EL MEDICAMENTO COMO UN BIEN SOCIAL

El amargo sabor de los medicamentos

En los últimos meses la prensa informó periódicamente acerca de la «mafia de los medicamentos», personas detenidas, crímenes, medicamentos vencidos y «truchos». Esas noticias dejan un sabor amargo, similar al de algunos remedios.

No quedan al margen de las acusaciones ni el sector público, ni los laboratorios, ni el comercio ni los prestadores de salud. El nivel de corrupción en este rubro pareciera no tener límites. Pero como en otros temas, se soslaya el centro del debate y por ende no se analizan las soluciones concretas.

Los medicamentos constituyen un bien público, no pueden ser librados a las leyes de mercado como si fueran una mercancía más. Los países más desarrollados, aun los defensores más acérrimos del mercado y del capitalismo, ejercen un férreo control sobre la calidad de las drogas, su distribución al público y los precios. La cuestión de fondo pasa por si se prioriza la salud del ciudadano o los intereses de los laboratorios.

En nuestro país se comercializan más de 15.000 marcas –la farmacopea europea tiene cerca de 2.000 productos y la norteamericana 2.500–, mientras que la Organización Mundial de la Salud presenta un vademécum de sólo 300 drogas básicas. Lo paradójico es que a pesar de la cantidad de marcas en nuestro medio (inédita en el mundo), se estima que cerca del 50% de la población no tiene acceso a los medicamentos.

A esto se le suma la aparición de fármacos de alto costo como los oncológicos, los antirretrovirales para el VIH-Sida y los antibióticos de nueva generación que representan una tentación adicional para el ilícito. El mercado de los medicamentos mueve cerca de 4500 millones de pesos al año y representa una parte mayor del gasto total de la salud que en otros países. Además, son comercializados en quioscos y supermercados, contraviniendo la ley que sólo permite hacerlo en las farmacias.

A diferencia de otros países, como Brasil, donde el Estado sostiene los laboratorios públicos para la fabricación de drogas básicas, en Argentina, con más de 19 laboratorios en condiciones de producir medicamentos económicos, nada se hace para su desarrollo.

En vez de utilizar el vademécum de no más de 300 drogas básicas y recetar por monodroga (pese a existir una ley en este último aspecto), se incita al consumo de marcas de medicamento en los medios de comunicación y hasta en los colectivos. Así se favorece la automedicación que produce varios cientos de muertos al año en el país.

La tentación de cambiar los vencimientos de medicamentos, de robarlos y venderlos en lugares no permitidos, de adulterar los contenidos de los frascos y la falta de penas duras para estos delitos, favorecen la creación de droguerías fantasmas que se asocian a entes públicos y privados, con funcionarios corruptos, para lucrar con la enfermedad de las personas. La solución de estos problemas es de resorte principal del sector público. La sanción de leyes que consideren el medicamento como un bien social, la obligación de recetar por monodroga (y las drogas básicas), el control de las drogas, los precios y los laboratorios, el fomento de los laboratorios públicos, la fiscalización de la distribución y las penas duras para estos delitos son imprescindibles para comenzar a modificar el amargo sabor de estos temas.

Conspira contra las soluciones posibles, la gran ignorancia que existe en distintos actores públicos, políticos y sanitarios sobre estas cuestiones. Se tiende a minimizar, cuando no a ocultar el problema. En ciertos casos, culpan a los médicos por la excesiva prescripción de medicamentos. Pero los médicos no fabrican drogas ni comercializan medicamentos. Algunos pueden ser tentados con viajes a congresos, pero la inmensa mayoría sólo receta lo que necesitan sus pacientes.

Las farmacias han desvirtuado su rol y se transformaron, en muchos casos, en pequeños supermercados, y se argumenta que no todas las marcas de un mismo medicamento presentan la misma potencia de la droga. Efectivamente, se han demostrado diferencias y, por las dudas que generan los controles, se acrecienta el interrogante. Se podrá decir que existe la Anmat, que controla, pero es insuficiente. Una vez más, se niega el problema.

RICARDO LÓPEZ - PRESIDENTE DE FAESS

FUENTE: Revista “Acción”- Segunda quincena de febrero 2010-