue igualmente desestimada por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Servini recibió, por dos vías distintas, la información sobre las tres cuentas en las que figuraría Juez. Por un lado, un fiscal federal le hizo llegar un oficio con los datos. Por el otro, por la presentación de un particular. En las oficinas de la magistrada no quisieron revelar la identidad de ese ciudadano o ciudadana.
Estas son las cuentas que las presentaciones le adjudican a Juez en paraísos fiscales y por las que Servini librará exhortos:
- En el Bank of America de Islas Caimán, la cuenta figura a nombre de Lantral Inc. Es la número 8806130571. El 12 de junio pasado, el saldo era de 751.116,81. Las personas autorizadas a mover los fondos son dos: Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, cuyo nombre coincide con el del hermano del senador. La cuenta fue abierta en febrero de 2005.
- En el Delta Bank, también de Caimán, la cuenta es la número 660-390273. El saldo al 12 de junio del año pasado era de 1.418.151,36. El nombre de fantasía de la cuenta es también Lantral Inc. Las operaciones en el Delta Bank se iniciaron en noviembre de 2008 y las personas que aparecen como autorizadas a mover los fondos también son Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, según consta en la documentación que tiene la jueza.
- En el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. Es una cuenta a nombre de Displak Inc. El dinero depositado allí al 6 de junio de 2009 era de 2.921.114,81 dólares. La cuenta fue abierta en febrero de 2006. Las personas autorizadas a mover los fondos son Juez, Daniel A. y Cartada, Martín W. Está claro que se trata de una cuenta secreta porque funciona más con un código Q758677480AS que con el nombre.
“A mí me pueden acusar de empobrecimiento lícito –le dijo Juez a este diario–. Es una gansada, una torpeza. Mire, que la jueza vaya a Caimán o adonde sea. Si la plata existe, le regalo la mitad. Siempre intentaron ensuciarme. Lo hicieron en la campaña electoral, se metieron con una hija mía. En la causa que instruye Servini, después de tres años me dictó la falta de mérito. Es un invento. Y esto de ahora es una pelotudez. Me hacen un gran favor, porque me voy a cagar de risa cuando lleguen a la conclusión de que es todo mentira. ¿Usted se cree que alguien con cinco palos verdes en el banco va a andar desbaratando acuerdos como ando yo? Nadie que tenga cinco palos hace lo que yo hago, que no me callo la boca ante nada. No van a poder con el tema de la plata, es infantil, una gansada. ¿Cinco palos? No tengo ni cinco escarbadientes”, ironizó el cordobés.
Servini tratará de corroborar si esas cuentas existen o no, cuál es el saldo y la vinculación con Juez. El mecanismo es el del exhorto librado a Bahamas y a Caimán. La jueza le dará seguramente vista al fiscal y es casi seguro que se redactará, en castellano, un texto para enviar a los dos países. El exhorto se cursa a través de la Cancillería, que realiza una traducción y luego se entrega en los ministerios de Relaciones Exteriores de Bahamas y Caimán. “La realidad es que no tienen un plazo para contestar –le contó a Página/12 uno de los jueces con mayor experiencia en este tipo de gestiones–. Suelen tardar varios meses, pero casi siempre contestan porque después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 los bancos de los paraísos fiscales han quedado con poco margen para desentenderse de los reclamos de la Justicia de los demás países. El cálculo que se hace en Comodoro Py es que la respuesta promedio de Caimán y Bahamas tarda unos seis meses.”
En la causa que instruye Servini, Juez está imputado por utilizar unos 650.000 pesos que se le adjudicaron para erradicar un basural y que, de acuerdo con el dictamen de Marijuan, se usaron para otra cosa. El ex intendente presentó facturas de Cliba Córdoba, pero la sospecha es que las tareas que realizó esa empresa eran las habituales y que no está claro a dónde fueron a parar los fondos. Juez fue citado por Servini, pero se negó a declarar, argumentando que se trataba de una causa política, por lo que desató la ofensiva contra Marijuan.
Página 12
Una lupa judicial sobre Luis Juez
En el marco de una causa sobre supuesta malversación de fondos, la jueza federal enviará exhortos a dos paraísos fiscales para verificar si tres cuentas denunciadas, que suman unos cinco millones de dólares, son de Luis Juez. El senador aseguró a Página/12 que “es todo una mentira”.
Antiguo intendente de Córdoba y actual senador Luis Juez.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría está investigando tres cuentas en paraísos fiscales en las que figura el senador cordobés Luis Juez. En dos de ellas, como autorizado a mover los fondos junto con su hermano, y en la tercera representado por su hermano. En total, en esas tres cuentas hay depósitos por más de cinco millones de dólares: la suma da, concretamente, 5.090.381 dólares. La más voluminosa está en el BNP Paribas de Bahamas y las otras dos en el Bank of America y en el Delta Bank de las islas Caimán. Si la Justicia confirma que esas cuentas son suyas, el senador podría tener un problema: ninguna de ellas figura en su declaración jurada de bienes, presentada en su momento ante la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces el ahora senador declaró tener bienes por un total de 663.720 pesos. Consultado por Página/12, Juez negó rotundamente tener ese dinero: “Me hacen cagar de risa. Es una gansada. ¿Cómo voy a tener cinco palos verdes? No tengo ni cinco escarbadientes. Es todo una mentira”. Servini lleva adelante esta averiguación en el marco de una causa en la que se investiga a Juez por supuesta malversación de fondos y se dispone, primero, a dar vista al fiscal Guillermo Marijuan y, después, a enviar exhortos a Bahamas e Islas Caimán para que ratifiquen o rectifiquen la información.
La causa en la que Servini investiga a Juez tiene que ver con una malversación de fondos en la que también está implicada la ex titular de Medio Ambiente Romina Picolotti. El mes pasado, Servini le dictó la falta de mérito al senador, es decir que consideró que no había elementos para procesarlo y tampoco para sobreseerlo. La investigación, entonces, debe continuar. Curiosamente, Juez había recusado al fiscal Guillermo Marijuan. La recusación fue rechazada por el juez Ariel Lijo. El ex intendente de Córdoba además presentó una denuncia contra Marijuan por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que fue igualmente desestimada por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Servini recibió, por dos vías distintas, la información sobre las tres cuentas en las que figuraría Juez. Por un lado, un fiscal federal le hizo llegar un oficio con los datos. Por el otro, por la presentación de un particular. En las oficinas de la magistrada no quisieron revelar la identidad de ese ciudadano o ciudadana.
Estas son las cuentas que las presentaciones le adjudican a Juez en paraísos fiscales y por las que Servini librará exhortos:
- En el Bank of America de Islas Caimán, la cuenta figura a nombre de Lantral Inc. Es la número 8806130571. El 12 de junio pasado, el saldo era de 751.116,81. Las personas autorizadas a mover los fondos son dos: Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, cuyo nombre coincide con el del hermano del senador. La cuenta fue abierta en febrero de 2005.
- En el Delta Bank, también de Caimán, la cuenta es la número 660-390273. El saldo al 12 de junio del año pasado era de 1.418.151,36. El nombre de fantasía de la cuenta es también Lantral Inc. Las operaciones en el Delta Bank se iniciaron en noviembre de 2008 y las personas que aparecen como autorizadas a mover los fondos también son Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, según consta en la documentación que tiene la jueza.
- En el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. Es una cuenta a nombre de Displak Inc. El dinero depositado allí al 6 de junio de 2009 era de 2.921.114,81 dólares. La cuenta fue abierta en febrero de 2006. Las personas autorizadas a mover los fondos son Juez, Daniel A. y Cartada, Martín W. Está claro que se trata de una cuenta secreta porque funciona más con un código Q758677480AS que con el nombre.
“A mí me pueden acusar de empobrecimiento lícito –le dijo Juez a este diario–. Es una gansada, una torpeza. Mire, que la jueza vaya a Caimán o adonde sea. Si la plata existe, le regalo la mitad. Siempre intentaron ensuciarme. Lo hicieron en la campaña electoral, se metieron con una hija mía. En la causa que instruye Servini, después de tres años me dictó la falta de mérito. Es un invento. Y esto de ahora es una pelotudez. Me hacen un gran favor, porque me voy a cagar de risa cuando lleguen a la conclusión de que es todo mentira. ¿Usted se cree que alguien con cinco palos verdes en el banco va a andar desbaratando acuerdos como ando yo? Nadie que tenga cinco palos hace lo que yo hago, que no me callo la boca ante nada. No van a poder con el tema de la plata, es infantil, una gansada. ¿Cinco palos? No tengo ni cinco escarbadientes”, ironizó el cordobés.
Servini tratará de corroborar si esas cuentas existen o no, cuál es el saldo y la vinculación con Juez. El mecanismo es el del exhorto librado a Bahamas y a Caimán. La jueza le dará seguramente vista al fiscal y es casi seguro que se redactará, en castellano, un texto para enviar a los dos países. El exhorto se cursa a través de la Cancillería, que realiza una traducción y luego se entrega en los ministerios de Relaciones Exteriores de Bahamas y Caimán. “La realidad es que no tienen un plazo para contestar –le contó a Página/12 uno de los jueces con mayor experiencia en este tipo de gestiones–. Suelen tardar varios meses, pero casi siempre contestan porque después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 los bancos de los paraísos fiscales han quedado con poco margen para desentenderse de los reclamos de la Justicia de los demás países. El cálculo que se hace en Comodoro Py es que la respuesta promedio de Caimán y Bahamas tarda unos seis meses.”
En la causa que instruye Servini, Juez está imputado por utilizar unos 650.000 pesos que se le adjudicaron para erradicar un basural y que, de acuerdo con el dictamen de Marijuan, se usaron para otra cosa. El ex intendente presentó facturas de Cliba Córdoba, pero la sospecha es que las tareas que realizó esa empresa eran las habituales y que no está claro a dónde fueron a parar los fondos. Juez fue citado por Servini, pero se negó a declarar, argumentando que se trataba de una causa política, por lo que desató la ofensiva contra Marijuan.
Página 12
martes, 9 de marzo de 2010
UN PASO HACIA LA IGUALDAD
EL GOBIERNO ANUNCIO QUE CAMBIARA LA LEY DEL SERVICIO DOMESTICO
Empleadas con más derechos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta firmó un proyecto de ley para adecuar los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. El detalle del nuevo régimen.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (que deja de llamarse de “servicio doméstico”). La normativa propuesta equipara sus derechos a los de los restantes trabajadores y les otorga la relación de dependencia, no importa cuántas horas semanales se desempeñen en el domicilio de su empleador. Bajo el sistema actual –fijado por un decreto de 1956–, sólo tienen relación de dependencia quienes trabajen por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. La normativa también regula las horas de descanso para quienes trabajen “cama adentro”. El proyecto de ley fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
El proyecto propone la derogación del régimen establecido en 1956 por el decreto 326 de la dictadura militar que gobernaba en ese entonces. “El objetivo central es poner a este sector en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”, destacó Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. El nuevo régimen incluye la licencia por maternidad, tal como lo establece la Ley de Contratos de Trabajo, y la estabilidad en el empleo, al equiparar las indemnizaciones con las que rigen para los trabajadores en general. Además, el personal de casas de familia queda incluido en el régimen de asignaciones familiares, del que estaba excluido.
La normativa propuesta otorga la relación de dependencia a todos los trabajadores en casas particulares, con independencia del número de horas semanales de dedicación. En cambio, el estatuto todavía en vigencia exige que la persona trabaje un mínimo de cuatro horas, a lo largo de un mínimo de cuatro días semanales, para que se la considere en relación de dependencia.
Las indemnizaciones por despido se equiparan con las del resto de los trabajadores –actualmente son muy inferiores– y se instituye la licencia por maternidad. Hasta ahora estos trabajadores y trabajadoras sólo tenían 30 días pagos de licencia por enfermedad al año.
Quienes trabajen sin retiro –“cama adentro”–, tendrán un descanso de 35 horas continuadas, de sábado a lunes. Contarán con licencia por vacaciones, por enfermedades y accidentes. Está previsto un régimen de cobertura de riesgos con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Durante los días de trabajo, el descanso incluye ocho horas de sueño, dos horas de descanso a mediodía y los lapsos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El régimen antiguo se limita a requerir 12 horas de descanso diario, que incluso puede interrumpirse por razones como “acontecimientos familiares”. Es que “la lógica del sistema anterior implicaba la idea de una mujer que daba su vida por sus patrones, que estaba todo el tiempo para servirlos”, observó Tomada.
Las personas de 16 a 18 años podrán trabajar en casas particulares, pero a condición de que el empleador garantice la “terminalidad educativa”, es decir, que continúen o concluyan la escolaridad obligatoria, que actualmente incluye el ciclo secundario.
El proyecto incluye también deberes específicos para el trabajador, especialmente en cuanto a la inviolabilidad de los secretos o informaciones del empleador y su familia en materia política, religiosa o moral.
Una vez aprobada la ley, se prevé un período de 180 días para que los empleadores registren a sus trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador que se desempeñe cuatro horas, un solo día por semana, el monto mensual de aporte, a valores actuales, sería de aproximadamente 20 pesos, que en principio se repartirían entre el trabajador y su empleador. El régimen incluirá también a quienes se desempeñen en casas particulares dedicados al cuidado de personas enfermas o ancianas, a menos que esa atención requiera un nivel terapéutico profesional.
Alrededor de un millón de personas se desempeñan en casas particulares; el 98,5 por ciento son mujeres. Casi el 77 por ciento tiene un solo empleador; sólo el 26 por ciento trabaja “con cama adentro”. Y el 55 por ciento trabaja más de cuatro horas semanales. “El 90 por ciento está en negro”, advirtió el ministro Tomada.
El proyecto fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en oportunidad del Día Internacional de la Mujer: “Quiero eliminar la palabra doméstico porque de domesticar se habla para los animales y es una afrenta para la condición humana”.
Según Tomada, “este proyecto es el primero de un conjunto destinado a los colectivos más vulnerables, que incluirá a los trabajadores rurales, los trabajadores a domicilio y el teletrabajo”.
Página 12
Empleadas con más derechos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta firmó un proyecto de ley para adecuar los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. El detalle del nuevo régimen.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (que deja de llamarse de “servicio doméstico”). La normativa propuesta equipara sus derechos a los de los restantes trabajadores y les otorga la relación de dependencia, no importa cuántas horas semanales se desempeñen en el domicilio de su empleador. Bajo el sistema actual –fijado por un decreto de 1956–, sólo tienen relación de dependencia quienes trabajen por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. La normativa también regula las horas de descanso para quienes trabajen “cama adentro”. El proyecto de ley fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
El proyecto propone la derogación del régimen establecido en 1956 por el decreto 326 de la dictadura militar que gobernaba en ese entonces. “El objetivo central es poner a este sector en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”, destacó Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. El nuevo régimen incluye la licencia por maternidad, tal como lo establece la Ley de Contratos de Trabajo, y la estabilidad en el empleo, al equiparar las indemnizaciones con las que rigen para los trabajadores en general. Además, el personal de casas de familia queda incluido en el régimen de asignaciones familiares, del que estaba excluido.
La normativa propuesta otorga la relación de dependencia a todos los trabajadores en casas particulares, con independencia del número de horas semanales de dedicación. En cambio, el estatuto todavía en vigencia exige que la persona trabaje un mínimo de cuatro horas, a lo largo de un mínimo de cuatro días semanales, para que se la considere en relación de dependencia.
Las indemnizaciones por despido se equiparan con las del resto de los trabajadores –actualmente son muy inferiores– y se instituye la licencia por maternidad. Hasta ahora estos trabajadores y trabajadoras sólo tenían 30 días pagos de licencia por enfermedad al año.
Quienes trabajen sin retiro –“cama adentro”–, tendrán un descanso de 35 horas continuadas, de sábado a lunes. Contarán con licencia por vacaciones, por enfermedades y accidentes. Está previsto un régimen de cobertura de riesgos con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Durante los días de trabajo, el descanso incluye ocho horas de sueño, dos horas de descanso a mediodía y los lapsos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El régimen antiguo se limita a requerir 12 horas de descanso diario, que incluso puede interrumpirse por razones como “acontecimientos familiares”. Es que “la lógica del sistema anterior implicaba la idea de una mujer que daba su vida por sus patrones, que estaba todo el tiempo para servirlos”, observó Tomada.
Las personas de 16 a 18 años podrán trabajar en casas particulares, pero a condición de que el empleador garantice la “terminalidad educativa”, es decir, que continúen o concluyan la escolaridad obligatoria, que actualmente incluye el ciclo secundario.
El proyecto incluye también deberes específicos para el trabajador, especialmente en cuanto a la inviolabilidad de los secretos o informaciones del empleador y su familia en materia política, religiosa o moral.
Una vez aprobada la ley, se prevé un período de 180 días para que los empleadores registren a sus trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador que se desempeñe cuatro horas, un solo día por semana, el monto mensual de aporte, a valores actuales, sería de aproximadamente 20 pesos, que en principio se repartirían entre el trabajador y su empleador. El régimen incluirá también a quienes se desempeñen en casas particulares dedicados al cuidado de personas enfermas o ancianas, a menos que esa atención requiera un nivel terapéutico profesional.
Alrededor de un millón de personas se desempeñan en casas particulares; el 98,5 por ciento son mujeres. Casi el 77 por ciento tiene un solo empleador; sólo el 26 por ciento trabaja “con cama adentro”. Y el 55 por ciento trabaja más de cuatro horas semanales. “El 90 por ciento está en negro”, advirtió el ministro Tomada.
El proyecto fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en oportunidad del Día Internacional de la Mujer: “Quiero eliminar la palabra doméstico porque de domesticar se habla para los animales y es una afrenta para la condición humana”.
Según Tomada, “este proyecto es el primero de un conjunto destinado a los colectivos más vulnerables, que incluirá a los trabajadores rurales, los trabajadores a domicilio y el teletrabajo”.
Página 12
LAS RESERVAS SON DEL PUEBLO ARGENTINO, NO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS NI DE LAS GRANDES EMPRESAS
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dijo que las reservas “son del pueblo argentino, no de los grupos económicos ni de los dueños de la bolsa de comercio, ni de las grandes empresas”.
Yasky sostuvo además que “es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar”.
“Esto es un invento del neoliberalismo que en los ´90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el FMI con el monitoreo de la economía obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y de la autonomía del Banco Central”, completó.
Además, sostuvo que hay que ir al debate de fondo. “Sería clave discutir una ley. Hay quienes quieren que realmente las reservas queden solamente para salvaguardar y giran capitales al exterior, es decir, reservas para ser viables la fuga de capitales y no para utilizarlas de tal modo que no haya que tocar el presupuesto”.
“La ecuación es muy simple, si no usamos la reserva hay que usar los fondos del presupuesto. Esto significa paralizar la obra pública en un momento de crisis económica o recortar salarios, jubilaciones o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo”.
“O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que había que debatir de manera transparente para que los que hablan de república, de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el senado se saquen la careta”, concluyó.
Telam , 09/03/2010 .-
Yasky sostuvo además que “es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar”.
“Esto es un invento del neoliberalismo que en los ´90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el FMI con el monitoreo de la economía obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y de la autonomía del Banco Central”, completó.
Además, sostuvo que hay que ir al debate de fondo. “Sería clave discutir una ley. Hay quienes quieren que realmente las reservas queden solamente para salvaguardar y giran capitales al exterior, es decir, reservas para ser viables la fuga de capitales y no para utilizarlas de tal modo que no haya que tocar el presupuesto”.
“La ecuación es muy simple, si no usamos la reserva hay que usar los fondos del presupuesto. Esto significa paralizar la obra pública en un momento de crisis económica o recortar salarios, jubilaciones o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo”.
“O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que había que debatir de manera transparente para que los que hablan de república, de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el senado se saquen la careta”, concluyó.
Telam , 09/03/2010 .-
lunes, 8 de marzo de 2010
¿ DÓNDE ESTÁ LA IZQUIERDA ?
Por Vicente Battista
A comienzos de los años ’90, Francis Fukuyama publicó en The National Interest “El fin de la historia”, una nota en la que tenazmente afirmaba que tras el final de la Guerra Fría, y luego de la caída del socialismo real, los seres humanos íbamos a satisfacer nuestras necesidades a través de la libre economía de mercado, ya que, insistía, “la democracia liberal es el único sistema político con algún tipo de dinamismo”, y, llevado por el entusiasmo, vaticinaba que el Estado tendría una mínima injerencia, mientras que el capital privado se movería con absoluta libertad.
Las ideologías iban a ser reemplazadas por la economía y los conceptos de izquierda y derecha se convertirían en cosa del pasado. Un vasto número de acólitos de Fukuyama profirieron grititos de triunfo. No obstante, la propia historia se ocupó de demostrar que de ninguna manera había terminado. El derrumbe de la propuesta neoliberal, la hecatombe política y económica que eso significó en el mundo entero, puso fin a la hipótesis del entusiasta politólogo e hizo que El Capital, de Carlos Marx, fuera best-seller durante algunos meses. El Estado no interviniente tuvo que intervenir y una vez más sacó las papas del fuego. Las nefastas consecuencias del modelo liberal aún perduran, pero esto no parece amedrentar a sus fervientes partidarios: nuevamente levantan sus banderas, las agitan con vehemencia. Por estas tierras son los que configuran ese dislate que recibe el nombre de “La Oposición”.
La derecha no abunda en figuras heroicas. Poco tiene de épico Augusto Pinochet compungido en silla de ruedas, simulando una enfermedad inexistente. Supongo que los compinches del general golpista hubiesen preferido verlo altivo y orgulloso, con su colección de medallas sobre el pecho, pero la foto que recorrió el mundo mostraba a un anciano miserable, implorando compasión en cada uno de sus gestos. Esa era la verdad y frente a esa verdad no es fácil declararse de derecha. Acaso por eso ahora eligen ser de “centroderecha”, como si el hecho de estar en el centro los hiciera menos desdeñables, más dignos.
La izquierda es pródiga en estampas prestigiosas: el cuerpo sin vida del Che sobre un piletón en La Higuera, por ejemplo, o Salvador Allende, casco en la cabeza y metralleta en mano, dispuesto a morir en la puerta de La Moneda. Las dos fotos recorrieron el mundo, con ese aval no es difícil declararse de izquierda. En un reciente reportaje, el escritor inglés Martin Amis se refirió a uno de sus últimos desvelos: los musulmanes. Dijo que “no había que dejarlos viajar, que había que limitar sus libertades y que había que registrar a todos los que tuvieran aspectos de originarios de Oriente Medio o de Pakistán”. Luego de ese dictamen no queda sino imaginar a Amis con un ejemplar de Mi lucha sobre su mesa de trabajo, leído y anotado. Nada de eso, Martin Amis proclama ser hombre de izquierda, “de izquierda racional”, dice.
Viví en España durante la transición del franquismo a la democracia. Cuando la dictadura quedó atrás, era común encontrarse con jóvenes que, alegremente, se declaraban anarquistas. No militaban en ningún partido, movimiento o cosa parecida. Resultaba divertido verlos y oírlos, con gesto adusto decían ser de izquierda, se decían anarquistas y decían estar contra esto y aquello, aunque poco tuvieran que ver con Unamuno y menos aún con Buenaventura Durruti. Estos iconoclastas fueron acertadamente delineados en los versos de una canción que entonces interpretaba Víctor Manuel: “Izquierdistas de café”, los llamó. El mote continúa vigente, al menos se puede aplicar por estas tierras. He oído de algunos artistas porteños que se dicen de izquierda y anarquistas. Desde ese venerable porte, apoyan la nueva ley de radiodifusión, el juicio y castigo a los genocidas, el fin de las AFJP y el reparto universal por hijo, pero invariablemente luego de la aprobación imponen la duda. La frase típica es “Sí, pero...” y de inmediato enumeran las fallas del Gobierno. Lo hacen con palabras solemnes y gestos patriarcales que se parecen mucho a las palabras y los gestos de esos predicadores que Biblia en mano cuestionan las cosas de la Tierra, amparados por el reino de los cielos. La sociedad anarquista es tan utópica como el reino de los cielos. Desde uno y otro sitio se puede brindar la bienaventuranza, pero en tanto el mundo sigue andando y la derecha, esa que disimula su nombre, sigilosamente avanza hacia el poder total. Antaño recurría a los cuarteles, ahora convoca a la Justicia. No olvidemos Honduras. Tampoco el Chile de Allende. Ciertos izquierdistas de entonces, con las mejores intenciones, cuestionaron su gobierno, sin advertir que con esas buenas intenciones abonaban el sangriento arribo de Pinochet. Le prestaron atención al árbol y no vieron el bosque. Mucho antes de eso, a mediados de 1946, en nuestro país se gestó una oposición similar por su extravagancia a la que hoy se proclama en las dos Cámaras. ¿Estamos repitiendo el mismo error?
Es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre, de comprender de una vez por todas qué es la izquierda y qué es la derecha. No se trata de meras palabras para pronunciar en la mesa del café, son actitudes, modos de ver y de entender el mundo. Hoy izquierda en nuestro país significa un modelo que integra a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que impone el juicio y castigo a los genocidas y propone políticas de gobierno en beneficio de los que menos tienen. Derecha es el modelo inversamente opuesto, es el que contiene a la Pando y proclama el perdón a todos los asesinos de la última dictadura, es el que pretende retomar la fórmula neoliberal, con el consabido recorte del gasto público en perjuicio de los más necesitados. Es, en pocas palabras, lo que nos tocó vivir hasta los dramáticos episodios del 2001.
Las cartas están echadas, habrá que jugarlas aunque no tengamos el as de triunfo. La derecha seguirá alimentándose con señoras que son místicas un año y apocalípticas al siguiente, pero que destilan odio y rencor en todos los casos, y con señores que borran con el codo lo que minutos antes escribieron con la mano. Para la derecha y sus pactos valen los versos de aquel viejo tango que cantaba Charlo: “no te sorprendas si una noche de estas me ves pasar del brazo con quien no debo pasar”.
Sí sorprende que cierta izquierda esté colgada de ese brazo. “Ganamos por goleada”, se entusiasmó un senador conspicuo representante de la derecha. ¿cuándo comprenderán algunos honestos izquierdistas que están jugando en el equipo contrario? Tal vez va siendo tiempo de volver a poner las patas en la fuente.
Página 12
A comienzos de los años ’90, Francis Fukuyama publicó en The National Interest “El fin de la historia”, una nota en la que tenazmente afirmaba que tras el final de la Guerra Fría, y luego de la caída del socialismo real, los seres humanos íbamos a satisfacer nuestras necesidades a través de la libre economía de mercado, ya que, insistía, “la democracia liberal es el único sistema político con algún tipo de dinamismo”, y, llevado por el entusiasmo, vaticinaba que el Estado tendría una mínima injerencia, mientras que el capital privado se movería con absoluta libertad.
Las ideologías iban a ser reemplazadas por la economía y los conceptos de izquierda y derecha se convertirían en cosa del pasado. Un vasto número de acólitos de Fukuyama profirieron grititos de triunfo. No obstante, la propia historia se ocupó de demostrar que de ninguna manera había terminado. El derrumbe de la propuesta neoliberal, la hecatombe política y económica que eso significó en el mundo entero, puso fin a la hipótesis del entusiasta politólogo e hizo que El Capital, de Carlos Marx, fuera best-seller durante algunos meses. El Estado no interviniente tuvo que intervenir y una vez más sacó las papas del fuego. Las nefastas consecuencias del modelo liberal aún perduran, pero esto no parece amedrentar a sus fervientes partidarios: nuevamente levantan sus banderas, las agitan con vehemencia. Por estas tierras son los que configuran ese dislate que recibe el nombre de “La Oposición”.
La derecha no abunda en figuras heroicas. Poco tiene de épico Augusto Pinochet compungido en silla de ruedas, simulando una enfermedad inexistente. Supongo que los compinches del general golpista hubiesen preferido verlo altivo y orgulloso, con su colección de medallas sobre el pecho, pero la foto que recorrió el mundo mostraba a un anciano miserable, implorando compasión en cada uno de sus gestos. Esa era la verdad y frente a esa verdad no es fácil declararse de derecha. Acaso por eso ahora eligen ser de “centroderecha”, como si el hecho de estar en el centro los hiciera menos desdeñables, más dignos.
La izquierda es pródiga en estampas prestigiosas: el cuerpo sin vida del Che sobre un piletón en La Higuera, por ejemplo, o Salvador Allende, casco en la cabeza y metralleta en mano, dispuesto a morir en la puerta de La Moneda. Las dos fotos recorrieron el mundo, con ese aval no es difícil declararse de izquierda. En un reciente reportaje, el escritor inglés Martin Amis se refirió a uno de sus últimos desvelos: los musulmanes. Dijo que “no había que dejarlos viajar, que había que limitar sus libertades y que había que registrar a todos los que tuvieran aspectos de originarios de Oriente Medio o de Pakistán”. Luego de ese dictamen no queda sino imaginar a Amis con un ejemplar de Mi lucha sobre su mesa de trabajo, leído y anotado. Nada de eso, Martin Amis proclama ser hombre de izquierda, “de izquierda racional”, dice.
Viví en España durante la transición del franquismo a la democracia. Cuando la dictadura quedó atrás, era común encontrarse con jóvenes que, alegremente, se declaraban anarquistas. No militaban en ningún partido, movimiento o cosa parecida. Resultaba divertido verlos y oírlos, con gesto adusto decían ser de izquierda, se decían anarquistas y decían estar contra esto y aquello, aunque poco tuvieran que ver con Unamuno y menos aún con Buenaventura Durruti. Estos iconoclastas fueron acertadamente delineados en los versos de una canción que entonces interpretaba Víctor Manuel: “Izquierdistas de café”, los llamó. El mote continúa vigente, al menos se puede aplicar por estas tierras. He oído de algunos artistas porteños que se dicen de izquierda y anarquistas. Desde ese venerable porte, apoyan la nueva ley de radiodifusión, el juicio y castigo a los genocidas, el fin de las AFJP y el reparto universal por hijo, pero invariablemente luego de la aprobación imponen la duda. La frase típica es “Sí, pero...” y de inmediato enumeran las fallas del Gobierno. Lo hacen con palabras solemnes y gestos patriarcales que se parecen mucho a las palabras y los gestos de esos predicadores que Biblia en mano cuestionan las cosas de la Tierra, amparados por el reino de los cielos. La sociedad anarquista es tan utópica como el reino de los cielos. Desde uno y otro sitio se puede brindar la bienaventuranza, pero en tanto el mundo sigue andando y la derecha, esa que disimula su nombre, sigilosamente avanza hacia el poder total. Antaño recurría a los cuarteles, ahora convoca a la Justicia. No olvidemos Honduras. Tampoco el Chile de Allende. Ciertos izquierdistas de entonces, con las mejores intenciones, cuestionaron su gobierno, sin advertir que con esas buenas intenciones abonaban el sangriento arribo de Pinochet. Le prestaron atención al árbol y no vieron el bosque. Mucho antes de eso, a mediados de 1946, en nuestro país se gestó una oposición similar por su extravagancia a la que hoy se proclama en las dos Cámaras. ¿Estamos repitiendo el mismo error?
Es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre, de comprender de una vez por todas qué es la izquierda y qué es la derecha. No se trata de meras palabras para pronunciar en la mesa del café, son actitudes, modos de ver y de entender el mundo. Hoy izquierda en nuestro país significa un modelo que integra a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que impone el juicio y castigo a los genocidas y propone políticas de gobierno en beneficio de los que menos tienen. Derecha es el modelo inversamente opuesto, es el que contiene a la Pando y proclama el perdón a todos los asesinos de la última dictadura, es el que pretende retomar la fórmula neoliberal, con el consabido recorte del gasto público en perjuicio de los más necesitados. Es, en pocas palabras, lo que nos tocó vivir hasta los dramáticos episodios del 2001.
Las cartas están echadas, habrá que jugarlas aunque no tengamos el as de triunfo. La derecha seguirá alimentándose con señoras que son místicas un año y apocalípticas al siguiente, pero que destilan odio y rencor en todos los casos, y con señores que borran con el codo lo que minutos antes escribieron con la mano. Para la derecha y sus pactos valen los versos de aquel viejo tango que cantaba Charlo: “no te sorprendas si una noche de estas me ves pasar del brazo con quien no debo pasar”.
Sí sorprende que cierta izquierda esté colgada de ese brazo. “Ganamos por goleada”, se entusiasmó un senador conspicuo representante de la derecha. ¿cuándo comprenderán algunos honestos izquierdistas que están jugando en el equipo contrario? Tal vez va siendo tiempo de volver a poner las patas en la fuente.
Página 12
LO DESTITUYENTE, UNA VEZ MÁS
Por Sandra Russo
La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.
Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.
El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.
Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.
La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.
Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.
No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.
Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.
Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.
Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.
Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.
No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.
Página 12
La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.
Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.
El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.
Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.
La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.
Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.
No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.
Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.
Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.
Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.
Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.
No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.
Página 12
domingo, 7 de marzo de 2010
LA CONTRAOFENSIVA
Por Luis Bruschtein
Los militares daban los golpes en defensa de la democracia, nunca por la tiranía. Ellos se consideraban más democráticos que los gobiernos que desalojaban, que habían sido elegidos por el voto ciudadano. No eran los únicos que pensaban así, porque también había un consenso extendido en la sociedad civil, que acompañaba. El golpe contra Perón fue festejado como un triunfo de la libertad, los golpistas se llamaron “la Libertadora”. Cuando voltearon a Illia, ni siquiera lo defendieron los radicales, que además le pusieron ministros al nuevo gobierno militar. Lo del ‘76, del “somos derechos y humanos” y “por algo habrá sido”, es más conocido por más reciente.
Esa idea –sentarse encima de la democracia para defenderla– nunca funcionó. En realidad ese argumento, que fue decisivo durante varias décadas, echó para atrás el reloj de la cultura ciudadana argentina. Salió un país más respetuoso de la fuerza que de lo institucional. Importa la fuerza, muy atrás el contenido, y muchísimo menos lo institucional, que son las reglas de juego, el marco de convivencia.
Con los últimos movimientos y sacudones, la oposición pasó a controlar ahora todos los resortes del Senado, de manera tal que ni siquiera los proyectos del Poder Ejecutivo tendrían dictamen favorable en las comisiones. Es decir: será muy difícil que las propuestas del Ejecutivo lleguen al recinto. Lo mismo sucede en Diputados. La oposición preside la mayoría de las comisiones y tiene mayoría incluso en aquellas donde dejó la presidencia al oficialismo. Pero además tiene al vicepresidente de la Nación, que a su vez es la cabeza de la oposición. El jueves, uno de los titulares de primera plana del diario La Nación reconocía con cierto alivio que ahora hay “una ingobernabilidad menos pavorosa”. “Pavorosa” sería con grandes movilizaciones de protesta en la calle, marchas de los movimientos sociales, de los desocupados o de la CGT pidiendo aumentos salariales o trabajo. “Menos pavorosa” es, para La Nación, la pérdida del Congreso y del presidente del Banco Central por parte de un gobierno que se niega a realizar ajustes para pagar la deuda.
La oposición –desde el menemismo hasta un ala de izquierda que la conforma– asegura que lo hizo porque este gobierno no respeta las instituciones. O sea, se sentaron sobre las instituciones para defenderlas. Es difícil que de ese argumento salga más institucionalidad.
Los grandes medios, que a través de sus analistas incitaron a esta actitud, muestran a la oposición como reaccionando frente al discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció que había anulado el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y al mismo tiempo informó de otros dos decretos cuya finalidad también era utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Desde el punto de vista institucional, tampoco fue muy elegante. El oficialismo, a su vez, asegura que lo hizo porque la oposición le iba a cerrar todas las puertas en el Parlamento. Y tiene razón, porque el acuerdo opositor para copar Diputados y el Senado ya estaba de mucho antes.
En este caso, la oposición dice que llegó a esa medida porque durante mucho tiempo el oficialismo tuvo mayoría propia y no negoció con las minorías. Apuntaron además que el oficialismo no reconocía el resultado de las urnas del 28 de junio del año pasado. Tiene razón en la primera parte, en cuanto a la poca vocación negociadora que ha mostrado el oficialismo. Pero no en la segunda, porque el oficialismo fue la primera minoría en la elección, lo cual no fue respetado en la distribución de responsabilidades parlamentarias.
El heterogéneo bloque opositor se homogeneizó en las primeras decisiones: el rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont para presidir el Banco Central y la anulación de los decretos, más la remanipulación de las comisiones para incorporar a Carlos Menem. Estas medidas le dan la razón al Gobierno cuando afirma que no tenía margen de negociación. Por lo menos con las fuerzas que vienen trabajando juntas, ya sea el peronismo “disidente” de Carlos Menem o Francisco de Narváez, el PRO de Macri, o la UCR y la CC, que votan juntos y coincidieron en estrategias mediáticas y judiciales.
En el oficialismo se cuidan de separar la idea de negociación de la de cogobierno, que rechazan, y dan como ejemplo la discusión por las retenciones, en la que ante cada concesión que hacía, la oposición le corría el arco. No querían negociar, sino eliminar las retenciones. Y al igual que ahora, legisladores de izquierda que rechazaban al oficialismo porque uno de sus exponentes era el senador Roberto Urquía, propietario de una importante aceitera, terminaron votando junto a Urquía contra el Gobierno. El hecho de fuerza es importante y no el contenido cuando se ponen de acuerdo agrupaciones tan opuestas. La mayoría de ellas plantea la rediscusión del presupuesto para modificar partidas para pagar la deuda, lo cual quiere decir ajustes, despidos y salarios abajo. Y otra parte, más pequeña, reclama no pagar la deuda que se revele ilegítima e ilegal. Desde posiciones tan opuestas, sin embargo se buscan coincidencias. En términos de estrategia política, no se trata de la derrota o el triunfo de una idea o una propuesta, sino del triunfo o la derrota del Gobierno. En realidad, derrotada la propuesta de pagar con reservas, la alternativa que quedaría sería la de pagar con ajuste. La propuesta de Proyecto Sur termina siendo funcional a los neoliberales. Votar en contra del Gobierno a cambio de una comisión investigadora y una promesa es simplemente apoyar la propuesta de sus aliados de la oposición conservadora que, con denuncias penales, parecen empujar el escenario hasta el punto del juicio político. Que un sector de la izquierda se preste otra vez a una maniobra que ya tiene antecedentes contra gobiernos que han tratado de aplicar reformas o cambios resulta sorprendente por la repetición de viejas posiciones.
Seguirles el hilo a las justificaciones es como el cuento de la buena pipa y se puede llegar hasta el origen del Universo. Las consecuencias de esa lógica entre oficialismo y oposición es un país que por primera vez en mucho tiempo no tiene graves problemas económicos, pero que está en permanente crisis política. La discusión sobre lo que debe reconocer cada parte es interminable, pero un gobierno que mantiene la primera minoría no tendría que soportar la presión de un vicepresidente que se pasó a la oposición y no renuncia, o de amparos judiciales que son tomados por jueces evidentemente interesados en incidir en la política. No existen tiempos normales en estos tribunales, donde los jueces apuran o atrasan los trámites según su conveniencia. No son denuncias de delitos o acciones groseras contra la ley. Se trata de discusiones de tipo político o económico sobre las reservas y la deuda, donde los jueces fallan como si fueran una autoridad en la materia, economistas o dirigentes políticos. Por supuesto que los fallos ni siquiera apuntan a los temas de fondo sino a cuestiones menores de procedimiento. Por más que pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras, es imposible no ver que desde que empezó la polémica por las reservas, las decisiones de estos jueces elegidos por la oposición tienen consecuencias esencialmente políticas y que lo hacen a conciencia. Y resulta aún menos transparente la defensa corporativa que hacen algunos de sus colegas, en vez de llamarles la atención. Si los jueces quieren intervenir en política, lo lógico es que cuelguen las togas y se afilien a un partido. Cuando la oposición diseñó esta estrategia, Pino Solanas, como parte de ese diseño, también fue con su denuncia. A los radicales y los macristas les dieron trámite enseguida. Pino tuvo prensa, pero poca suerte con su juez. A la oposición le interesa que Pino tenga prensa y levante la mano contra el Gobierno, pero los proyectos de Pino le interesan menos que los del Ejecutivo. Y un veterano como Pino lo sabe.
En la historia democrática ha habido gobiernos que quedaron en situación de desventaja bastante peores que el actual después de elecciones legislativas. Y sin embargo, no hubo trabas parlamentarias ni judiciales para sus medidas de gestión. En ninguno de esos momentos, la oposición, la mayoría de las veces peronista, tomó el poder y la mayoría en todas las comisiones de ambas Cámaras. Incluso en esos momentos se respetaron reglas de juego que a partir de ahora será muy difícil recomponer. Y son las reglas de juego que permiten gobernar. A partir del antecedente que se planteó en estos días, los futuros gobiernos deberán recomponer una ética parlamentaria quebrada.
Página 12
Los militares daban los golpes en defensa de la democracia, nunca por la tiranía. Ellos se consideraban más democráticos que los gobiernos que desalojaban, que habían sido elegidos por el voto ciudadano. No eran los únicos que pensaban así, porque también había un consenso extendido en la sociedad civil, que acompañaba. El golpe contra Perón fue festejado como un triunfo de la libertad, los golpistas se llamaron “la Libertadora”. Cuando voltearon a Illia, ni siquiera lo defendieron los radicales, que además le pusieron ministros al nuevo gobierno militar. Lo del ‘76, del “somos derechos y humanos” y “por algo habrá sido”, es más conocido por más reciente.
Esa idea –sentarse encima de la democracia para defenderla– nunca funcionó. En realidad ese argumento, que fue decisivo durante varias décadas, echó para atrás el reloj de la cultura ciudadana argentina. Salió un país más respetuoso de la fuerza que de lo institucional. Importa la fuerza, muy atrás el contenido, y muchísimo menos lo institucional, que son las reglas de juego, el marco de convivencia.
Con los últimos movimientos y sacudones, la oposición pasó a controlar ahora todos los resortes del Senado, de manera tal que ni siquiera los proyectos del Poder Ejecutivo tendrían dictamen favorable en las comisiones. Es decir: será muy difícil que las propuestas del Ejecutivo lleguen al recinto. Lo mismo sucede en Diputados. La oposición preside la mayoría de las comisiones y tiene mayoría incluso en aquellas donde dejó la presidencia al oficialismo. Pero además tiene al vicepresidente de la Nación, que a su vez es la cabeza de la oposición. El jueves, uno de los titulares de primera plana del diario La Nación reconocía con cierto alivio que ahora hay “una ingobernabilidad menos pavorosa”. “Pavorosa” sería con grandes movilizaciones de protesta en la calle, marchas de los movimientos sociales, de los desocupados o de la CGT pidiendo aumentos salariales o trabajo. “Menos pavorosa” es, para La Nación, la pérdida del Congreso y del presidente del Banco Central por parte de un gobierno que se niega a realizar ajustes para pagar la deuda.
La oposición –desde el menemismo hasta un ala de izquierda que la conforma– asegura que lo hizo porque este gobierno no respeta las instituciones. O sea, se sentaron sobre las instituciones para defenderlas. Es difícil que de ese argumento salga más institucionalidad.
Los grandes medios, que a través de sus analistas incitaron a esta actitud, muestran a la oposición como reaccionando frente al discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció que había anulado el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y al mismo tiempo informó de otros dos decretos cuya finalidad también era utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Desde el punto de vista institucional, tampoco fue muy elegante. El oficialismo, a su vez, asegura que lo hizo porque la oposición le iba a cerrar todas las puertas en el Parlamento. Y tiene razón, porque el acuerdo opositor para copar Diputados y el Senado ya estaba de mucho antes.
En este caso, la oposición dice que llegó a esa medida porque durante mucho tiempo el oficialismo tuvo mayoría propia y no negoció con las minorías. Apuntaron además que el oficialismo no reconocía el resultado de las urnas del 28 de junio del año pasado. Tiene razón en la primera parte, en cuanto a la poca vocación negociadora que ha mostrado el oficialismo. Pero no en la segunda, porque el oficialismo fue la primera minoría en la elección, lo cual no fue respetado en la distribución de responsabilidades parlamentarias.
El heterogéneo bloque opositor se homogeneizó en las primeras decisiones: el rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont para presidir el Banco Central y la anulación de los decretos, más la remanipulación de las comisiones para incorporar a Carlos Menem. Estas medidas le dan la razón al Gobierno cuando afirma que no tenía margen de negociación. Por lo menos con las fuerzas que vienen trabajando juntas, ya sea el peronismo “disidente” de Carlos Menem o Francisco de Narváez, el PRO de Macri, o la UCR y la CC, que votan juntos y coincidieron en estrategias mediáticas y judiciales.
En el oficialismo se cuidan de separar la idea de negociación de la de cogobierno, que rechazan, y dan como ejemplo la discusión por las retenciones, en la que ante cada concesión que hacía, la oposición le corría el arco. No querían negociar, sino eliminar las retenciones. Y al igual que ahora, legisladores de izquierda que rechazaban al oficialismo porque uno de sus exponentes era el senador Roberto Urquía, propietario de una importante aceitera, terminaron votando junto a Urquía contra el Gobierno. El hecho de fuerza es importante y no el contenido cuando se ponen de acuerdo agrupaciones tan opuestas. La mayoría de ellas plantea la rediscusión del presupuesto para modificar partidas para pagar la deuda, lo cual quiere decir ajustes, despidos y salarios abajo. Y otra parte, más pequeña, reclama no pagar la deuda que se revele ilegítima e ilegal. Desde posiciones tan opuestas, sin embargo se buscan coincidencias. En términos de estrategia política, no se trata de la derrota o el triunfo de una idea o una propuesta, sino del triunfo o la derrota del Gobierno. En realidad, derrotada la propuesta de pagar con reservas, la alternativa que quedaría sería la de pagar con ajuste. La propuesta de Proyecto Sur termina siendo funcional a los neoliberales. Votar en contra del Gobierno a cambio de una comisión investigadora y una promesa es simplemente apoyar la propuesta de sus aliados de la oposición conservadora que, con denuncias penales, parecen empujar el escenario hasta el punto del juicio político. Que un sector de la izquierda se preste otra vez a una maniobra que ya tiene antecedentes contra gobiernos que han tratado de aplicar reformas o cambios resulta sorprendente por la repetición de viejas posiciones.
Seguirles el hilo a las justificaciones es como el cuento de la buena pipa y se puede llegar hasta el origen del Universo. Las consecuencias de esa lógica entre oficialismo y oposición es un país que por primera vez en mucho tiempo no tiene graves problemas económicos, pero que está en permanente crisis política. La discusión sobre lo que debe reconocer cada parte es interminable, pero un gobierno que mantiene la primera minoría no tendría que soportar la presión de un vicepresidente que se pasó a la oposición y no renuncia, o de amparos judiciales que son tomados por jueces evidentemente interesados en incidir en la política. No existen tiempos normales en estos tribunales, donde los jueces apuran o atrasan los trámites según su conveniencia. No son denuncias de delitos o acciones groseras contra la ley. Se trata de discusiones de tipo político o económico sobre las reservas y la deuda, donde los jueces fallan como si fueran una autoridad en la materia, economistas o dirigentes políticos. Por supuesto que los fallos ni siquiera apuntan a los temas de fondo sino a cuestiones menores de procedimiento. Por más que pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras, es imposible no ver que desde que empezó la polémica por las reservas, las decisiones de estos jueces elegidos por la oposición tienen consecuencias esencialmente políticas y que lo hacen a conciencia. Y resulta aún menos transparente la defensa corporativa que hacen algunos de sus colegas, en vez de llamarles la atención. Si los jueces quieren intervenir en política, lo lógico es que cuelguen las togas y se afilien a un partido. Cuando la oposición diseñó esta estrategia, Pino Solanas, como parte de ese diseño, también fue con su denuncia. A los radicales y los macristas les dieron trámite enseguida. Pino tuvo prensa, pero poca suerte con su juez. A la oposición le interesa que Pino tenga prensa y levante la mano contra el Gobierno, pero los proyectos de Pino le interesan menos que los del Ejecutivo. Y un veterano como Pino lo sabe.
En la historia democrática ha habido gobiernos que quedaron en situación de desventaja bastante peores que el actual después de elecciones legislativas. Y sin embargo, no hubo trabas parlamentarias ni judiciales para sus medidas de gestión. En ninguno de esos momentos, la oposición, la mayoría de las veces peronista, tomó el poder y la mayoría en todas las comisiones de ambas Cámaras. Incluso en esos momentos se respetaron reglas de juego que a partir de ahora será muy difícil recomponer. Y son las reglas de juego que permiten gobernar. A partir del antecedente que se planteó en estos días, los futuros gobiernos deberán recomponer una ética parlamentaria quebrada.
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