Panorama económico
Cheque
Por Alfredo Zaiat
El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, es considerado por los especialistas como más distorsivo que otros tributos sobre la actividad económica. En teoría, todos los impuestos son distorsivos, porque interfieren en el funcionamiento de la economía. Pero por las características, alcance e impacto distributivo algunos impuestos son más aceptados entre los expertos al momento de evaluar una estructura tributaria. En Argentina, el impuesto al cheque se aplica con una alícuota muy elevada en comparación a otros países de la región que lo tienen incorporado a su sistema. Además de acercar recursos de percepción fácil al fisco, desalienta la bancarización de operaciones financieras alimentando el circuito informal de la economía y la evasión. Es un impuesto que estableció Domingo Cavallo durante la gestión del gobierno de Fernando de la Rúa en su desesperación para sostener el experimento de la convertibilidad. Estos antecedentes son necesarios para ordenar el espasmódico debate sobre la distribución de los recursos obtenidos de ese gravamen.
El heterogéneo universo de los representantes políticos expresa una marcada deficiencia en la adopción de un enfoque sistémico para encarar el necesario proceso de cambio en la estructura impositiva nacional y provincial, incluyendo el esquema de distribución en la coparticipación federal y el existente entre los gobiernos provinciales y sus municipios. Esa carencia que se extiende por años tiene su origen en las sucesivas crisis pasadas que volvía imposible en esas circunstancias discutir ese tema, así como también en la intervención de factores de poder que terminan obturando la posibilidad de avanzar en un sistema impositivo progresivo.
El régimen de coparticipación vigente fue dictado con carácter provisorio por sólo dos años, prorrogables hasta que se dictase el definitivo. La cláusula provisoria 6ª de la reforma constitucional de 1994 previó que se dictara un nuevo régimen antes de fines de 1996. Ya se registran catorce años de mora en esa tarea. Se trata de una reforma con un muy elevado grado de complejidad y por ese motivo debe ser encarada con un enfoque sistémico. De acuerdo con la Constitución, ninguna jurisdicción puede ser obligada a percibir menos que lo que hoy recibe. Así planteado, el acuerdo ha sido y seguirá siendo muy complicado, más aún con arrebatos de federalismo como el actual para apropiarse de recursos vía la coparticipación del impuesto al cheque. Basta imaginar a los 24 distritos más la Nación en una misma mesa pujando por el reparto de los recursos para desalentar a cualquiera de los protagonistas para abrir un debate amplio. Sin embargo, la necesidad de racionalizar un nuevo pacto fiscal y empezar a construir institucionalidad sobre cómo se reparten los ingresos tributarios se presenta como una prioridad. En ese sentido, el fortalecimiento de las atribuciones así como también la eficiencia de los organismos de recaudación impositiva de las provincias ofrecería la posibilidad de ganar márgenes de autonomía sobre el poder central. Si no recaudan para no afectar a los grupos económicos locales, las provincias no deberían quejarse tanto por quedar atrapadas de los giros de recursos de la Nación.
Este conflicto pone en evidencia que no existe mucha voluntad de pensar y avanzar en una reforma tributaria más equilibrada y progresiva. Resulta difícil imaginar una disminución en la alícuota del impuesto al cheque o hasta en la posibilidad de eliminar ese tributo si pasa a estar integrado plenamente en el esquema de distribución de la coparticipación. Los gobernadores se lamentan –muchas veces con razón– de la dependencia que tienen de la Nación, pero hacen muy poco para diseñar un sistema de recaudación tributaria local eficaz. No cobrar impuestos y cargar sobre la discrecionalidad del gobierno central es no asumir su propia responsabilidad, al tiempo de construir una relación perversa: dependencia útil para no afectar intereses locales y sumisión para conseguir fondos de la billetera de la Nación.
En un documento elaborado por los economistas del Plan Fénix sobre el régimen de coparticipación se destacaba que la dependencia de las transferencias de la administración nacional disimula la renuencia a la eficaz percepción de sus propios ingresos, en una política clientelística que acentúa el poder de sus gobiernos. Precisaban que “algunos gobiernos locales constituyen verdaderos feudos, en los cuales prevalecen caudillos que se eternizan y cuyos ciudadanos son víctimas de manipulaciones y trampas electorales”. Para agregar que “todas éstas resultan rémoras que deben ser progresivamente erradicadas en un proceso de reconstrucción institucional, que no debería ser bloqueado por un uso espurio de las ‘banderas federales’”.
Cuando se analizan los presupuestos provinciales resulta llamativa la escasa relevancia que tienen los ingresos por tributos de origen provincial en el total. Con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en el resto la autonomía fiscal es bajísima. La situación fiscal y financiera de las provincias muestra que cobran muy poco por ingresos brutos, inmobiliario y patente. El autofinanciamiento de los presupuestos de cada administración equivale en promedio a poco más del 30 por ciento. Pero ese porcentaje desciende a menos del 20 por ciento excluyendo a los dos distritos más ricos del país. Es cierto que en la década pasada se concretó una muy fuerte descentralización del gasto público (en educación, salud e infraestructura), lo que agravó el desequilibrio entre los recursos de recaudación directa y los gastos de provincias y municipios. Ese desbalance fue cubierto por los giros del régimen de coparticipación y por otras transferencias nacionales, consolidando una descentralización del gasto y una centralización de los ingresos. Pero la escasa vocación política en algunos y las fuertes restricciones que imponen el poder económico local en otros definen una estructura tributaria provincial débil y regresiva.
La resistencia a experiencias recientes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otras, de proyectos de reformas para aumentar la recaudación sobre sectores privilegiados ha mostrado los rasgos sobre cómo intervienen los factores de poder. En Santa Fe, desde 1992 la industria, la construcción y el agro están exentos de Ingresos Brutos, dejando de recaudar por ese concepto unos 1000 millones de pesos por año. Ahora el gobierno de Hermes Binner presentó una reforma que contempla aplicar ese tributo sobre la industria, además de subir el Impuesto Inmobiliario. En Mendoza, por ejemplo, no se aplican revalúos de inmuebles desde 1994, y el ajuste propuesto es de apenas el 10 por ciento. En Córdoba sólo el campo quedó fuera de los ajustes impositivos propuestos por el gobernador Juan Schiaretti para este año. El caso más contundente de injerencia del poder económico sobre decisiones de una administración política se verificó en la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, las cámaras patronales del sector agropecuario lograron frenar la promulgación de la reforma impositiva ya sancionada por la Legislatura bonaerense. Y luego consiguieron modificarla, en especial en los cambios previstos en el Impuesto Inmobiliario Rural. Pudieron definir que se establezca un tope del 39 por ciento en esos aumentos, diferenciación de la alícuota a aplicar según la zona geográfica y, en especial, que el impuesto recaiga sobre la valuación fiscal del 2003 y no la prevista de 2005, siendo la primera muy inferior, además de ocultar así la espectacular suba que registraron los campos desde ese año.
En el documento del Plan Fénix mencionado se realiza una comparación con la situación en Brasil, que también es un país federal, donde en la relación tributos/PBI los fiscos estaduales (provinciales) son responsables del 40 por ciento del total, mientras que en la Argentina ese porcentaje contabiliza apenas un 15 por ciento de la gestión provincial y municipal. Para tener legitimidad para pedir, incluso a un gobierno centralista que debe ser interpelado por la fuente y uso de los recursos, se requiere de mayor compromiso para revisar y mejorar el esquema tributario propio.
Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010.-
miércoles, 24 de marzo de 2010
sábado, 13 de marzo de 2010
2º JORNADA INTERFACULTADES DE DERECHOS HUMANOS : " TENEMOS ALGO QUE DECIR "
El 30 de Marzo del corriente año se realizará la 2º Jornada Interfacultades de Derechos Humanos: "Tenemos algo que decir", en la Facultad de Trabajo Social. La misma está organizada e integrada por alumnos de las siguientes carreras: Trabajo Social, Ciencia Política, Cominicación Social y Enfermeria.
En la Jornada se desarrollaran 5 temáticas:
-Conmemoración por la semana de la memoria-Juicio y castigo
-El derecho a decidir y la trata de personas
-Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadania e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-El derecho a la información
La inscripción es libre y gratuita
Se entregarán certificados a las personas inscriptas que participen de tres temáticas o mas.
Cronograma:
-8:30 hs. inscripción
-9:00 hs. Conmemoración por la semana de la memoria
-10:45 hs. Pausa
-11:00 hs. Juicio y castigo
-12:15 hs. Pausa
-12:30 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-13:00 hs. Corte
-15:00 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-16:00 hs. El derecho a decidir y la trata de personas
-17:30 hs. Pausa
-18:00 hs. Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadanía e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-19:30 hs. Pausa
-20:00 hs. El derecho a la información.
Durante toda la Jornada se encontrarán en el patio de la Facultad de Trabajo Social muestras de arte (fotografias, pinturas y esculturas) de diferentes artistas, referidas a las temáticas abordadas.
Los esperamos!!! porque todos tenemos algo que decir...
En la Jornada se desarrollaran 5 temáticas:
-Conmemoración por la semana de la memoria-Juicio y castigo
-El derecho a decidir y la trata de personas
-Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadania e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-El derecho a la información
La inscripción es libre y gratuita
Se entregarán certificados a las personas inscriptas que participen de tres temáticas o mas.
Cronograma:
-8:30 hs. inscripción
-9:00 hs. Conmemoración por la semana de la memoria
-10:45 hs. Pausa
-11:00 hs. Juicio y castigo
-12:15 hs. Pausa
-12:30 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-13:00 hs. Corte
-15:00 hs. Muestra del trabajo hecho con los colegios secundarios
-16:00 hs. El derecho a decidir y la trata de personas
-17:30 hs. Pausa
-18:00 hs. Los mismos derechos con los mismos nombres: ciudadanía e inclusión: situación de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) en Argentina
-19:30 hs. Pausa
-20:00 hs. El derecho a la información.
Durante toda la Jornada se encontrarán en el patio de la Facultad de Trabajo Social muestras de arte (fotografias, pinturas y esculturas) de diferentes artistas, referidas a las temáticas abordadas.
Los esperamos!!! porque todos tenemos algo que decir...
LES LLEGO LA HORA
Viernes, 12 de marzo de 2010
A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA
A los represores les llegó la hora de hablar
Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
Por Diego Martínez
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
Página 12
A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA
A los represores les llegó la hora de hablar
Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
Por Diego Martínez
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
Página 12
NEGRO TE MAANDASTE UN CAAGADÓN ...
Servini investiga tres cuentas en paraísos fiscales
Una lupa judicial sobre Luis Juez
En el marco de una causa sobre supuesta malversación de fondos, la jueza federal enviará exhortos a dos paraísos fiscales para verificar si tres cuentas denunciadas, que suman unos cinco millones de dólares, son de Luis Juez. El senador aseguró a Página/12 que “es todo una mentira”.
Antiguo intendente de Córdoba y actual senador Luis Juez.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría está investigando tres cuentas en paraísos fiscales en las que figura el senador cordobés Luis Juez. En dos de ellas, como autorizado a mover los fondos junto con su hermano, y en la tercera representado por su hermano. En total, en esas tres cuentas hay depósitos por más de cinco millones de dólares: la suma da, concretamente, 5.090.381 dólares. La más voluminosa está en el BNP Paribas de Bahamas y las otras dos en el Bank of America y en el Delta Bank de las islas Caimán. Si la Justicia confirma que esas cuentas son suyas, el senador podría tener un problema: ninguna de ellas figura en su declaración jurada de bienes, presentada en su momento ante la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces el ahora senador declaró tener bienes por un total de 663.720 pesos. Consultado por Página/12, Juez negó rotundamente tener ese dinero: “Me hacen cagar de risa. Es una gansada. ¿Cómo voy a tener cinco palos verdes? No tengo ni cinco escarbadientes. Es todo una mentira”. Servini lleva adelante esta averiguación en el marco de una causa en la que se investiga a Juez por supuesta malversación de fondos y se dispone, primero, a dar vista al fiscal Guillermo Marijuan y, después, a enviar exhortos a Bahamas e Islas Caimán para que ratifiquen o rectifiquen la información.
La causa en la que Servini investiga a Juez tiene que ver con una malversación de fondos en la que también está implicada la ex titular de Medio Ambiente Romina Picolotti. El mes pasado, Servini le dictó la falta de mérito al senador, es decir que consideró que no había elementos para procesarlo y tampoco para sobreseerlo. La investigación, entonces, debe continuar. Curiosamente, Juez había recusado al fiscal Guillermo Marijuan. La recusación fue rechazada por el juez Ariel Lijo. El ex intendente de Córdoba además presentó una denuncia contra Marijuan por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que fue igualmente desestimada por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Servini recibió, por dos vías distintas, la información sobre las tres cuentas en las que figuraría Juez. Por un lado, un fiscal federal le hizo llegar un oficio con los datos. Por el otro, por la presentación de un particular. En las oficinas de la magistrada no quisieron revelar la identidad de ese ciudadano o ciudadana.
Estas son las cuentas que las presentaciones le adjudican a Juez en paraísos fiscales y por las que Servini librará exhortos:
- En el Bank of America de Islas Caimán, la cuenta figura a nombre de Lantral Inc. Es la número 8806130571. El 12 de junio pasado, el saldo era de 751.116,81. Las personas autorizadas a mover los fondos son dos: Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, cuyo nombre coincide con el del hermano del senador. La cuenta fue abierta en febrero de 2005.
- En el Delta Bank, también de Caimán, la cuenta es la número 660-390273. El saldo al 12 de junio del año pasado era de 1.418.151,36. El nombre de fantasía de la cuenta es también Lantral Inc. Las operaciones en el Delta Bank se iniciaron en noviembre de 2008 y las personas que aparecen como autorizadas a mover los fondos también son Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, según consta en la documentación que tiene la jueza.
- En el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. Es una cuenta a nombre de Displak Inc. El dinero depositado allí al 6 de junio de 2009 era de 2.921.114,81 dólares. La cuenta fue abierta en febrero de 2006. Las personas autorizadas a mover los fondos son Juez, Daniel A. y Cartada, Martín W. Está claro que se trata de una cuenta secreta porque funciona más con un código Q758677480AS que con el nombre.
“A mí me pueden acusar de empobrecimiento lícito –le dijo Juez a este diario–. Es una gansada, una torpeza. Mire, que la jueza vaya a Caimán o adonde sea. Si la plata existe, le regalo la mitad. Siempre intentaron ensuciarme. Lo hicieron en la campaña electoral, se metieron con una hija mía. En la causa que instruye Servini, después de tres años me dictó la falta de mérito. Es un invento. Y esto de ahora es una pelotudez. Me hacen un gran favor, porque me voy a cagar de risa cuando lleguen a la conclusión de que es todo mentira. ¿Usted se cree que alguien con cinco palos verdes en el banco va a andar desbaratando acuerdos como ando yo? Nadie que tenga cinco palos hace lo que yo hago, que no me callo la boca ante nada. No van a poder con el tema de la plata, es infantil, una gansada. ¿Cinco palos? No tengo ni cinco escarbadientes”, ironizó el cordobés.
Servini tratará de corroborar si esas cuentas existen o no, cuál es el saldo y la vinculación con Juez. El mecanismo es el del exhorto librado a Bahamas y a Caimán. La jueza le dará seguramente vista al fiscal y es casi seguro que se redactará, en castellano, un texto para enviar a los dos países. El exhorto se cursa a través de la Cancillería, que realiza una traducción y luego se entrega en los ministerios de Relaciones Exteriores de Bahamas y Caimán. “La realidad es que no tienen un plazo para contestar –le contó a Página/12 uno de los jueces con mayor experiencia en este tipo de gestiones–. Suelen tardar varios meses, pero casi siempre contestan porque después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 los bancos de los paraísos fiscales han quedado con poco margen para desentenderse de los reclamos de la Justicia de los demás países. El cálculo que se hace en Comodoro Py es que la respuesta promedio de Caimán y Bahamas tarda unos seis meses.”
En la causa que instruye Servini, Juez está imputado por utilizar unos 650.000 pesos que se le adjudicaron para erradicar un basural y que, de acuerdo con el dictamen de Marijuan, se usaron para otra cosa. El ex intendente presentó facturas de Cliba Córdoba, pero la sospecha es que las tareas que realizó esa empresa eran las habituales y que no está claro a dónde fueron a parar los fondos. Juez fue citado por Servini, pero se negó a declarar, argumentando que se trataba de una causa política, por lo que desató la ofensiva contra Marijuan.
Página 12
Una lupa judicial sobre Luis Juez
En el marco de una causa sobre supuesta malversación de fondos, la jueza federal enviará exhortos a dos paraísos fiscales para verificar si tres cuentas denunciadas, que suman unos cinco millones de dólares, son de Luis Juez. El senador aseguró a Página/12 que “es todo una mentira”.
Antiguo intendente de Córdoba y actual senador Luis Juez.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría está investigando tres cuentas en paraísos fiscales en las que figura el senador cordobés Luis Juez. En dos de ellas, como autorizado a mover los fondos junto con su hermano, y en la tercera representado por su hermano. En total, en esas tres cuentas hay depósitos por más de cinco millones de dólares: la suma da, concretamente, 5.090.381 dólares. La más voluminosa está en el BNP Paribas de Bahamas y las otras dos en el Bank of America y en el Delta Bank de las islas Caimán. Si la Justicia confirma que esas cuentas son suyas, el senador podría tener un problema: ninguna de ellas figura en su declaración jurada de bienes, presentada en su momento ante la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces el ahora senador declaró tener bienes por un total de 663.720 pesos. Consultado por Página/12, Juez negó rotundamente tener ese dinero: “Me hacen cagar de risa. Es una gansada. ¿Cómo voy a tener cinco palos verdes? No tengo ni cinco escarbadientes. Es todo una mentira”. Servini lleva adelante esta averiguación en el marco de una causa en la que se investiga a Juez por supuesta malversación de fondos y se dispone, primero, a dar vista al fiscal Guillermo Marijuan y, después, a enviar exhortos a Bahamas e Islas Caimán para que ratifiquen o rectifiquen la información.
La causa en la que Servini investiga a Juez tiene que ver con una malversación de fondos en la que también está implicada la ex titular de Medio Ambiente Romina Picolotti. El mes pasado, Servini le dictó la falta de mérito al senador, es decir que consideró que no había elementos para procesarlo y tampoco para sobreseerlo. La investigación, entonces, debe continuar. Curiosamente, Juez había recusado al fiscal Guillermo Marijuan. La recusación fue rechazada por el juez Ariel Lijo. El ex intendente de Córdoba además presentó una denuncia contra Marijuan por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que fue igualmente desestimada por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Servini recibió, por dos vías distintas, la información sobre las tres cuentas en las que figuraría Juez. Por un lado, un fiscal federal le hizo llegar un oficio con los datos. Por el otro, por la presentación de un particular. En las oficinas de la magistrada no quisieron revelar la identidad de ese ciudadano o ciudadana.
Estas son las cuentas que las presentaciones le adjudican a Juez en paraísos fiscales y por las que Servini librará exhortos:
- En el Bank of America de Islas Caimán, la cuenta figura a nombre de Lantral Inc. Es la número 8806130571. El 12 de junio pasado, el saldo era de 751.116,81. Las personas autorizadas a mover los fondos son dos: Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, cuyo nombre coincide con el del hermano del senador. La cuenta fue abierta en febrero de 2005.
- En el Delta Bank, también de Caimán, la cuenta es la número 660-390273. El saldo al 12 de junio del año pasado era de 1.418.151,36. El nombre de fantasía de la cuenta es también Lantral Inc. Las operaciones en el Delta Bank se iniciaron en noviembre de 2008 y las personas que aparecen como autorizadas a mover los fondos también son Juez, Luis Alfredo y Juez, Daniel, según consta en la documentación que tiene la jueza.
- En el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. Es una cuenta a nombre de Displak Inc. El dinero depositado allí al 6 de junio de 2009 era de 2.921.114,81 dólares. La cuenta fue abierta en febrero de 2006. Las personas autorizadas a mover los fondos son Juez, Daniel A. y Cartada, Martín W. Está claro que se trata de una cuenta secreta porque funciona más con un código Q758677480AS que con el nombre.
“A mí me pueden acusar de empobrecimiento lícito –le dijo Juez a este diario–. Es una gansada, una torpeza. Mire, que la jueza vaya a Caimán o adonde sea. Si la plata existe, le regalo la mitad. Siempre intentaron ensuciarme. Lo hicieron en la campaña electoral, se metieron con una hija mía. En la causa que instruye Servini, después de tres años me dictó la falta de mérito. Es un invento. Y esto de ahora es una pelotudez. Me hacen un gran favor, porque me voy a cagar de risa cuando lleguen a la conclusión de que es todo mentira. ¿Usted se cree que alguien con cinco palos verdes en el banco va a andar desbaratando acuerdos como ando yo? Nadie que tenga cinco palos hace lo que yo hago, que no me callo la boca ante nada. No van a poder con el tema de la plata, es infantil, una gansada. ¿Cinco palos? No tengo ni cinco escarbadientes”, ironizó el cordobés.
Servini tratará de corroborar si esas cuentas existen o no, cuál es el saldo y la vinculación con Juez. El mecanismo es el del exhorto librado a Bahamas y a Caimán. La jueza le dará seguramente vista al fiscal y es casi seguro que se redactará, en castellano, un texto para enviar a los dos países. El exhorto se cursa a través de la Cancillería, que realiza una traducción y luego se entrega en los ministerios de Relaciones Exteriores de Bahamas y Caimán. “La realidad es que no tienen un plazo para contestar –le contó a Página/12 uno de los jueces con mayor experiencia en este tipo de gestiones–. Suelen tardar varios meses, pero casi siempre contestan porque después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 los bancos de los paraísos fiscales han quedado con poco margen para desentenderse de los reclamos de la Justicia de los demás países. El cálculo que se hace en Comodoro Py es que la respuesta promedio de Caimán y Bahamas tarda unos seis meses.”
En la causa que instruye Servini, Juez está imputado por utilizar unos 650.000 pesos que se le adjudicaron para erradicar un basural y que, de acuerdo con el dictamen de Marijuan, se usaron para otra cosa. El ex intendente presentó facturas de Cliba Córdoba, pero la sospecha es que las tareas que realizó esa empresa eran las habituales y que no está claro a dónde fueron a parar los fondos. Juez fue citado por Servini, pero se negó a declarar, argumentando que se trataba de una causa política, por lo que desató la ofensiva contra Marijuan.
Página 12
martes, 9 de marzo de 2010
UN PASO HACIA LA IGUALDAD
EL GOBIERNO ANUNCIO QUE CAMBIARA LA LEY DEL SERVICIO DOMESTICO
Empleadas con más derechos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta firmó un proyecto de ley para adecuar los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. El detalle del nuevo régimen.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (que deja de llamarse de “servicio doméstico”). La normativa propuesta equipara sus derechos a los de los restantes trabajadores y les otorga la relación de dependencia, no importa cuántas horas semanales se desempeñen en el domicilio de su empleador. Bajo el sistema actual –fijado por un decreto de 1956–, sólo tienen relación de dependencia quienes trabajen por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. La normativa también regula las horas de descanso para quienes trabajen “cama adentro”. El proyecto de ley fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
El proyecto propone la derogación del régimen establecido en 1956 por el decreto 326 de la dictadura militar que gobernaba en ese entonces. “El objetivo central es poner a este sector en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”, destacó Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. El nuevo régimen incluye la licencia por maternidad, tal como lo establece la Ley de Contratos de Trabajo, y la estabilidad en el empleo, al equiparar las indemnizaciones con las que rigen para los trabajadores en general. Además, el personal de casas de familia queda incluido en el régimen de asignaciones familiares, del que estaba excluido.
La normativa propuesta otorga la relación de dependencia a todos los trabajadores en casas particulares, con independencia del número de horas semanales de dedicación. En cambio, el estatuto todavía en vigencia exige que la persona trabaje un mínimo de cuatro horas, a lo largo de un mínimo de cuatro días semanales, para que se la considere en relación de dependencia.
Las indemnizaciones por despido se equiparan con las del resto de los trabajadores –actualmente son muy inferiores– y se instituye la licencia por maternidad. Hasta ahora estos trabajadores y trabajadoras sólo tenían 30 días pagos de licencia por enfermedad al año.
Quienes trabajen sin retiro –“cama adentro”–, tendrán un descanso de 35 horas continuadas, de sábado a lunes. Contarán con licencia por vacaciones, por enfermedades y accidentes. Está previsto un régimen de cobertura de riesgos con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Durante los días de trabajo, el descanso incluye ocho horas de sueño, dos horas de descanso a mediodía y los lapsos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El régimen antiguo se limita a requerir 12 horas de descanso diario, que incluso puede interrumpirse por razones como “acontecimientos familiares”. Es que “la lógica del sistema anterior implicaba la idea de una mujer que daba su vida por sus patrones, que estaba todo el tiempo para servirlos”, observó Tomada.
Las personas de 16 a 18 años podrán trabajar en casas particulares, pero a condición de que el empleador garantice la “terminalidad educativa”, es decir, que continúen o concluyan la escolaridad obligatoria, que actualmente incluye el ciclo secundario.
El proyecto incluye también deberes específicos para el trabajador, especialmente en cuanto a la inviolabilidad de los secretos o informaciones del empleador y su familia en materia política, religiosa o moral.
Una vez aprobada la ley, se prevé un período de 180 días para que los empleadores registren a sus trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador que se desempeñe cuatro horas, un solo día por semana, el monto mensual de aporte, a valores actuales, sería de aproximadamente 20 pesos, que en principio se repartirían entre el trabajador y su empleador. El régimen incluirá también a quienes se desempeñen en casas particulares dedicados al cuidado de personas enfermas o ancianas, a menos que esa atención requiera un nivel terapéutico profesional.
Alrededor de un millón de personas se desempeñan en casas particulares; el 98,5 por ciento son mujeres. Casi el 77 por ciento tiene un solo empleador; sólo el 26 por ciento trabaja “con cama adentro”. Y el 55 por ciento trabaja más de cuatro horas semanales. “El 90 por ciento está en negro”, advirtió el ministro Tomada.
El proyecto fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en oportunidad del Día Internacional de la Mujer: “Quiero eliminar la palabra doméstico porque de domesticar se habla para los animales y es una afrenta para la condición humana”.
Según Tomada, “este proyecto es el primero de un conjunto destinado a los colectivos más vulnerables, que incluirá a los trabajadores rurales, los trabajadores a domicilio y el teletrabajo”.
Página 12
Empleadas con más derechos
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta firmó un proyecto de ley para adecuar los derechos de las empleadas de casas particulares con los del resto de los trabajadores. El detalle del nuevo régimen.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (que deja de llamarse de “servicio doméstico”). La normativa propuesta equipara sus derechos a los de los restantes trabajadores y les otorga la relación de dependencia, no importa cuántas horas semanales se desempeñen en el domicilio de su empleador. Bajo el sistema actual –fijado por un decreto de 1956–, sólo tienen relación de dependencia quienes trabajen por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. La normativa también regula las horas de descanso para quienes trabajen “cama adentro”. El proyecto de ley fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
El proyecto propone la derogación del régimen establecido en 1956 por el decreto 326 de la dictadura militar que gobernaba en ese entonces. “El objetivo central es poner a este sector en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”, destacó Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. El nuevo régimen incluye la licencia por maternidad, tal como lo establece la Ley de Contratos de Trabajo, y la estabilidad en el empleo, al equiparar las indemnizaciones con las que rigen para los trabajadores en general. Además, el personal de casas de familia queda incluido en el régimen de asignaciones familiares, del que estaba excluido.
La normativa propuesta otorga la relación de dependencia a todos los trabajadores en casas particulares, con independencia del número de horas semanales de dedicación. En cambio, el estatuto todavía en vigencia exige que la persona trabaje un mínimo de cuatro horas, a lo largo de un mínimo de cuatro días semanales, para que se la considere en relación de dependencia.
Las indemnizaciones por despido se equiparan con las del resto de los trabajadores –actualmente son muy inferiores– y se instituye la licencia por maternidad. Hasta ahora estos trabajadores y trabajadoras sólo tenían 30 días pagos de licencia por enfermedad al año.
Quienes trabajen sin retiro –“cama adentro”–, tendrán un descanso de 35 horas continuadas, de sábado a lunes. Contarán con licencia por vacaciones, por enfermedades y accidentes. Está previsto un régimen de cobertura de riesgos con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Durante los días de trabajo, el descanso incluye ocho horas de sueño, dos horas de descanso a mediodía y los lapsos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El régimen antiguo se limita a requerir 12 horas de descanso diario, que incluso puede interrumpirse por razones como “acontecimientos familiares”. Es que “la lógica del sistema anterior implicaba la idea de una mujer que daba su vida por sus patrones, que estaba todo el tiempo para servirlos”, observó Tomada.
Las personas de 16 a 18 años podrán trabajar en casas particulares, pero a condición de que el empleador garantice la “terminalidad educativa”, es decir, que continúen o concluyan la escolaridad obligatoria, que actualmente incluye el ciclo secundario.
El proyecto incluye también deberes específicos para el trabajador, especialmente en cuanto a la inviolabilidad de los secretos o informaciones del empleador y su familia en materia política, religiosa o moral.
Una vez aprobada la ley, se prevé un período de 180 días para que los empleadores registren a sus trabajadores. Por ejemplo, para un trabajador que se desempeñe cuatro horas, un solo día por semana, el monto mensual de aporte, a valores actuales, sería de aproximadamente 20 pesos, que en principio se repartirían entre el trabajador y su empleador. El régimen incluirá también a quienes se desempeñen en casas particulares dedicados al cuidado de personas enfermas o ancianas, a menos que esa atención requiera un nivel terapéutico profesional.
Alrededor de un millón de personas se desempeñan en casas particulares; el 98,5 por ciento son mujeres. Casi el 77 por ciento tiene un solo empleador; sólo el 26 por ciento trabaja “con cama adentro”. Y el 55 por ciento trabaja más de cuatro horas semanales. “El 90 por ciento está en negro”, advirtió el ministro Tomada.
El proyecto fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández, en oportunidad del Día Internacional de la Mujer: “Quiero eliminar la palabra doméstico porque de domesticar se habla para los animales y es una afrenta para la condición humana”.
Según Tomada, “este proyecto es el primero de un conjunto destinado a los colectivos más vulnerables, que incluirá a los trabajadores rurales, los trabajadores a domicilio y el teletrabajo”.
Página 12
LAS RESERVAS SON DEL PUEBLO ARGENTINO, NO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS NI DE LAS GRANDES EMPRESAS
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dijo que las reservas “son del pueblo argentino, no de los grupos económicos ni de los dueños de la bolsa de comercio, ni de las grandes empresas”.
Yasky sostuvo además que “es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar”.
“Esto es un invento del neoliberalismo que en los ´90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el FMI con el monitoreo de la economía obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y de la autonomía del Banco Central”, completó.
Además, sostuvo que hay que ir al debate de fondo. “Sería clave discutir una ley. Hay quienes quieren que realmente las reservas queden solamente para salvaguardar y giran capitales al exterior, es decir, reservas para ser viables la fuga de capitales y no para utilizarlas de tal modo que no haya que tocar el presupuesto”.
“La ecuación es muy simple, si no usamos la reserva hay que usar los fondos del presupuesto. Esto significa paralizar la obra pública en un momento de crisis económica o recortar salarios, jubilaciones o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo”.
“O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que había que debatir de manera transparente para que los que hablan de república, de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el senado se saquen la careta”, concluyó.
Telam , 09/03/2010 .-
Yasky sostuvo además que “es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar”.
“Esto es un invento del neoliberalismo que en los ´90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el FMI con el monitoreo de la economía obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y de la autonomía del Banco Central”, completó.
Además, sostuvo que hay que ir al debate de fondo. “Sería clave discutir una ley. Hay quienes quieren que realmente las reservas queden solamente para salvaguardar y giran capitales al exterior, es decir, reservas para ser viables la fuga de capitales y no para utilizarlas de tal modo que no haya que tocar el presupuesto”.
“La ecuación es muy simple, si no usamos la reserva hay que usar los fondos del presupuesto. Esto significa paralizar la obra pública en un momento de crisis económica o recortar salarios, jubilaciones o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo”.
“O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que había que debatir de manera transparente para que los que hablan de república, de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el senado se saquen la careta”, concluyó.
Telam , 09/03/2010 .-
lunes, 8 de marzo de 2010
¿ DÓNDE ESTÁ LA IZQUIERDA ?
Por Vicente Battista
A comienzos de los años ’90, Francis Fukuyama publicó en The National Interest “El fin de la historia”, una nota en la que tenazmente afirmaba que tras el final de la Guerra Fría, y luego de la caída del socialismo real, los seres humanos íbamos a satisfacer nuestras necesidades a través de la libre economía de mercado, ya que, insistía, “la democracia liberal es el único sistema político con algún tipo de dinamismo”, y, llevado por el entusiasmo, vaticinaba que el Estado tendría una mínima injerencia, mientras que el capital privado se movería con absoluta libertad.
Las ideologías iban a ser reemplazadas por la economía y los conceptos de izquierda y derecha se convertirían en cosa del pasado. Un vasto número de acólitos de Fukuyama profirieron grititos de triunfo. No obstante, la propia historia se ocupó de demostrar que de ninguna manera había terminado. El derrumbe de la propuesta neoliberal, la hecatombe política y económica que eso significó en el mundo entero, puso fin a la hipótesis del entusiasta politólogo e hizo que El Capital, de Carlos Marx, fuera best-seller durante algunos meses. El Estado no interviniente tuvo que intervenir y una vez más sacó las papas del fuego. Las nefastas consecuencias del modelo liberal aún perduran, pero esto no parece amedrentar a sus fervientes partidarios: nuevamente levantan sus banderas, las agitan con vehemencia. Por estas tierras son los que configuran ese dislate que recibe el nombre de “La Oposición”.
La derecha no abunda en figuras heroicas. Poco tiene de épico Augusto Pinochet compungido en silla de ruedas, simulando una enfermedad inexistente. Supongo que los compinches del general golpista hubiesen preferido verlo altivo y orgulloso, con su colección de medallas sobre el pecho, pero la foto que recorrió el mundo mostraba a un anciano miserable, implorando compasión en cada uno de sus gestos. Esa era la verdad y frente a esa verdad no es fácil declararse de derecha. Acaso por eso ahora eligen ser de “centroderecha”, como si el hecho de estar en el centro los hiciera menos desdeñables, más dignos.
La izquierda es pródiga en estampas prestigiosas: el cuerpo sin vida del Che sobre un piletón en La Higuera, por ejemplo, o Salvador Allende, casco en la cabeza y metralleta en mano, dispuesto a morir en la puerta de La Moneda. Las dos fotos recorrieron el mundo, con ese aval no es difícil declararse de izquierda. En un reciente reportaje, el escritor inglés Martin Amis se refirió a uno de sus últimos desvelos: los musulmanes. Dijo que “no había que dejarlos viajar, que había que limitar sus libertades y que había que registrar a todos los que tuvieran aspectos de originarios de Oriente Medio o de Pakistán”. Luego de ese dictamen no queda sino imaginar a Amis con un ejemplar de Mi lucha sobre su mesa de trabajo, leído y anotado. Nada de eso, Martin Amis proclama ser hombre de izquierda, “de izquierda racional”, dice.
Viví en España durante la transición del franquismo a la democracia. Cuando la dictadura quedó atrás, era común encontrarse con jóvenes que, alegremente, se declaraban anarquistas. No militaban en ningún partido, movimiento o cosa parecida. Resultaba divertido verlos y oírlos, con gesto adusto decían ser de izquierda, se decían anarquistas y decían estar contra esto y aquello, aunque poco tuvieran que ver con Unamuno y menos aún con Buenaventura Durruti. Estos iconoclastas fueron acertadamente delineados en los versos de una canción que entonces interpretaba Víctor Manuel: “Izquierdistas de café”, los llamó. El mote continúa vigente, al menos se puede aplicar por estas tierras. He oído de algunos artistas porteños que se dicen de izquierda y anarquistas. Desde ese venerable porte, apoyan la nueva ley de radiodifusión, el juicio y castigo a los genocidas, el fin de las AFJP y el reparto universal por hijo, pero invariablemente luego de la aprobación imponen la duda. La frase típica es “Sí, pero...” y de inmediato enumeran las fallas del Gobierno. Lo hacen con palabras solemnes y gestos patriarcales que se parecen mucho a las palabras y los gestos de esos predicadores que Biblia en mano cuestionan las cosas de la Tierra, amparados por el reino de los cielos. La sociedad anarquista es tan utópica como el reino de los cielos. Desde uno y otro sitio se puede brindar la bienaventuranza, pero en tanto el mundo sigue andando y la derecha, esa que disimula su nombre, sigilosamente avanza hacia el poder total. Antaño recurría a los cuarteles, ahora convoca a la Justicia. No olvidemos Honduras. Tampoco el Chile de Allende. Ciertos izquierdistas de entonces, con las mejores intenciones, cuestionaron su gobierno, sin advertir que con esas buenas intenciones abonaban el sangriento arribo de Pinochet. Le prestaron atención al árbol y no vieron el bosque. Mucho antes de eso, a mediados de 1946, en nuestro país se gestó una oposición similar por su extravagancia a la que hoy se proclama en las dos Cámaras. ¿Estamos repitiendo el mismo error?
Es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre, de comprender de una vez por todas qué es la izquierda y qué es la derecha. No se trata de meras palabras para pronunciar en la mesa del café, son actitudes, modos de ver y de entender el mundo. Hoy izquierda en nuestro país significa un modelo que integra a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que impone el juicio y castigo a los genocidas y propone políticas de gobierno en beneficio de los que menos tienen. Derecha es el modelo inversamente opuesto, es el que contiene a la Pando y proclama el perdón a todos los asesinos de la última dictadura, es el que pretende retomar la fórmula neoliberal, con el consabido recorte del gasto público en perjuicio de los más necesitados. Es, en pocas palabras, lo que nos tocó vivir hasta los dramáticos episodios del 2001.
Las cartas están echadas, habrá que jugarlas aunque no tengamos el as de triunfo. La derecha seguirá alimentándose con señoras que son místicas un año y apocalípticas al siguiente, pero que destilan odio y rencor en todos los casos, y con señores que borran con el codo lo que minutos antes escribieron con la mano. Para la derecha y sus pactos valen los versos de aquel viejo tango que cantaba Charlo: “no te sorprendas si una noche de estas me ves pasar del brazo con quien no debo pasar”.
Sí sorprende que cierta izquierda esté colgada de ese brazo. “Ganamos por goleada”, se entusiasmó un senador conspicuo representante de la derecha. ¿cuándo comprenderán algunos honestos izquierdistas que están jugando en el equipo contrario? Tal vez va siendo tiempo de volver a poner las patas en la fuente.
Página 12
A comienzos de los años ’90, Francis Fukuyama publicó en The National Interest “El fin de la historia”, una nota en la que tenazmente afirmaba que tras el final de la Guerra Fría, y luego de la caída del socialismo real, los seres humanos íbamos a satisfacer nuestras necesidades a través de la libre economía de mercado, ya que, insistía, “la democracia liberal es el único sistema político con algún tipo de dinamismo”, y, llevado por el entusiasmo, vaticinaba que el Estado tendría una mínima injerencia, mientras que el capital privado se movería con absoluta libertad.
Las ideologías iban a ser reemplazadas por la economía y los conceptos de izquierda y derecha se convertirían en cosa del pasado. Un vasto número de acólitos de Fukuyama profirieron grititos de triunfo. No obstante, la propia historia se ocupó de demostrar que de ninguna manera había terminado. El derrumbe de la propuesta neoliberal, la hecatombe política y económica que eso significó en el mundo entero, puso fin a la hipótesis del entusiasta politólogo e hizo que El Capital, de Carlos Marx, fuera best-seller durante algunos meses. El Estado no interviniente tuvo que intervenir y una vez más sacó las papas del fuego. Las nefastas consecuencias del modelo liberal aún perduran, pero esto no parece amedrentar a sus fervientes partidarios: nuevamente levantan sus banderas, las agitan con vehemencia. Por estas tierras son los que configuran ese dislate que recibe el nombre de “La Oposición”.
La derecha no abunda en figuras heroicas. Poco tiene de épico Augusto Pinochet compungido en silla de ruedas, simulando una enfermedad inexistente. Supongo que los compinches del general golpista hubiesen preferido verlo altivo y orgulloso, con su colección de medallas sobre el pecho, pero la foto que recorrió el mundo mostraba a un anciano miserable, implorando compasión en cada uno de sus gestos. Esa era la verdad y frente a esa verdad no es fácil declararse de derecha. Acaso por eso ahora eligen ser de “centroderecha”, como si el hecho de estar en el centro los hiciera menos desdeñables, más dignos.
La izquierda es pródiga en estampas prestigiosas: el cuerpo sin vida del Che sobre un piletón en La Higuera, por ejemplo, o Salvador Allende, casco en la cabeza y metralleta en mano, dispuesto a morir en la puerta de La Moneda. Las dos fotos recorrieron el mundo, con ese aval no es difícil declararse de izquierda. En un reciente reportaje, el escritor inglés Martin Amis se refirió a uno de sus últimos desvelos: los musulmanes. Dijo que “no había que dejarlos viajar, que había que limitar sus libertades y que había que registrar a todos los que tuvieran aspectos de originarios de Oriente Medio o de Pakistán”. Luego de ese dictamen no queda sino imaginar a Amis con un ejemplar de Mi lucha sobre su mesa de trabajo, leído y anotado. Nada de eso, Martin Amis proclama ser hombre de izquierda, “de izquierda racional”, dice.
Viví en España durante la transición del franquismo a la democracia. Cuando la dictadura quedó atrás, era común encontrarse con jóvenes que, alegremente, se declaraban anarquistas. No militaban en ningún partido, movimiento o cosa parecida. Resultaba divertido verlos y oírlos, con gesto adusto decían ser de izquierda, se decían anarquistas y decían estar contra esto y aquello, aunque poco tuvieran que ver con Unamuno y menos aún con Buenaventura Durruti. Estos iconoclastas fueron acertadamente delineados en los versos de una canción que entonces interpretaba Víctor Manuel: “Izquierdistas de café”, los llamó. El mote continúa vigente, al menos se puede aplicar por estas tierras. He oído de algunos artistas porteños que se dicen de izquierda y anarquistas. Desde ese venerable porte, apoyan la nueva ley de radiodifusión, el juicio y castigo a los genocidas, el fin de las AFJP y el reparto universal por hijo, pero invariablemente luego de la aprobación imponen la duda. La frase típica es “Sí, pero...” y de inmediato enumeran las fallas del Gobierno. Lo hacen con palabras solemnes y gestos patriarcales que se parecen mucho a las palabras y los gestos de esos predicadores que Biblia en mano cuestionan las cosas de la Tierra, amparados por el reino de los cielos. La sociedad anarquista es tan utópica como el reino de los cielos. Desde uno y otro sitio se puede brindar la bienaventuranza, pero en tanto el mundo sigue andando y la derecha, esa que disimula su nombre, sigilosamente avanza hacia el poder total. Antaño recurría a los cuarteles, ahora convoca a la Justicia. No olvidemos Honduras. Tampoco el Chile de Allende. Ciertos izquierdistas de entonces, con las mejores intenciones, cuestionaron su gobierno, sin advertir que con esas buenas intenciones abonaban el sangriento arribo de Pinochet. Le prestaron atención al árbol y no vieron el bosque. Mucho antes de eso, a mediados de 1946, en nuestro país se gestó una oposición similar por su extravagancia a la que hoy se proclama en las dos Cámaras. ¿Estamos repitiendo el mismo error?
Es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre, de comprender de una vez por todas qué es la izquierda y qué es la derecha. No se trata de meras palabras para pronunciar en la mesa del café, son actitudes, modos de ver y de entender el mundo. Hoy izquierda en nuestro país significa un modelo que integra a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que impone el juicio y castigo a los genocidas y propone políticas de gobierno en beneficio de los que menos tienen. Derecha es el modelo inversamente opuesto, es el que contiene a la Pando y proclama el perdón a todos los asesinos de la última dictadura, es el que pretende retomar la fórmula neoliberal, con el consabido recorte del gasto público en perjuicio de los más necesitados. Es, en pocas palabras, lo que nos tocó vivir hasta los dramáticos episodios del 2001.
Las cartas están echadas, habrá que jugarlas aunque no tengamos el as de triunfo. La derecha seguirá alimentándose con señoras que son místicas un año y apocalípticas al siguiente, pero que destilan odio y rencor en todos los casos, y con señores que borran con el codo lo que minutos antes escribieron con la mano. Para la derecha y sus pactos valen los versos de aquel viejo tango que cantaba Charlo: “no te sorprendas si una noche de estas me ves pasar del brazo con quien no debo pasar”.
Sí sorprende que cierta izquierda esté colgada de ese brazo. “Ganamos por goleada”, se entusiasmó un senador conspicuo representante de la derecha. ¿cuándo comprenderán algunos honestos izquierdistas que están jugando en el equipo contrario? Tal vez va siendo tiempo de volver a poner las patas en la fuente.
Página 12
LO DESTITUYENTE, UNA VEZ MÁS
Por Sandra Russo
La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.
Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.
El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.
Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.
La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.
Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.
No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.
Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.
Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.
Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.
Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.
No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.
Página 12
La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.
Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.
El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.
Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.
La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.
Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.
No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.
Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.
Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.
Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.
Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.
No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.
Página 12
domingo, 7 de marzo de 2010
LA CONTRAOFENSIVA
Por Luis Bruschtein
Los militares daban los golpes en defensa de la democracia, nunca por la tiranía. Ellos se consideraban más democráticos que los gobiernos que desalojaban, que habían sido elegidos por el voto ciudadano. No eran los únicos que pensaban así, porque también había un consenso extendido en la sociedad civil, que acompañaba. El golpe contra Perón fue festejado como un triunfo de la libertad, los golpistas se llamaron “la Libertadora”. Cuando voltearon a Illia, ni siquiera lo defendieron los radicales, que además le pusieron ministros al nuevo gobierno militar. Lo del ‘76, del “somos derechos y humanos” y “por algo habrá sido”, es más conocido por más reciente.
Esa idea –sentarse encima de la democracia para defenderla– nunca funcionó. En realidad ese argumento, que fue decisivo durante varias décadas, echó para atrás el reloj de la cultura ciudadana argentina. Salió un país más respetuoso de la fuerza que de lo institucional. Importa la fuerza, muy atrás el contenido, y muchísimo menos lo institucional, que son las reglas de juego, el marco de convivencia.
Con los últimos movimientos y sacudones, la oposición pasó a controlar ahora todos los resortes del Senado, de manera tal que ni siquiera los proyectos del Poder Ejecutivo tendrían dictamen favorable en las comisiones. Es decir: será muy difícil que las propuestas del Ejecutivo lleguen al recinto. Lo mismo sucede en Diputados. La oposición preside la mayoría de las comisiones y tiene mayoría incluso en aquellas donde dejó la presidencia al oficialismo. Pero además tiene al vicepresidente de la Nación, que a su vez es la cabeza de la oposición. El jueves, uno de los titulares de primera plana del diario La Nación reconocía con cierto alivio que ahora hay “una ingobernabilidad menos pavorosa”. “Pavorosa” sería con grandes movilizaciones de protesta en la calle, marchas de los movimientos sociales, de los desocupados o de la CGT pidiendo aumentos salariales o trabajo. “Menos pavorosa” es, para La Nación, la pérdida del Congreso y del presidente del Banco Central por parte de un gobierno que se niega a realizar ajustes para pagar la deuda.
La oposición –desde el menemismo hasta un ala de izquierda que la conforma– asegura que lo hizo porque este gobierno no respeta las instituciones. O sea, se sentaron sobre las instituciones para defenderlas. Es difícil que de ese argumento salga más institucionalidad.
Los grandes medios, que a través de sus analistas incitaron a esta actitud, muestran a la oposición como reaccionando frente al discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció que había anulado el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y al mismo tiempo informó de otros dos decretos cuya finalidad también era utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Desde el punto de vista institucional, tampoco fue muy elegante. El oficialismo, a su vez, asegura que lo hizo porque la oposición le iba a cerrar todas las puertas en el Parlamento. Y tiene razón, porque el acuerdo opositor para copar Diputados y el Senado ya estaba de mucho antes.
En este caso, la oposición dice que llegó a esa medida porque durante mucho tiempo el oficialismo tuvo mayoría propia y no negoció con las minorías. Apuntaron además que el oficialismo no reconocía el resultado de las urnas del 28 de junio del año pasado. Tiene razón en la primera parte, en cuanto a la poca vocación negociadora que ha mostrado el oficialismo. Pero no en la segunda, porque el oficialismo fue la primera minoría en la elección, lo cual no fue respetado en la distribución de responsabilidades parlamentarias.
El heterogéneo bloque opositor se homogeneizó en las primeras decisiones: el rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont para presidir el Banco Central y la anulación de los decretos, más la remanipulación de las comisiones para incorporar a Carlos Menem. Estas medidas le dan la razón al Gobierno cuando afirma que no tenía margen de negociación. Por lo menos con las fuerzas que vienen trabajando juntas, ya sea el peronismo “disidente” de Carlos Menem o Francisco de Narváez, el PRO de Macri, o la UCR y la CC, que votan juntos y coincidieron en estrategias mediáticas y judiciales.
En el oficialismo se cuidan de separar la idea de negociación de la de cogobierno, que rechazan, y dan como ejemplo la discusión por las retenciones, en la que ante cada concesión que hacía, la oposición le corría el arco. No querían negociar, sino eliminar las retenciones. Y al igual que ahora, legisladores de izquierda que rechazaban al oficialismo porque uno de sus exponentes era el senador Roberto Urquía, propietario de una importante aceitera, terminaron votando junto a Urquía contra el Gobierno. El hecho de fuerza es importante y no el contenido cuando se ponen de acuerdo agrupaciones tan opuestas. La mayoría de ellas plantea la rediscusión del presupuesto para modificar partidas para pagar la deuda, lo cual quiere decir ajustes, despidos y salarios abajo. Y otra parte, más pequeña, reclama no pagar la deuda que se revele ilegítima e ilegal. Desde posiciones tan opuestas, sin embargo se buscan coincidencias. En términos de estrategia política, no se trata de la derrota o el triunfo de una idea o una propuesta, sino del triunfo o la derrota del Gobierno. En realidad, derrotada la propuesta de pagar con reservas, la alternativa que quedaría sería la de pagar con ajuste. La propuesta de Proyecto Sur termina siendo funcional a los neoliberales. Votar en contra del Gobierno a cambio de una comisión investigadora y una promesa es simplemente apoyar la propuesta de sus aliados de la oposición conservadora que, con denuncias penales, parecen empujar el escenario hasta el punto del juicio político. Que un sector de la izquierda se preste otra vez a una maniobra que ya tiene antecedentes contra gobiernos que han tratado de aplicar reformas o cambios resulta sorprendente por la repetición de viejas posiciones.
Seguirles el hilo a las justificaciones es como el cuento de la buena pipa y se puede llegar hasta el origen del Universo. Las consecuencias de esa lógica entre oficialismo y oposición es un país que por primera vez en mucho tiempo no tiene graves problemas económicos, pero que está en permanente crisis política. La discusión sobre lo que debe reconocer cada parte es interminable, pero un gobierno que mantiene la primera minoría no tendría que soportar la presión de un vicepresidente que se pasó a la oposición y no renuncia, o de amparos judiciales que son tomados por jueces evidentemente interesados en incidir en la política. No existen tiempos normales en estos tribunales, donde los jueces apuran o atrasan los trámites según su conveniencia. No son denuncias de delitos o acciones groseras contra la ley. Se trata de discusiones de tipo político o económico sobre las reservas y la deuda, donde los jueces fallan como si fueran una autoridad en la materia, economistas o dirigentes políticos. Por supuesto que los fallos ni siquiera apuntan a los temas de fondo sino a cuestiones menores de procedimiento. Por más que pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras, es imposible no ver que desde que empezó la polémica por las reservas, las decisiones de estos jueces elegidos por la oposición tienen consecuencias esencialmente políticas y que lo hacen a conciencia. Y resulta aún menos transparente la defensa corporativa que hacen algunos de sus colegas, en vez de llamarles la atención. Si los jueces quieren intervenir en política, lo lógico es que cuelguen las togas y se afilien a un partido. Cuando la oposición diseñó esta estrategia, Pino Solanas, como parte de ese diseño, también fue con su denuncia. A los radicales y los macristas les dieron trámite enseguida. Pino tuvo prensa, pero poca suerte con su juez. A la oposición le interesa que Pino tenga prensa y levante la mano contra el Gobierno, pero los proyectos de Pino le interesan menos que los del Ejecutivo. Y un veterano como Pino lo sabe.
En la historia democrática ha habido gobiernos que quedaron en situación de desventaja bastante peores que el actual después de elecciones legislativas. Y sin embargo, no hubo trabas parlamentarias ni judiciales para sus medidas de gestión. En ninguno de esos momentos, la oposición, la mayoría de las veces peronista, tomó el poder y la mayoría en todas las comisiones de ambas Cámaras. Incluso en esos momentos se respetaron reglas de juego que a partir de ahora será muy difícil recomponer. Y son las reglas de juego que permiten gobernar. A partir del antecedente que se planteó en estos días, los futuros gobiernos deberán recomponer una ética parlamentaria quebrada.
Página 12
Los militares daban los golpes en defensa de la democracia, nunca por la tiranía. Ellos se consideraban más democráticos que los gobiernos que desalojaban, que habían sido elegidos por el voto ciudadano. No eran los únicos que pensaban así, porque también había un consenso extendido en la sociedad civil, que acompañaba. El golpe contra Perón fue festejado como un triunfo de la libertad, los golpistas se llamaron “la Libertadora”. Cuando voltearon a Illia, ni siquiera lo defendieron los radicales, que además le pusieron ministros al nuevo gobierno militar. Lo del ‘76, del “somos derechos y humanos” y “por algo habrá sido”, es más conocido por más reciente.
Esa idea –sentarse encima de la democracia para defenderla– nunca funcionó. En realidad ese argumento, que fue decisivo durante varias décadas, echó para atrás el reloj de la cultura ciudadana argentina. Salió un país más respetuoso de la fuerza que de lo institucional. Importa la fuerza, muy atrás el contenido, y muchísimo menos lo institucional, que son las reglas de juego, el marco de convivencia.
Con los últimos movimientos y sacudones, la oposición pasó a controlar ahora todos los resortes del Senado, de manera tal que ni siquiera los proyectos del Poder Ejecutivo tendrían dictamen favorable en las comisiones. Es decir: será muy difícil que las propuestas del Ejecutivo lleguen al recinto. Lo mismo sucede en Diputados. La oposición preside la mayoría de las comisiones y tiene mayoría incluso en aquellas donde dejó la presidencia al oficialismo. Pero además tiene al vicepresidente de la Nación, que a su vez es la cabeza de la oposición. El jueves, uno de los titulares de primera plana del diario La Nación reconocía con cierto alivio que ahora hay “una ingobernabilidad menos pavorosa”. “Pavorosa” sería con grandes movilizaciones de protesta en la calle, marchas de los movimientos sociales, de los desocupados o de la CGT pidiendo aumentos salariales o trabajo. “Menos pavorosa” es, para La Nación, la pérdida del Congreso y del presidente del Banco Central por parte de un gobierno que se niega a realizar ajustes para pagar la deuda.
La oposición –desde el menemismo hasta un ala de izquierda que la conforma– asegura que lo hizo porque este gobierno no respeta las instituciones. O sea, se sentaron sobre las instituciones para defenderlas. Es difícil que de ese argumento salga más institucionalidad.
Los grandes medios, que a través de sus analistas incitaron a esta actitud, muestran a la oposición como reaccionando frente al discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció que había anulado el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y al mismo tiempo informó de otros dos decretos cuya finalidad también era utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Desde el punto de vista institucional, tampoco fue muy elegante. El oficialismo, a su vez, asegura que lo hizo porque la oposición le iba a cerrar todas las puertas en el Parlamento. Y tiene razón, porque el acuerdo opositor para copar Diputados y el Senado ya estaba de mucho antes.
En este caso, la oposición dice que llegó a esa medida porque durante mucho tiempo el oficialismo tuvo mayoría propia y no negoció con las minorías. Apuntaron además que el oficialismo no reconocía el resultado de las urnas del 28 de junio del año pasado. Tiene razón en la primera parte, en cuanto a la poca vocación negociadora que ha mostrado el oficialismo. Pero no en la segunda, porque el oficialismo fue la primera minoría en la elección, lo cual no fue respetado en la distribución de responsabilidades parlamentarias.
El heterogéneo bloque opositor se homogeneizó en las primeras decisiones: el rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont para presidir el Banco Central y la anulación de los decretos, más la remanipulación de las comisiones para incorporar a Carlos Menem. Estas medidas le dan la razón al Gobierno cuando afirma que no tenía margen de negociación. Por lo menos con las fuerzas que vienen trabajando juntas, ya sea el peronismo “disidente” de Carlos Menem o Francisco de Narváez, el PRO de Macri, o la UCR y la CC, que votan juntos y coincidieron en estrategias mediáticas y judiciales.
En el oficialismo se cuidan de separar la idea de negociación de la de cogobierno, que rechazan, y dan como ejemplo la discusión por las retenciones, en la que ante cada concesión que hacía, la oposición le corría el arco. No querían negociar, sino eliminar las retenciones. Y al igual que ahora, legisladores de izquierda que rechazaban al oficialismo porque uno de sus exponentes era el senador Roberto Urquía, propietario de una importante aceitera, terminaron votando junto a Urquía contra el Gobierno. El hecho de fuerza es importante y no el contenido cuando se ponen de acuerdo agrupaciones tan opuestas. La mayoría de ellas plantea la rediscusión del presupuesto para modificar partidas para pagar la deuda, lo cual quiere decir ajustes, despidos y salarios abajo. Y otra parte, más pequeña, reclama no pagar la deuda que se revele ilegítima e ilegal. Desde posiciones tan opuestas, sin embargo se buscan coincidencias. En términos de estrategia política, no se trata de la derrota o el triunfo de una idea o una propuesta, sino del triunfo o la derrota del Gobierno. En realidad, derrotada la propuesta de pagar con reservas, la alternativa que quedaría sería la de pagar con ajuste. La propuesta de Proyecto Sur termina siendo funcional a los neoliberales. Votar en contra del Gobierno a cambio de una comisión investigadora y una promesa es simplemente apoyar la propuesta de sus aliados de la oposición conservadora que, con denuncias penales, parecen empujar el escenario hasta el punto del juicio político. Que un sector de la izquierda se preste otra vez a una maniobra que ya tiene antecedentes contra gobiernos que han tratado de aplicar reformas o cambios resulta sorprendente por la repetición de viejas posiciones.
Seguirles el hilo a las justificaciones es como el cuento de la buena pipa y se puede llegar hasta el origen del Universo. Las consecuencias de esa lógica entre oficialismo y oposición es un país que por primera vez en mucho tiempo no tiene graves problemas económicos, pero que está en permanente crisis política. La discusión sobre lo que debe reconocer cada parte es interminable, pero un gobierno que mantiene la primera minoría no tendría que soportar la presión de un vicepresidente que se pasó a la oposición y no renuncia, o de amparos judiciales que son tomados por jueces evidentemente interesados en incidir en la política. No existen tiempos normales en estos tribunales, donde los jueces apuran o atrasan los trámites según su conveniencia. No son denuncias de delitos o acciones groseras contra la ley. Se trata de discusiones de tipo político o económico sobre las reservas y la deuda, donde los jueces fallan como si fueran una autoridad en la materia, economistas o dirigentes políticos. Por supuesto que los fallos ni siquiera apuntan a los temas de fondo sino a cuestiones menores de procedimiento. Por más que pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras, es imposible no ver que desde que empezó la polémica por las reservas, las decisiones de estos jueces elegidos por la oposición tienen consecuencias esencialmente políticas y que lo hacen a conciencia. Y resulta aún menos transparente la defensa corporativa que hacen algunos de sus colegas, en vez de llamarles la atención. Si los jueces quieren intervenir en política, lo lógico es que cuelguen las togas y se afilien a un partido. Cuando la oposición diseñó esta estrategia, Pino Solanas, como parte de ese diseño, también fue con su denuncia. A los radicales y los macristas les dieron trámite enseguida. Pino tuvo prensa, pero poca suerte con su juez. A la oposición le interesa que Pino tenga prensa y levante la mano contra el Gobierno, pero los proyectos de Pino le interesan menos que los del Ejecutivo. Y un veterano como Pino lo sabe.
En la historia democrática ha habido gobiernos que quedaron en situación de desventaja bastante peores que el actual después de elecciones legislativas. Y sin embargo, no hubo trabas parlamentarias ni judiciales para sus medidas de gestión. En ninguno de esos momentos, la oposición, la mayoría de las veces peronista, tomó el poder y la mayoría en todas las comisiones de ambas Cámaras. Incluso en esos momentos se respetaron reglas de juego que a partir de ahora será muy difícil recomponer. Y son las reglas de juego que permiten gobernar. A partir del antecedente que se planteó en estos días, los futuros gobiernos deberán recomponer una ética parlamentaria quebrada.
Página 12
EL MEDICAMENTO COMO UN BIEN SOCIAL
El amargo sabor de los medicamentos
En los últimos meses la prensa informó periódicamente acerca de la «mafia de los medicamentos», personas detenidas, crímenes, medicamentos vencidos y «truchos». Esas noticias dejan un sabor amargo, similar al de algunos remedios.
No quedan al margen de las acusaciones ni el sector público, ni los laboratorios, ni el comercio ni los prestadores de salud. El nivel de corrupción en este rubro pareciera no tener límites. Pero como en otros temas, se soslaya el centro del debate y por ende no se analizan las soluciones concretas.
Los medicamentos constituyen un bien público, no pueden ser librados a las leyes de mercado como si fueran una mercancía más. Los países más desarrollados, aun los defensores más acérrimos del mercado y del capitalismo, ejercen un férreo control sobre la calidad de las drogas, su distribución al público y los precios. La cuestión de fondo pasa por si se prioriza la salud del ciudadano o los intereses de los laboratorios.
En nuestro país se comercializan más de 15.000 marcas –la farmacopea europea tiene cerca de 2.000 productos y la norteamericana 2.500–, mientras que la Organización Mundial de la Salud presenta un vademécum de sólo 300 drogas básicas. Lo paradójico es que a pesar de la cantidad de marcas en nuestro medio (inédita en el mundo), se estima que cerca del 50% de la población no tiene acceso a los medicamentos.
A esto se le suma la aparición de fármacos de alto costo como los oncológicos, los antirretrovirales para el VIH-Sida y los antibióticos de nueva generación que representan una tentación adicional para el ilícito. El mercado de los medicamentos mueve cerca de 4500 millones de pesos al año y representa una parte mayor del gasto total de la salud que en otros países. Además, son comercializados en quioscos y supermercados, contraviniendo la ley que sólo permite hacerlo en las farmacias.
A diferencia de otros países, como Brasil, donde el Estado sostiene los laboratorios públicos para la fabricación de drogas básicas, en Argentina, con más de 19 laboratorios en condiciones de producir medicamentos económicos, nada se hace para su desarrollo.
En vez de utilizar el vademécum de no más de 300 drogas básicas y recetar por monodroga (pese a existir una ley en este último aspecto), se incita al consumo de marcas de medicamento en los medios de comunicación y hasta en los colectivos. Así se favorece la automedicación que produce varios cientos de muertos al año en el país.
La tentación de cambiar los vencimientos de medicamentos, de robarlos y venderlos en lugares no permitidos, de adulterar los contenidos de los frascos y la falta de penas duras para estos delitos, favorecen la creación de droguerías fantasmas que se asocian a entes públicos y privados, con funcionarios corruptos, para lucrar con la enfermedad de las personas. La solución de estos problemas es de resorte principal del sector público. La sanción de leyes que consideren el medicamento como un bien social, la obligación de recetar por monodroga (y las drogas básicas), el control de las drogas, los precios y los laboratorios, el fomento de los laboratorios públicos, la fiscalización de la distribución y las penas duras para estos delitos son imprescindibles para comenzar a modificar el amargo sabor de estos temas.
Conspira contra las soluciones posibles, la gran ignorancia que existe en distintos actores públicos, políticos y sanitarios sobre estas cuestiones. Se tiende a minimizar, cuando no a ocultar el problema. En ciertos casos, culpan a los médicos por la excesiva prescripción de medicamentos. Pero los médicos no fabrican drogas ni comercializan medicamentos. Algunos pueden ser tentados con viajes a congresos, pero la inmensa mayoría sólo receta lo que necesitan sus pacientes.
Las farmacias han desvirtuado su rol y se transformaron, en muchos casos, en pequeños supermercados, y se argumenta que no todas las marcas de un mismo medicamento presentan la misma potencia de la droga. Efectivamente, se han demostrado diferencias y, por las dudas que generan los controles, se acrecienta el interrogante. Se podrá decir que existe la Anmat, que controla, pero es insuficiente. Una vez más, se niega el problema.
RICARDO LÓPEZ - PRESIDENTE DE FAESS
FUENTE: Revista “Acción”- Segunda quincena de febrero 2010-
En los últimos meses la prensa informó periódicamente acerca de la «mafia de los medicamentos», personas detenidas, crímenes, medicamentos vencidos y «truchos». Esas noticias dejan un sabor amargo, similar al de algunos remedios.
No quedan al margen de las acusaciones ni el sector público, ni los laboratorios, ni el comercio ni los prestadores de salud. El nivel de corrupción en este rubro pareciera no tener límites. Pero como en otros temas, se soslaya el centro del debate y por ende no se analizan las soluciones concretas.
Los medicamentos constituyen un bien público, no pueden ser librados a las leyes de mercado como si fueran una mercancía más. Los países más desarrollados, aun los defensores más acérrimos del mercado y del capitalismo, ejercen un férreo control sobre la calidad de las drogas, su distribución al público y los precios. La cuestión de fondo pasa por si se prioriza la salud del ciudadano o los intereses de los laboratorios.
En nuestro país se comercializan más de 15.000 marcas –la farmacopea europea tiene cerca de 2.000 productos y la norteamericana 2.500–, mientras que la Organización Mundial de la Salud presenta un vademécum de sólo 300 drogas básicas. Lo paradójico es que a pesar de la cantidad de marcas en nuestro medio (inédita en el mundo), se estima que cerca del 50% de la población no tiene acceso a los medicamentos.
A esto se le suma la aparición de fármacos de alto costo como los oncológicos, los antirretrovirales para el VIH-Sida y los antibióticos de nueva generación que representan una tentación adicional para el ilícito. El mercado de los medicamentos mueve cerca de 4500 millones de pesos al año y representa una parte mayor del gasto total de la salud que en otros países. Además, son comercializados en quioscos y supermercados, contraviniendo la ley que sólo permite hacerlo en las farmacias.
A diferencia de otros países, como Brasil, donde el Estado sostiene los laboratorios públicos para la fabricación de drogas básicas, en Argentina, con más de 19 laboratorios en condiciones de producir medicamentos económicos, nada se hace para su desarrollo.
En vez de utilizar el vademécum de no más de 300 drogas básicas y recetar por monodroga (pese a existir una ley en este último aspecto), se incita al consumo de marcas de medicamento en los medios de comunicación y hasta en los colectivos. Así se favorece la automedicación que produce varios cientos de muertos al año en el país.
La tentación de cambiar los vencimientos de medicamentos, de robarlos y venderlos en lugares no permitidos, de adulterar los contenidos de los frascos y la falta de penas duras para estos delitos, favorecen la creación de droguerías fantasmas que se asocian a entes públicos y privados, con funcionarios corruptos, para lucrar con la enfermedad de las personas. La solución de estos problemas es de resorte principal del sector público. La sanción de leyes que consideren el medicamento como un bien social, la obligación de recetar por monodroga (y las drogas básicas), el control de las drogas, los precios y los laboratorios, el fomento de los laboratorios públicos, la fiscalización de la distribución y las penas duras para estos delitos son imprescindibles para comenzar a modificar el amargo sabor de estos temas.
Conspira contra las soluciones posibles, la gran ignorancia que existe en distintos actores públicos, políticos y sanitarios sobre estas cuestiones. Se tiende a minimizar, cuando no a ocultar el problema. En ciertos casos, culpan a los médicos por la excesiva prescripción de medicamentos. Pero los médicos no fabrican drogas ni comercializan medicamentos. Algunos pueden ser tentados con viajes a congresos, pero la inmensa mayoría sólo receta lo que necesitan sus pacientes.
Las farmacias han desvirtuado su rol y se transformaron, en muchos casos, en pequeños supermercados, y se argumenta que no todas las marcas de un mismo medicamento presentan la misma potencia de la droga. Efectivamente, se han demostrado diferencias y, por las dudas que generan los controles, se acrecienta el interrogante. Se podrá decir que existe la Anmat, que controla, pero es insuficiente. Una vez más, se niega el problema.
RICARDO LÓPEZ - PRESIDENTE DE FAESS
FUENTE: Revista “Acción”- Segunda quincena de febrero 2010-
MARIANO LEVIN : NOS DEJO UN REFERENTE EN CHAGAS
Mariano Levin, figura destacada de la ciencia
Tenía 58 años y era un referente en Chagas
En la madrugada de ayer, a los 58 años y a causa de una leucemia que no había dado a conocer ni siquiera a sus más entrañables amigos, falleció Mariano Levin, investigador del Conicet y referente internacional en mal de Chagas, una patología que amenaza a 100 millones de latinoamericanos y en cuyo estudio realizó importantes avances.
Levin había obtenido el título de licenciado en Análisis Clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se había doctorado en Bioquímica, en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1986.
A su regreso al país, fue uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi), del Conicet, donde creó el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas. También fue profesor de Genética Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Al conocerse la noticia, la conmoción recorrió a la comunidad científica, que lo consideraba un gran investigador y una gran persona. “Estamos conmocionados -comentó Gabriel Rabinovich, investigador del Conicet en el Instituto de Medicina y Biología Experimental (Ibyme)-. Fue una persona impresionante, sumamente generosa.” Alejandro Mentaberry, que fue su amigo desde los 15 años, lo recuerda como parte de una generación que dejó su impronta y transformó el sistema científico. “Mariano siempre se asumió como científico, pero también como ciudadano -subrayó-. Por eso se dedicó al Chagas con pasión, puso el pecho acá y jugó un papel muy importante en la formación de jóvenes investigadores.”
Estrecho asesor del ministro Lino Barañao, en el Ministerio de Ciencia participó de la creación del Centro Binacional Argentino Cubano de Biotecnología aplicada a vacunas y fármacos, y actualmente estaba a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.
Diario La Nación 1-3-2010
Tenía 58 años y era un referente en Chagas
En la madrugada de ayer, a los 58 años y a causa de una leucemia que no había dado a conocer ni siquiera a sus más entrañables amigos, falleció Mariano Levin, investigador del Conicet y referente internacional en mal de Chagas, una patología que amenaza a 100 millones de latinoamericanos y en cuyo estudio realizó importantes avances.
Levin había obtenido el título de licenciado en Análisis Clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se había doctorado en Bioquímica, en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1986.
A su regreso al país, fue uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi), del Conicet, donde creó el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas. También fue profesor de Genética Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Al conocerse la noticia, la conmoción recorrió a la comunidad científica, que lo consideraba un gran investigador y una gran persona. “Estamos conmocionados -comentó Gabriel Rabinovich, investigador del Conicet en el Instituto de Medicina y Biología Experimental (Ibyme)-. Fue una persona impresionante, sumamente generosa.” Alejandro Mentaberry, que fue su amigo desde los 15 años, lo recuerda como parte de una generación que dejó su impronta y transformó el sistema científico. “Mariano siempre se asumió como científico, pero también como ciudadano -subrayó-. Por eso se dedicó al Chagas con pasión, puso el pecho acá y jugó un papel muy importante en la formación de jóvenes investigadores.”
Estrecho asesor del ministro Lino Barañao, en el Ministerio de Ciencia participó de la creación del Centro Binacional Argentino Cubano de Biotecnología aplicada a vacunas y fármacos, y actualmente estaba a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.
Diario La Nación 1-3-2010
martes, 2 de marzo de 2010
DELACROIX : " LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO "
He emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella.
Eugène Delacroix
EL PEPE TUPAMARO
"Señora Presidenta de la Asamblea General, mi querida Lucía, Legisladores y Legisladoras que representan la diversidad de la Nación, Presidentes y Presidentas de países amigos que están con nosotros, altos funcionarios destacados para apoyar esta ceremonia, cuerpo Diplomático, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Señores ex Presidentes, Dirigentes de los Partidos Políticos del Uruguay y de las principales organizaciones sociales, de las comunidades religiosas, en fin, señores y señoras. A todos los aquí presentes, gracias.Y también gracias a todos ustedes, compatriotas del alma, que nos acompañan en sus casas y en las calles.
Mis conocimientos jurídicos, extraordinariamente escasos, me impiden dilucidar cuál es el momento exacto en que dejo de ser presidente electo para transformarme en presidente a secas.
No se si es ahora, o si es dentro de un rato, cuando reciba los símbolos del mando de manos de mi antecesor.
Por mi parte, desearía que el título de "electo" no desapareciera de mi vida de un día para otro. Tiene la virtud de recordarme a cada rato que soy presidente sólo por la voluntad de los electores.
"Electo" me advierte que no me distraiga y recuerde que estoy mandatado para la tarea. No en vano, el otro sobrenombre de los presidentes es "mandatario".
Primer mandatario, si se quiere, pero mandado por otros, no por sí mismo.
Con mejores palabras y más solemnidad, esto es lo que la constitución establece.
La Constitución es un marco, una guía, un contrato, un límite que encuadra a los gobiernos.
Ese es su propósito principal.
Pero es también un programa, que nos ordena cómo comportarnos, en cuestiones que tienen que ver con la esencia de la vida social
Por ejemplo, nos manda literalmente evitar que las cárceles sean instrumentos de mortificación.
O nos dice NO reconocer ninguna diferencia de raza, género o color.
¡Cuánta deuda tenemos aún con la constitución!!
¡Con qué naturalidad la desobedecemos!
No está de más recordarlo hoy, un día en que nos enorgullecemos de estar aplicando las reglas con todo rigor y detalle.
Pondremos todo nuestro empeño en cumplir los mandatos constitucionales. En cumplir los que aluden a las formas de organización política del país, por supuesto Y también en cumplir los enunciados constitucionales que describen la ética social que la nación quiere darse.
Hoy es el día cero o el día uno de mi gobierno.
Y para mí, gobernar empieza por crear las condiciones políticas para gobernar.
Por si suena como un traba-lenguas, lo repito:
para mí, gobernar, empieza por crear las condiciones políticas para gobernar.
Y gobernar, para generar transformaciones hacia el largo plazo, es más que nada crear las condiciones para gobernar 30 años con políticas de estado.
Me gustaría creer, que esta de hoy, es la sesión inaugural de un gobierno de 30 años.
No míos, por supuesto, ni tampoco del Frente Amplio, sino de un sistema de partidos, tan sabio y tan potente, que es capaz de generar túneles herméticos que atraviesan las distintos presidencias de los distintos partidos ,y que por allí, por esos túneles, corren intocadas las grandes líneas estratégicas de los grandes asuntos.
Asuntos como la educación, la infraestructura, la matriz energética o la seguridad ciudadana
Esto no es una reflexión para el bronce ni para la posteridad. Es una formal declaración de intenciones.
Me estoy imaginando el proceso político que viene, como una serie de encuentros, a los que unos llevamos los tornillos y otros llevan las tuercas.
Es decir, encuentros a los que todos concurrimos, con la actitud de quien está incompleto sin la otra parte.
En ese tono se va a desarrollar el próximo gobierno del Frente Amplio.
Asistiendo incansablemente a las mesas de negociación con vocación de acuerdo.
Puede ser que el gobierno tenga más tornillos que nadie,
Más tornillos que el Partido Nacional, más que el Partido Colorado, más que los empresarios y más que los sindicatos…
¿Pero de qué nos sirven los tornillos sueltos, si son incapaces de encontrar sus piezas complementarias en la sociedad?
Vamos a buscar así el dialogo, no de buenos, ni de mansos, sino porque creemos que esta idea de la complementariedad de las piezas sociales, es la que mejor se ajusta a la realidad.
Nos parece que el diagnóstico de concertación y convergencia es más correcto que el de conflicto, y que sólo con el diagnóstico correcto, se puede encontrar el tratamiento correcto.
Miramos la radiografía, y lo que vemos adentro de la sociedad, son formas convexas y cóncavas, negociando el ajuste, porque se necesitan entre si. Entonces pensamos que sería contra natura, que los representantes políticos de esos retazos sociales, nos dedicáramos a separar y no a concertar.
En Uruguay, todos los partidos políticos son socialmente heterogéneos. Pero los partidos tienen fracciones, y las fracciones tienen acentos sociales.
Pero aún en el caso de las fracciones más específicamente representativas de sectores, el mandato de sus votantes no es el de atropellar ciegamente para conquistar territorio.
Hace rato que todos aprendimos que las batallas por el todo o nada, son el mejor camino para que nada cambie y para que todo se estanque.
Queremos una vida política orientada a la concertación y a la suma, porque de verdad queremos transformar la realidad.
De verdad queremos terminar con la indigencia
De verdad queremos que la gente tenga trabajo.
De verdad queremos seguridad para la vida cotidiana.
De verdad queremos salud y previsión social bien humanas.
Nada de esto se consigue a los gritos. Basta mirar a los países que están adelante en estas materias y se verá que la mayor parte de ellos tienen una vida política serena.
Con poca épica, pocos héroes y pocos villanos.
Más bien, tienen políticos que son honrados artesanos de la construcción.
Nosotros queremos transformaciones y avances de verdad.
Queremos cambios de esos, que se tocan con la mano, que no sólo afectan las estadísticas sino la vida real de la gente.
Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política.
Y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para lograrla.
Por supuesto, nada de esto comienza con nosotros. El país tiene hermosas tradiciones de respeto recíproco que vienen de muy atrás.
Pero es probable que nunca hayamos estado tan cerca de conseguir un cambio cualitativo en la intensidad de esos vínculos entre partidos políticos.. Quizás ahora podemos pasar de la tolerancia a la colaboración, de la confrontación controlada a ciertos modos societarios de largo plazo.
Con el Frente Amplio en el gobierno, el país ha completado un ciclo. Ahora todos sabemos que los ciudadanos no le extienden cheques en blanco a ningún partido y que los votos hay que ganárselos una y otra vez en buena ley. Los ciudadanos nos han advertido a todos que ya no son incondicionales de ningún partido, que evalúan y auditan las gestiones, que los que hoy son protagonistas principales, mañana pueden convertirse en actores secundarios.
Después de 100 años, al fin, ya no hay partidos predestinados a ganar y partidos predestinados a perder.
Esa fue la dura lección que los lemas tradicionales recibieron en los últimos años. El país les advirtió que no eran tan diferentes entre sí como pretendían, que sus prácticas y estilos se parecían demasiado y que se necesitaban nuevos jugadores, para que el sistema recuperara una saludable tensión competitiva.
Por su parte el Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lecciones, no ya de los votantes sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas, que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias.
Y hasta tuvimos que aprender, con mucho dolor, y con vergüenza, que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción.
Estos últimos años han sido entonces de intenso aprendizaje para todos los actores políticos.
Es probable que todos estemos ahora más maduros y por tanto listos para pasar a una etapa cualitativamente nueva en el relacionamiento entre fuerzas políticas.
Cada una con su identidad y sus énfasis ideológicos.
Sin aflojarle ni a la pulseada ni al control recíproco.
Pero sí ampliando dos capacidades que estamos lejos de haber llevado al máximo: la sinceridad y la valentía.
Más sinceros en nuestro discurso político, llevando lo que decimos un poco más cerca de lo que de verdad pensamos y un poco menos atado a los que nos conviene.
Y más valientes para explicarle, cada uno a su propia gente, los límites de nuestras respectivas utopías.
Esa sinceridad y esa valentía van a ser necesarias para llevar adelante las políticas de estado que proyectamos.
Para ponernos de acuerdo vamos a tener que rebajar nuestras respectivas posturas y promediarlas con las otras.
Y esa rebaja implica líos obligatorios con nuestras bases políticas.
Ese va a ser un test de valentía.
Los temas de estado deben ser pocos y selectos.
Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad.
Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar por 4 asuntos:
educación, energía, medio ambiente y seguridad.
Permítanme un pequeño subrayado: educación, educación, educación.
Y otra vez, educación.
Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo 100 veces, "debo ocuparme de la educación"
Por que allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación dependen buena parte de las potencialidades productivas de un país. Pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana.
Y seguramente, cualquiera de los aquí presentes podría seguir agregando argumentos sobre el carácter prioritario de la educación.
Pero, lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es ¿a qué cosas vamos a renunciar, para darle recursos a la educación?
¿Qué proyectos vamos a postergar, qué retribuciones vamos a negar, qué obras dejarán de hacerse?
Con cuántos "NO" habrá que pagar el gran "SÍ" a la educación!
Ningún partido querrá quedar en soledad para hacerse responsable de todo ese desgaste. Tendremos que hacerlo juntos, decidirlo juntos y por supuesto, poner el pecho juntos.
Este es el significado de las políticas de estado.
Sus consecuencias no deben beneficiar ni perjudicar a ningún partido en particular.
¿Estamos dispuestos a hacerlo?
Si no lo estamos, todas nuestras grandes declaraciones de amor por la educación, no serán más que palabrerío de discurso político.
También hemos sugerido que los temas de infraestructura de energía, sean separados de la agenda gubernamental corriente, y tratados en común por todos los partidos.
La energía es un asunto lleno de complicaciones técnicas.
Implica complejos pronósticos sobre el stock de recursos no renovables, como los hidrocarburos. Pero también implica casi adivinanzas, sobre lo que nos traerá el desarrollo tecnológico de la energía solar o de la energía eólica. E implica cálculos, de resultado todavía incierto, sobre la conveniencia de hacer agricultura de alimentos o agricultura para producir bio-combustibles.
Pero después que todos los ingenieros y todos los adivinadores del futuro den su veredicto, la política tendrá que ocuparse de las definiciones estratégicas, en temas en los que la opinión social va a estar dividida.
El más notorio de esos temas, es el uso de energía nuclear para generar electricidad.
Otro, es cuanto estamos dispuesto a pagar para apoyar las energías renovables que no son económicamente rentables, incluidos los biocombustibles.
En estos temas, tan imprevisibles, el aumento de la base de sustento político no garantiza que se tomen decisiones óptimas. Pero SÏ asegura que los rumbos elegidos no serán modificados sobre la marcha.
En materia energética no se puede avanzar en zig-zag. Porque pueden pasar décadas entre el momento en que un proyecto comienza a andar, y el momento en que empieza a producir.
También , hemos reservado las estrategias de medio ambiente, para ser tratadas en régimen de políticas de estado.
Hoy la comunidad internacional nos pide que nos pensemos a notros mismos como miembros de una especie, cuyo hábitat está cada vez más amenazado. Hace años que el país ha incorporado una fuerte consciencia sobre el tema, ha legislado con sabiduría y ha operado con decisión y transparencia.
Pero la tensión, entre el cuidado del medio ambiente y la expansión productiva, va a ir en aumento. Vamos a estar cada vez más tironeados, entre las promesas de la explosión agrícola, y las amenazas asociadas al uso intensivo de agroquímicos.
Para no hablar de asuntos aún mas complejos, como las incógnitas vinculadas a la modificación genética, de las especies vegetales.
¡Hasta nuestras pobres vacas! con sus emisiones de gases, son un enorme tema de discusión medio ambiental en el mundo.
Sobre todos estos asuntos, ya empiezan a escucharse algunos tambores de guerra. Afortunadamente, de guerra conceptual, entre los partidarios de la producción a rajatabla, y los preservacionistas a toda costa.
El estado deberá arbitrar y tomar las mejores decisiones.
Sean las que sean, deben tener un ancho respaldo político, para que tengan toda la legitimidad posible y puedan sostenerse en el tiempo, contra viento y marea.
Aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente, porque para cuidar el medio ambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas. O al revés, para sostener la producción, habrá que rebajar la ambición de una naturaleza intocada.
Nos jugamos mucho en todo esto. Tenemos que decidirlo entre todos.
Y después, enfrentar las consecuencias entre todos.
La seguridad ciudadana, es el último tema que estamos proponiendo abordar, de inmediato, en régimen de políticas de estado.
No lo incluiríamos, si sólo se tratara de mejorar la lucha contra una aumentada delincuencia tradicional. Creemos, que no sólo estamos frente a un escenario de números crecientes, sino ante transformaciones cualitativas.
Ahora tenemos drogas, como la pasta base, de muy bajo costo, que no sólo destruyen al adicto sino que lo inducen a la violencia.
Y tenemos mafias enriquecidas, con amplia capacidad de generar corrupción en la policía. Y tenemos operadores del narcotráfico internacional, que usan el país para el tránsito, la distribución y el lavado de dinero.
Aún, somos una sociedad tranquila y relativamente segura. Pero lo peor que podríamos hacer, es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública y desde el sistema político tenemos que responder sin demora y a fondo.
Educación, energía, medio ambiente y seguridad son los temas para los que debiéramos definir estrategias orientadas al largo plazo y luego, arroparlas, protegerlas del vaivén político para que puedan proyectarse en el tiempo y consumar sus efectos.
Para todo lo demás, necesitamos que la política discurra en sus formas naturales: es decir, el gobierno en el gobierno y la oposición en la oposición.
Con respeto recíproco, pero cada uno en su lugar.
Como gobierno, nos corresponde la iniciativa para trazar el mapa de ruta.
Aquí vamos.
Lo que hoy comienza, se define a sí mismo, entusiastamente, como un segundo gobierno. Ya lo dijimos en la campaña: nuestro programa se resume en 2 palabras "Más de lo mismo"
En primer lugar, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía, para que la gente pueda trabajar tranquila, e invertir tranquila.
Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficit, serios en la política monetaria y más que serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero.
Permítanme decirlo de una manera provocativa: vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía.
Lo que vamos a compensar largamente, siendo heterodoxos, innovadores y atrevidos, en otros aspectos.
En particular, vamos a tener un estado activo, en el estímulo a lo que hemos llamado, el país agro inteligente.
El agro uruguayo está viviendo una revolución tecnológica y empresarial, creciendo muy por encima del resto del país.
Los problemas son hoy otros: la sustentabilidad del suelo, la incorporación masiva del riego como factor de producción y sobre todo de mitigación ante las frecuentes sequías. Los proyectos de fuentes de agua que involucran predios de diferente propiedad, marcan una época y es un deber darles el máximo apoyo. Las políticas de reserva y de seguros son exigencias de la adaptación al cambio climático. La investigación, la recreación genética, la alta especialización en las ramas biológicas que nutren el trabajo agrícola de toda esta región, definible como último reservorio alimentario de la humanidad, son para nosotros el capítulo central de una especialización que hemos en llamar ¨el país agro-inteligente¨
Queremos que la tierra nos de uno. Y a ese uno, agregarle 10 de trabajo inteligente. Para al final tener un valor de 11, verdadero, competitivo, exportable.
No vamos a inventar nada, vamos con humildad detrás del ejemplo de otros países pequeños, como Nueva Zelanda o Dinamarca.
Si el país fuera una ecuación, diría que la fórmula a intentar es
agro + inteligencia + turismo + logística regional. Y punto.
Esta, es nuestra gran ilusión.
A mi juicio, la única gran ilusión disponible para el país.
Por eso, no vamos a esperar de brazos cruzados que nos la traiga el destino o el mercado. Vamos a salir a buscarla con decisión.
Pero también con seriedad.
Apoyando sólo aquellas actividades, que una vez maduras, tengan verdadera chance de subsistir por sí mismas.
No queremos repetir errores del pasado.
En particular no queremos que nos vuelva a pasar lo que ocurrió entre los años 50 y 70, cuando la sociedad desperdició enormes recursos, en la quimera de industrias imposibles.
Ya una vez quisimos ser antárticos, y producirlo todo fronteras adentro. Nos fue mal, muy mal.
Seria criminal no aprender de aquellos dolores y volver a una economía enjaulada y cerrada al mundo.
Y si vamos a ser proactivos en ciertas dimensiones de la economía productiva, vamos a ser el doble de proactivos en la búsqueda de una mayor equidad social.
¡Eso sí, que no vamos a esperarlo sentados.!
¡Ahí sí, que no tenemos paciencia para esperar que la prosperidad resuelva sola las cosas.
Tal como hizo el gobierno que termina, vamos a llevar el gasto social a los máximos posibles. Y vamos a sostener y profundizar los múltiples programas solidarios emprendidos en los últimos 5 años.
Ya bajamos la indigencia a la mitad, pero aún queda un 2 % de la población en esa situación. El objetivo es terminar con esta vergüenza nacional, y que hasta el último de los habitantes del país, tenga sus necesidades básicas satisfechas, en los términos definidos por las Naciones Unidas.
Pero con saciar las necesidades básicas no hacemos nada!
Hoy, y después de años de prosperidad y de esfuerzo solidario, 1 de cada 5 uruguayos, sigue en condiciones de pobreza.
Aún, si al país como conjunto, le sigue yendo bien, estamos amenazados en convertirnos en una sociedad que avanza a 2 velocidades:
unos recogen los frutos de un crecimiento acelerado,
otros - por retraso cultural y marginación - apenas los contemplan.
No es justo, pero además es peligroso, porque no queremos un país que se luzca en las estadísticas, sino un país que sea bueno para vivir.
Y no será bueno, si la prosperidad y el bienestar de una familia, se tiene que disfrutar con muros o alambres de púa.
De nuevo, para enfrentar la pobreza, la educación es la gran fuente de esperanzas.
La escuela y sus maestros, son el ariete principal que hemos de usar para integrar a aquellos a los que las penurias dejaron al costado.
El combate a la pobreza dura tiene mucho de acción formativa en la niñez y la adolescencia.
A la cabeza de todas las prioridades va a estar la masificación de las escuelas de tiempo completo, seguido por el fortalecimiento de la Universidad del Trabajo y el sostén de esa maravilla que es el Plan Ceibal.
Ya tenemos una computadora por niño y por maestro. Ahora vamos por una computadora por adolescente y por profesor.
Y por conexión a Internet en todos los hogares.
Si la educación es la vacuna, contra la pobreza del futuro, la vivienda es el remedio urgente para la pobreza de hoy.
En primera instancia desplegaremos un abanico de iniciativas solidarias con la vivienda carenciada, DENTRO Y FUERA de los recursos presupuestales.
Apelaremos al esfuerzo social. Vamos a demostrar que la sociedad tiene otras reservas de solidaridad que no están en el Estado.
Me niego al escepticismo, sé que todos podemos hacer algo por los demás y que lo vamos a demostrar.
¡Van a ver! , van a aparecer materiales, dinero, cabezas profesionales y brazos generosos.
! LES APUESTO A QUE SI !
No quiero olvidarme de nuestros pobres de uniforme.
Las FF AA, llenas de pobres, van a ser parte del Plan de Emergencia Habitacional y vamos a movernos rápido para aliviar en algo la penuria salarial que las aflige.
El pasado no es excusa para que hoy no nos demos cuenta que una patria de todos incluye a estos soldados.
Nuestro reconocimiento para aquellos compatriotas militares que sirven en Haití y han demostrado una admirable entereza y eficiencia solidaria.
En estos años, el Uruguay ha cambiado mucho, y nadie discute que ha cambiado para bien.
Allí están los números económicos y sociales, de todos los colores.
Pero hay un cambio menos visible, imposible de cuantificar, pero a mi juicio de gran importancia: el cambio en la autoestima, el cambio en la manera que nos percibimos a nosotros mismos y a los horizontes posibles.
Nuestros modestos éxitos nos han hecho más ambiciosos y más inconformistas.
¡Bienvenido inconformismo!
¡Bienvenido el cuestionamiento de viejas certezas!
Y en esta línea:
BIENVENIDO EL PROFUNDO CUESTIONAMIENTO DEL ESTADO URUGUAYO.
Del estado hacia adentro, como estructura, como organización, como prestador de servicios.
El Uruguay se mantuvo al margen de los vientos privatizadores de los años 90. Es más, la sociedad recibió propuestas, las consideró y las rechazó explícitamente.
Estuvimos entre los abanderados de ese rechazo y no nos arrepentimos.
Pero el respaldo de los ciudadanos, fue a un modo de propiedad social, no a un modo de gestión de la cosa pública y menos, a sus resultados.
Es probable que aquellos eventos y estas confusiones, hayan postergado demasiado la discusión franca sobre el Estado, sobre los recursos que consume y sobre la calidad de los servicios que presta.
Hoy una revisación profunda es impostergable.
Necesitamos evaluaciones serias, imparciales y profundas.
Necesitamos números y comparaciones.
Y con todo eso a la vista, tenemos que rediseñar el Estado.
Todos sabemos que puede ser más eficiente y más barato.
Esta reforma, no va ser en contra de los funcionarios sino con los funcionarios.
Pero tampoco vale hacerse el distraído: el 90 % de la eficacia del estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos.
La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que, funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural.
Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen ser manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica.
Del mismo modo la sociedad uruguaya ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003, casi 200 mil personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otras 200 mil sufrieron rebajas en sus salarios, y todos fueron trabajadores privados.
Como bien ha dicho el presidente Tabaré Vazquez, esta es la madre de todas las reformas. No deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando.
¿En que mundo vivimos? No está fácil de saber.
Me gustaría preguntárselo, a cada uno de los ilustres visitantes que están aquí.
Aunque sin duda tienen "mucho mundo", me atrevería a decir que no van a poder darme una respuesta simple.
¿Verdad que no?
El mundo está cambiando a cada rato
Y lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría, de cómo se construye, uno mejor.
Todavía no acabamos de padecer las consecuencias de la crisis planetaria, con que nos obsequió el sistema financiero, en la cumbre del mundo.
Descubrimos que habían creado un universo de burbuja y de casino. Pero que desde allí, no solo se jugaba a la ruleta, sino que se podía golpear al mundo productivo real.
Durante la crisis, para rescatar lo que quedaba en pie, se rompieron dogmas que parecían sagrados, se decretó la muerte de los paradigmas vigentes y se volvió a la política, como a un refugio de esperanza.
Hoy ante los desafíos no previsibles de la realidad, casi todos pensamos que ningún camino puede descartarse a priori,
ninguna experiencia desconocerse, ninguna fórmula archivarse para siempre.
Sólo el dogmatismo, quedó sepultado.
No está fácil navegar. Las brújulas ya no están seguras de donde quedan los puntos cardinales.
Así que mirando las estrellas nos quedan algunas pocas certezas para orientarnos.
Primero, que el mundo ya no hay un centro sino varios y que la globalización es un hecho irreversible.
Por todos lados, los humanos anudamos nuestro destino y nos hacemos mutuamente dependientes. La idea de cerrase al mundo quedó obsoleta.
Pero a su vez, el proteccionismo sigue vivito y coleando, y a menudo es protagonizado por unidades de tamaño continental.
Los latinoamericanos, un poco a los tumbos, estamos intentando construir mercados más grandes.
¡Pero como nos cuesta!!
Somos una familia balcanizada, que quiere juntarse, pero no puede. Hicimos, tal vez, muchos hermosos países, pero seguimos fracasando en hacer la Patria Grande.
Por lo menos hasta ahora.
No perdemos la esperanza, porque aún están vivos los sentimientos: desde el Río Bravo a las Malvinas vive una sola nación, la nación latino-americana.
Dentro de nuestro hogar latinoamericano, tenemos un dormitorio que compartimos y que se llama MERCOSUR.
! AYY MERCOSUR!
¡Cuanto amor y cuando enojo nos suscita!
Hoy estamos en público y no es el momento de hablar de los temas de alcoba.
Solo déjenme afirmar que para nosotros, el MERCOSUR es "hasta que la muerte nos separe" y que esperamos una actitud reciproca de nuestros socios mayores.
Finalmente, deseamos que el Bicentenario nos encuentre con un Río de la Plata más angosto, despejados todos los caminos que nos unen.
He reservado para el final, la más grata de todas las tareas:
saludar la presencia de quienes han venido a acompañarnos desde el exterior, especialmente de aquéllos que han venido desde muy lejos, casi inesperadamente.
Años atrás hubiéramos considerado estas visitas como un valioso gesto diplomático, una cortesía de país a país.
Creo que en los últimos tiempos, estas presencias tienen un significado mucho más intenso y mucho más político. Siento que al estar aquí, ustedes expresan el respaldo a los procesos democráticos de renovación del poder. Se hacen testigos de la celebración.
¡Ya sabíamos del afecto ¡ Pero nos gusta más sentirlo en la presencia física de todos ustedes. Sentirlo cara a cara. Y también corresponderlo cara a cara!
Esto es así, para el afecto entre la gente y para el afecto entre los países. Quererse de cerca, debería estar recomendado en las academias de diplomacia.
Así que, amigos del mundo aquí presentes, reciban el agradecimiento del Uruguay entero. Sepan que no sólo estamos honrados por su presencia. También estamos contentos de tenerlos aquí y hasta diría que un poco conmovidos.
Para terminar, déjenme llegar al borde de la exageración, y decir que,
este gobierno que empieza, no lo ganamos, sino que lo heredamos.
Porque la principal razón de mi llegada a la presidencia, es el éxito logrado por el primer gobierno del FA, encabezado por el Doctor Tabaré Vázquez.
El y sus equipos han hecho un gran trabajo: les digo muchas gracias en nombre de 3 millones de uruguayos.
Nosotros, vamos a seguir por el mismo camino, construyendo una
PATRIA PARA TODOS
Y CON TODOS
MUCHAS GRACIAS
Mis conocimientos jurídicos, extraordinariamente escasos, me impiden dilucidar cuál es el momento exacto en que dejo de ser presidente electo para transformarme en presidente a secas.
No se si es ahora, o si es dentro de un rato, cuando reciba los símbolos del mando de manos de mi antecesor.
Por mi parte, desearía que el título de "electo" no desapareciera de mi vida de un día para otro. Tiene la virtud de recordarme a cada rato que soy presidente sólo por la voluntad de los electores.
"Electo" me advierte que no me distraiga y recuerde que estoy mandatado para la tarea. No en vano, el otro sobrenombre de los presidentes es "mandatario".
Primer mandatario, si se quiere, pero mandado por otros, no por sí mismo.
Con mejores palabras y más solemnidad, esto es lo que la constitución establece.
La Constitución es un marco, una guía, un contrato, un límite que encuadra a los gobiernos.
Ese es su propósito principal.
Pero es también un programa, que nos ordena cómo comportarnos, en cuestiones que tienen que ver con la esencia de la vida social
Por ejemplo, nos manda literalmente evitar que las cárceles sean instrumentos de mortificación.
O nos dice NO reconocer ninguna diferencia de raza, género o color.
¡Cuánta deuda tenemos aún con la constitución!!
¡Con qué naturalidad la desobedecemos!
No está de más recordarlo hoy, un día en que nos enorgullecemos de estar aplicando las reglas con todo rigor y detalle.
Pondremos todo nuestro empeño en cumplir los mandatos constitucionales. En cumplir los que aluden a las formas de organización política del país, por supuesto Y también en cumplir los enunciados constitucionales que describen la ética social que la nación quiere darse.
Hoy es el día cero o el día uno de mi gobierno.
Y para mí, gobernar empieza por crear las condiciones políticas para gobernar.
Por si suena como un traba-lenguas, lo repito:
para mí, gobernar, empieza por crear las condiciones políticas para gobernar.
Y gobernar, para generar transformaciones hacia el largo plazo, es más que nada crear las condiciones para gobernar 30 años con políticas de estado.
Me gustaría creer, que esta de hoy, es la sesión inaugural de un gobierno de 30 años.
No míos, por supuesto, ni tampoco del Frente Amplio, sino de un sistema de partidos, tan sabio y tan potente, que es capaz de generar túneles herméticos que atraviesan las distintos presidencias de los distintos partidos ,y que por allí, por esos túneles, corren intocadas las grandes líneas estratégicas de los grandes asuntos.
Asuntos como la educación, la infraestructura, la matriz energética o la seguridad ciudadana
Esto no es una reflexión para el bronce ni para la posteridad. Es una formal declaración de intenciones.
Me estoy imaginando el proceso político que viene, como una serie de encuentros, a los que unos llevamos los tornillos y otros llevan las tuercas.
Es decir, encuentros a los que todos concurrimos, con la actitud de quien está incompleto sin la otra parte.
En ese tono se va a desarrollar el próximo gobierno del Frente Amplio.
Asistiendo incansablemente a las mesas de negociación con vocación de acuerdo.
Puede ser que el gobierno tenga más tornillos que nadie,
Más tornillos que el Partido Nacional, más que el Partido Colorado, más que los empresarios y más que los sindicatos…
¿Pero de qué nos sirven los tornillos sueltos, si son incapaces de encontrar sus piezas complementarias en la sociedad?
Vamos a buscar así el dialogo, no de buenos, ni de mansos, sino porque creemos que esta idea de la complementariedad de las piezas sociales, es la que mejor se ajusta a la realidad.
Nos parece que el diagnóstico de concertación y convergencia es más correcto que el de conflicto, y que sólo con el diagnóstico correcto, se puede encontrar el tratamiento correcto.
Miramos la radiografía, y lo que vemos adentro de la sociedad, son formas convexas y cóncavas, negociando el ajuste, porque se necesitan entre si. Entonces pensamos que sería contra natura, que los representantes políticos de esos retazos sociales, nos dedicáramos a separar y no a concertar.
En Uruguay, todos los partidos políticos son socialmente heterogéneos. Pero los partidos tienen fracciones, y las fracciones tienen acentos sociales.
Pero aún en el caso de las fracciones más específicamente representativas de sectores, el mandato de sus votantes no es el de atropellar ciegamente para conquistar territorio.
Hace rato que todos aprendimos que las batallas por el todo o nada, son el mejor camino para que nada cambie y para que todo se estanque.
Queremos una vida política orientada a la concertación y a la suma, porque de verdad queremos transformar la realidad.
De verdad queremos terminar con la indigencia
De verdad queremos que la gente tenga trabajo.
De verdad queremos seguridad para la vida cotidiana.
De verdad queremos salud y previsión social bien humanas.
Nada de esto se consigue a los gritos. Basta mirar a los países que están adelante en estas materias y se verá que la mayor parte de ellos tienen una vida política serena.
Con poca épica, pocos héroes y pocos villanos.
Más bien, tienen políticos que son honrados artesanos de la construcción.
Nosotros queremos transformaciones y avances de verdad.
Queremos cambios de esos, que se tocan con la mano, que no sólo afectan las estadísticas sino la vida real de la gente.
Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política.
Y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para lograrla.
Por supuesto, nada de esto comienza con nosotros. El país tiene hermosas tradiciones de respeto recíproco que vienen de muy atrás.
Pero es probable que nunca hayamos estado tan cerca de conseguir un cambio cualitativo en la intensidad de esos vínculos entre partidos políticos.. Quizás ahora podemos pasar de la tolerancia a la colaboración, de la confrontación controlada a ciertos modos societarios de largo plazo.
Con el Frente Amplio en el gobierno, el país ha completado un ciclo. Ahora todos sabemos que los ciudadanos no le extienden cheques en blanco a ningún partido y que los votos hay que ganárselos una y otra vez en buena ley. Los ciudadanos nos han advertido a todos que ya no son incondicionales de ningún partido, que evalúan y auditan las gestiones, que los que hoy son protagonistas principales, mañana pueden convertirse en actores secundarios.
Después de 100 años, al fin, ya no hay partidos predestinados a ganar y partidos predestinados a perder.
Esa fue la dura lección que los lemas tradicionales recibieron en los últimos años. El país les advirtió que no eran tan diferentes entre sí como pretendían, que sus prácticas y estilos se parecían demasiado y que se necesitaban nuevos jugadores, para que el sistema recuperara una saludable tensión competitiva.
Por su parte el Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lecciones, no ya de los votantes sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas, que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias.
Y hasta tuvimos que aprender, con mucho dolor, y con vergüenza, que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción.
Estos últimos años han sido entonces de intenso aprendizaje para todos los actores políticos.
Es probable que todos estemos ahora más maduros y por tanto listos para pasar a una etapa cualitativamente nueva en el relacionamiento entre fuerzas políticas.
Cada una con su identidad y sus énfasis ideológicos.
Sin aflojarle ni a la pulseada ni al control recíproco.
Pero sí ampliando dos capacidades que estamos lejos de haber llevado al máximo: la sinceridad y la valentía.
Más sinceros en nuestro discurso político, llevando lo que decimos un poco más cerca de lo que de verdad pensamos y un poco menos atado a los que nos conviene.
Y más valientes para explicarle, cada uno a su propia gente, los límites de nuestras respectivas utopías.
Esa sinceridad y esa valentía van a ser necesarias para llevar adelante las políticas de estado que proyectamos.
Para ponernos de acuerdo vamos a tener que rebajar nuestras respectivas posturas y promediarlas con las otras.
Y esa rebaja implica líos obligatorios con nuestras bases políticas.
Ese va a ser un test de valentía.
Los temas de estado deben ser pocos y selectos.
Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad.
Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar por 4 asuntos:
educación, energía, medio ambiente y seguridad.
Permítanme un pequeño subrayado: educación, educación, educación.
Y otra vez, educación.
Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo 100 veces, "debo ocuparme de la educación"
Por que allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación dependen buena parte de las potencialidades productivas de un país. Pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana.
Y seguramente, cualquiera de los aquí presentes podría seguir agregando argumentos sobre el carácter prioritario de la educación.
Pero, lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es ¿a qué cosas vamos a renunciar, para darle recursos a la educación?
¿Qué proyectos vamos a postergar, qué retribuciones vamos a negar, qué obras dejarán de hacerse?
Con cuántos "NO" habrá que pagar el gran "SÍ" a la educación!
Ningún partido querrá quedar en soledad para hacerse responsable de todo ese desgaste. Tendremos que hacerlo juntos, decidirlo juntos y por supuesto, poner el pecho juntos.
Este es el significado de las políticas de estado.
Sus consecuencias no deben beneficiar ni perjudicar a ningún partido en particular.
¿Estamos dispuestos a hacerlo?
Si no lo estamos, todas nuestras grandes declaraciones de amor por la educación, no serán más que palabrerío de discurso político.
También hemos sugerido que los temas de infraestructura de energía, sean separados de la agenda gubernamental corriente, y tratados en común por todos los partidos.
La energía es un asunto lleno de complicaciones técnicas.
Implica complejos pronósticos sobre el stock de recursos no renovables, como los hidrocarburos. Pero también implica casi adivinanzas, sobre lo que nos traerá el desarrollo tecnológico de la energía solar o de la energía eólica. E implica cálculos, de resultado todavía incierto, sobre la conveniencia de hacer agricultura de alimentos o agricultura para producir bio-combustibles.
Pero después que todos los ingenieros y todos los adivinadores del futuro den su veredicto, la política tendrá que ocuparse de las definiciones estratégicas, en temas en los que la opinión social va a estar dividida.
El más notorio de esos temas, es el uso de energía nuclear para generar electricidad.
Otro, es cuanto estamos dispuesto a pagar para apoyar las energías renovables que no son económicamente rentables, incluidos los biocombustibles.
En estos temas, tan imprevisibles, el aumento de la base de sustento político no garantiza que se tomen decisiones óptimas. Pero SÏ asegura que los rumbos elegidos no serán modificados sobre la marcha.
En materia energética no se puede avanzar en zig-zag. Porque pueden pasar décadas entre el momento en que un proyecto comienza a andar, y el momento en que empieza a producir.
También , hemos reservado las estrategias de medio ambiente, para ser tratadas en régimen de políticas de estado.
Hoy la comunidad internacional nos pide que nos pensemos a notros mismos como miembros de una especie, cuyo hábitat está cada vez más amenazado. Hace años que el país ha incorporado una fuerte consciencia sobre el tema, ha legislado con sabiduría y ha operado con decisión y transparencia.
Pero la tensión, entre el cuidado del medio ambiente y la expansión productiva, va a ir en aumento. Vamos a estar cada vez más tironeados, entre las promesas de la explosión agrícola, y las amenazas asociadas al uso intensivo de agroquímicos.
Para no hablar de asuntos aún mas complejos, como las incógnitas vinculadas a la modificación genética, de las especies vegetales.
¡Hasta nuestras pobres vacas! con sus emisiones de gases, son un enorme tema de discusión medio ambiental en el mundo.
Sobre todos estos asuntos, ya empiezan a escucharse algunos tambores de guerra. Afortunadamente, de guerra conceptual, entre los partidarios de la producción a rajatabla, y los preservacionistas a toda costa.
El estado deberá arbitrar y tomar las mejores decisiones.
Sean las que sean, deben tener un ancho respaldo político, para que tengan toda la legitimidad posible y puedan sostenerse en el tiempo, contra viento y marea.
Aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente, porque para cuidar el medio ambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas. O al revés, para sostener la producción, habrá que rebajar la ambición de una naturaleza intocada.
Nos jugamos mucho en todo esto. Tenemos que decidirlo entre todos.
Y después, enfrentar las consecuencias entre todos.
La seguridad ciudadana, es el último tema que estamos proponiendo abordar, de inmediato, en régimen de políticas de estado.
No lo incluiríamos, si sólo se tratara de mejorar la lucha contra una aumentada delincuencia tradicional. Creemos, que no sólo estamos frente a un escenario de números crecientes, sino ante transformaciones cualitativas.
Ahora tenemos drogas, como la pasta base, de muy bajo costo, que no sólo destruyen al adicto sino que lo inducen a la violencia.
Y tenemos mafias enriquecidas, con amplia capacidad de generar corrupción en la policía. Y tenemos operadores del narcotráfico internacional, que usan el país para el tránsito, la distribución y el lavado de dinero.
Aún, somos una sociedad tranquila y relativamente segura. Pero lo peor que podríamos hacer, es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública y desde el sistema político tenemos que responder sin demora y a fondo.
Educación, energía, medio ambiente y seguridad son los temas para los que debiéramos definir estrategias orientadas al largo plazo y luego, arroparlas, protegerlas del vaivén político para que puedan proyectarse en el tiempo y consumar sus efectos.
Para todo lo demás, necesitamos que la política discurra en sus formas naturales: es decir, el gobierno en el gobierno y la oposición en la oposición.
Con respeto recíproco, pero cada uno en su lugar.
Como gobierno, nos corresponde la iniciativa para trazar el mapa de ruta.
Aquí vamos.
Lo que hoy comienza, se define a sí mismo, entusiastamente, como un segundo gobierno. Ya lo dijimos en la campaña: nuestro programa se resume en 2 palabras "Más de lo mismo"
En primer lugar, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía, para que la gente pueda trabajar tranquila, e invertir tranquila.
Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficit, serios en la política monetaria y más que serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero.
Permítanme decirlo de una manera provocativa: vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía.
Lo que vamos a compensar largamente, siendo heterodoxos, innovadores y atrevidos, en otros aspectos.
En particular, vamos a tener un estado activo, en el estímulo a lo que hemos llamado, el país agro inteligente.
El agro uruguayo está viviendo una revolución tecnológica y empresarial, creciendo muy por encima del resto del país.
Los problemas son hoy otros: la sustentabilidad del suelo, la incorporación masiva del riego como factor de producción y sobre todo de mitigación ante las frecuentes sequías. Los proyectos de fuentes de agua que involucran predios de diferente propiedad, marcan una época y es un deber darles el máximo apoyo. Las políticas de reserva y de seguros son exigencias de la adaptación al cambio climático. La investigación, la recreación genética, la alta especialización en las ramas biológicas que nutren el trabajo agrícola de toda esta región, definible como último reservorio alimentario de la humanidad, son para nosotros el capítulo central de una especialización que hemos en llamar ¨el país agro-inteligente¨
Queremos que la tierra nos de uno. Y a ese uno, agregarle 10 de trabajo inteligente. Para al final tener un valor de 11, verdadero, competitivo, exportable.
No vamos a inventar nada, vamos con humildad detrás del ejemplo de otros países pequeños, como Nueva Zelanda o Dinamarca.
Si el país fuera una ecuación, diría que la fórmula a intentar es
agro + inteligencia + turismo + logística regional. Y punto.
Esta, es nuestra gran ilusión.
A mi juicio, la única gran ilusión disponible para el país.
Por eso, no vamos a esperar de brazos cruzados que nos la traiga el destino o el mercado. Vamos a salir a buscarla con decisión.
Pero también con seriedad.
Apoyando sólo aquellas actividades, que una vez maduras, tengan verdadera chance de subsistir por sí mismas.
No queremos repetir errores del pasado.
En particular no queremos que nos vuelva a pasar lo que ocurrió entre los años 50 y 70, cuando la sociedad desperdició enormes recursos, en la quimera de industrias imposibles.
Ya una vez quisimos ser antárticos, y producirlo todo fronteras adentro. Nos fue mal, muy mal.
Seria criminal no aprender de aquellos dolores y volver a una economía enjaulada y cerrada al mundo.
Y si vamos a ser proactivos en ciertas dimensiones de la economía productiva, vamos a ser el doble de proactivos en la búsqueda de una mayor equidad social.
¡Eso sí, que no vamos a esperarlo sentados.!
¡Ahí sí, que no tenemos paciencia para esperar que la prosperidad resuelva sola las cosas.
Tal como hizo el gobierno que termina, vamos a llevar el gasto social a los máximos posibles. Y vamos a sostener y profundizar los múltiples programas solidarios emprendidos en los últimos 5 años.
Ya bajamos la indigencia a la mitad, pero aún queda un 2 % de la población en esa situación. El objetivo es terminar con esta vergüenza nacional, y que hasta el último de los habitantes del país, tenga sus necesidades básicas satisfechas, en los términos definidos por las Naciones Unidas.
Pero con saciar las necesidades básicas no hacemos nada!
Hoy, y después de años de prosperidad y de esfuerzo solidario, 1 de cada 5 uruguayos, sigue en condiciones de pobreza.
Aún, si al país como conjunto, le sigue yendo bien, estamos amenazados en convertirnos en una sociedad que avanza a 2 velocidades:
unos recogen los frutos de un crecimiento acelerado,
otros - por retraso cultural y marginación - apenas los contemplan.
No es justo, pero además es peligroso, porque no queremos un país que se luzca en las estadísticas, sino un país que sea bueno para vivir.
Y no será bueno, si la prosperidad y el bienestar de una familia, se tiene que disfrutar con muros o alambres de púa.
De nuevo, para enfrentar la pobreza, la educación es la gran fuente de esperanzas.
La escuela y sus maestros, son el ariete principal que hemos de usar para integrar a aquellos a los que las penurias dejaron al costado.
El combate a la pobreza dura tiene mucho de acción formativa en la niñez y la adolescencia.
A la cabeza de todas las prioridades va a estar la masificación de las escuelas de tiempo completo, seguido por el fortalecimiento de la Universidad del Trabajo y el sostén de esa maravilla que es el Plan Ceibal.
Ya tenemos una computadora por niño y por maestro. Ahora vamos por una computadora por adolescente y por profesor.
Y por conexión a Internet en todos los hogares.
Si la educación es la vacuna, contra la pobreza del futuro, la vivienda es el remedio urgente para la pobreza de hoy.
En primera instancia desplegaremos un abanico de iniciativas solidarias con la vivienda carenciada, DENTRO Y FUERA de los recursos presupuestales.
Apelaremos al esfuerzo social. Vamos a demostrar que la sociedad tiene otras reservas de solidaridad que no están en el Estado.
Me niego al escepticismo, sé que todos podemos hacer algo por los demás y que lo vamos a demostrar.
¡Van a ver! , van a aparecer materiales, dinero, cabezas profesionales y brazos generosos.
! LES APUESTO A QUE SI !
No quiero olvidarme de nuestros pobres de uniforme.
Las FF AA, llenas de pobres, van a ser parte del Plan de Emergencia Habitacional y vamos a movernos rápido para aliviar en algo la penuria salarial que las aflige.
El pasado no es excusa para que hoy no nos demos cuenta que una patria de todos incluye a estos soldados.
Nuestro reconocimiento para aquellos compatriotas militares que sirven en Haití y han demostrado una admirable entereza y eficiencia solidaria.
En estos años, el Uruguay ha cambiado mucho, y nadie discute que ha cambiado para bien.
Allí están los números económicos y sociales, de todos los colores.
Pero hay un cambio menos visible, imposible de cuantificar, pero a mi juicio de gran importancia: el cambio en la autoestima, el cambio en la manera que nos percibimos a nosotros mismos y a los horizontes posibles.
Nuestros modestos éxitos nos han hecho más ambiciosos y más inconformistas.
¡Bienvenido inconformismo!
¡Bienvenido el cuestionamiento de viejas certezas!
Y en esta línea:
BIENVENIDO EL PROFUNDO CUESTIONAMIENTO DEL ESTADO URUGUAYO.
Del estado hacia adentro, como estructura, como organización, como prestador de servicios.
El Uruguay se mantuvo al margen de los vientos privatizadores de los años 90. Es más, la sociedad recibió propuestas, las consideró y las rechazó explícitamente.
Estuvimos entre los abanderados de ese rechazo y no nos arrepentimos.
Pero el respaldo de los ciudadanos, fue a un modo de propiedad social, no a un modo de gestión de la cosa pública y menos, a sus resultados.
Es probable que aquellos eventos y estas confusiones, hayan postergado demasiado la discusión franca sobre el Estado, sobre los recursos que consume y sobre la calidad de los servicios que presta.
Hoy una revisación profunda es impostergable.
Necesitamos evaluaciones serias, imparciales y profundas.
Necesitamos números y comparaciones.
Y con todo eso a la vista, tenemos que rediseñar el Estado.
Todos sabemos que puede ser más eficiente y más barato.
Esta reforma, no va ser en contra de los funcionarios sino con los funcionarios.
Pero tampoco vale hacerse el distraído: el 90 % de la eficacia del estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos.
La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que, funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural.
Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen ser manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica.
Del mismo modo la sociedad uruguaya ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003, casi 200 mil personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otras 200 mil sufrieron rebajas en sus salarios, y todos fueron trabajadores privados.
Como bien ha dicho el presidente Tabaré Vazquez, esta es la madre de todas las reformas. No deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando.
¿En que mundo vivimos? No está fácil de saber.
Me gustaría preguntárselo, a cada uno de los ilustres visitantes que están aquí.
Aunque sin duda tienen "mucho mundo", me atrevería a decir que no van a poder darme una respuesta simple.
¿Verdad que no?
El mundo está cambiando a cada rato
Y lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría, de cómo se construye, uno mejor.
Todavía no acabamos de padecer las consecuencias de la crisis planetaria, con que nos obsequió el sistema financiero, en la cumbre del mundo.
Descubrimos que habían creado un universo de burbuja y de casino. Pero que desde allí, no solo se jugaba a la ruleta, sino que se podía golpear al mundo productivo real.
Durante la crisis, para rescatar lo que quedaba en pie, se rompieron dogmas que parecían sagrados, se decretó la muerte de los paradigmas vigentes y se volvió a la política, como a un refugio de esperanza.
Hoy ante los desafíos no previsibles de la realidad, casi todos pensamos que ningún camino puede descartarse a priori,
ninguna experiencia desconocerse, ninguna fórmula archivarse para siempre.
Sólo el dogmatismo, quedó sepultado.
No está fácil navegar. Las brújulas ya no están seguras de donde quedan los puntos cardinales.
Así que mirando las estrellas nos quedan algunas pocas certezas para orientarnos.
Primero, que el mundo ya no hay un centro sino varios y que la globalización es un hecho irreversible.
Por todos lados, los humanos anudamos nuestro destino y nos hacemos mutuamente dependientes. La idea de cerrase al mundo quedó obsoleta.
Pero a su vez, el proteccionismo sigue vivito y coleando, y a menudo es protagonizado por unidades de tamaño continental.
Los latinoamericanos, un poco a los tumbos, estamos intentando construir mercados más grandes.
¡Pero como nos cuesta!!
Somos una familia balcanizada, que quiere juntarse, pero no puede. Hicimos, tal vez, muchos hermosos países, pero seguimos fracasando en hacer la Patria Grande.
Por lo menos hasta ahora.
No perdemos la esperanza, porque aún están vivos los sentimientos: desde el Río Bravo a las Malvinas vive una sola nación, la nación latino-americana.
Dentro de nuestro hogar latinoamericano, tenemos un dormitorio que compartimos y que se llama MERCOSUR.
! AYY MERCOSUR!
¡Cuanto amor y cuando enojo nos suscita!
Hoy estamos en público y no es el momento de hablar de los temas de alcoba.
Solo déjenme afirmar que para nosotros, el MERCOSUR es "hasta que la muerte nos separe" y que esperamos una actitud reciproca de nuestros socios mayores.
Finalmente, deseamos que el Bicentenario nos encuentre con un Río de la Plata más angosto, despejados todos los caminos que nos unen.
He reservado para el final, la más grata de todas las tareas:
saludar la presencia de quienes han venido a acompañarnos desde el exterior, especialmente de aquéllos que han venido desde muy lejos, casi inesperadamente.
Años atrás hubiéramos considerado estas visitas como un valioso gesto diplomático, una cortesía de país a país.
Creo que en los últimos tiempos, estas presencias tienen un significado mucho más intenso y mucho más político. Siento que al estar aquí, ustedes expresan el respaldo a los procesos democráticos de renovación del poder. Se hacen testigos de la celebración.
¡Ya sabíamos del afecto ¡ Pero nos gusta más sentirlo en la presencia física de todos ustedes. Sentirlo cara a cara. Y también corresponderlo cara a cara!
Esto es así, para el afecto entre la gente y para el afecto entre los países. Quererse de cerca, debería estar recomendado en las academias de diplomacia.
Así que, amigos del mundo aquí presentes, reciban el agradecimiento del Uruguay entero. Sepan que no sólo estamos honrados por su presencia. También estamos contentos de tenerlos aquí y hasta diría que un poco conmovidos.
Para terminar, déjenme llegar al borde de la exageración, y decir que,
este gobierno que empieza, no lo ganamos, sino que lo heredamos.
Porque la principal razón de mi llegada a la presidencia, es el éxito logrado por el primer gobierno del FA, encabezado por el Doctor Tabaré Vázquez.
El y sus equipos han hecho un gran trabajo: les digo muchas gracias en nombre de 3 millones de uruguayos.
Nosotros, vamos a seguir por el mismo camino, construyendo una
PATRIA PARA TODOS
Y CON TODOS
MUCHAS GRACIAS
LA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO DEL BICENTENARIO
Por Stella Maldonado *
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y su aplicación desde 2006 marcaron un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa y en la desresponsabilización del Estado nacional en esa materia, que fue la marca de agua que el modelo neoliberal impuso en la Argentina desde la dictadura militar de 1976 a 1983.
La lucha de Ctera en la Carpa Blanca obtuvo la instalación en la agenda pública del tema inversión en educación y la sanción de la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que vino a paliar situaciones extremas como el atraso salarial y el pago en bonos y, sobre todo, abrió una grieta para avanzar en el reposicionamiento del Estado nacional en el financiamiento educativo, preparándose el terreno para la sanción de la ley 26.075, fruto de la correlación de fuerzas construida durante muchos años por la Ctera y del cambio de etapa política y económica posconvertibilidad.
La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5): mejorar las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
Asimismo, cabe señalar que si bien se logró instalar el piso salarial, aún quedan inequidades entre provincias y aún al interior de los sistemas provinciales entre los salarios de cargos y horas cátedras, escalafones jerárquicos, etcétera.
Con posterioridad se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional (26.206), por la cual ahora las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización del nivel inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños/as de cuatro años de edad. La jerarquización de la educación técnica, artística, multiculturalbilingüe, y en contextos de encierro, que las nuevas normas han recuperado, requieren una inversión superior a la pautada por la ley 26.075. Garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo tal como plantea el artículo 32 de la LEN para la escuela secundaria, implica necesariamente recursos específicos para hacerlo realidad. Es por eso que el eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hablamos de una ley de financiamiento integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen hoy provincias cuya inversión por alumno es inferior a la media, como la provincia de Buenos Aires que, sin embargo, destina el 37 por ciento de su presupuesto a la educación. Otras, destinando porcentajes muy inferiores a la educación, invierten por alumno, en algunos casos, el doble de la media nacional.
El porcentaje de PIB destinado a la inversión educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 10 por ciento si incluimos a las universidades. Debería definirse un fondo nacional de financiamiento educativo compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional. Por otra parte, hay que definir criterios objetivos de distribución a partir de distintas variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería contener instrumentos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Ha llegado el momento, además, de revisar los sistemas de subsidios a la enseñanza privada para no estar subsidiando a empresas educativas, que tienen importantes ganancias en detrimento de la escuela pública. Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza multisectorial y social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
Secretaria general de la Ctera.
Página 12
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y su aplicación desde 2006 marcaron un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa y en la desresponsabilización del Estado nacional en esa materia, que fue la marca de agua que el modelo neoliberal impuso en la Argentina desde la dictadura militar de 1976 a 1983.
La lucha de Ctera en la Carpa Blanca obtuvo la instalación en la agenda pública del tema inversión en educación y la sanción de la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que vino a paliar situaciones extremas como el atraso salarial y el pago en bonos y, sobre todo, abrió una grieta para avanzar en el reposicionamiento del Estado nacional en el financiamiento educativo, preparándose el terreno para la sanción de la ley 26.075, fruto de la correlación de fuerzas construida durante muchos años por la Ctera y del cambio de etapa política y económica posconvertibilidad.
La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5): mejorar las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
Asimismo, cabe señalar que si bien se logró instalar el piso salarial, aún quedan inequidades entre provincias y aún al interior de los sistemas provinciales entre los salarios de cargos y horas cátedras, escalafones jerárquicos, etcétera.
Con posterioridad se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional (26.206), por la cual ahora las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización del nivel inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños/as de cuatro años de edad. La jerarquización de la educación técnica, artística, multiculturalbilingüe, y en contextos de encierro, que las nuevas normas han recuperado, requieren una inversión superior a la pautada por la ley 26.075. Garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo tal como plantea el artículo 32 de la LEN para la escuela secundaria, implica necesariamente recursos específicos para hacerlo realidad. Es por eso que el eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hablamos de una ley de financiamiento integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen hoy provincias cuya inversión por alumno es inferior a la media, como la provincia de Buenos Aires que, sin embargo, destina el 37 por ciento de su presupuesto a la educación. Otras, destinando porcentajes muy inferiores a la educación, invierten por alumno, en algunos casos, el doble de la media nacional.
El porcentaje de PIB destinado a la inversión educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 10 por ciento si incluimos a las universidades. Debería definirse un fondo nacional de financiamiento educativo compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional. Por otra parte, hay que definir criterios objetivos de distribución a partir de distintas variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería contener instrumentos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Ha llegado el momento, además, de revisar los sistemas de subsidios a la enseñanza privada para no estar subsidiando a empresas educativas, que tienen importantes ganancias en detrimento de la escuela pública. Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza multisectorial y social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
Secretaria general de la Ctera.
Página 12
lunes, 1 de marzo de 2010
" PRENSA SERIA "
El suicidio de un “disidente”
Por Atilio A. Boron
Haciendo una vez más gala de su proverbial falta de escrúpulos, El País de Madrid informó en su edición digital del 27 de febrero que “La disidencia cubana sigue movilizada por la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo”. Afirmación tan rotunda como falsa.
Afortunadamente, una nota publicada por el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez permite echar luz sobre este penoso episodio y desmontar la mentira urdida por el periódico madrileño.
En ella se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; por eso nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003, reemplazada a causa de sus serios vicios y su manifiesta arbitrariedad al servicio de los intereses de los Estados Unidos por el Consejo de Derechos Humanos.
Entonces, ¿quién era Zapata Tamayo? La respuesta es bien simple: era un preso común con una frondosa carrera delictiva. Procesado por “violación de domicilio” (1993), “lesiones menos graves” (2000), “estafa” (2000), “lesiones y tenencia de arma blanca” (2000) entre otras causas que, como puede observarse, nada tienen que ver con la protesta política y sí con delitos comunes. La justicia cubana le concedió la libertad bajo fianza el 9 de marzo de 2003, pero pocos días después reincidía en sus delitos. Fue detenido y condenado a tres años de prisión. Pero, en esta ocasión, su sentencia se fue extendiendo a causa de su agresiva conducta en la cárcel. Allí se produce su milagrosa metamorfosis: el maleante repetidamente encarcelado por la comisión de numerosos delitos comunes se convierte en un ardiente ciudadano que decide consagrar su vida a la promoción de la “libertad” y la “democracia” en Cuba. Astutamente reclutado por sectores de la “disidencia política” cubana, siempre deseosa de contar con un mártir en sus magras filas, se lo impulsó irresponsablemente y con total desprecio de su persona a llevar a cabo una huelga de hambre hasta el final, a cambio de quién sabe cuáles promesas o contrapartidas de todo tipo, que seguramente el paso del tiempo no tardará en aclarar.
El caso de esta víctima es aleccionador del talante moral de quienes pugnan por lograr el “cambio de régimen” en Cuba; también de la catadura moral de medios como El País, y otros similares, que ponen su inmenso poder mediático, formador y deformador de conciencias, al servicio de las más innobles causas. Nada dicen, por ejemplo, de que la desgraciada vida del suicida fue vilmente manipulada por la “disidencia” y sus mandantes, que pretenden hacer pasar por un “preso de conciencia” a quien no fue otra cosa que un delincuente común. También ocultan que la sedicente “disidencia política” es, en realidad, algo bien distinto: un grupo de individuos que fueron filmados mientras recibían importantes sumas de dinero en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para financiar sus actividades subversivas de la constitución y las leyes de la república. Es decir, para trabajar conjuntamente con el gobierno de un país que hace medio siglo le ha declarado la guerra a Cuba, que mantiene contra esa isla un bloqueo criminal unánimemente condenado por la comunidad internacional y que ha hecho más de seiscientos intentos de asesinar al líder de la revolución cubana. ¿Cómo reaccionaría Washington si hoy sorprendiera a un grupo de sus ciudadanos recibiendo generosas sumas de dinero, equipos de comunicación y consejos prácticos acerca de cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Afganistán en Washington? ¿Hubiera considerado El País a esos subversivos como “disidentes políticos” o como traidores a su patria? Además, a diferencia de lo ocurrido con los mercenarios cubanos, lo más probable es que los estadounidenses hubieran sido inmediatamente ejecutados, acusados del delito de traición a la patria por su desembozada y antipatriótica colaboración con una potencia agresora.
Pero nada de eso ocurre en Cuba. Y nada de esto se informa a la opinión pública mundial. No hay en la isla cárceles secretas, ni legalización de la tortura, ni traslado de prisioneros para ser torturados en terceros países, ni desaparecidos, ni vuelos ilegales, ni detenciones arbitrarias sin plazos ni juicios y tantas otras prácticas que rutinariamente se llevan a cabo en las mazmorras estadounidenses y que son sistemáticamente silenciadas y ocultadas por la “prensa seria” cuya supuesta misión es informar. Para la prensa del imperio, como El País, todas estas son minucias sin importancia. Negocios son negocios y si hay que mentir se miente una y cien veces con la certeza que otorga la impunidad que le confiere la indefensión, la credulidad o la apatía de sus lectores, aletargados por la propaganda y cuidadosamente desinformados y embrutecidos por los grandes medios. En un luminoso pasaje de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx decía que, ante su orfandad, la contrarrevolución bonapartista extraía sus cuadros y sus héroes del lumpenproletariado de París. Lo mismo ocurre en nuestros días con los autoproclamados adalides de las libertades y la democracia en Cuba y sus compinches en la “prensa seria” internacional. Por eso, si es necesario decir que Barrabás era Jesucristo, se dice. Y si hay que decir que Zapata Tamayo era un “prisionero de conciencia” se dice y sanseacabó.
* Politólogo.
Por Atilio A. Boron
Haciendo una vez más gala de su proverbial falta de escrúpulos, El País de Madrid informó en su edición digital del 27 de febrero que “La disidencia cubana sigue movilizada por la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo”. Afirmación tan rotunda como falsa.
Afortunadamente, una nota publicada por el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez permite echar luz sobre este penoso episodio y desmontar la mentira urdida por el periódico madrileño.
En ella se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; por eso nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003, reemplazada a causa de sus serios vicios y su manifiesta arbitrariedad al servicio de los intereses de los Estados Unidos por el Consejo de Derechos Humanos.
Entonces, ¿quién era Zapata Tamayo? La respuesta es bien simple: era un preso común con una frondosa carrera delictiva. Procesado por “violación de domicilio” (1993), “lesiones menos graves” (2000), “estafa” (2000), “lesiones y tenencia de arma blanca” (2000) entre otras causas que, como puede observarse, nada tienen que ver con la protesta política y sí con delitos comunes. La justicia cubana le concedió la libertad bajo fianza el 9 de marzo de 2003, pero pocos días después reincidía en sus delitos. Fue detenido y condenado a tres años de prisión. Pero, en esta ocasión, su sentencia se fue extendiendo a causa de su agresiva conducta en la cárcel. Allí se produce su milagrosa metamorfosis: el maleante repetidamente encarcelado por la comisión de numerosos delitos comunes se convierte en un ardiente ciudadano que decide consagrar su vida a la promoción de la “libertad” y la “democracia” en Cuba. Astutamente reclutado por sectores de la “disidencia política” cubana, siempre deseosa de contar con un mártir en sus magras filas, se lo impulsó irresponsablemente y con total desprecio de su persona a llevar a cabo una huelga de hambre hasta el final, a cambio de quién sabe cuáles promesas o contrapartidas de todo tipo, que seguramente el paso del tiempo no tardará en aclarar.
El caso de esta víctima es aleccionador del talante moral de quienes pugnan por lograr el “cambio de régimen” en Cuba; también de la catadura moral de medios como El País, y otros similares, que ponen su inmenso poder mediático, formador y deformador de conciencias, al servicio de las más innobles causas. Nada dicen, por ejemplo, de que la desgraciada vida del suicida fue vilmente manipulada por la “disidencia” y sus mandantes, que pretenden hacer pasar por un “preso de conciencia” a quien no fue otra cosa que un delincuente común. También ocultan que la sedicente “disidencia política” es, en realidad, algo bien distinto: un grupo de individuos que fueron filmados mientras recibían importantes sumas de dinero en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para financiar sus actividades subversivas de la constitución y las leyes de la república. Es decir, para trabajar conjuntamente con el gobierno de un país que hace medio siglo le ha declarado la guerra a Cuba, que mantiene contra esa isla un bloqueo criminal unánimemente condenado por la comunidad internacional y que ha hecho más de seiscientos intentos de asesinar al líder de la revolución cubana. ¿Cómo reaccionaría Washington si hoy sorprendiera a un grupo de sus ciudadanos recibiendo generosas sumas de dinero, equipos de comunicación y consejos prácticos acerca de cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Afganistán en Washington? ¿Hubiera considerado El País a esos subversivos como “disidentes políticos” o como traidores a su patria? Además, a diferencia de lo ocurrido con los mercenarios cubanos, lo más probable es que los estadounidenses hubieran sido inmediatamente ejecutados, acusados del delito de traición a la patria por su desembozada y antipatriótica colaboración con una potencia agresora.
Pero nada de eso ocurre en Cuba. Y nada de esto se informa a la opinión pública mundial. No hay en la isla cárceles secretas, ni legalización de la tortura, ni traslado de prisioneros para ser torturados en terceros países, ni desaparecidos, ni vuelos ilegales, ni detenciones arbitrarias sin plazos ni juicios y tantas otras prácticas que rutinariamente se llevan a cabo en las mazmorras estadounidenses y que son sistemáticamente silenciadas y ocultadas por la “prensa seria” cuya supuesta misión es informar. Para la prensa del imperio, como El País, todas estas son minucias sin importancia. Negocios son negocios y si hay que mentir se miente una y cien veces con la certeza que otorga la impunidad que le confiere la indefensión, la credulidad o la apatía de sus lectores, aletargados por la propaganda y cuidadosamente desinformados y embrutecidos por los grandes medios. En un luminoso pasaje de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx decía que, ante su orfandad, la contrarrevolución bonapartista extraía sus cuadros y sus héroes del lumpenproletariado de París. Lo mismo ocurre en nuestros días con los autoproclamados adalides de las libertades y la democracia en Cuba y sus compinches en la “prensa seria” internacional. Por eso, si es necesario decir que Barrabás era Jesucristo, se dice. Y si hay que decir que Zapata Tamayo era un “prisionero de conciencia” se dice y sanseacabó.
* Politólogo.
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