LAS ELECCIONES DEL JUEVES 23 Y EL ROL DE HUGO MOYANO
Entre CTA y CGT
Dentro de once días la CTA deberá ratificar a su secretario general Hugo Yasky o suplantarlo por el estatal Pablo Micheli, quien ya proclamó la candidatura presidencial de Víctor De Gennaro. Mito y realidad de las acusaciones cruzadas y un análisis de las posibilidades electorales de cada Lista. El proyecto de Héctor Recalde de participación en las ganancias de las grandes empresas.
Por Horacio Verbitsky
Una elección decisiva se avecina en la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, en la cual por primera vez competirán dos listas fuertes sostenidas por sus sindicatos más numerosos, los docentes, con 320.000 afiliados, y los estatales, con 220.000. Los respectivos candidatos son los líderes de SUTEBA y actual titular de la Central, Hugo Yasky, por la lista 10, y su secretario adjunto y titular de ATE, Pablo Micheli, por la lista 1. El 30 de julio, al ser proclamado, Micheli lanzó la candidatura presidencial para 2011 del ex secretario general, Víctor De Gennaro. Mientras los docentes están unidos detrás de Yasky, los estatales se fragmentaron entre las dos listas. Si Micheli no resultara electo, el año próximo debería defender también su asiento en ATE, que renueva su conducción. En cambio Ctera acaba de reelegir por el 76 por ciento de los sufragios a Stella Maldonado, de la lista de Yasky. El resultado de esta elección por voto directo, puede tener tanta incidencia en la política nacional como lo que ocurra en la CGT, donde el liderazgo de Hugo Moyano está consolidado. Igual que De Gennaro, también Moyano analiza posibles candidaturas, aunque la experiencia histórica indica que ningún sindicalista tuvo éxito en la política electoral, por lo que es probable que ninguno de ellos lo intente.
Instrumentos
Desde mediados de la década pasada, la CTA postuló la creación de un Movimiento Político y Social, con potencialidad electoral, al estilo del PT brasileño. Ese proyecto, encomendado a De Gennaro, se concretó en dos instancias: la Constituyente Social, que ha realizado encuentros nacionales en Jujuy y en Neuquén, y el Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP). Mientras De Gennaro construye el IEUP, Yasky integra la mesa directiva del Encuentro por la Democracia y la Equidad, que preside el ex intendente de Morón Martín Sabbatella. En los comicios de 2009 se llegó a un acuerdo, por el que la sindicalista estatal Graciela Iturraspe acompañó en la fórmula a Sabbatella. Pero Iturraspe vota junto con Proyecto Sur, y en consecuencia con el Grupo Ahhh..., en la extraña confluencia de Pino y Pinedo, mientras Sabbatella postula defender el alto piso de las conquistas logradas a partir de 2003 pero subir su bajo techo.
Paradojas
La elección de la central creada en 1992 como alternativa a la CGT, abunda en paradojas. Yasky es el oficialismo pero De Gennaro tiene mayoría en la mesa nacional, en el Congreso y en la Junta Electoral. La Lista 1 sostiene que Yasky plantea el abandono del modelo alternativo y el regreso a la CGT. Pero apoyan a Micheli el MST y el PCR y su Corriente Clasista Combativa, que en aquel momento denunciaron la creación de la CTA como una ruptura de la unidad de la CGT. La Lista 1 expresa al extraño frente que hace dos años apoyó a la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias y De Gennaro impulsa la candidatura a la gobernación de Santa Fe de uno de los miembros de esa Mesa, Eduardo Buzzi. Aquel conflicto fue la divisoria de aguas dentro de la CTA. De Gennaro propuso invitar a Buzzi a exponer sus razones en la CTA y Yasky se opuso, por lo que el encuentro con el colaborador de la Sociedad Rural se realizó en el auditorio de ATE. En vísperas de la votación en el Senado, Yasky acompañó a Sabbatella en la movilización al Congreso convocada para apoyar la resolución 125. El economista Claudio Lozano, de estrecha relación con De Gennaro, fue uno de quienes argumentaron en contra de esa propuesta oficial y la CCC y el MST hicieron flamear sus banderas rojas en Palermo durante el acto de la Sociedad Rural. Con argumentos maximalistas pero en apoyo concreto a la postura más conservadora, Lozano dijo que debía regularse el comercio exterior de oleaginosas pero que la regulación propuesta por el gobierno no era suficiente, que las retenciones eran necesarias pero que la política agropecuaria no podía limitarse a ellas. Lozano fue intermediario entre el gobierno y Buzzi, en procura de modificaciones en el proyecto oficial que aislaran a la derecha pura y dura. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, una vez que el gobierno accedió, su interlocutor decidió votar de todos modos en contra, para no “quedar pegado al gobierno”. No le molestó, en cambio, quedar pegado a la Sociedad Rural, lo cual repite en un contexto distinto los alineamientos de 1930, 1945/46, 1955, 1966 y 1976, donde no sólo la derecha enfrentó a los defectuosos movimientos populares y nacionales. Pocos recuerdan hoy que la plataforma de la Unión Democrática en 1946 era más progresista que la del conglomerado peronista. Aunque la CTA participó del Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo, que impulsó políticas sociales precursoras de la Asignación Universal por Hijo, y Lozano propuso en 2008 una cuota de 135 pesos mensuales que debía financiarse derivando reservas al pago de compromisos externos, estuvo en contra cuando CFK la instituyó por decreto, en 180 pesos, y también cuando creó el Fondo del Bicentenario. Su cuestionamiento fue que la AUH llegara “sólo a un 25 por ciento de los chicos” y que no se hiciera con nuevos gravámenes sobre los más ricos. Ese tipo de razonamiento permitió que hace pocos días el Grupo Ahhh... votara un incremento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento, sin contemplar el financiamiento necesario. Proyecto Sur presentó un proyecto alternativo de Lozano, que contemplaba reimplantar las contribuciones patronales, pero luego dio quórum para que el Grupo Ahhh... impusiera su dictamen. Varios diputados de Proyecto Sur (no por casualidad aquellos electos en las boletas del kirchnerismo que defeccionaron ante las duras confrontaciones de este periodo, como Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Victoria Donda) además de dar quórum terminaron por apoyar el dictamen del Grupo Ahhh... y lo mismo hicieron los socialistas y el bloque de Margarita Stolbizer, del Acuerdo Cívico y Social. En mayo, mientras Yasky y Milagro Sala despedían en Jujuy una de las columnas de la Marcha de los Pueblos Originarios, Stolbizer participaba de un acto en Mar del Plata con De Gennaro a quien presentaba como “la pata sindical de nuestro proyecto”, al mismo tiempo que el senador radical Ernesto Sanz decía que el dinero de la AUH “se va por la canaleta de la droga y del juego”. Mientras los carteles y folletos de la Lista 1 se centran en consignas que tal vez tengan algún sentido interno (“Vamos por + CTA”), los de la Lista 10 enumeran algunas medidas de los últimos años, como la AUH, la recuperación del sistema previsional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dice que se consiguieron mediante la unidad y la lucha popular e insta a seguir organizándose para mejorar la distribución del ingreso.
Candidatos
De Gennaro intentó que el candidato de su lista fuera el dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático, Pedro Wasiejko, quien es uno de los actuales adjuntos. Pero este dirigente de uno de los pocos gremios industriales de peso que forman parte de la CTA decidió volver a postularse junto con Yasky. El otro candidato a secretario general adjunto es Marcelo Frondizi, El Nono, de ATE, lo cual muestra la fractura del frente estatal. También forman parte o apoyan a la Lista 10 otros dirigentes históricos de ATE, como Jorge Hoffman, secretario general de los estatales de Santa Fe; el delegado regional de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Fabián Moncho Alessandrini; el secretario general de ATE en Entre Ríos, Miguel Angel Pelandino, el adjunto en Río Negro y el actual vocal Carlos Girotti (integrante de Carta Abierta). El correntino Juan González, a quien De Gennaro desplazó en 2003 de la secretaría general de ATE nacional porque no era demasiado adverso al nuevo gobierno nacional no se pronunció en forma explícita por Yasky, pero tampoco lo hizo por Micheli, lo cual ya constituye una definición. Otro tanto ocurre en Mar del Plata con Daniel Barragán, secretario adjunto de ATE en la provincia de Buenos Aires. Micheli organizó un acto en Quilmes para presentar a los docentes que lo apoyaban. Pero sólo pudo sacarse una foto con el secretario general bonaerense de ATE, Hugo Godoy: las únicas seccionales docentes que apoyan a Micheli son aquellas que controla la histórica oposición del PCR a la conducción nacional (Lista Lila) como el caso de Quilmes, cuya secretaria general es la esposa de Darío Perillo, candidato de Micheli a la secretaría de organización. Los adjuntos de Micheli son el electricista marplatense José Rigane y el visitador médico Ricardo Peidró.
La Túpac Amaru
La organización barrial autogestionaria Túpac Amaru, que encabeza Milagro Sala, es otra de las claves para la elección. Ambas listas hicieron los mayores esfuerzos para atraerla de su lado. Es el movimiento social más numeroso y mejor organizado del país y Sala es Secretaria de Acción Social de la CTA. Sala publicó una carta en la que solicitó a todos un esfuerzo para recomponer la lista unitaria que condujo a la CTA desde los tiempos de Germán Abdala, cuya herencia espiritual también está en disputa. Abdala compartió con De Gennaro la conducción de ATE y la fundación de la CTA, pero se enemistó con Lozano cuando el economista propició la fractura de la agrupación porteña MRP, durante el primer viaje de Abdala a Estados Unidos para un tratamiento médico. De Gennaro, Abdala y el municipal jujeño Nando Acosta fueron los mentores de Milagro Sala antes de la creación de la Túpac Amaru. Pero sus opiniones políticas están más próximas a las de Yasky. De hecho, la Túpac también participó en aquella marcha sobre el Congreso y Sala tiene una relación mucho más próxima que la de Yasky con el gobierno nacional. Para sortear la dicotomía entre sus afectos y sus opciones políticas, Sala delegó en cada provincia la decisión de qué lista apoyar. Esto no significa abstención, ya que María Ester Mamani, de la Túpac de La Quiaca, que fue la amauta de la marcha de mayo, es candidata de la Lista 10 a la Secretaría de Pueblos Originarios. La Túpac se pronunció por la lista de Yasky en diez provincias, entre ellas las de mayor significación numérica, se declaró prescindente en cinco y sólo dio su apoyo a Micheli en Córdoba, donde sólo tiene 500 afiliados. Dirigentes de la Túpac integran la Lista 10 en los principales distritos: en la Ciudad Autónoma, en Mendoza y en Chaco son tupaqueros los candidatos a la secretaría general adjunta (Manuel Alzina, Nélida Rojas y Totino Bermúdez). En la provincia de Buenos Aires, el candidato a secretario de organización de la Lista 10 es el tupaquero Juan Vila y la Túpac también forma parte de esa lista en los nueve distritos bonaerenses en los que tiene desarrollo. Luis Castañeira es candidato en Santa Fe. En Jujuy, hay una lista única provincial y libertad de acción para la elección nacional, si bien Clarín dijo que Milagro Sala había visitado el diario para comunicar su apoyo a Micheli. No hay otra fuente de esa información.
Los judiciales y el subte
Otro gremio que votará dividido es el de los judiciales. Su secretario general bonaerense, Víctor Mendibil, permaneció junto a Micheli, pero no integra la Lista 1. De 21 seccionales, trece se pronunciaron por la lista de Yasky y el adjunto de Mendibil, Daniel Pérez Guillén es candidato al mismo cargo en la CTA bonaerense, en la Lista 10. “Estamos en un proceso de lucha de todos los trabajadores, de la Argentina y de Latinoamérica, que el pueblo no se quiere perder” declaró. Los judiciales también apoyan a Yasky en Córdoba, Río Negro, Neuquén y Misiones. Los distritos con mayor peso numérico son la provincia de Buenos Aires (460.000 afiliados), la Ciudad Autónoma (115.000) y Santa Fe (90.000). En la Ciudad Autónoma, la Lista 1 lleva como candidato a la secretaría general a Carlos Hurton, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación a quien se conoce como Carlos Chile, quien participó en las luchas por la vivienda. El postulado por la Lista 10 es Beto Pianelli, el dirigente de los trabajadores del subte que rompió con la UTA cegetista. Esta candidatura refuta una de las principales acusaciones que desde el campo de De Gennaro se lanzan sobre Yasky, de colusión con la CGT. Pianelli explicitó con claridad el rechazo que en sectores de la CTA provoca la Constituyente Social, a la que calificó como un partido político que no puede contener la heterogeneidad de la clase trabajadora. Por otro lado, los acuerdos entre el Hugo Blanco y el Hugo Negro se han limitado a las acciones conjuntas en caso de despidos o represión contra los trabajadores. Se iniciaron en abril de 2007, con el repudio conjunto de ambas centrales al asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba y tuvieron manifestaciones más recientes en abril de este año, en Rosario y Córdoba, cuando ambos acompañaron movilizaciones en apoyo de 26 trabajadores despedidos en las radios de Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila y de 18 trabajadores imputados por participar en las protestas de 2008 contra la ley de Emergencia Previsional cordobesa que recortó jubilaciones al estilo de la Alianza. En un acto reciente, Micheli dijo que la CTA “no se rinde, arrodilla ni entrega ante nadie” y que “no vamos a chuparle las medias a ningún gobierno”. Yasky le respondió que “nosotros queremos pelear con Biolcati y no con Moyano y no nos arrodillamos ante Bergoglio. Autonomía no es neutralidad”.
Página 12.
domingo, 12 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
domingo, 25 de abril de 2010
20 AÑOS DEL COMIENZO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA TV
A VEINTE AÑOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS CANALES 11 Y 13, UNA MOVIDA QUE TRANSFORMO EL PANORAMA PARA SIEMPRE
La licitación que le abrió la puerta a la nueva TV
Fue el primer paso del menemismo, el primer ladrillo de los multimedios concentrados. Dos décadas después de la “Ley Dromi”, un recuento de cómo se fue modificando la TV.
Por Emanuel Respighi
Hace poco más de veinte años, período que para algunos puede ser una eternidad y para otros apenas un ratito, la TV argentina evidenciaba uno de los hechos más significativos de sus 59 años de historia. Mucho más influyente que la elección de la norma Pal-N para la transmisión en color, en el verano de 1990 los canales 11 y 13 dejaban de ser propiedad del Estado para pasar a manos privadas. Ese hecho, si bien no afectó directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos como las privatizaciones de los servicios públicos que impulsaría luego el gobierno de Carlos Menem, probablemente haya sido uno de los acontecimientos que más condicionaron a la opinión pública. El Estado argentino, con excepción del por entonces ATC, dejaba librados los contenidos televisivos a empresas. A dos décadas de aquella licitación que marcó un antes y un después en la industria televisiva local, Página/12 hizo un breve repaso sobre aquella convulsionada licitación y sobre la manera en que esa decisión afectó al medio en los años siguientes.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa televisivo distaba mucho del actual. La estructura de propiedad de las emisoras era muy diferente. Hasta los últimos días de 1989, el panorama de la TV abierta en la región del AMBA tenía tres canales en manos del Estado (ATC, el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro Romay y el 2 de Héctor Ricardo García). En medio de una hiperinflación galopante, la disparada del dólar y una crisis energética que llegó a limitar la programación a cuatro horas diarias, hacia fines de los ‘80 la industria atravesaba uno de sus peores momentos económicos. En ese contexto, el 11 y el 13 eran los que más sentían la crisis: con 570 empleados, el primero poseía un déficit operativo cercano a los 27 millones de pesos; el segundo tenía más empleados (871) y una deuda cercana a los 20 millones.
Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban. Las voces que desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindicatos, a través del decreto 578 el gobierno convocó a licitación para privatizar los canales 11 y 13 antes de fin de año. Previamente, Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos tener participación accionaria en medios audiovisuales. El camino para la conformación de grandes multimedios estaba allanado.
En este punto, más que tratarse de una consecuencia de la falta de política comunicacional, la del menemismo tuvo una clara dirección. Así como el llamado a licitación de tres nuevos canales por el gobierno de Aramburu en 1957, más que a definir un sistema comunicacional estuvo destinado a revertir el sistema de propiedad de los medios del depuesto gobierno peronista, la política menemista sentó las bases para favorecer la concentración mediática y la creación de multimedios, flexibilizando restricciones y limitaciones que favorecieron al capital extranjero y a las empresas de medios gráficos.
El decreto 578, de fines de 1989, estipuló las condiciones de la adjudicación, que no eran demasiadas. La licitación disponía que los oferentes pagasen un 40 por ciento al contado, mientras que para el restante 60 por ciento proponía una financiación en cuotas semestrales, o que el Estado se iba a hacer cargo de los déficit de los canales. Ante esas laxas condiciones, buena parte de los hombres de negocios y empresarios periodísticos se presentaron para incrementar su poder. La licitación –que cosechó sospechas de favoritismo– ya estaba en marcha. De los 16 pliegos que el Comfer vendió, sólo 10 propuestas terminaron presentándose: el 11 recibió seis intenciones de compra, el 13 cuatro. Luego de la evaluación de un cuarteto designado oportunamente, Artear (Grupo Clarín) ganó la licitación, tanto para el 13 como para el 11. Por 7 millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble decidió quedarse con el 13, canal que deseaba desde hacía tiempo y en el que mantiene su propiedad hasta el día de hoy.
Por el 11, en tanto, tuvieron que desempatar Tevemac (de la familia Macri) y Telefe (encabezado por Editorial Atlántida y un conglomerado de canales del interior), ya que ambas propuestas habían sido calificadas con 170 puntos. Finalmente, a sobre cerrado, Telefe se quedó con la emisora por 16 millones de dólares, cinco más que la oferta de los Macri y más del doble que la que le bastó a Clarín para hacerse del 13. Destrozadas quedaron las ilusiones de otros oferentes, que no por perdedores eran menos poderosos, como Argentevé (Julio Ramos, Palito Ortega y Gerardo Sofovich), o Imagen Visión (Daniel Vila). El 22 de diciembre, en la Casa Rosada, Menem formalizó la entrega a los nuevos dueños, que se hicieron cargo durante el verano de 1990. El comienzo de una nueva era televisiva.
El nuevo panorama agitó el funcionamiento de la industria desde el primer día de 1990. Las expectativas que la privatización trajo tenían que ver, por un lado, con la necesidad de que el sector privado le brindara un fuerte impulso a la renovación tecnológica, y por otro, con la conformación de una competencia que redundara en contenidos variados y de mayor calidad. Algo así como la política neoliberal del libre mercado aplicada al circuito televisivo. La expectativa tecnológica fue satisfecha: los canales supieron reequiparse y nunca dejaron de mantenerse acordes con los últimos requerimientos técnicos. El incipiente negocio globalizado que los nuevos dueños buscaban era imposible sin soportes de última tecnología.
En cuanto a los contenidos, si bien los canales siguieron de cerca las tendencias, incorporando nuevos géneros y lenguajes, eso no significó necesariamente una televisión de mayor calidad. El aspecto cultural y educativo, por ejemplo, fue cediendo lugar en la TV privada. La máxima de que la TV debe informar, educar y entretener fue derivando en un proceso en el que la TV privada se limitó cada vez más a posicionarse como una mera fuente de entretenimiento.
Acorde con la lógica impuesta por el poder, la “nueva TV” tendió a contenidos livianos, provocando en los primeros ’90 el auge de las comedias blancas al estilo Grande pá! y Amigos son los amigos, programas con los que Telefe pasó a liderar la audiencia después de un largo reinado del 9 a pura telenovela. A medida que la década avanzaba, la discusión política y periodística fue dejando lugar a la cotidiana, en la que el público comenzó a tomar protagonismo a partir de los talk shows, primero, y los reality shows después. En materia periodística, las bases dejadas en el periodismo de investigación como Edición plus y Telenoche investiga derivaron, años más tarde, en un estilo más amarillista, en el que las cámaras ocultas se convirtieron en la principal herramienta, ya no para deschavar al poderoso sino a delincuentes de poca monta.
El género que más se desarrolló y sofisticó en estos 20 años fue el de la ficción. El surgimiento de un nuevo jugador en la industria fue imprescindible para revitalizar al género: las productoras independientes. El arribo de productores por fuera de las estructuras y cosmovisiones del mundo de los canales pluralizó estética y temáticamente las ficciones. Los canales festejaron su llegada por una simple razón: derivaron el alto costo y riesgo económico de las ficciones en las productoras. Los nuevos players, además, se beneficiaron con los avances tecnológicos, sofisticando la posproducción y facilitando la producción en exteriores.
Como todo lo que funciona, con el tiempo algunas independientes fueron adquiridas por las emisoras (Pol-Ka e Ideas del Sur por el 13), o por grandes grupos mediáticos (GP Media por la BBC, Cuatro Cabezas por Eyeworks, Underground por Endemol). La calidad estética y los bajos costos relativos de producir en el país llevaron a que, tras la crisis de 2001, las latas de programas o formatos argentinos inundaran las televisiones del mundo, aun en culturas muy distantes.
En cuanto a la audiencia, la década del ‘90 marcó el fin del reinado del 9, que con holgura sostuvo durante los ‘80, cuando era el único privado. La nueva estructura resultó un duro golpe para el canal de Romay, que desde la salida del productor nunca pudo crear un perfil de programación. La gran cantidad de veces que cambió de dueños (en 1997 lo compró la australiana Prime, luego Telefónica, más tarde una sociedad encabezada por Daniel Hadad, y desde hace algunos años el mexicano Angel González) no favoreció que la pantalla consolidara una programación coherente. En la misma línea se puede situar a América, que cambió de manos no menos de tres veces (Héctor Ricardo García, Eduardo Eurnekian, Carlos Avila, el Grupo Vila) y su pantalla fue sensible a esos movimientos. Aun así, en estas décadas se destacó por su perfil periodístico, casi lo único que pudo mantener en el tiempo (sin entrar en detalles de calidad). No es casualidad que los canales que más modificaciones societarias tuvieron sean los únicos que tuvieron que presentarse a convocatoria de acreedores.
Desde los ’90, la audiencia fue disputada masivamente entre Telefe y El Trece, con predominio general del primero. La década menemista enfrentó dos modelos: por un lado, Telefe, que privilegió posicionarse como la emisora líder (con una programación popular y familiera) a tener equilibradas sus cuentas; por otro, Canal 13, que persiguió con costos controlados apuntar al target ABC1. Entrado el siglo XXI, esa diferenciación ya no es tan clara y, combinando perfiles de programación, ambos canales pelean por la audiencia con programas que, salvo excepciones, no difieren mucho en sus contenidos.
La única señal pública, Canal 7, sin una política comunicacional consensuada por los diferentes actores del arco político-cultural argentino, pasó estas dos décadas a la deriva, entre gestiones que se perdieron en buenas intenciones (Leonardo Bechini), otras que fueron devastadoras (Gerardo Sofovich) y unas pocas que intentaron imprimirle un sello estatal no atado al gobierno de turno. Recién a partir de la gestión encabezada por Rosario Lufrano y en la actual continuidad de Tristán Bauer el canal parece haberse encolumnado detrás de un proyecto artístico definido. Incluso, durante estos años, pasó de tener un equipamiento obsoleto a encabezar la renovación tecnológica de cara al apagón analógico. Que el Estado haya tomado la iniciativa comunicacional es un cambio de paradigma para la historia del sector.
Esas no fueron las únicas cosas que pasaron. La irrupción masiva del cable a mediados de los ’90 renovó hábitos televisivos y llevó a que la programación deportiva, la infantil y la informativa quedaran relegadas en los canales de aire. El zapping, casi como signo instintivo de la época, democratizó la audiencia y les otorgó mayor libertad de elección a los televidentes. Además, mientras los guionistas fueron reemplazados por numerosos equipos, los directores artísticos perdieron el bajo perfil y, con estrategias de programación que hicieron imposible seguir la continuidad de los programas, tomaron status de celebridades.
A veinte años de las privatizaciones, la TV argentina se convirtió en una industria consolidada, equipada con la última tecnología e inserta en el mundo como nunca antes. La cuenta pendiente, sin embargo, es la tendencia hacia el escándalo, la fórmula probada y el morbo que invade a los canales privados. El rating y el dinero no sólo siguen mandando: ahora parecen ser las únicas cuestiones que importan.
Página 12. Domingo, 25 de abril de 2010.-
La licitación que le abrió la puerta a la nueva TV
Fue el primer paso del menemismo, el primer ladrillo de los multimedios concentrados. Dos décadas después de la “Ley Dromi”, un recuento de cómo se fue modificando la TV.
Por Emanuel Respighi
Hace poco más de veinte años, período que para algunos puede ser una eternidad y para otros apenas un ratito, la TV argentina evidenciaba uno de los hechos más significativos de sus 59 años de historia. Mucho más influyente que la elección de la norma Pal-N para la transmisión en color, en el verano de 1990 los canales 11 y 13 dejaban de ser propiedad del Estado para pasar a manos privadas. Ese hecho, si bien no afectó directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos como las privatizaciones de los servicios públicos que impulsaría luego el gobierno de Carlos Menem, probablemente haya sido uno de los acontecimientos que más condicionaron a la opinión pública. El Estado argentino, con excepción del por entonces ATC, dejaba librados los contenidos televisivos a empresas. A dos décadas de aquella licitación que marcó un antes y un después en la industria televisiva local, Página/12 hizo un breve repaso sobre aquella convulsionada licitación y sobre la manera en que esa decisión afectó al medio en los años siguientes.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa televisivo distaba mucho del actual. La estructura de propiedad de las emisoras era muy diferente. Hasta los últimos días de 1989, el panorama de la TV abierta en la región del AMBA tenía tres canales en manos del Estado (ATC, el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro Romay y el 2 de Héctor Ricardo García). En medio de una hiperinflación galopante, la disparada del dólar y una crisis energética que llegó a limitar la programación a cuatro horas diarias, hacia fines de los ‘80 la industria atravesaba uno de sus peores momentos económicos. En ese contexto, el 11 y el 13 eran los que más sentían la crisis: con 570 empleados, el primero poseía un déficit operativo cercano a los 27 millones de pesos; el segundo tenía más empleados (871) y una deuda cercana a los 20 millones.
Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban. Las voces que desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindicatos, a través del decreto 578 el gobierno convocó a licitación para privatizar los canales 11 y 13 antes de fin de año. Previamente, Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos tener participación accionaria en medios audiovisuales. El camino para la conformación de grandes multimedios estaba allanado.
En este punto, más que tratarse de una consecuencia de la falta de política comunicacional, la del menemismo tuvo una clara dirección. Así como el llamado a licitación de tres nuevos canales por el gobierno de Aramburu en 1957, más que a definir un sistema comunicacional estuvo destinado a revertir el sistema de propiedad de los medios del depuesto gobierno peronista, la política menemista sentó las bases para favorecer la concentración mediática y la creación de multimedios, flexibilizando restricciones y limitaciones que favorecieron al capital extranjero y a las empresas de medios gráficos.
El decreto 578, de fines de 1989, estipuló las condiciones de la adjudicación, que no eran demasiadas. La licitación disponía que los oferentes pagasen un 40 por ciento al contado, mientras que para el restante 60 por ciento proponía una financiación en cuotas semestrales, o que el Estado se iba a hacer cargo de los déficit de los canales. Ante esas laxas condiciones, buena parte de los hombres de negocios y empresarios periodísticos se presentaron para incrementar su poder. La licitación –que cosechó sospechas de favoritismo– ya estaba en marcha. De los 16 pliegos que el Comfer vendió, sólo 10 propuestas terminaron presentándose: el 11 recibió seis intenciones de compra, el 13 cuatro. Luego de la evaluación de un cuarteto designado oportunamente, Artear (Grupo Clarín) ganó la licitación, tanto para el 13 como para el 11. Por 7 millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble decidió quedarse con el 13, canal que deseaba desde hacía tiempo y en el que mantiene su propiedad hasta el día de hoy.
Por el 11, en tanto, tuvieron que desempatar Tevemac (de la familia Macri) y Telefe (encabezado por Editorial Atlántida y un conglomerado de canales del interior), ya que ambas propuestas habían sido calificadas con 170 puntos. Finalmente, a sobre cerrado, Telefe se quedó con la emisora por 16 millones de dólares, cinco más que la oferta de los Macri y más del doble que la que le bastó a Clarín para hacerse del 13. Destrozadas quedaron las ilusiones de otros oferentes, que no por perdedores eran menos poderosos, como Argentevé (Julio Ramos, Palito Ortega y Gerardo Sofovich), o Imagen Visión (Daniel Vila). El 22 de diciembre, en la Casa Rosada, Menem formalizó la entrega a los nuevos dueños, que se hicieron cargo durante el verano de 1990. El comienzo de una nueva era televisiva.
El nuevo panorama agitó el funcionamiento de la industria desde el primer día de 1990. Las expectativas que la privatización trajo tenían que ver, por un lado, con la necesidad de que el sector privado le brindara un fuerte impulso a la renovación tecnológica, y por otro, con la conformación de una competencia que redundara en contenidos variados y de mayor calidad. Algo así como la política neoliberal del libre mercado aplicada al circuito televisivo. La expectativa tecnológica fue satisfecha: los canales supieron reequiparse y nunca dejaron de mantenerse acordes con los últimos requerimientos técnicos. El incipiente negocio globalizado que los nuevos dueños buscaban era imposible sin soportes de última tecnología.
En cuanto a los contenidos, si bien los canales siguieron de cerca las tendencias, incorporando nuevos géneros y lenguajes, eso no significó necesariamente una televisión de mayor calidad. El aspecto cultural y educativo, por ejemplo, fue cediendo lugar en la TV privada. La máxima de que la TV debe informar, educar y entretener fue derivando en un proceso en el que la TV privada se limitó cada vez más a posicionarse como una mera fuente de entretenimiento.
Acorde con la lógica impuesta por el poder, la “nueva TV” tendió a contenidos livianos, provocando en los primeros ’90 el auge de las comedias blancas al estilo Grande pá! y Amigos son los amigos, programas con los que Telefe pasó a liderar la audiencia después de un largo reinado del 9 a pura telenovela. A medida que la década avanzaba, la discusión política y periodística fue dejando lugar a la cotidiana, en la que el público comenzó a tomar protagonismo a partir de los talk shows, primero, y los reality shows después. En materia periodística, las bases dejadas en el periodismo de investigación como Edición plus y Telenoche investiga derivaron, años más tarde, en un estilo más amarillista, en el que las cámaras ocultas se convirtieron en la principal herramienta, ya no para deschavar al poderoso sino a delincuentes de poca monta.
El género que más se desarrolló y sofisticó en estos 20 años fue el de la ficción. El surgimiento de un nuevo jugador en la industria fue imprescindible para revitalizar al género: las productoras independientes. El arribo de productores por fuera de las estructuras y cosmovisiones del mundo de los canales pluralizó estética y temáticamente las ficciones. Los canales festejaron su llegada por una simple razón: derivaron el alto costo y riesgo económico de las ficciones en las productoras. Los nuevos players, además, se beneficiaron con los avances tecnológicos, sofisticando la posproducción y facilitando la producción en exteriores.
Como todo lo que funciona, con el tiempo algunas independientes fueron adquiridas por las emisoras (Pol-Ka e Ideas del Sur por el 13), o por grandes grupos mediáticos (GP Media por la BBC, Cuatro Cabezas por Eyeworks, Underground por Endemol). La calidad estética y los bajos costos relativos de producir en el país llevaron a que, tras la crisis de 2001, las latas de programas o formatos argentinos inundaran las televisiones del mundo, aun en culturas muy distantes.
En cuanto a la audiencia, la década del ‘90 marcó el fin del reinado del 9, que con holgura sostuvo durante los ‘80, cuando era el único privado. La nueva estructura resultó un duro golpe para el canal de Romay, que desde la salida del productor nunca pudo crear un perfil de programación. La gran cantidad de veces que cambió de dueños (en 1997 lo compró la australiana Prime, luego Telefónica, más tarde una sociedad encabezada por Daniel Hadad, y desde hace algunos años el mexicano Angel González) no favoreció que la pantalla consolidara una programación coherente. En la misma línea se puede situar a América, que cambió de manos no menos de tres veces (Héctor Ricardo García, Eduardo Eurnekian, Carlos Avila, el Grupo Vila) y su pantalla fue sensible a esos movimientos. Aun así, en estas décadas se destacó por su perfil periodístico, casi lo único que pudo mantener en el tiempo (sin entrar en detalles de calidad). No es casualidad que los canales que más modificaciones societarias tuvieron sean los únicos que tuvieron que presentarse a convocatoria de acreedores.
Desde los ’90, la audiencia fue disputada masivamente entre Telefe y El Trece, con predominio general del primero. La década menemista enfrentó dos modelos: por un lado, Telefe, que privilegió posicionarse como la emisora líder (con una programación popular y familiera) a tener equilibradas sus cuentas; por otro, Canal 13, que persiguió con costos controlados apuntar al target ABC1. Entrado el siglo XXI, esa diferenciación ya no es tan clara y, combinando perfiles de programación, ambos canales pelean por la audiencia con programas que, salvo excepciones, no difieren mucho en sus contenidos.
La única señal pública, Canal 7, sin una política comunicacional consensuada por los diferentes actores del arco político-cultural argentino, pasó estas dos décadas a la deriva, entre gestiones que se perdieron en buenas intenciones (Leonardo Bechini), otras que fueron devastadoras (Gerardo Sofovich) y unas pocas que intentaron imprimirle un sello estatal no atado al gobierno de turno. Recién a partir de la gestión encabezada por Rosario Lufrano y en la actual continuidad de Tristán Bauer el canal parece haberse encolumnado detrás de un proyecto artístico definido. Incluso, durante estos años, pasó de tener un equipamiento obsoleto a encabezar la renovación tecnológica de cara al apagón analógico. Que el Estado haya tomado la iniciativa comunicacional es un cambio de paradigma para la historia del sector.
Esas no fueron las únicas cosas que pasaron. La irrupción masiva del cable a mediados de los ’90 renovó hábitos televisivos y llevó a que la programación deportiva, la infantil y la informativa quedaran relegadas en los canales de aire. El zapping, casi como signo instintivo de la época, democratizó la audiencia y les otorgó mayor libertad de elección a los televidentes. Además, mientras los guionistas fueron reemplazados por numerosos equipos, los directores artísticos perdieron el bajo perfil y, con estrategias de programación que hicieron imposible seguir la continuidad de los programas, tomaron status de celebridades.
A veinte años de las privatizaciones, la TV argentina se convirtió en una industria consolidada, equipada con la última tecnología e inserta en el mundo como nunca antes. La cuenta pendiente, sin embargo, es la tendencia hacia el escándalo, la fórmula probada y el morbo que invade a los canales privados. El rating y el dinero no sólo siguen mandando: ahora parecen ser las únicas cuestiones que importan.
Página 12. Domingo, 25 de abril de 2010.-
ESCUELA SECUNDARIA
Reflexiones sobre el nuevo modelo de secundaria
Por María Teresa Mendez*
El fin de año suele ser un momento de balance y redefiniciones, en ese sentido tomo el artículo del diario “en 2010 aplicaran nuevo modelo de secundaria”. Aparecen allí cifras de repitencia y abandono escolar de alrededor del 14% y una mención al hecho que en algunos lugares inician el nivel con 4 cursos y terminan con uno solo y con escasos alumnos. Estos datos marcan la necesidad de una escuela más inclusiva y significativa para los adolescentes.
Las leyes de educación, tanto nacional como provincial, establecen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la asignación universal por hijo brinda las condiciones para que esto se concrete.
Es así que en el inicio de clases 2010 el aumento de la matrícula es un hecho en todas las escuelas y así empieza a hacerse más efectivo el derecho a la educación. Los incluimos, se los quitamos a la esquina y a otras tentadoras actividades que aparecen cuando no hay nada que hacer, y en los alrededores de chicos y chicas solo hay problemas.
Pero este es solo un primer paso, la escuela necesita reacomodarse para que no sea un lugar de permanencia nada más, sino un lugar donde se aprende, se disfruta, se comparte, donde se forman ciudadanos comprometidos con su realidad, donde se tienen en cuenta las necesidades del aparato productivo y el perfil de provincia que queremos y también se prepara para continuar estudiando.
Lo dicho no nos hace ignorar que se necesiten más bancos y mesas, aulas, materiales didácticos, tal vez más escuelas o más medios de transporte o más personal, pero lo significativo es que los chicos están en la escuela y esta claro que hay que ir solucionando estas cuestiones para mejorar la calidad del aprendizaje, pero estamos en marcha.
Nos llama la atención que los compañeros del gremio docente solo vean las dificultades y pidan que no se comience con la transformación de la escuela, esperando momentos más oportunos que nunca se dice cuales serán.
Nosotros como militantes de la educación saludamos el aumento de la matrícula y el inicio de las transformaciones de la escuela secundaria porque creemos que la educación es una herramienta válida para luchar contra la injusticia, que es liberadora, nos permite elegir, crecer como personas, desarrollarnos como pueblo, ser artífices de nuestro destino como país en el contexto latinoamericano.
Interesaría saber: en que escuelas hubo aumento de matrícula, en que porcentajes y como se incorporaron a los nuevos que hace algunos años estaban fuera de la escuela o si los sumaron sin ninguna estrategia.
* Docente jubilada.
12 de abril de 2010.-
Blog del Mov. de Educ. de Entre Ríos
Por María Teresa Mendez*
El fin de año suele ser un momento de balance y redefiniciones, en ese sentido tomo el artículo del diario “en 2010 aplicaran nuevo modelo de secundaria”. Aparecen allí cifras de repitencia y abandono escolar de alrededor del 14% y una mención al hecho que en algunos lugares inician el nivel con 4 cursos y terminan con uno solo y con escasos alumnos. Estos datos marcan la necesidad de una escuela más inclusiva y significativa para los adolescentes.
Las leyes de educación, tanto nacional como provincial, establecen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la asignación universal por hijo brinda las condiciones para que esto se concrete.
Es así que en el inicio de clases 2010 el aumento de la matrícula es un hecho en todas las escuelas y así empieza a hacerse más efectivo el derecho a la educación. Los incluimos, se los quitamos a la esquina y a otras tentadoras actividades que aparecen cuando no hay nada que hacer, y en los alrededores de chicos y chicas solo hay problemas.
Pero este es solo un primer paso, la escuela necesita reacomodarse para que no sea un lugar de permanencia nada más, sino un lugar donde se aprende, se disfruta, se comparte, donde se forman ciudadanos comprometidos con su realidad, donde se tienen en cuenta las necesidades del aparato productivo y el perfil de provincia que queremos y también se prepara para continuar estudiando.
Lo dicho no nos hace ignorar que se necesiten más bancos y mesas, aulas, materiales didácticos, tal vez más escuelas o más medios de transporte o más personal, pero lo significativo es que los chicos están en la escuela y esta claro que hay que ir solucionando estas cuestiones para mejorar la calidad del aprendizaje, pero estamos en marcha.
Nos llama la atención que los compañeros del gremio docente solo vean las dificultades y pidan que no se comience con la transformación de la escuela, esperando momentos más oportunos que nunca se dice cuales serán.
Nosotros como militantes de la educación saludamos el aumento de la matrícula y el inicio de las transformaciones de la escuela secundaria porque creemos que la educación es una herramienta válida para luchar contra la injusticia, que es liberadora, nos permite elegir, crecer como personas, desarrollarnos como pueblo, ser artífices de nuestro destino como país en el contexto latinoamericano.
Interesaría saber: en que escuelas hubo aumento de matrícula, en que porcentajes y como se incorporaron a los nuevos que hace algunos años estaban fuera de la escuela o si los sumaron sin ninguna estrategia.
* Docente jubilada.
12 de abril de 2010.-
Blog del Mov. de Educ. de Entre Ríos
ESTAMOS DE NUEVO
COMPAÑEROS GLOBBER@S HEMOS VUELTO A PONERNOS EN CONTACTO CON UDS, PERDÓN POR LA DESAPARICIÓN MOMENTANEA DE NOTAS DE OPINIÓN.
SALUDOS Y ABRAZOS A TOD@S.
AGRUPACIÓN CELESTE ENTRE RÍOS
SALUDOS Y ABRAZOS A TOD@S.
AGRUPACIÓN CELESTE ENTRE RÍOS
viernes, 2 de abril de 2010
LA SIP REPITE LO QUE DICEN LAS NOTAS DE CLARÍN Y LA NACIÓN
Ricardo Nissen
“Los accionistas de Papel Prensa difunden falsedades desde que el Estado Nacional defiende el derecho de todos los medios.”
Abogado del Estado nacional en la causa de la intervención judicial de Papel Prensa, denuncia que ambos medios ocultaron las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de sus directores en contra de los derechos de la partipación del capital estatal.
Por Jorge Mancinelli
- ¿Qué hechos puntuales tiene en cuenta el pedido de intervención judicial a Papel Prensa?
-Las medidas cautelares fueron solicitadas en causa iniciada ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 2 y dispuestas por el titular de ese juzgado, Dr. Eduardo Malde, quien intervino judicialmente Papel Prensa S.A. designando un coadministrador judicial con funciones equiparadas a las de un director. La resolución del magistrado incluyó la suspensión del asesor legal del directorio, Dr. Enrique Pigretti, así como la ejecución de diversos actos del directorio y la celebración de una asamblea de accionistas. Las decisiones judiciales están fundadas en las sanciones que la Comisión Nacional de Valores (CNV) le impuso a Papel Prensa ante diversas irregularidades que ese Organismo comprobó en el manejo de esa empresa y en la desatención y desacato en que incurrieron los directores que representan a Clarín y La Nación al no aplicar resoluciones que eran de cumplimiento obligatorio. En la resolución judicial se tiene en cuenta, además, el ocultamiento de información respecto de la actividad de la empresa por parte de los directores del sector privado en perjuicio de los directores que designó el Estado Nacional así como el hecho de que se impidiera la asunción del cargo respecto de un integrante del consejo de vigilancia de la sociedad que había sido designado por el propio Estado Nacional, maniobra nuevamente atribuida a los directores del sector privado.
-Dr. Nissen, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa al gobierno argentino de hostigar a Papel Prensa ¿puede Ud. demostrar que la solicitud de intervención judicial no es la prueba de un hostigamiento?
-La Sociedad Interamericana de Prensa no consultó la causa que lleva la justicia contra Papel Prensa, sino que reprodujo notas publicadas por LA NACION y CLARIN, en las que se ocultaron dolosamente las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de los directores que representan a esos medios, así como nunca se informaron los avasallamientos que esos directores cometieron contra los derechos del capital estatal; violaciones normativas que dieron lugar a la intervención judicial. Clarín y La Nación desinformaron una vez más con la fábula que se trataba de una nueva muestra del "hostigamiento" del Secretario de Comercio Interior, el Licenciado Guillermo Moreno, hacia Papel Prensa. Esa es la conducta de esos medios; en cuanto a la declaración de la SIP, organización corporativa de propietarios de diarios, la misma muestra el grado de sumisión que esa entidad tiene respecto de sus socios; dependencia que prevalece por sobre el compromiso que debería tener con las libertades de prensa y de información. Si le importara la libertad de información, promovería la obligación de informar con la verdad; y si le interesara la libertad de prensa, se pararía al lado de la inmensa cantidad de medios gráficos que en la Argentina padecen el monopolio que Clarín y La Nación establecieron sobre el mercado de papel a través del manejo de Papel Prensa.
-Si bien el desconocimiento de las leyes no es causal de exculpación, bien podría ocurrir que la SIP no esté informada del juicio contra Papel Prensa
-Mire, es llamativo el supino desconocimiento del que hace gala la SIP sobre lo que verdaderamente ocurre en el seno de Papel Prensa SA, pues mal puede llamar "hostigamiento" a una sentencia judicial que es pública y por la que el juez resolvió sancionar a esa entidad con las mas graves medidas precautorias que admite nuestro ordenamiento societario, como es la intervención judicial de su administración, aún en grado de coadministración. Tan contundente es la resolución judicial, que por primera vez un juez suspende al abogado de la empresa, en este caso el Dr. Enrique Pigretti, por manifiesta parcialidad en beneficio de los accionistas privados, que no son otros que las sociedades comerciales que controlan CLARIN y LA NACION. Equiparar el ejercicio legítimo de un derecho al concepto de hostigamiento es de una ligereza asombrosa que no puede ser admitido, salvo que prevalezca la falsedad y la mala fe.
-¿Pudo haber otra alternativa que el pedido de intervención judicial?
-La Comisión Nacional de Valores constató serias irregularidades, intolerables en una sociedad que por cotizar en bolsa está sujeta a estrictos controles legales en defensa del público inversor. Los directores que representan a Clarín y La Nación habían avalado actas falsas al mismo tiempo que desconocían a la autoridad de control ignorando sus resoluciones de una manera que roza la provocación.
En suma, en el caso se ha comprobado – con la provisionalidad propia de toda medida cautelar – la comisión de gravísimas irregularidades imputadas a los directores designados por el sector privado en la administración de Papel Prensa S.A., quienes de hecho han pretendido convertir a los funcionarios designados por el Estado en meras figuras decorativas sin ningún poder de decisión, escamoteándoles información vital sobre las actividades de la empresa o trabando la asunción de sus cargos, todo ello agravado por otra serie de irregularidades vinculadas al control irrenunciable que es deber funcional de la Comisión Nacional de Valores.
Por todo ello, que se hayan iniciado acciones judiciales para poner fin a las irregularidades y excesos, nunca puede ser juzgado como un hostigamiento, sino como el estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público.
-Al comunicado de la SIP, le siguió el 24 de marzo una nota en La Nación firmada por Morales Solá. En la misma se hacen acusaciones similares a las de la SIP contra la actuación del Estado Nacional como accionista de Papel Prensa, aunque va más allá.
-Es la repetición del mismo discurso falso y difamatorio que los accionistas privados de Papel Prensa vienen difundiendo desde que tomaron conciencia que los representantes del Estado Nacional estan para cuidar el patrimonio público y defender el derecho que tienen todos los medios gráficos a acceder en condiciones igualitarias al papel que produce la empresa. Es decir, a que la libertad de prensa, de impresión, comience a ser realidad en nuestro país porque para que haya libertad, tiene que haber un piso común de derechos y obligaciones. En cuanto a que va más allá, sí lo hace al escribir las siguientes falsedades (leo el artículo):"Moreno instruyó a los directores estatales de Papel Prensa para que hicieran lo posible y lo imposible para devaluar la empresa hasta que el Estado pudiera comprarla a precio de oferta o para crear las condiciones de una intervención. Es eso lo que ha hecho durante seis meses. Papel Prensa sería inviable si LA NACION y Clarín decidieran no comprarle papel para diarios. Podrían consumir papel importado. Pero ¿qué sucedería si Moreno, dueño y señor de la Aduana, decidiera cerrar la importación de papel? Esa es la pregunta que los periodistas debemos hacernos. En tal caso, los diarios deberían caer de rodillas ante Moreno para acceder a míseras cuotas de papel…". Tales afirmaciones son absurdas: Primero, ningún director puede hacer caer el valor de una empresa por querer saber como se administra; segundo, si la información que hasta ahora han proporcionado respecto de egresos, ingresos, resultados y patrimonio es falsa, es un problema penal que tendrán que afrontar quienes cometieron el fraude; tercero, si el valor de la empresa cayera, eso no justifica ni habilita al Estado para que la compre, en todo caso los interesados podrían ser representantes de los medios que hasta ahora han sido discriminados; cuarto, Papel Prensa no se hizo para abastecer a dos empresas, sino a todo el mercado, por lo tanto es falso de toda falsedad que esa empresa exista gracias a La Nación y Clarín, afirmación que revela cinismo y desparpajo; quinto, que luego de afirmar que Papel Prensa no sería viable sin el consumo que hacen sus propios accionistas del papel que produce, concluye que tendrían que importar papel y entonces ahí aparece nuevamente Moreno quien no se los dejaría importar. La conclusión del sofisma es, entonces, "monopolio o víctima". El artículo de Morales Solá, además de falso e interesado, es sencillamente patético.
El Argentino, 28-03-2010.-
“Los accionistas de Papel Prensa difunden falsedades desde que el Estado Nacional defiende el derecho de todos los medios.”
Abogado del Estado nacional en la causa de la intervención judicial de Papel Prensa, denuncia que ambos medios ocultaron las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de sus directores en contra de los derechos de la partipación del capital estatal.
Por Jorge Mancinelli
- ¿Qué hechos puntuales tiene en cuenta el pedido de intervención judicial a Papel Prensa?
-Las medidas cautelares fueron solicitadas en causa iniciada ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 2 y dispuestas por el titular de ese juzgado, Dr. Eduardo Malde, quien intervino judicialmente Papel Prensa S.A. designando un coadministrador judicial con funciones equiparadas a las de un director. La resolución del magistrado incluyó la suspensión del asesor legal del directorio, Dr. Enrique Pigretti, así como la ejecución de diversos actos del directorio y la celebración de una asamblea de accionistas. Las decisiones judiciales están fundadas en las sanciones que la Comisión Nacional de Valores (CNV) le impuso a Papel Prensa ante diversas irregularidades que ese Organismo comprobó en el manejo de esa empresa y en la desatención y desacato en que incurrieron los directores que representan a Clarín y La Nación al no aplicar resoluciones que eran de cumplimiento obligatorio. En la resolución judicial se tiene en cuenta, además, el ocultamiento de información respecto de la actividad de la empresa por parte de los directores del sector privado en perjuicio de los directores que designó el Estado Nacional así como el hecho de que se impidiera la asunción del cargo respecto de un integrante del consejo de vigilancia de la sociedad que había sido designado por el propio Estado Nacional, maniobra nuevamente atribuida a los directores del sector privado.
-Dr. Nissen, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa al gobierno argentino de hostigar a Papel Prensa ¿puede Ud. demostrar que la solicitud de intervención judicial no es la prueba de un hostigamiento?
-La Sociedad Interamericana de Prensa no consultó la causa que lleva la justicia contra Papel Prensa, sino que reprodujo notas publicadas por LA NACION y CLARIN, en las que se ocultaron dolosamente las irregularidades en el manejo de la empresa por parte de los directores que representan a esos medios, así como nunca se informaron los avasallamientos que esos directores cometieron contra los derechos del capital estatal; violaciones normativas que dieron lugar a la intervención judicial. Clarín y La Nación desinformaron una vez más con la fábula que se trataba de una nueva muestra del "hostigamiento" del Secretario de Comercio Interior, el Licenciado Guillermo Moreno, hacia Papel Prensa. Esa es la conducta de esos medios; en cuanto a la declaración de la SIP, organización corporativa de propietarios de diarios, la misma muestra el grado de sumisión que esa entidad tiene respecto de sus socios; dependencia que prevalece por sobre el compromiso que debería tener con las libertades de prensa y de información. Si le importara la libertad de información, promovería la obligación de informar con la verdad; y si le interesara la libertad de prensa, se pararía al lado de la inmensa cantidad de medios gráficos que en la Argentina padecen el monopolio que Clarín y La Nación establecieron sobre el mercado de papel a través del manejo de Papel Prensa.
-Si bien el desconocimiento de las leyes no es causal de exculpación, bien podría ocurrir que la SIP no esté informada del juicio contra Papel Prensa
-Mire, es llamativo el supino desconocimiento del que hace gala la SIP sobre lo que verdaderamente ocurre en el seno de Papel Prensa SA, pues mal puede llamar "hostigamiento" a una sentencia judicial que es pública y por la que el juez resolvió sancionar a esa entidad con las mas graves medidas precautorias que admite nuestro ordenamiento societario, como es la intervención judicial de su administración, aún en grado de coadministración. Tan contundente es la resolución judicial, que por primera vez un juez suspende al abogado de la empresa, en este caso el Dr. Enrique Pigretti, por manifiesta parcialidad en beneficio de los accionistas privados, que no son otros que las sociedades comerciales que controlan CLARIN y LA NACION. Equiparar el ejercicio legítimo de un derecho al concepto de hostigamiento es de una ligereza asombrosa que no puede ser admitido, salvo que prevalezca la falsedad y la mala fe.
-¿Pudo haber otra alternativa que el pedido de intervención judicial?
-La Comisión Nacional de Valores constató serias irregularidades, intolerables en una sociedad que por cotizar en bolsa está sujeta a estrictos controles legales en defensa del público inversor. Los directores que representan a Clarín y La Nación habían avalado actas falsas al mismo tiempo que desconocían a la autoridad de control ignorando sus resoluciones de una manera que roza la provocación.
En suma, en el caso se ha comprobado – con la provisionalidad propia de toda medida cautelar – la comisión de gravísimas irregularidades imputadas a los directores designados por el sector privado en la administración de Papel Prensa S.A., quienes de hecho han pretendido convertir a los funcionarios designados por el Estado en meras figuras decorativas sin ningún poder de decisión, escamoteándoles información vital sobre las actividades de la empresa o trabando la asunción de sus cargos, todo ello agravado por otra serie de irregularidades vinculadas al control irrenunciable que es deber funcional de la Comisión Nacional de Valores.
Por todo ello, que se hayan iniciado acciones judiciales para poner fin a las irregularidades y excesos, nunca puede ser juzgado como un hostigamiento, sino como el estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público.
-Al comunicado de la SIP, le siguió el 24 de marzo una nota en La Nación firmada por Morales Solá. En la misma se hacen acusaciones similares a las de la SIP contra la actuación del Estado Nacional como accionista de Papel Prensa, aunque va más allá.
-Es la repetición del mismo discurso falso y difamatorio que los accionistas privados de Papel Prensa vienen difundiendo desde que tomaron conciencia que los representantes del Estado Nacional estan para cuidar el patrimonio público y defender el derecho que tienen todos los medios gráficos a acceder en condiciones igualitarias al papel que produce la empresa. Es decir, a que la libertad de prensa, de impresión, comience a ser realidad en nuestro país porque para que haya libertad, tiene que haber un piso común de derechos y obligaciones. En cuanto a que va más allá, sí lo hace al escribir las siguientes falsedades (leo el artículo):"Moreno instruyó a los directores estatales de Papel Prensa para que hicieran lo posible y lo imposible para devaluar la empresa hasta que el Estado pudiera comprarla a precio de oferta o para crear las condiciones de una intervención. Es eso lo que ha hecho durante seis meses. Papel Prensa sería inviable si LA NACION y Clarín decidieran no comprarle papel para diarios. Podrían consumir papel importado. Pero ¿qué sucedería si Moreno, dueño y señor de la Aduana, decidiera cerrar la importación de papel? Esa es la pregunta que los periodistas debemos hacernos. En tal caso, los diarios deberían caer de rodillas ante Moreno para acceder a míseras cuotas de papel…". Tales afirmaciones son absurdas: Primero, ningún director puede hacer caer el valor de una empresa por querer saber como se administra; segundo, si la información que hasta ahora han proporcionado respecto de egresos, ingresos, resultados y patrimonio es falsa, es un problema penal que tendrán que afrontar quienes cometieron el fraude; tercero, si el valor de la empresa cayera, eso no justifica ni habilita al Estado para que la compre, en todo caso los interesados podrían ser representantes de los medios que hasta ahora han sido discriminados; cuarto, Papel Prensa no se hizo para abastecer a dos empresas, sino a todo el mercado, por lo tanto es falso de toda falsedad que esa empresa exista gracias a La Nación y Clarín, afirmación que revela cinismo y desparpajo; quinto, que luego de afirmar que Papel Prensa no sería viable sin el consumo que hacen sus propios accionistas del papel que produce, concluye que tendrían que importar papel y entonces ahí aparece nuevamente Moreno quien no se los dejaría importar. La conclusión del sofisma es, entonces, "monopolio o víctima". El artículo de Morales Solá, además de falso e interesado, es sencillamente patético.
El Argentino, 28-03-2010.-
LA JUSTICIA DE COBOS
Jorge Álvaro
“La Cámara mendocina y la jueza Pura de Arrabal son una empresa”
“En Mendoza lo dice todo el ambiente judicial: el líder de está banda es el Juez Romano”
El diputado mendocino por el Partido de la Concertación denuncia a los integrantes de la Cámara Federal y su connivencia con la dictadura, grupos económicos y medios de comunicación.
Por Francisco Balázs
El diputado mendocino de por la Partido de la Concertación, Jorge Álvaro fue quien apeló la medida cautelar introducida por el diputado cobista Enrique Thomas que llevó a la jueza Olga de Arrabal el 21 de diciembre pasado a suspender la ley de medios. Además de apelar la medida cautelar ante la Cámara Federal de Mendoza, Álvaro recusó a los integrantes de la Cámara por estar denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad.
Ante el reciente fallo de la Cámara Federal ratificando el de la Dra. Pura de Arrabal, Miradas al Sur conversó con el diputado sobre la causa sobre la ley de medios y el funcionamiento de la justicia en Mendoza.
La causa comienza con una presentación del diputado Enrique Thomas a la que se le hace lugar aduciendo que él, como otros diputados, no pudieron actuar en el Congreso en defensa de los representados que lo votaron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", menciona la sentencia.
“La demanda de Thomas está basada en el tratamiento de la ley en Diputados de la Nación. Primero dice que el despacho no se firmó en el recinto y después que no se esperaron los 7 días para tratarlo. Eso es lo que ahora la Cámara acaba de ratificar como válido. Por otro lado, Cobos se presentó ante el juez que falló la semana pasada por esa mamarrachada que hicieron con la bicameral diciendo que los tramites parlamentarios no son judiciables. Yo necesito ahora que venga en mi ayuda porque acaba de decir que sí lo son y que tiene razón Thomas. Cuando la jueza dicta la cautelar, que es lo que yo apelo, no sólo le da la razón a Thomas sino que evade el contenido de la ley. Yo apelé a los 5 días así que este fallo debe ser del 26 de diciembre. Ella dice que la ley objetivamente fija censura previa sin citar ningún artículo de la ley, lo dice genéricamente. Desde el punto de vista de la técnica judicial es inaceptable, debió haber mencionado artículos concretos. Habló de todas las generalidad que desde la oposición a la ley se puede decir. Yo apelo todo eso, lo de Thomas porque no es cierto lo que dice y porque además era una sesión especial y no se deben esperar los 7 días que él menciona, que además se retiró de la sesión. No se puede decir que no hubo tiempo para estudiar la ley como él dice cuando la diputada Silvana Giúdice –presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión- que presentó una cuestión de privilegios y no como Thomas que se fue de la sesión, en el mismo sentido diciendo que no había tenido tiempo de estudiarla pero con la salvedad de que ella omite que presentó un despacho en minoría. Por un lado no la conocía y por el otro presenta uno con tantas páginas como el que tenía el proyecto oficial. Nosotros sabemos a qué responde todo esto, es el largo brazo del poder, del judicial, del mediático y del económico que usa a las personas que se le ofrecen”, sostiene Alvaro.
-Usted también recusó a los miembros de la Cámara Federal luego termino confirmando el fallo de primera instancia de Pura de Arrabal
-Esta Cámara, junto con la doctora De Arrabal de primera instancia, son una empresa. Ya es así, lo digo clarito. Yo tengo una denuncia que les han hecho, que me la ha dado un abogado de acá, una demanda que está en el Consejo de la Magistratura y que dice que hay un cobro de una indemnización de una persona fallecida que nunca existió. Está involucrada la jueza De Arrabal y esta Cámara. En el medio creo que está la secretaria de la jueza que es la nuera de Nicolás Becerra y no sé si Miret o Petra, algunos de los dos, tiene un grado de parentesco político con Daniel Vila.
-Cuando se refiere a una empresa, ¿ quien sería el gerente general?
-El líder de esta banda es Romano, eso lo dice todo el ambiente judicial.
-Y de casos de connivencia de muchos de estos jueces con la dictadura…
-El caso de Miret que se excusó de una causa de lesa humanidad aduciendo que era amigo personal del General de Brigada Teófilo Saá. Después cuando vinieron los juicios de lesa humanidad no se excusó. La justicia actúa como corporación esto es lo más concentrado y es la cara más feroz de ese problema.
-Hasta donde llegan los intereses de La "Empresa", como usted la definió?
-Un ejemplo es el fallo del Juez Petra con respecto a una causa que tiene el Grupo Vila, constructor del Barrio Dalvian, que para ampliar ese barrio que está a menos de 5 minutos en auto del centro de la capital y que es de un valor incalculable. El Grupo Vila – encabezado por el padre, que ya falleció, Luis Alfredo Vila, hizo una demanda por usucapión para apropiarse de 32 hectáreas linderas al Barrio Dalvian que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo que tiene todo su campus ahí abajo. Demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a la Universidad. Son 3 causas y están en la Corte, aclaro. El doctor Petra fue a favor del grupo. No tengo la fecha pero esto debe tener por lo menos 2 años de antigüedad.
-El viernes pasado La Nación publicó una entrevista al juez Romano donde se refiere a la conferencia de prensa donde denuncia que el 28 de diciembre fue acosado por manifestantes de derechos humanos y que pocos días después tuvo en su casa una suerte de robo/allanamiento. ¿Qué cobertura tuvo eso cuando sucedió?
-Él dio una conferencia de prensa junto con Miret el 29 de diciembre. Está en el diario Los Andes (diario que pertenece al grupo Clarín y a quien la Dra. Pura de Arrabal concedió la primicia de su fallo, antes de notificar al Estado Nacional, tal como indican los pasos de rigor a seguir) denunciando presiones de grupos como si fueran declaraciones mías. ¿Qué eran las presiones?: que los abogados patrocinantes de los organismos de derechos humanos de Mendoza habían presentado ante el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, un pedido de enjuiciamiento contra él y el juez Miret. El título de la conferencia era que estaban sufriendo presiones del oficialismo vinculadas a la ley de medios.
-Es común denominador ver que gran parte de los jueces, no los del TOF 1 sino los de esta cámara, son jueces de una edad muy avanzada y que sus inicios en el Poder Judicial se remontan a la época de la dictadura o a los años previos.
-Sí, vinculados a la dictadura y a los ´90.
El Argentino, 28-03-2010.-
“La Cámara mendocina y la jueza Pura de Arrabal son una empresa”
“En Mendoza lo dice todo el ambiente judicial: el líder de está banda es el Juez Romano”
El diputado mendocino por el Partido de la Concertación denuncia a los integrantes de la Cámara Federal y su connivencia con la dictadura, grupos económicos y medios de comunicación.
Por Francisco Balázs
El diputado mendocino de por la Partido de la Concertación, Jorge Álvaro fue quien apeló la medida cautelar introducida por el diputado cobista Enrique Thomas que llevó a la jueza Olga de Arrabal el 21 de diciembre pasado a suspender la ley de medios. Además de apelar la medida cautelar ante la Cámara Federal de Mendoza, Álvaro recusó a los integrantes de la Cámara por estar denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad.
Ante el reciente fallo de la Cámara Federal ratificando el de la Dra. Pura de Arrabal, Miradas al Sur conversó con el diputado sobre la causa sobre la ley de medios y el funcionamiento de la justicia en Mendoza.
La causa comienza con una presentación del diputado Enrique Thomas a la que se le hace lugar aduciendo que él, como otros diputados, no pudieron actuar en el Congreso en defensa de los representados que lo votaron. "Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", menciona la sentencia.
“La demanda de Thomas está basada en el tratamiento de la ley en Diputados de la Nación. Primero dice que el despacho no se firmó en el recinto y después que no se esperaron los 7 días para tratarlo. Eso es lo que ahora la Cámara acaba de ratificar como válido. Por otro lado, Cobos se presentó ante el juez que falló la semana pasada por esa mamarrachada que hicieron con la bicameral diciendo que los tramites parlamentarios no son judiciables. Yo necesito ahora que venga en mi ayuda porque acaba de decir que sí lo son y que tiene razón Thomas. Cuando la jueza dicta la cautelar, que es lo que yo apelo, no sólo le da la razón a Thomas sino que evade el contenido de la ley. Yo apelé a los 5 días así que este fallo debe ser del 26 de diciembre. Ella dice que la ley objetivamente fija censura previa sin citar ningún artículo de la ley, lo dice genéricamente. Desde el punto de vista de la técnica judicial es inaceptable, debió haber mencionado artículos concretos. Habló de todas las generalidad que desde la oposición a la ley se puede decir. Yo apelo todo eso, lo de Thomas porque no es cierto lo que dice y porque además era una sesión especial y no se deben esperar los 7 días que él menciona, que además se retiró de la sesión. No se puede decir que no hubo tiempo para estudiar la ley como él dice cuando la diputada Silvana Giúdice –presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión- que presentó una cuestión de privilegios y no como Thomas que se fue de la sesión, en el mismo sentido diciendo que no había tenido tiempo de estudiarla pero con la salvedad de que ella omite que presentó un despacho en minoría. Por un lado no la conocía y por el otro presenta uno con tantas páginas como el que tenía el proyecto oficial. Nosotros sabemos a qué responde todo esto, es el largo brazo del poder, del judicial, del mediático y del económico que usa a las personas que se le ofrecen”, sostiene Alvaro.
-Usted también recusó a los miembros de la Cámara Federal luego termino confirmando el fallo de primera instancia de Pura de Arrabal
-Esta Cámara, junto con la doctora De Arrabal de primera instancia, son una empresa. Ya es así, lo digo clarito. Yo tengo una denuncia que les han hecho, que me la ha dado un abogado de acá, una demanda que está en el Consejo de la Magistratura y que dice que hay un cobro de una indemnización de una persona fallecida que nunca existió. Está involucrada la jueza De Arrabal y esta Cámara. En el medio creo que está la secretaria de la jueza que es la nuera de Nicolás Becerra y no sé si Miret o Petra, algunos de los dos, tiene un grado de parentesco político con Daniel Vila.
-Cuando se refiere a una empresa, ¿ quien sería el gerente general?
-El líder de esta banda es Romano, eso lo dice todo el ambiente judicial.
-Y de casos de connivencia de muchos de estos jueces con la dictadura…
-El caso de Miret que se excusó de una causa de lesa humanidad aduciendo que era amigo personal del General de Brigada Teófilo Saá. Después cuando vinieron los juicios de lesa humanidad no se excusó. La justicia actúa como corporación esto es lo más concentrado y es la cara más feroz de ese problema.
-Hasta donde llegan los intereses de La "Empresa", como usted la definió?
-Un ejemplo es el fallo del Juez Petra con respecto a una causa que tiene el Grupo Vila, constructor del Barrio Dalvian, que para ampliar ese barrio que está a menos de 5 minutos en auto del centro de la capital y que es de un valor incalculable. El Grupo Vila – encabezado por el padre, que ya falleció, Luis Alfredo Vila, hizo una demanda por usucapión para apropiarse de 32 hectáreas linderas al Barrio Dalvian que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo que tiene todo su campus ahí abajo. Demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a la Universidad. Son 3 causas y están en la Corte, aclaro. El doctor Petra fue a favor del grupo. No tengo la fecha pero esto debe tener por lo menos 2 años de antigüedad.
-El viernes pasado La Nación publicó una entrevista al juez Romano donde se refiere a la conferencia de prensa donde denuncia que el 28 de diciembre fue acosado por manifestantes de derechos humanos y que pocos días después tuvo en su casa una suerte de robo/allanamiento. ¿Qué cobertura tuvo eso cuando sucedió?
-Él dio una conferencia de prensa junto con Miret el 29 de diciembre. Está en el diario Los Andes (diario que pertenece al grupo Clarín y a quien la Dra. Pura de Arrabal concedió la primicia de su fallo, antes de notificar al Estado Nacional, tal como indican los pasos de rigor a seguir) denunciando presiones de grupos como si fueran declaraciones mías. ¿Qué eran las presiones?: que los abogados patrocinantes de los organismos de derechos humanos de Mendoza habían presentado ante el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, un pedido de enjuiciamiento contra él y el juez Miret. El título de la conferencia era que estaban sufriendo presiones del oficialismo vinculadas a la ley de medios.
-Es común denominador ver que gran parte de los jueces, no los del TOF 1 sino los de esta cámara, son jueces de una edad muy avanzada y que sus inicios en el Poder Judicial se remontan a la época de la dictadura o a los años previos.
-Sí, vinculados a la dictadura y a los ´90.
El Argentino, 28-03-2010.-
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