“Esa” ley del bautismo múltiple
Por Orlando Barone
Algo nuevo ha estado ocurriendo estas últimas semanas entre los argentinos: algo que nos convierte en ciudadanos protagonistas. Es la discusión acerca de la nueva Ley de Medios audiovisuales o de radiodifusión. Bautícela como quiera. Ley del miedo, ley K, ley mordaza, ley chavista, ley intencionada, ley contra un grupo empresario, ley por la libertad de expresión o por la libertad de pequeñas empresas. Ley innecesaria en una sociedad con pobreza. Ley por qué tanto apuro. Ley que distrae a propósito de temas más importantes. Cualquiera sea el lugar desde donde cada uno discuta; desde donde cada uno la apoye o se oponga, el tratamiento público que coloca a esta Ley en escena también nos coloca en escena a nosotros: los ciudadanos. Ese comprometernos en lo heterogéneo y en lo diverso es un significante básico de la democracia. Cualquiera sea nuestro conocimiento o nuestra ignorancia hay en cada uno una reacción instintiva que nos empuja a no desconocer eso que pasa en el parlamento. Y aquí estamos involucrados en el debate, desde cerca o desde lejos; a veces confundidos o absortos; o convencidos de que sabemos por qué tomamos esta posición y no otra. Cuando un tema adquiere esta relevancia; cuando los intereses en juego apelan a todos sus recursos, algo grueso debe de estar desarrollándose e incubando. Algo que aunque aparenta importar a los directamente comprometidos nos concierne a nosotros. Como nos concierne la Corte Suprema, de la cual a veces no memorizamos los nombres de quienes la integran; como nos concierne Honduras, aunque no sepamos donde queda en el mapa. Y como nos concierne a todos – y desde ya a los pobres- la pobreza, pero también nos concierne desde qué lugar de la política y de la economía se la enfrenta con más sinceridad y eficacia. Así que hay que aguantarse este tiempo cargado de “esa” Ley que de buena gana para muchos interesados económicos podría haber seguido en el cajón o en la penumbra sin que nadie la reclamara. Pero de pronto sale; se filtra entre los intersticios de la agenda y se delata y descubre. Ya no se la puede volver a encajonar. Ha salido desnuda y ha desnudado a los intereses. Y también nos desnuda a nosotros. No hay unanimidad ni uniformidad en nada humano. La democracia es precisamente la diversidad. ¿En qué lugar de esa diversidad me individualizo y comprometo? Aún desde la indiferencia estoy involucrado. Una sociedad se hace de disensos y pasiones encontradas. No hay que hacer caso de esas encuestas que dicen que a las sociedades les gustan los gobiernos tranquilos. Los gobiernos tranquilos no cambian nada. Tampoco las ideologías falsamente neutras. Porque actúan para los que ya están satisfechos. O desganados. La llamada “intranquilidad” es el estado de ánimo de una sociedad viva. Así que “esa” ley nos ejercita y nos prueba.
Carta abierta leída por Orlando Barone el 28 de Septiembre de 2009 en Radio del Plata.
martes, 29 de septiembre de 2009
LA CENTROIZQUIERDA ARGENTINA
La encrucijada del centroizquierda
Por Sebastián Etchemendy *
La votación en Diputados de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de incuestionable carácter progresista y superador del statu quo, mostró un masivo apoyo del centroizquierda en sus diferentes versiones a la iniciativa y alumbró un camino auspicioso. Como pocas veces, la votación mostró una alineación claramente ideológica de los partidos parlamentarios y el resultado fue consecuencia de virtudes de ambas partes: un gobierno proponiendo una ley transformadora que abrió el juego para buscar consenso y un centroizquierda que, a diferencia de instancias como la 125 o en algunos casos la reforma previsional, dejó de lado posturas testimoniales para incidir en la puja de poder real. Como en los orígenes del Frepaso, el centroizquierda atraviesa en estos meses una encrucijada que seguramente incida en el carácter que va a adquirir el espacio a futuro. Convendría, entonces, tener en cuenta algunos elementos esenciales para eludir viejos errores y evitar el neofrepasismo:
1. La apelación moralista como eje de construcción política tiene patas cortas. En el caso del Frepaso, la bandera primordial fue la “corrupción menemista”. Ahora, el purismo moral corre el riesgo de hegemonizar otra vez ciertos espacios de centroizquierda. Se invoca la corrupción del gobierno kirchnerista o se hace hincapié casi exclusivo sobre las multinacionales que depredan los recursos naturales. En esta visión, los malos generalmente son sectores más o menos difusos y lejanos para la clase media porteña, lo que permite bien acomodar conciencias. Es decir, este discurso “progresista” pone el foco en elites políticas impresentables del interior o del conurbano, o en sectores empresarios oscuros (paradigmáticamente “las mineras” o “los empresarios del juego”) antes que en, por ejemplo, el sistema de poder mediático o las patronales agrarias. Esto no quiere decir, obviamente, que hay que aceptar cualquier práctica, ni que haya que dejar de denunciar la corrupción o la minería a cielo abierto. Pero basar la construcción propia en discursos moralizantes y mundos ideales, en lugar de enfatizar pujas de poder más inmediatas, y posibles alianzas para incidir en ella, elude los problemas principales, abre la puerta al sectarismo y desorienta a los cuadros propios al agrandar todo el tiempo la brecha entre promesas y posibles realizaciones.
2. Los aparatos políticos territoriales son necesarios. Cegado por la victoria electoral de 1997 en la provincia de Buenos Aires, desde el Frepaso se apostó casi exclusivamente a una política mediática y “de ciudadanos”. Se relegó la construcción territorial y la militancia, se priorizó el romance con la opinión pública y los equipos de publicidad política. Sin embargo, los aparatos políticos son necesarios para gobernar, especialmente cuando se decide enfrentar a sectores de poder. Los partidos y organizaciones con base territorial están siempre, la luna de miel con la opinión pública y los medios va y viene. Crucialmente, la construcción territorial muchas veces entraña servicios y beneficios a los miembros del territorio o comunidad, que la derecha se apura a calificar de “clientelismo”. Sin embargo, es obvio que ese tipo de prácticas son vitales para mantener redes de apoyo por fuera de los circuitos de la política financiados por el establishment. Las elecciones de 1997 y las de junio último demuestran que los aparatos políticos solos no ganan elecciones. No obstante, gobernar sin organización territorial, especialmente cuando se tienen diferencias con sectores del poder económico, es ilusorio.
3. No hay proyecto progresista sin organización popular. Si se construye un armado progresista, pero no hay puentes con la CTA, con los sectores más combativos de la CGT, o con movimientos territoriales de desocupados, comunitarios, etc., pues es una señal de que algo anda mal. Frecuentemente se olvida que la CTA y la FTV orbitaron, allá lejos y hace tiempo, en torno del Frepaso, y que fueron de algún modo ninguneados por éste aun antes de que los imperativos de la emergencia económica dificultaran cualquier estrategia.
4. Hoy la búsqueda de aliados en el espacio nacional, popular y progresista empieza en el peronismo, puede seguir en el PS y es probablemente fútil en el radicalismo. A diferencia de los ’90, la formación de un espacio de centroizquierda debe buscar confluir con los sectores del peronismo que sostuvieron las políticas de estos años. El socialismo, por su parte, está librando la batalla por su alma: decide en estas épocas si va a ser un partido de alternativa para las corporaciones agrarias o va a tener algún rasgo que lo identifique con su nombre. En el radicalismo actual, en cambio, poco o nada parece quedar del alfonsinismo y las corrientes más progresistas o socialdemócratas que habitaron el partido en los ’80 y principios de los ’90.
5. Los problemas políticos fundamentales no se resuelven con recetas “técnicas” que alumbran políticas “óptimas”. Finalmente, hay una tendencia en sectores pretendidamente progresistas a despolitizar la política pública. Según esta visión, el problema de nuestros países es simplemente que no se deja actuar a las instituciones, que interfiere la corrupción y se eluden las soluciones “óptimas” y técnicas frente a problemas como la pobreza. Naturalmente, este fenómeno que traduce la política en operaciones de ONG termina siendo en los hechos un paraguas tradicional para iniciativas de centroderecha variopintas. Sin embargo, se ha hecho demasiado eco en sectores que (alguna vez) fueron progresistas. Las soluciones técnicas importan, y hay obviamente políticas públicas mejores que otras para ciertos fines. No obstante, si olvidamos que la política es ante todo relaciones de fuerza, y que ninguna transformación es duradera si no está apoyada en cierta constelación de fuerza populares organizadas de índole partidaria, sindical, comunitaria o barrial, esas soluciones técnicas serán simple maquillaje. De nuevo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da una pauta del camino a seguir: una propuesta progresista de contenidos técnicos complejos apoyada en una constelación de activismo comunitario y cultural importante.
Se abre una nueva etapa en la que la experiencia del centroizquierda en el posmenemismo no puede ser en vano. Una izquierda democrática que eluda la simple apelación moralista, que apueste por los aparatos políticos territoriales y la militancia, que se engarce con organizaciones populares, que busque confluir tanto con la CTA como con sectores de la CGT, que apueste a alianzas con sectores nacional-populares del peronismo, y que eluda los cantos de sirena de la “tecnocracia social” habrá dado un paso importante para no repetir errores del pasado.
* Politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
Página 12
Por Sebastián Etchemendy *
La votación en Diputados de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de incuestionable carácter progresista y superador del statu quo, mostró un masivo apoyo del centroizquierda en sus diferentes versiones a la iniciativa y alumbró un camino auspicioso. Como pocas veces, la votación mostró una alineación claramente ideológica de los partidos parlamentarios y el resultado fue consecuencia de virtudes de ambas partes: un gobierno proponiendo una ley transformadora que abrió el juego para buscar consenso y un centroizquierda que, a diferencia de instancias como la 125 o en algunos casos la reforma previsional, dejó de lado posturas testimoniales para incidir en la puja de poder real. Como en los orígenes del Frepaso, el centroizquierda atraviesa en estos meses una encrucijada que seguramente incida en el carácter que va a adquirir el espacio a futuro. Convendría, entonces, tener en cuenta algunos elementos esenciales para eludir viejos errores y evitar el neofrepasismo:
1. La apelación moralista como eje de construcción política tiene patas cortas. En el caso del Frepaso, la bandera primordial fue la “corrupción menemista”. Ahora, el purismo moral corre el riesgo de hegemonizar otra vez ciertos espacios de centroizquierda. Se invoca la corrupción del gobierno kirchnerista o se hace hincapié casi exclusivo sobre las multinacionales que depredan los recursos naturales. En esta visión, los malos generalmente son sectores más o menos difusos y lejanos para la clase media porteña, lo que permite bien acomodar conciencias. Es decir, este discurso “progresista” pone el foco en elites políticas impresentables del interior o del conurbano, o en sectores empresarios oscuros (paradigmáticamente “las mineras” o “los empresarios del juego”) antes que en, por ejemplo, el sistema de poder mediático o las patronales agrarias. Esto no quiere decir, obviamente, que hay que aceptar cualquier práctica, ni que haya que dejar de denunciar la corrupción o la minería a cielo abierto. Pero basar la construcción propia en discursos moralizantes y mundos ideales, en lugar de enfatizar pujas de poder más inmediatas, y posibles alianzas para incidir en ella, elude los problemas principales, abre la puerta al sectarismo y desorienta a los cuadros propios al agrandar todo el tiempo la brecha entre promesas y posibles realizaciones.
2. Los aparatos políticos territoriales son necesarios. Cegado por la victoria electoral de 1997 en la provincia de Buenos Aires, desde el Frepaso se apostó casi exclusivamente a una política mediática y “de ciudadanos”. Se relegó la construcción territorial y la militancia, se priorizó el romance con la opinión pública y los equipos de publicidad política. Sin embargo, los aparatos políticos son necesarios para gobernar, especialmente cuando se decide enfrentar a sectores de poder. Los partidos y organizaciones con base territorial están siempre, la luna de miel con la opinión pública y los medios va y viene. Crucialmente, la construcción territorial muchas veces entraña servicios y beneficios a los miembros del territorio o comunidad, que la derecha se apura a calificar de “clientelismo”. Sin embargo, es obvio que ese tipo de prácticas son vitales para mantener redes de apoyo por fuera de los circuitos de la política financiados por el establishment. Las elecciones de 1997 y las de junio último demuestran que los aparatos políticos solos no ganan elecciones. No obstante, gobernar sin organización territorial, especialmente cuando se tienen diferencias con sectores del poder económico, es ilusorio.
3. No hay proyecto progresista sin organización popular. Si se construye un armado progresista, pero no hay puentes con la CTA, con los sectores más combativos de la CGT, o con movimientos territoriales de desocupados, comunitarios, etc., pues es una señal de que algo anda mal. Frecuentemente se olvida que la CTA y la FTV orbitaron, allá lejos y hace tiempo, en torno del Frepaso, y que fueron de algún modo ninguneados por éste aun antes de que los imperativos de la emergencia económica dificultaran cualquier estrategia.
4. Hoy la búsqueda de aliados en el espacio nacional, popular y progresista empieza en el peronismo, puede seguir en el PS y es probablemente fútil en el radicalismo. A diferencia de los ’90, la formación de un espacio de centroizquierda debe buscar confluir con los sectores del peronismo que sostuvieron las políticas de estos años. El socialismo, por su parte, está librando la batalla por su alma: decide en estas épocas si va a ser un partido de alternativa para las corporaciones agrarias o va a tener algún rasgo que lo identifique con su nombre. En el radicalismo actual, en cambio, poco o nada parece quedar del alfonsinismo y las corrientes más progresistas o socialdemócratas que habitaron el partido en los ’80 y principios de los ’90.
5. Los problemas políticos fundamentales no se resuelven con recetas “técnicas” que alumbran políticas “óptimas”. Finalmente, hay una tendencia en sectores pretendidamente progresistas a despolitizar la política pública. Según esta visión, el problema de nuestros países es simplemente que no se deja actuar a las instituciones, que interfiere la corrupción y se eluden las soluciones “óptimas” y técnicas frente a problemas como la pobreza. Naturalmente, este fenómeno que traduce la política en operaciones de ONG termina siendo en los hechos un paraguas tradicional para iniciativas de centroderecha variopintas. Sin embargo, se ha hecho demasiado eco en sectores que (alguna vez) fueron progresistas. Las soluciones técnicas importan, y hay obviamente políticas públicas mejores que otras para ciertos fines. No obstante, si olvidamos que la política es ante todo relaciones de fuerza, y que ninguna transformación es duradera si no está apoyada en cierta constelación de fuerza populares organizadas de índole partidaria, sindical, comunitaria o barrial, esas soluciones técnicas serán simple maquillaje. De nuevo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da una pauta del camino a seguir: una propuesta progresista de contenidos técnicos complejos apoyada en una constelación de activismo comunitario y cultural importante.
Se abre una nueva etapa en la que la experiencia del centroizquierda en el posmenemismo no puede ser en vano. Una izquierda democrática que eluda la simple apelación moralista, que apueste por los aparatos políticos territoriales y la militancia, que se engarce con organizaciones populares, que busque confluir tanto con la CTA como con sectores de la CGT, que apueste a alianzas con sectores nacional-populares del peronismo, y que eluda los cantos de sirena de la “tecnocracia social” habrá dado un paso importante para no repetir errores del pasado.
* Politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
Página 12
SOJA : CHICOS FUMIGADOS
LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA
PENSE QUE SOLO AQUÍ A UNOS POCOS KILOMETROS DE ISRAEL, EN GAZA SOLO EXISTIAN NIÑOS UTILIZADOS DE ESCUDOS HUMANOS, SIENTO PENA DE HABERME EQUIVOCADO Y VER QUE EN EL OTRO EXTREMO DEL MUNDO EN LA ARGENTINA , EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ESTEN UTILIZANDO A LOS NIÑOS COMO BANDERAS HUMANAS.TE PIDO DE TODO CORAZÓN QUE DIFUNDAS ESTA NOTA , MUCHA GENTE DENTRO DE ARGENTINA Y EN EL MUNDO ENTERO, NO SABE QUE ESTO ESTA SUCEDIENDO ,AHORA, DIVULGALO POR FAVOR, GRACIAS HELEN.
CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS.
Norte de la provincia de Santa Fe
El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años. Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar. Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
"Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama ’esquinero’. Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el ’mosquito’ (El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida) , desde el punto del medio de la máquina y pararse allí", dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El “mosquito” es una máquina que vuela bajo y "riega" una nube de plaguicida. Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar. Los rocían con "Randap” y a veces “2-4 D” (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y matayuyos. Tienen un olor fuertísimo.
“A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara", describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino. No hay protección de ningún tipo. Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que "va más lerdo", dice uno de los chicos.
"Con el ’mosquito’ hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor", agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: "Que tengamos cáncer", ejemplifica. "Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza".
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza", dicen las voces de los pibes envenenados.
"Nos buscan dos productores. Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital. Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día. No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados. A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso", remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. "No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo", dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos. No hubo avances. Los pibes siguen de banderas. Es en Las Petacas, norte “profundo” santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Alvaro. desde ya la imagen es impactante. Supongo que si con mostrar no se puede tomar cierta conciencia... la tarea va a ser mucho mas larga...
En este caso es la soja, un monocultivo que se permio crecer sin ningun control. Cada uno miro a un costado. los que ganaban, los que explotaban, los que gobernaban, los entes, los legisladores... Todos son responsables y de todos los colores.
Me pregunto si este material esta difundido en Santa fe... si algun funcionario dio alguna explicacion al respecto.
Si los organismos de derechos humanos anduvieron por ahi... si pudieron hacer algo.
Si alguien les pudo ofrecer algun trabajo digno a esta gente. Porque aqui esta la cosa.
Nadie elegi morir porque si... o moris de hambre... o moris explotado.
Se puede indentificar certeramente a los responsables?.
En orden jerarquico en responsabilidad, todos?
Daniela
Fuentes: Diario La Capital, Rosario, Argentina, Fundación Proteger, Fundación Encuentro Nacional
Escrito por Alvaro Leiva Por El Equipo de Siendo Humanos gracias Alvaro.
PENSE QUE SOLO AQUÍ A UNOS POCOS KILOMETROS DE ISRAEL, EN GAZA SOLO EXISTIAN NIÑOS UTILIZADOS DE ESCUDOS HUMANOS, SIENTO PENA DE HABERME EQUIVOCADO Y VER QUE EN EL OTRO EXTREMO DEL MUNDO EN LA ARGENTINA , EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ESTEN UTILIZANDO A LOS NIÑOS COMO BANDERAS HUMANAS.TE PIDO DE TODO CORAZÓN QUE DIFUNDAS ESTA NOTA , MUCHA GENTE DENTRO DE ARGENTINA Y EN EL MUNDO ENTERO, NO SABE QUE ESTO ESTA SUCEDIENDO ,AHORA, DIVULGALO POR FAVOR, GRACIAS HELEN.
CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS.
Norte de la provincia de Santa Fe
El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años. Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar. Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
"Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama ’esquinero’. Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el ’mosquito’ (El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida) , desde el punto del medio de la máquina y pararse allí", dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El “mosquito” es una máquina que vuela bajo y "riega" una nube de plaguicida. Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar. Los rocían con "Randap” y a veces “2-4 D” (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y matayuyos. Tienen un olor fuertísimo.
“A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara", describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino. No hay protección de ningún tipo. Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que "va más lerdo", dice uno de los chicos.
"Con el ’mosquito’ hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor", agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: "Que tengamos cáncer", ejemplifica. "Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza".
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza", dicen las voces de los pibes envenenados.
"Nos buscan dos productores. Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital. Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día. No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados. A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso", remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. "No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo", dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos. No hubo avances. Los pibes siguen de banderas. Es en Las Petacas, norte “profundo” santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Alvaro. desde ya la imagen es impactante. Supongo que si con mostrar no se puede tomar cierta conciencia... la tarea va a ser mucho mas larga...
En este caso es la soja, un monocultivo que se permio crecer sin ningun control. Cada uno miro a un costado. los que ganaban, los que explotaban, los que gobernaban, los entes, los legisladores... Todos son responsables y de todos los colores.
Me pregunto si este material esta difundido en Santa fe... si algun funcionario dio alguna explicacion al respecto.
Si los organismos de derechos humanos anduvieron por ahi... si pudieron hacer algo.
Si alguien les pudo ofrecer algun trabajo digno a esta gente. Porque aqui esta la cosa.
Nadie elegi morir porque si... o moris de hambre... o moris explotado.
Se puede indentificar certeramente a los responsables?.
En orden jerarquico en responsabilidad, todos?
Daniela
Fuentes: Diario La Capital, Rosario, Argentina, Fundación Proteger, Fundación Encuentro Nacional
Escrito por Alvaro Leiva Por El Equipo de Siendo Humanos gracias Alvaro.
lunes, 28 de septiembre de 2009
ENCUESTA DE " CAMPO "
Los lectores de INFORME consideran "una medida justa" el impuesto inmobiliario al Campo
Encuesta de INFORME DIGITAL
Fecha de inicio: 02-09-2009
Fecha de Cierre: 27-09-2009
Total de votantes: 2.770 IP
Pregunta de la encuesta:
¿Qué opina la reducción de impuestos provincial a productores chicos (hasta 122 hectáreas) y aumento a los grandes (desde 600 hectáreas)?
Es una medida justa - 56.68%
Es una trampa oficial - 23.47%
Es para dividir a la Mesa de Enlace - 8.66%
Si no acepta, el campo revelará otros intereses - 11.19%
Cómo funciona la encuesta de Informe Digital
El servicio técnico del portal cree oportuno hacer algunas aclaraciones.
Agradecemos de todos los que hacen uso de la misma y remarcamos que, como en todo sitio de Internet, pueden tomarse como “referencia”, pero “no tiene rigor científico”.
Informe Digital tuvo oportunamente que dejar de utilizar este tipo de consultas porque fuimos en más de una oportunidad hackeados , y además el sistema era también vulnerable a “operaciones”, pues hacer uso de la opción Herramientas de Internet – Opciones de Internet – Borrar Cookies, que se encuentra en la barra de herramientas del explorador de Internet, posibilitaba votar más de una vez, con lo que a una encuesta en la web ni siquiera se la podía tomar como “referencia”.
El sistema aplicado a Informe Digital no permite ninguno de estos actos cuestionables y además en los casos de PC conectadas a un proxy (Cibers – Entes Oficiales) solo permite que “una PC o IP único" pueda votar durante toda la encuesta.
Informe Digital
Encuesta de INFORME DIGITAL
Fecha de inicio: 02-09-2009
Fecha de Cierre: 27-09-2009
Total de votantes: 2.770 IP
Pregunta de la encuesta:
¿Qué opina la reducción de impuestos provincial a productores chicos (hasta 122 hectáreas) y aumento a los grandes (desde 600 hectáreas)?
Es una medida justa - 56.68%
Es una trampa oficial - 23.47%
Es para dividir a la Mesa de Enlace - 8.66%
Si no acepta, el campo revelará otros intereses - 11.19%
Cómo funciona la encuesta de Informe Digital
El servicio técnico del portal cree oportuno hacer algunas aclaraciones.
Agradecemos de todos los que hacen uso de la misma y remarcamos que, como en todo sitio de Internet, pueden tomarse como “referencia”, pero “no tiene rigor científico”.
Informe Digital tuvo oportunamente que dejar de utilizar este tipo de consultas porque fuimos en más de una oportunidad hackeados , y además el sistema era también vulnerable a “operaciones”, pues hacer uso de la opción Herramientas de Internet – Opciones de Internet – Borrar Cookies, que se encuentra en la barra de herramientas del explorador de Internet, posibilitaba votar más de una vez, con lo que a una encuesta en la web ni siquiera se la podía tomar como “referencia”.
El sistema aplicado a Informe Digital no permite ninguno de estos actos cuestionables y además en los casos de PC conectadas a un proxy (Cibers – Entes Oficiales) solo permite que “una PC o IP único" pueda votar durante toda la encuesta.
Informe Digital
DINERO SUCIO
DIEZ FACULTADES DE UNIVERSIDADES NACIONALES RECHAZAN DINERO PROVENIENTE DE LA MINA LA ALUMBRERA
Cuando la ética es lo primero
El Consejo Interuniversitario Nacional aceptó por segunda vez los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro. La Alumbrera está obligada al aporte por ley. Pero diez decanos decidieron rechazarlos porque se originan en una empresa contaminante.
“No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.
“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.
Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.
En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.
Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.
A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).
La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.
“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.
Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.
“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.
Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.
“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.
Informe: Nahuel Lag.
Página 12
Cuando la ética es lo primero
El Consejo Interuniversitario Nacional aceptó por segunda vez los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro. La Alumbrera está obligada al aporte por ley. Pero diez decanos decidieron rechazarlos porque se originan en una empresa contaminante.
“No a los fondos de La Alumbrera.” La consigna comenzó a circular entre los docentes, estudiantes, graduados y no docentes hasta llegar a los decanos de diez facultades del país. En mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –conformado por todos los rectores de universidades nacionales– aceptó por segundo año consecutivo los fondos que, por ley, la empresa minera Alumbrera Limited –que explota el yacimiento ubicado en Catamarca– destina a las universidades nacionales. El lema se transformó en movimiento con la conformación de una red de facultades y unidades académicas nacionales (ver aparte) que manifestaron su “rechazo ético” a esos fondos, en una declaración conjunta que además condena la actividad de La Alumbrera por “contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames de ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre y oro”. La red solicita al CIN y a todas las universidades públicas que “aprueben códigos de ética para que casos como el de La Alumbrera no se repitan”. El tema figura en la agenda de la reunión del CIN que se celebra entre hoy y mañana en Villa María, Córdoba.
“Los rectores tienen potestad para aceptar los fondos, pero no para distribuirlos entre las facultades. Por eso, comenzamos a advertir la necesidad de llevar la discusión del rechazo a los fondos de La Alumbrera hasta el CIN”, resumió la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –primera institución en rechazar los fondos este año–, Patricia Altamirano.
Para Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –la única en esa universidad que rechazó los fondos y ordenó crear un consejo consultivo–, la actitud se fundamenta en “la aceptación acrítica del dinero antes de su incorporación al presupuesto universitario”.
En ese sentido, Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la UNC y presidente de una organización ambientalista con carácter consultivo en la ONU, apuntó que los fondos “se querían aprobar rápido y en silencio. Que se genere un debate hacia afuera de las autoridades universitarias pone en tela de juicio la imparcialidad y la forma en la que se toman fondos. Se le tiene miedo al control social de la universidad”.
Los fondos provienen de la explotación que tres empresas de origen suizo y canadiense hacen de La Alumbrera, enlazadas por una Unidad Transitoria de Empresas, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El organismo detenta el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca –la explotación es en el departamento de Belén–, la Universidad de Tucumán –por ser la institución que descubrió el yacimiento en 1948– y el Estado Nacional. En esa sociedad, la empresa percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante, de lo que se destina 60 por ciento a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento a distribuir entre las “universidades del Estado”, según la ley nacional 14.771.
A propósito de estas condiciones establecidas por la ley, el gerente de Relaciones Institucionales de Alumbrera Ltd, Jorge Montaldi, indicó que “con prescindencia del derecho de las universidades a aceptar o no los fondos provenientes de las utilidades de YMAD, La Alumbrera no genera contaminación, cumple con la normativa ambiental argentina y tal como demostró el reciente fallo de la Justicia, no hay ningún ejecutivo procesado por delito ambiental” (ver aparte).
La primera distribución de fondos desde la YMAD llegó en 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional aceptó esas utilidades por 50 millones de pesos y diseñó el modo de distribución por el que se repartió “por partes iguales” entre todas las universidades. Para el período 2009, el CIN volvió a aceptar por acuerdo plenario una partida de 36.800 millones de pesos. Pero, esta vez, se encontró con el rechazo de varias facultades, que resolvieron no utilizar los fondos cuando éstos sean girados.
“La Universidad de Tucumán, al estar dentro de la estructura de la empresa, sufre una distorsión como institución educativa. Los fondos la atan para expresarse sobre el impacto ambiental que provoca la actividad. La utilidades deberían ir al Tesoro Nacional, pero con las ventajas impositivas que tienen las empresas se les termina pagando a las mineras para que se lleven todo y dejen la contaminación”, aseguró Lino Pizzolón, director del Observatorio del Agua de la sede Esquel, la única unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia en rechazar los fondos en 2008.
Según datos oficiales, en 2009, la producción de metales crecerá un 40 por ciento, y en el caso del oro –uno de los metales que se extraen en La Alumbrera– habrá exportaciones por 1300 millones de dólares. Pero el Estado Nacional, según las normas vigentes desde la década de 1990, sólo puede cobrar impuestos fijos y no más del 3 por ciento del valor de “boca de mina”, donde el material tiene el valor más bajo del mercado.
“La facultad atraviesa una situación difícil en su realidad presupuestaria y los fondos de la mina podrían ser la inyección para afrontar el mantenimiento de infraestructura los servicios, la limpieza y los gastos administrativos. Pero sentimos que aceptar los fondos es ser cómplices de que otras comunidades sufran, por la contaminación de agua, aire y tierra”, apuntó Facundo Moulins, representante por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), donde el Consejo Superior revisaría la medida. Además, según el acuerdo realizado por los rectores en el CIN, “sería deseable” que los fondos “se aplicasen a la implementación de algún proyecto institucional y no a los gastos corrientes”.
Según la declaración acordada por las facultades, los fondos generan un “clientelismo de universidad” que para Montenegro se traduce en “una falta de credibilidad de los estudios que realiza una universidad que aceptó los fondos”. Por eso, el docente se encargó de presentar un informe ante el Consejo Superior de la UNC –que aún no revisó la aceptación de los fondos– donde recopila, entre otras cosas, los casos de contaminación contra la empresa.
“Tenemos el derecho de plantear que el dinero no se puede incorporar sin considerar los efectos que tiene la minería a cielo abierto sobre el medio ambiente, la vida presente y futura de esos ecosistemas y la de sus habitantes, e indirectamente de todo el país”, advirtió Schuster. La decana de Psicología de la UNC, en sintonía con la declaración firmada por las facultades contrarias a recibir los fondos, adelantó que “la idea es que la red se amplíe con la participación de organizaciones sociales e intelectuales en una próxima reunión”.
Informe: Nahuel Lag.
Página 12
SUELDOS PARA ARRIBA
En el último año
Los sueldos del sector privado subieron 21,5%
La cifra fue proporcionada por el Indec, que también aseveró que la remuneración neta del sector privado registrado aumento 21,5 por ciento entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2008, período en que la cantidad de puestos de trabajo bajó 2,8 por ciento, para sumar 5.693.657 empleados.
El salario subió en el sector privado Los ingresos de los trabajadores del sector privado crecieron el 21,5 por ciento en los últimos 12 meses, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo dio a conocer la Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, en la que dio cuenta de los distintos sueldos tanto en la administración pública, el sector privado registrado y los empleados en negro.
En este análisis, el INDEC aseveró que la remuneración neta del sector privado registrado aumento 21,5 por ciento entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2008, período en que la cantidad de puestos de trabajo bajó 2,8 por ciento, para sumar 5.693.657 empleados.
Respecto a la baja en los puestos de trabajo, el informe del INDEC sostiene que la información "se refiere a la cantidad de cotizantes (trabajador por el que se registra el pago de una posición mensual, excluyendo los casos en que se refieren únicamente a pagos por moratorias), que es menor que la cantidad de aportantes (trabajador dependiente que aparece en una declaración jurada procesada en el mes)".
"De forma tal que la informalidad del trabajador en relación de dependencia obedece al incumplimiento del empleador", agregó respecto a este último punto la dependencia oficial.
En lo que respecta los salarios, el INDEC detalló que la remuneración neta promedio más altas del sector privado entre abril y junio correspondieron a las provincias patagónicas.
Así en Santa Cruz el salario mensual promedio del sector privado alcanzó los 5.705 pesos mensuales, seguido por Chubut con 4.783, Neuquén y Tierra del Fuego en torno a los 4.500 pesos mensuales.
Varias de estas provincias cuentas con una actividad minera, especialmente petrolera, intensa, donde el sueldo promedio alcanza los 11.500 pesos mensuales.
En cuanto al sector público, la dotación al término del segundo semestre del año ascendió a 1.264.593 empleados, un 1,61 por ciento por encima de la nómina de abril-junio de 2008.
La remuneración neta por trabajador alcanzó los 3.763 pesos, un 20 por ciento por sobre abril-junio del 2009.
El Argentino, 28-09-2009 /
Los sueldos del sector privado subieron 21,5%
La cifra fue proporcionada por el Indec, que también aseveró que la remuneración neta del sector privado registrado aumento 21,5 por ciento entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2008, período en que la cantidad de puestos de trabajo bajó 2,8 por ciento, para sumar 5.693.657 empleados.
El salario subió en el sector privado Los ingresos de los trabajadores del sector privado crecieron el 21,5 por ciento en los últimos 12 meses, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo dio a conocer la Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, en la que dio cuenta de los distintos sueldos tanto en la administración pública, el sector privado registrado y los empleados en negro.
En este análisis, el INDEC aseveró que la remuneración neta del sector privado registrado aumento 21,5 por ciento entre el segundo trimestre de este año y abril-junio del 2008, período en que la cantidad de puestos de trabajo bajó 2,8 por ciento, para sumar 5.693.657 empleados.
Respecto a la baja en los puestos de trabajo, el informe del INDEC sostiene que la información "se refiere a la cantidad de cotizantes (trabajador por el que se registra el pago de una posición mensual, excluyendo los casos en que se refieren únicamente a pagos por moratorias), que es menor que la cantidad de aportantes (trabajador dependiente que aparece en una declaración jurada procesada en el mes)".
"De forma tal que la informalidad del trabajador en relación de dependencia obedece al incumplimiento del empleador", agregó respecto a este último punto la dependencia oficial.
En lo que respecta los salarios, el INDEC detalló que la remuneración neta promedio más altas del sector privado entre abril y junio correspondieron a las provincias patagónicas.
Así en Santa Cruz el salario mensual promedio del sector privado alcanzó los 5.705 pesos mensuales, seguido por Chubut con 4.783, Neuquén y Tierra del Fuego en torno a los 4.500 pesos mensuales.
Varias de estas provincias cuentas con una actividad minera, especialmente petrolera, intensa, donde el sueldo promedio alcanza los 11.500 pesos mensuales.
En cuanto al sector público, la dotación al término del segundo semestre del año ascendió a 1.264.593 empleados, un 1,61 por ciento por encima de la nómina de abril-junio de 2008.
La remuneración neta por trabajador alcanzó los 3.763 pesos, un 20 por ciento por sobre abril-junio del 2009.
El Argentino, 28-09-2009 /
POR UNA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA
EL FORO POPULAR DE LA COMUNICACION RESCATO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEBATE POR LA NUEVA LEY DE MEDIOS
El Foro Popular de la Comunicación agradeció a las más de trescientas personas que concurrieron el martes 22 de septiembre al Salón de Actos de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná, a la charla brindada por el gerente de Comunicación Audiovisual de la Agencia Télam, Gonzalo Carbajal, y por los integrantes del Foro, Edgardo Massarotti y José Luis Ferrando.
“Felicitamos además a la Universidad Autónoma de Entre Rios, a su rectora Graciela Mingo y a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales por la convocatoria realizada. Pero por sobre todo celebramos haber sido partícipes de un acto de genuina ciudadanía, de intercambio de ideas y opiniones sobre una iniciativa de capital importancia para el futuro de nuestra democracia como es la sanción de una nueva del de Servicios de Comunicación Audiovisual, o como habitualmente se la nombra: nueva ley de radiodifusión”, realzó la agrupación.
En tal sentido “hemos podido compartir los allí presentes un diálogo abierto y sin prejuicios que permitió no sólo responder a dudas sobre el proyecto de Ley, con las explicaciones dadas por el licenciado Carbajal -uno de sus redactores-, sino también practicar un sano ejercicio de ciudadanía y de debate político no circunscripto a los corsés partidarios”, marcó el Foro.
“Desde el Foro no podemos menos que sentirnos orgullosos de esta convocatoria y expresar nuestro más ferviente deseo de que la misma signifique el puntapié para futuras discusiones que permitan plantearnos la construcción de una nueva idea de ciudadanía, comprometida con la esperanza de un país y una provincia mejor, que nos incluya a todos”, expresaron los integrantes del encuentro.
“También advertimos que esa construcción de un nuevo sujeto social, capaz de exigir a nuestros representantes la defensa de los intereses de las mayorías, debe contar con la participación de los más diversos actores sociales, muchos de los cuales parecen no haber advertido aún la importancia de esta instancia histórica que significa la aprobación de una norma que reemplace nada menos que a otra de la dictadura militar”, señalaron.
Por eso reiteraron la convocatoria al Foro, como partícipes necesarios, a “periodistas, artistas, de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, sindicales, estudiantiles y organizaciones intermedias de la sociedad, para aportar al cambio del statu quo vigente, injusto por donde se lo mire y a esta altura decadente”.
“Es tarea de todos darle fin de una buena vez a eso que como un cliché se denomina “la vieja política” pero que se resiste a morir y busca detener cualquier intento ciudadano por hacer un país mejor. Con la aprobación de esta nueva ley de radiodifusión tenemos una oportunidad histórica. Ellos lo saben, y por eso la resisten. El desafío está en nosotros, en el compromiso con la posibilidad de cambiar las cosas. Por una democracia y un país mejor, para nosotros y nuestros hijos”, remarcaron.
28/09/2009 (APF.Digital)
El Foro Popular de la Comunicación agradeció a las más de trescientas personas que concurrieron el martes 22 de septiembre al Salón de Actos de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná, a la charla brindada por el gerente de Comunicación Audiovisual de la Agencia Télam, Gonzalo Carbajal, y por los integrantes del Foro, Edgardo Massarotti y José Luis Ferrando.
“Felicitamos además a la Universidad Autónoma de Entre Rios, a su rectora Graciela Mingo y a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales por la convocatoria realizada. Pero por sobre todo celebramos haber sido partícipes de un acto de genuina ciudadanía, de intercambio de ideas y opiniones sobre una iniciativa de capital importancia para el futuro de nuestra democracia como es la sanción de una nueva del de Servicios de Comunicación Audiovisual, o como habitualmente se la nombra: nueva ley de radiodifusión”, realzó la agrupación.
En tal sentido “hemos podido compartir los allí presentes un diálogo abierto y sin prejuicios que permitió no sólo responder a dudas sobre el proyecto de Ley, con las explicaciones dadas por el licenciado Carbajal -uno de sus redactores-, sino también practicar un sano ejercicio de ciudadanía y de debate político no circunscripto a los corsés partidarios”, marcó el Foro.
“Desde el Foro no podemos menos que sentirnos orgullosos de esta convocatoria y expresar nuestro más ferviente deseo de que la misma signifique el puntapié para futuras discusiones que permitan plantearnos la construcción de una nueva idea de ciudadanía, comprometida con la esperanza de un país y una provincia mejor, que nos incluya a todos”, expresaron los integrantes del encuentro.
“También advertimos que esa construcción de un nuevo sujeto social, capaz de exigir a nuestros representantes la defensa de los intereses de las mayorías, debe contar con la participación de los más diversos actores sociales, muchos de los cuales parecen no haber advertido aún la importancia de esta instancia histórica que significa la aprobación de una norma que reemplace nada menos que a otra de la dictadura militar”, señalaron.
Por eso reiteraron la convocatoria al Foro, como partícipes necesarios, a “periodistas, artistas, de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, sindicales, estudiantiles y organizaciones intermedias de la sociedad, para aportar al cambio del statu quo vigente, injusto por donde se lo mire y a esta altura decadente”.
“Es tarea de todos darle fin de una buena vez a eso que como un cliché se denomina “la vieja política” pero que se resiste a morir y busca detener cualquier intento ciudadano por hacer un país mejor. Con la aprobación de esta nueva ley de radiodifusión tenemos una oportunidad histórica. Ellos lo saben, y por eso la resisten. El desafío está en nosotros, en el compromiso con la posibilidad de cambiar las cosas. Por una democracia y un país mejor, para nosotros y nuestros hijos”, remarcaron.
28/09/2009 (APF.Digital)
domingo, 27 de septiembre de 2009
AUSENCIAS . . . POR LEY. Y EL PRESENTISMO?
RADIOS COMUNITARIAS, PUEBLOS ORIGINARIOS Y COOPERATIVAS RESPALDARON LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
Las voces que no escucharon los opositores
Los dueños de radios, nucleados en ARPA, faltaron a la segunda jornada de audiencias. La mayoría de los opositores también.
Por Miguel Jorquera
Las radios comunitarias, las cooperativas telefónicas y los pueblos originarios dieron ayer su respaldo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante el plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados. Sin la presencia de las empresas nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) –que faltó a la cita–, la mayoría de los senadores de la oposición le dieron la espalda a la convocatoria y se plegaron al faltazo. El kirchnerismo volvió a insistir en que el viernes de la semana próxima se firme el dictamen, para llevar el debate al recinto el 7 de octubre.
“La función del Estado es asegurar la diversidad y pluralidad de medios. Eso supone normas que faciliten la expresión de los sectores más vulnerables”, sostuvo Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). “Es necesario fijar normas que pongan límites a los poderosos que homogenizan el discurso público”, agregó.
Busso fue el primer expositor del día ante el plenario de las comisiones legislativas de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio, que integran casi 50 senadores, aunque el amplísimo Salón Azul estaba casi despoblado de legisladores opositores. El dirigente destacó “las bases conceptuales de estos 21 puntos” propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (que también integra) y pidió “sin más vueltas”, la sanción de la nueva ley.
El representante de la red Intercables, José Toledo, pidió la modificación del artículo 30 del proyecto de ley para que las pymes del sector “puedan competir” con las cooperativas de servicios públicos. En tanto, el presidente de la Confederación de Radios y Medios de la República Argentina, Osvaldo Frances, remarcó que “hoy hay unos 6000 medios de comunicación que no están legalizados. Por eso es fundamental que tengamos esta ley”. Pedro Lanteri, de la Federación Latinoamericana de Periodistas y trabajador de la radio de las Madres de Plaza de Mayo pidió que “la ley sea aprobada sin ninguna modificación”.
Tras el cuarto intermedio llegaron las definiciones y chicanas políticas.”No tenemos dudas de que el gobierno nacional ha condicionado al de Tierra del Fuego a que lo acompañe en sus iniciativas legislativas para flexibilizar la situación de asfixia (económica) de la provincia”, dijo el radical Arturo Vera, que preside la Comisión de Industria y Comercio. Y así sugerir que el oficialismo postergó para después del debate de la ley de medios, el proyecto que sube el IVA a los productos electrónicos importados y favorece a la industria fueguina.
En tanto el jefe de la bancada K, Miguel Pichetto, ratificó la decisión de lograr dictamen el viernes próximo para llevar el proyecto al recinto el 7 de octubre. El senador santacruceño Nicolás Fernández respaldó la propuesta para “despejar cualquier sospecha sobre la intención de marginar a Julio Cobos” de la sesión que dirimirá la sanción o no de la ley de medios audiovisuales, ya que la semana siguiente está previsto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaje al exterior y que Cobos –que fogoneó un encuentro opositor contra el proyecto– deba quedarse al frente del Ejecutivo sin poder presidir el Senado.
La reanudación del plenario estuvo aún más despoblada. Sólo había 16 de los 43 senadores que componen el plenario: 12 del oficialismo y apenas 4 opositores. Si esta ley no se aprueba, no van a poder gobernar los representantes del pueblo, sino de los medios de comunicación”, advirtió el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), quien celebró que las cooperativas pudieran acceder a los medios de comunicación tras la prohibición expresa de la actual ley de la dictadura. Angela Jaramillo, abogada y representante del Encuentro de los Pueblos Originarios, destacó como muy positiva la inclusión de delegados del sector en el Consejo Consultivo y que las comunidades de los distintos pueblos puedan acceder a las licencias. Luego lamentó que muchos medios de comunicación aludan a los pueblos originarios como “creadores de problemas e identificándolos como si fueran insurgentes, cuando en realidad nosotros somos atacados por los que quieren las tierras que nos pertenecen y usan sus influencias para despojarnos de nuestro territorio”. No hubo preguntas para ellos.
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Cuando se fueron las luces de las cámaras se fueron también los senadores opositores
"Sólo 16 senadores participaron de la segunda jornada del debate sobre la ley de Medios".
Las exposiciones del presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas y representantes de los pueblos originarios fueron escuchadas sólo por un puñado de senadores nacionales de los 44 miembros de las cuatro comisiones que tratan el proyecto de ley de Medios. La oposición ausente.
No estaban lás cámaras de TN ni de América. No hay show.
Viernes a la tarde en el Senado de la Nación, las sillas vacías brillaron por las ausencias notables de los legisladores, que no asistieron en masa a la segunda jornada de debate.
Con el Salón Azul de la Cámara alta semi vacío, el titular de la Federación de Cooperativas Telefónicas Felipe Boccoli disertó para sólo 16 senadores de los 43 senadores miembros de las cuatro comisiones que tratan el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados. Es decir, que sólo el 37 por ciento de los senadores escucharon a Boccoli y a la representante de Encuentro de Pueblos Originarios, Ángela Jaramillo.
“Es mucho más fácil reformar la Constitución, que sancionar una ley de Radiodiodifusión”, concluyó Boccoli luego de una hora de disertación ante una oposición ausente que bregó por el giro a cuatro comisiones del proyecto pero luego no asistió al debate a pesar que las cámaras de televisión estaban presentes.
Al finalizar la exposición, Jaramillo propuso a los senadores que realizaran preguntas pero los legisladores sólo se limitaron a agradecer las visitas.
Presentes: (16)
FpV (11): Liliana Fellner, Eric Calcagno, Miguel Angel Pichetto, Guillermo Jenefes, Marita Perceval, Jorge Colazo, Marcelo Torres, Isabel Viudes, Marina Riofrio, Mónica Troadello y Nancy Parrilli.
CC (1): María Eugenia Estenssoro
UCR (3): Arturo Vera, Juan Carlos Marino y Alfredo Martínez.
PJ disidente (1): Liliana Negre de Alonso
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Una audiencia despoblada
Pocos senadores en el segundo debate por el proyecto de radiodifusión
Sábado 26 de setiembre de 2009
Marcelo Veneranda
LA NACION
Treinta y siete sillas vacías. Esa fue una de las imágenes que dejó ayer la segunda ronda de audiencias por el proyecto de ley de radiodifusión en el Senado, marcada más por las ausencias de los legisladores que por el tono de debate e intercambio alcanzado el jueves, cuando el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, fue acorralado por los cuestionamientos de la oposición.
Por momentos llegó a haber sólo 10 senadores en el frío Salón Azul del Congreso, a pesar de que las cuatro comisiones involucradas en el debate están integradas por 47 legisladores. En ese marco hicieron sus presentaciones un puñado de entidades afines al proyecto oficialista, con la sola excepción de la Red Intercable, que agrupa a pequeños proveedores de cable en el interior y que pidió protección para las pymes contra la "posición dominante" de las cooperativas de servicios públicos.
Su titular, José Toledo, argumentó que las cooperativas de luz, gas o teléfonos funcionan como "monopolios" en los pueblos pequeños y que, además de gozar de exenciones impositivas, tienen la posibilidad de subsidiar sus servicios secundarios. "Con esta ley, las pymes del cable vamos a morir", sentenció.
Las críticas de Toledo le valieron el reproche de la senadora jujeña Liliana Fellner, quien le endilgó al empresario el hecho de no haberse quejado de la competencia desleal de las grandes empresas de cable. "¿Cuál es el enemigo? ¿No es realmente Multicanal, CableVisión?", le preguntó, mientras algunos de sus colegas kirchneristas miraban para otro lado.
"¡Pero usted no sabe lo que son las cooperativas!", bramó Toledo, lo que valió la mediación del también peronista jujeño Guillermo Jenefes, quien preside las audiencias. "Es muy difícil que la pyme de cable sobreviva", reconoció.
El resto de las entidades repitieron la defensa de hace dos semanas en la Cámara de Diputados. Tanto Néstor Busso (Foro Argentino de Radios Comunitarias), como Osvaldo Frances (Confederación de Radios y Medios), Pedro Lanteri (Radio de las Madres de Plaza de Mayo), Felipe Boccoli (Federación de Cooperativas Telefónicas) y Angela Jaramillo (Encuentro de Pueblos Originarios) pidieron convertir en ley la iniciativa oficial.
Las voces que no escucharon los opositores
Los dueños de radios, nucleados en ARPA, faltaron a la segunda jornada de audiencias. La mayoría de los opositores también.
Por Miguel Jorquera
Las radios comunitarias, las cooperativas telefónicas y los pueblos originarios dieron ayer su respaldo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante el plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados. Sin la presencia de las empresas nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) –que faltó a la cita–, la mayoría de los senadores de la oposición le dieron la espalda a la convocatoria y se plegaron al faltazo. El kirchnerismo volvió a insistir en que el viernes de la semana próxima se firme el dictamen, para llevar el debate al recinto el 7 de octubre.
“La función del Estado es asegurar la diversidad y pluralidad de medios. Eso supone normas que faciliten la expresión de los sectores más vulnerables”, sostuvo Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). “Es necesario fijar normas que pongan límites a los poderosos que homogenizan el discurso público”, agregó.
Busso fue el primer expositor del día ante el plenario de las comisiones legislativas de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio, que integran casi 50 senadores, aunque el amplísimo Salón Azul estaba casi despoblado de legisladores opositores. El dirigente destacó “las bases conceptuales de estos 21 puntos” propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (que también integra) y pidió “sin más vueltas”, la sanción de la nueva ley.
El representante de la red Intercables, José Toledo, pidió la modificación del artículo 30 del proyecto de ley para que las pymes del sector “puedan competir” con las cooperativas de servicios públicos. En tanto, el presidente de la Confederación de Radios y Medios de la República Argentina, Osvaldo Frances, remarcó que “hoy hay unos 6000 medios de comunicación que no están legalizados. Por eso es fundamental que tengamos esta ley”. Pedro Lanteri, de la Federación Latinoamericana de Periodistas y trabajador de la radio de las Madres de Plaza de Mayo pidió que “la ley sea aprobada sin ninguna modificación”.
Tras el cuarto intermedio llegaron las definiciones y chicanas políticas.”No tenemos dudas de que el gobierno nacional ha condicionado al de Tierra del Fuego a que lo acompañe en sus iniciativas legislativas para flexibilizar la situación de asfixia (económica) de la provincia”, dijo el radical Arturo Vera, que preside la Comisión de Industria y Comercio. Y así sugerir que el oficialismo postergó para después del debate de la ley de medios, el proyecto que sube el IVA a los productos electrónicos importados y favorece a la industria fueguina.
En tanto el jefe de la bancada K, Miguel Pichetto, ratificó la decisión de lograr dictamen el viernes próximo para llevar el proyecto al recinto el 7 de octubre. El senador santacruceño Nicolás Fernández respaldó la propuesta para “despejar cualquier sospecha sobre la intención de marginar a Julio Cobos” de la sesión que dirimirá la sanción o no de la ley de medios audiovisuales, ya que la semana siguiente está previsto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaje al exterior y que Cobos –que fogoneó un encuentro opositor contra el proyecto– deba quedarse al frente del Ejecutivo sin poder presidir el Senado.
La reanudación del plenario estuvo aún más despoblada. Sólo había 16 de los 43 senadores que componen el plenario: 12 del oficialismo y apenas 4 opositores. Si esta ley no se aprueba, no van a poder gobernar los representantes del pueblo, sino de los medios de comunicación”, advirtió el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), quien celebró que las cooperativas pudieran acceder a los medios de comunicación tras la prohibición expresa de la actual ley de la dictadura. Angela Jaramillo, abogada y representante del Encuentro de los Pueblos Originarios, destacó como muy positiva la inclusión de delegados del sector en el Consejo Consultivo y que las comunidades de los distintos pueblos puedan acceder a las licencias. Luego lamentó que muchos medios de comunicación aludan a los pueblos originarios como “creadores de problemas e identificándolos como si fueran insurgentes, cuando en realidad nosotros somos atacados por los que quieren las tierras que nos pertenecen y usan sus influencias para despojarnos de nuestro territorio”. No hubo preguntas para ellos.
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Cuando se fueron las luces de las cámaras se fueron también los senadores opositores
"Sólo 16 senadores participaron de la segunda jornada del debate sobre la ley de Medios".
Las exposiciones del presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas y representantes de los pueblos originarios fueron escuchadas sólo por un puñado de senadores nacionales de los 44 miembros de las cuatro comisiones que tratan el proyecto de ley de Medios. La oposición ausente.
No estaban lás cámaras de TN ni de América. No hay show.
Viernes a la tarde en el Senado de la Nación, las sillas vacías brillaron por las ausencias notables de los legisladores, que no asistieron en masa a la segunda jornada de debate.
Con el Salón Azul de la Cámara alta semi vacío, el titular de la Federación de Cooperativas Telefónicas Felipe Boccoli disertó para sólo 16 senadores de los 43 senadores miembros de las cuatro comisiones que tratan el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados. Es decir, que sólo el 37 por ciento de los senadores escucharon a Boccoli y a la representante de Encuentro de Pueblos Originarios, Ángela Jaramillo.
“Es mucho más fácil reformar la Constitución, que sancionar una ley de Radiodiodifusión”, concluyó Boccoli luego de una hora de disertación ante una oposición ausente que bregó por el giro a cuatro comisiones del proyecto pero luego no asistió al debate a pesar que las cámaras de televisión estaban presentes.
Al finalizar la exposición, Jaramillo propuso a los senadores que realizaran preguntas pero los legisladores sólo se limitaron a agradecer las visitas.
Presentes: (16)
FpV (11): Liliana Fellner, Eric Calcagno, Miguel Angel Pichetto, Guillermo Jenefes, Marita Perceval, Jorge Colazo, Marcelo Torres, Isabel Viudes, Marina Riofrio, Mónica Troadello y Nancy Parrilli.
CC (1): María Eugenia Estenssoro
UCR (3): Arturo Vera, Juan Carlos Marino y Alfredo Martínez.
PJ disidente (1): Liliana Negre de Alonso
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Una audiencia despoblada
Pocos senadores en el segundo debate por el proyecto de radiodifusión
Sábado 26 de setiembre de 2009
Marcelo Veneranda
LA NACION
Treinta y siete sillas vacías. Esa fue una de las imágenes que dejó ayer la segunda ronda de audiencias por el proyecto de ley de radiodifusión en el Senado, marcada más por las ausencias de los legisladores que por el tono de debate e intercambio alcanzado el jueves, cuando el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, fue acorralado por los cuestionamientos de la oposición.
Por momentos llegó a haber sólo 10 senadores en el frío Salón Azul del Congreso, a pesar de que las cuatro comisiones involucradas en el debate están integradas por 47 legisladores. En ese marco hicieron sus presentaciones un puñado de entidades afines al proyecto oficialista, con la sola excepción de la Red Intercable, que agrupa a pequeños proveedores de cable en el interior y que pidió protección para las pymes contra la "posición dominante" de las cooperativas de servicios públicos.
Su titular, José Toledo, argumentó que las cooperativas de luz, gas o teléfonos funcionan como "monopolios" en los pueblos pequeños y que, además de gozar de exenciones impositivas, tienen la posibilidad de subsidiar sus servicios secundarios. "Con esta ley, las pymes del cable vamos a morir", sentenció.
Las críticas de Toledo le valieron el reproche de la senadora jujeña Liliana Fellner, quien le endilgó al empresario el hecho de no haberse quejado de la competencia desleal de las grandes empresas de cable. "¿Cuál es el enemigo? ¿No es realmente Multicanal, CableVisión?", le preguntó, mientras algunos de sus colegas kirchneristas miraban para otro lado.
"¡Pero usted no sabe lo que son las cooperativas!", bramó Toledo, lo que valió la mediación del también peronista jujeño Guillermo Jenefes, quien preside las audiencias. "Es muy difícil que la pyme de cable sobreviva", reconoció.
El resto de las entidades repitieron la defensa de hace dos semanas en la Cámara de Diputados. Tanto Néstor Busso (Foro Argentino de Radios Comunitarias), como Osvaldo Frances (Confederación de Radios y Medios), Pedro Lanteri (Radio de las Madres de Plaza de Mayo), Felipe Boccoli (Federación de Cooperativas Telefónicas) y Angela Jaramillo (Encuentro de Pueblos Originarios) pidieron convertir en ley la iniciativa oficial.
sábado, 26 de septiembre de 2009
SOJA YUYO " DIVINO "
La soja en Entre Ríos va en aumento, igual que el llanto
Pese a que el sojero entrerriano Alfredo De Angeli acaba de decir que los “productores no pueden pagar más de lo que pagan”, en relación al tímido cambio en los avalúos de los inmuebles rurales, la tierra entrerriana se sigue ocupando de soja. Ahora, se sabe que se sembrarían 1.400.000 hectáreas, lo que representa un crecimiento de más del 25 % de la superficie plantada el año anterior. La explicación es que vuelve la rentabilidad extraordinaria por los precios de la soja en el mercado internacional. En el caso de Entre Ríos, son justamente estos sectores los que debería pagar un poco más de los $ 0,80 centavos por hectárea de lo que pagan hoy por el impuesto Inmobiliario rural.
Los datos sobre el crecimiento de la superficie sojera en la provincia fueron aportados por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales (Siber) que semana a semana monitorea el estado de los cultivos de la provincia. Este incremento, precisa el Siber, estaría dado por la ocupación de los lotes que en el ciclo agrícola pasado no se implantaron por efecto de la sequía, más las hectáreas de maíz y girasol que se estima no se sembrarían en la presente campaña.
En tanto, De Ángeli, que califica el irrisorio aumento en el inmobiliario rural (tanto el de la provincia de Buenos Aires como el de Entre Ríos) como “un impuestazo” dijo que “van a empezar a florecer las asambleas y las protestas, porque no vemos otro camino, aunque tenemos claro que no hay que cortar rutas”. Aprovechó en un reportaje realizado por La Nación para hablar en contra del proyecto de ley de medios. En el reportaje no aparece ningún dato sobresaliente sobre esto, sí, sobre el repetido discurso de la soberbia K y el nombre de alguien más a quien vapulear porque no opina lo mismo que él, “me da pena la actitud de Binner de apoyar esta ley”, dijo en relación al gobernador de Santa Fe.
Diario Junio Digital
Pese a que el sojero entrerriano Alfredo De Angeli acaba de decir que los “productores no pueden pagar más de lo que pagan”, en relación al tímido cambio en los avalúos de los inmuebles rurales, la tierra entrerriana se sigue ocupando de soja. Ahora, se sabe que se sembrarían 1.400.000 hectáreas, lo que representa un crecimiento de más del 25 % de la superficie plantada el año anterior. La explicación es que vuelve la rentabilidad extraordinaria por los precios de la soja en el mercado internacional. En el caso de Entre Ríos, son justamente estos sectores los que debería pagar un poco más de los $ 0,80 centavos por hectárea de lo que pagan hoy por el impuesto Inmobiliario rural.
Los datos sobre el crecimiento de la superficie sojera en la provincia fueron aportados por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales (Siber) que semana a semana monitorea el estado de los cultivos de la provincia. Este incremento, precisa el Siber, estaría dado por la ocupación de los lotes que en el ciclo agrícola pasado no se implantaron por efecto de la sequía, más las hectáreas de maíz y girasol que se estima no se sembrarían en la presente campaña.
En tanto, De Ángeli, que califica el irrisorio aumento en el inmobiliario rural (tanto el de la provincia de Buenos Aires como el de Entre Ríos) como “un impuestazo” dijo que “van a empezar a florecer las asambleas y las protestas, porque no vemos otro camino, aunque tenemos claro que no hay que cortar rutas”. Aprovechó en un reportaje realizado por La Nación para hablar en contra del proyecto de ley de medios. En el reportaje no aparece ningún dato sobresaliente sobre esto, sí, sobre el repetido discurso de la soberbia K y el nombre de alguien más a quien vapulear porque no opina lo mismo que él, “me da pena la actitud de Binner de apoyar esta ley”, dijo en relación al gobernador de Santa Fe.
Diario Junio Digital
OPINIÓN AUTORIZADA
Por Roberto Caballero
Se va a acabar...
Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.
Debate sobre la nueva ley de medios: 23 razones para apoyarla.
Por Roberto Caballero*
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
* Director de revista Veintitrés
03-09-2009 /
Se va a acabar...
Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.
Debate sobre la nueva ley de medios: 23 razones para apoyarla.
Por Roberto Caballero*
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
* Director de revista Veintitrés
03-09-2009 /
EL MIEDO
OPINION
El cuco
Por Juan Carlos Giuliani*.
Uno de los principales fantasmas que agita el oligopolio informativo para oponerse con furia a la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que si ello ocurre, se producirá una hemorragia de despidos de trabajadores de la comunicación.
De acuerdo con ese libreto, periodistas, locutores, operadores, camarógrafos, productores, administrativos y el resto de la constelación de laburantes de los medios audiovisuales, de ahora en más vivirán con la guillotina sobre sus cabezas por obra y gracia de la nueva norma legal que viene a reemplazar a la heredada de la dictadura militar.
De tanto machacar con ese argumento -debidamente amplificado por sus voceros-, distintos sectores de la comunidad han revelado su preocupación por el tema. Se suma a ellos el coro estable de una clase política desesperada por congraciarse con el poder mediático y que confunde deliberadamente libertad de prensa con libertad de empresa.
Más aún, no faltan los colectivos de trabajadores de esas empresas dominantes que, por acción u omisión, por conveniencia u ignorancia, o simplemente por miedo, se tragan la píldora.
El Grupo Clarín; el Grupo Vila, Manzano, De Narváez; el Grupo Telefónica de España, Cadena 3, entre otros, esgrimen un discurso perverso, falaz, oscurantista y se cuidan muy bien de decir lo que es una verdad de "Perogrullo" para el común de los mortales. A mayor cantidad de medios de comunicación, promovidos por la desconcentración de la propiedad a la que apunta el proyecto de ley que se debate en el Senado de la Nación, mayor demanda de trabajo. Por el contrario, a más concentración y monopolio, menor cantidad de puestos de trabajo disponibles. Así de sencillo. Así de rotundo.
Con la aparición de los multimedios en la década del 90, de la mano del formidable proceso de concentración de las empresas de comunicación, se reflejó con toda crudeza el nivel de precarización y flexibilización laboral que castiga a la actividad y de la que son sus principales víctimas, aunque no las únicas, los movileros que trabajan a destajo con sus grabadores y micrófonos para hacer la nota de turno para la radio y la TV del grupo que abona sus salarios y, en más de una ocasión, para el diario de esa misma corporación.
Dos o tres trabajos cumplidos contemporáneamente por un solo sujeto. El paraíso de la superexplotación, el sueño de todo patrón de estancia, que eso y no otra cosa son los gerentes de Recursos Humanos de esas empresas. Verdugos cotidianos de los compañeros que, sin embargo, y para su enfado, se organizan y luchan en defensa de un salario digno y mejores condiciones laborales.
Son unos caraduras. Y todavía tienen el tupé de asustar con el cuco del despido para crispar aún más a una sociedad azotada por la pobreza, el desempleo y la marginalidad, cuando ellos fueron y son los principales responsables del achicamiento de la fuerza laboral en el universo de la comunicación.
Tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, el ejercicio de monopolización de la comunicación dejó un tendal de desocupados. Por caso, los trabajadores cordobeses recuerdan perfectamente la cantidad de despidos disfrazados bajo el ropaje de “retiros voluntarios” que operó el Grupo Clarín cuando desembarcó en esa provincia para quedarse con casi todos los canales de TV por cable, el diario La Voz del Interior y Canal 12.
No se puede olvidar, tampoco, el proceso disparado a través del terror para desconocer los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, propiciar los acuerdos de parte para extender la jornada laboral, disminuir salarios, etcétera, escudados en su posición hegemónica. Ese panorama desolador se reprodujo en el conourbano boanerese y a lo largo y ancho del país. Entoces, ¿de qué están hablando ahora? En realidad, quieren sepultar una discusión legítima y necesaria bajo los escombros de una amenaza vil que, por otro lado, ya ejecutaron en tiempo y forma.
Sólo la resistencia insobornable de las organizaciones gremiales, y la voluntad de los trabajadores organizados en cada empresa, fue capaz de poner un límite a tanta voracidad patronal.
Ni hablar de los mecanismos de censura y autocensura impuestos con mano férrea por los directores de contenidos para que circule y se difunda el discurso único funcional a los intereses de los que mandan.
El cuco no existe. Sólo sirve para asustar a los chicos a la hora de la siesta. La verdad es que los trabajadores y el pueblo nos merecemos una nueva Ley de Radiodifusión antimonopólica, plural, democrática, capaz de distribuir la palabra con justicia social.
* Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.
[24/09/2009 - ACTA]
El cuco
Por Juan Carlos Giuliani*.
Uno de los principales fantasmas que agita el oligopolio informativo para oponerse con furia a la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que si ello ocurre, se producirá una hemorragia de despidos de trabajadores de la comunicación.
De acuerdo con ese libreto, periodistas, locutores, operadores, camarógrafos, productores, administrativos y el resto de la constelación de laburantes de los medios audiovisuales, de ahora en más vivirán con la guillotina sobre sus cabezas por obra y gracia de la nueva norma legal que viene a reemplazar a la heredada de la dictadura militar.
De tanto machacar con ese argumento -debidamente amplificado por sus voceros-, distintos sectores de la comunidad han revelado su preocupación por el tema. Se suma a ellos el coro estable de una clase política desesperada por congraciarse con el poder mediático y que confunde deliberadamente libertad de prensa con libertad de empresa.
Más aún, no faltan los colectivos de trabajadores de esas empresas dominantes que, por acción u omisión, por conveniencia u ignorancia, o simplemente por miedo, se tragan la píldora.
El Grupo Clarín; el Grupo Vila, Manzano, De Narváez; el Grupo Telefónica de España, Cadena 3, entre otros, esgrimen un discurso perverso, falaz, oscurantista y se cuidan muy bien de decir lo que es una verdad de "Perogrullo" para el común de los mortales. A mayor cantidad de medios de comunicación, promovidos por la desconcentración de la propiedad a la que apunta el proyecto de ley que se debate en el Senado de la Nación, mayor demanda de trabajo. Por el contrario, a más concentración y monopolio, menor cantidad de puestos de trabajo disponibles. Así de sencillo. Así de rotundo.
Con la aparición de los multimedios en la década del 90, de la mano del formidable proceso de concentración de las empresas de comunicación, se reflejó con toda crudeza el nivel de precarización y flexibilización laboral que castiga a la actividad y de la que son sus principales víctimas, aunque no las únicas, los movileros que trabajan a destajo con sus grabadores y micrófonos para hacer la nota de turno para la radio y la TV del grupo que abona sus salarios y, en más de una ocasión, para el diario de esa misma corporación.
Dos o tres trabajos cumplidos contemporáneamente por un solo sujeto. El paraíso de la superexplotación, el sueño de todo patrón de estancia, que eso y no otra cosa son los gerentes de Recursos Humanos de esas empresas. Verdugos cotidianos de los compañeros que, sin embargo, y para su enfado, se organizan y luchan en defensa de un salario digno y mejores condiciones laborales.
Son unos caraduras. Y todavía tienen el tupé de asustar con el cuco del despido para crispar aún más a una sociedad azotada por la pobreza, el desempleo y la marginalidad, cuando ellos fueron y son los principales responsables del achicamiento de la fuerza laboral en el universo de la comunicación.
Tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, el ejercicio de monopolización de la comunicación dejó un tendal de desocupados. Por caso, los trabajadores cordobeses recuerdan perfectamente la cantidad de despidos disfrazados bajo el ropaje de “retiros voluntarios” que operó el Grupo Clarín cuando desembarcó en esa provincia para quedarse con casi todos los canales de TV por cable, el diario La Voz del Interior y Canal 12.
No se puede olvidar, tampoco, el proceso disparado a través del terror para desconocer los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, propiciar los acuerdos de parte para extender la jornada laboral, disminuir salarios, etcétera, escudados en su posición hegemónica. Ese panorama desolador se reprodujo en el conourbano boanerese y a lo largo y ancho del país. Entoces, ¿de qué están hablando ahora? En realidad, quieren sepultar una discusión legítima y necesaria bajo los escombros de una amenaza vil que, por otro lado, ya ejecutaron en tiempo y forma.
Sólo la resistencia insobornable de las organizaciones gremiales, y la voluntad de los trabajadores organizados en cada empresa, fue capaz de poner un límite a tanta voracidad patronal.
Ni hablar de los mecanismos de censura y autocensura impuestos con mano férrea por los directores de contenidos para que circule y se difunda el discurso único funcional a los intereses de los que mandan.
El cuco no existe. Sólo sirve para asustar a los chicos a la hora de la siesta. La verdad es que los trabajadores y el pueblo nos merecemos una nueva Ley de Radiodifusión antimonopólica, plural, democrática, capaz de distribuir la palabra con justicia social.
* Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.
[24/09/2009 - ACTA]
lunes, 21 de septiembre de 2009
LEY DE MEDIOS : ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aportes para un debate necesario.
¿Qué defendemos? ¿La libertad de prensa, o la de empresa?
Por Adolfo Pérez Esquivel
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural. -
Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980.
Publicado por El Movimiento Popular por la Educación
¿Qué defendemos? ¿La libertad de prensa, o la de empresa?
Por Adolfo Pérez Esquivel
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural. -
Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980.
Publicado por El Movimiento Popular por la Educación
PARA LOS QUE ENVIAN MAILS DE DERECHA
Una invitación
Acabo de recibir en mi correo electrónico una invitación. Dice así: “Si no te animás y preferís que te sigan: robando, mintiéndote, burlándote, pisoteándote, riéndose de vos, maltratándote, violando tus derechos, privándote de educación, seguridad, etc., quedate en tu casa tranquilo. Pero por favor enviá este mail a todos los que puedas. Seguramente hay mucha gente que se cansó de vivir a diario todo esto y quiere que se la escuche!!! ‘Para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien se queden de brazos cruzados’. Edmund Burke. CACEROLAZO... Para que los Kirchner escuchen de una vez el ruido de las urnas que con temeridad desobedecen (de eso se trata la democracia)”.
Sandra Russo
El correo me lo mandó alguien que no me conoce ni sabe cómo pienso; me tiene en su mailing desde que alguna vez hice una consulta on line por un objeto de diseño. Me sentí tan invadida por un pensamiento tan ajeno que le contesté, aunque sé que no sirve para nada. Estoy hasta las extensiones que no tengo de las ñoñadas de la derecha, sobre todo porque fíjense: uno lucha todo el día con las palabras, para que sean correctas, directas, lo más precisas posible. Y en las últimas semanas hemos presenciado el espectáculo de la derecha diciendo cualquier cosa. La impunidad con la que hacen uso del lenguaje y formatean la realidad a su antojo es notable. Están acostumbrados a decidir todo, hasta el nombre de las cosas. Lo último de lo último, según pudo saberse en el cónclave de notables que visitó la Legislatura porteña, es que no quieren que se diga que son de derecha. Les molesta. Lo toman como una ofensa. ¿Cómo se explica? Son muy bien tratados por la gran prensa. No hay campañas multimediáticas de desprestigio de ningún pope de estos que ahora sitúan el mal en Venezuela. Se diría que es al revés. Ellos son los ideólogos del nuevo eje del mal en la región, ellos son los que pusieron la semillita intelectual. No es que defienda todo lo que pasa en Venezuela, ya que para eso tendría que saberlo. Nadie está informado sobre lo que pasa en Venezuela. (A Alvaro Vargas Llosa, por ejemplo, le hicieron notas cuando “lo detuvieron en el aeropuerto de Caracas y le retuvieron el pasaporte”. Ni una ni otra cosa. Fue un trámite migratorio largo.) La información que llega es tan sesgada y tendenciosa que desinforma. Pocos argentinos están en condiciones de discutir algo relacionado con Venezuela, porque lo que circula son clichés. En fin, pero ellos dicen que no son de derecha. Quieren ser el centro porque quieren además ser la voz oficial del mundo.
Siguiendo con la historia del mail, por ese mismo medio y controlando el tono le pregunté a la señora que me invitó a cacerolear qué hay de su propio respeto por las urnas que eligieron un gobierno hasta el 2011. Le pedí que dejaran de coquetear con los sobresaltos institucionales, y le indiqué que a mi parecer respetar los mandatos constitucionales es lo único democrático, educado y chic.
Después me quedé repasando el texto. No es un correo escrito por una señora de Barrio Norte irritada con este Gobierno. La frase de Edmund Burke da la pista. La escuché varias veces desde el año pasado. En sí misma, no es mala. Habla del mal, habla del “triunfo del mal”. De Burke no sabía casi nada, y la frase me llevaba a pensar, por ejemplo, en el Holocausto o en el genocidio argentino. El mal no habría triunfado si las personas de bien no se hubiesen quedado de brazos cruzados. Estaba pifiándola feo, ya que Burke fue un filósofo irlandés del siglo XVIII para quien el mal estaba encarnado por... la Revolución Francesa.
Me enteré también de que en España, hace un par de años, se creó la Fundación Burke, que está dedicada a fomentar, relanzar y profundizar políticas conservadoras. Burke, cuya obra más famosa es Una indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo Sublime y de lo Bello, es el intelectual en el que abreva la reacción conservadora en muchos países. En uno de los artículos de la Fundación Burke, en un link llamado “Lo conservador”, leí que ese sector defiende una civilización nacida de la síntesis de “la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo”. Y también que esa confluencia “permitió el florecimiento de la libertad: gobierno limitado, libertad individual, responsabilidad personal, sometimiento del Poder al Derecho, economía libre y una invariante moral para el orden político”.
Todo me pareció correcto pero la trampa estaba en lo de la “economía libre”. El neoliberalismo es un bicho que se camufla en la democracia. Burke integraba el Parlamento británico a mediados del siglo XVIII y mantuvo un posición opuesta a la Thomas Paine en relación con la Revolución Francesa: rechazaba la “falta de respeto por la tradición legal consuetudinaria”. Si fuera por Burke, Francia sería aún monárquica. Pero también, en lo económico, fue de los primeros en darle piedra libre al mercado. De esos conservadores, fue el primer liberal.
Quizá por eso se entienda que ahora Burke sea retomado, plumereado y expuesto como think tank de los sectores que en todo el mundo quieren restaurar un orden que no encuentran porque está todo dado vuelta. Empezando, claro, por el ombligo de “nuestra civilización”, que debió admitir en los hechos que cuando todo cae lo único que queda en pie para resolver, salvar, financiar, subsidiar y mantener algún tipo de orden es el Estado.
En otro de los artículos, un ensayista español señalaba que lo más urgente que hay que restaurar es la legitimidad del pensamiento conservador, “acomplejado” en la actualidad (es eso: los acompleja ser de derecha). Así, sostiene, como incluso los gobiernos conservadores no lo son lo suficiente, “actúan aceptando la proscripción del elemento religioso en el debate público, debilitando la familia, aumentando o manteniendo el tamaño y control del Estado de bienestar, consolidando así un modelo claramente intervencionista”.
Estas ideas se vinculan con el relato vigente y en permanente construcción sobre el nuevo “eje del mal” en América latina. Son su leche cultivada. Y contienen bacilos contra cualquier tipo de cambio en puerta. Aunque ese cambio sea democrático. Desconocen la soberanía popular. No es un concepto en el que se detengan, más que para sugerir que si el cambio es profundo, conviene abortarlo.
Son los mismos que están contra el aborto. Se niegan sistemáticamente a admitir la interrupción de un embarazo, pero cada tanto instan a abortar un gobierno.
Una frase más de Burke que no tiene desperdicio: “El dinero es el sustituto técnico de Dios”.
Página12
Acabo de recibir en mi correo electrónico una invitación. Dice así: “Si no te animás y preferís que te sigan: robando, mintiéndote, burlándote, pisoteándote, riéndose de vos, maltratándote, violando tus derechos, privándote de educación, seguridad, etc., quedate en tu casa tranquilo. Pero por favor enviá este mail a todos los que puedas. Seguramente hay mucha gente que se cansó de vivir a diario todo esto y quiere que se la escuche!!! ‘Para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien se queden de brazos cruzados’. Edmund Burke. CACEROLAZO... Para que los Kirchner escuchen de una vez el ruido de las urnas que con temeridad desobedecen (de eso se trata la democracia)”.
Sandra Russo
El correo me lo mandó alguien que no me conoce ni sabe cómo pienso; me tiene en su mailing desde que alguna vez hice una consulta on line por un objeto de diseño. Me sentí tan invadida por un pensamiento tan ajeno que le contesté, aunque sé que no sirve para nada. Estoy hasta las extensiones que no tengo de las ñoñadas de la derecha, sobre todo porque fíjense: uno lucha todo el día con las palabras, para que sean correctas, directas, lo más precisas posible. Y en las últimas semanas hemos presenciado el espectáculo de la derecha diciendo cualquier cosa. La impunidad con la que hacen uso del lenguaje y formatean la realidad a su antojo es notable. Están acostumbrados a decidir todo, hasta el nombre de las cosas. Lo último de lo último, según pudo saberse en el cónclave de notables que visitó la Legislatura porteña, es que no quieren que se diga que son de derecha. Les molesta. Lo toman como una ofensa. ¿Cómo se explica? Son muy bien tratados por la gran prensa. No hay campañas multimediáticas de desprestigio de ningún pope de estos que ahora sitúan el mal en Venezuela. Se diría que es al revés. Ellos son los ideólogos del nuevo eje del mal en la región, ellos son los que pusieron la semillita intelectual. No es que defienda todo lo que pasa en Venezuela, ya que para eso tendría que saberlo. Nadie está informado sobre lo que pasa en Venezuela. (A Alvaro Vargas Llosa, por ejemplo, le hicieron notas cuando “lo detuvieron en el aeropuerto de Caracas y le retuvieron el pasaporte”. Ni una ni otra cosa. Fue un trámite migratorio largo.) La información que llega es tan sesgada y tendenciosa que desinforma. Pocos argentinos están en condiciones de discutir algo relacionado con Venezuela, porque lo que circula son clichés. En fin, pero ellos dicen que no son de derecha. Quieren ser el centro porque quieren además ser la voz oficial del mundo.
Siguiendo con la historia del mail, por ese mismo medio y controlando el tono le pregunté a la señora que me invitó a cacerolear qué hay de su propio respeto por las urnas que eligieron un gobierno hasta el 2011. Le pedí que dejaran de coquetear con los sobresaltos institucionales, y le indiqué que a mi parecer respetar los mandatos constitucionales es lo único democrático, educado y chic.
Después me quedé repasando el texto. No es un correo escrito por una señora de Barrio Norte irritada con este Gobierno. La frase de Edmund Burke da la pista. La escuché varias veces desde el año pasado. En sí misma, no es mala. Habla del mal, habla del “triunfo del mal”. De Burke no sabía casi nada, y la frase me llevaba a pensar, por ejemplo, en el Holocausto o en el genocidio argentino. El mal no habría triunfado si las personas de bien no se hubiesen quedado de brazos cruzados. Estaba pifiándola feo, ya que Burke fue un filósofo irlandés del siglo XVIII para quien el mal estaba encarnado por... la Revolución Francesa.
Me enteré también de que en España, hace un par de años, se creó la Fundación Burke, que está dedicada a fomentar, relanzar y profundizar políticas conservadoras. Burke, cuya obra más famosa es Una indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo Sublime y de lo Bello, es el intelectual en el que abreva la reacción conservadora en muchos países. En uno de los artículos de la Fundación Burke, en un link llamado “Lo conservador”, leí que ese sector defiende una civilización nacida de la síntesis de “la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo”. Y también que esa confluencia “permitió el florecimiento de la libertad: gobierno limitado, libertad individual, responsabilidad personal, sometimiento del Poder al Derecho, economía libre y una invariante moral para el orden político”.
Todo me pareció correcto pero la trampa estaba en lo de la “economía libre”. El neoliberalismo es un bicho que se camufla en la democracia. Burke integraba el Parlamento británico a mediados del siglo XVIII y mantuvo un posición opuesta a la Thomas Paine en relación con la Revolución Francesa: rechazaba la “falta de respeto por la tradición legal consuetudinaria”. Si fuera por Burke, Francia sería aún monárquica. Pero también, en lo económico, fue de los primeros en darle piedra libre al mercado. De esos conservadores, fue el primer liberal.
Quizá por eso se entienda que ahora Burke sea retomado, plumereado y expuesto como think tank de los sectores que en todo el mundo quieren restaurar un orden que no encuentran porque está todo dado vuelta. Empezando, claro, por el ombligo de “nuestra civilización”, que debió admitir en los hechos que cuando todo cae lo único que queda en pie para resolver, salvar, financiar, subsidiar y mantener algún tipo de orden es el Estado.
En otro de los artículos, un ensayista español señalaba que lo más urgente que hay que restaurar es la legitimidad del pensamiento conservador, “acomplejado” en la actualidad (es eso: los acompleja ser de derecha). Así, sostiene, como incluso los gobiernos conservadores no lo son lo suficiente, “actúan aceptando la proscripción del elemento religioso en el debate público, debilitando la familia, aumentando o manteniendo el tamaño y control del Estado de bienestar, consolidando así un modelo claramente intervencionista”.
Estas ideas se vinculan con el relato vigente y en permanente construcción sobre el nuevo “eje del mal” en América latina. Son su leche cultivada. Y contienen bacilos contra cualquier tipo de cambio en puerta. Aunque ese cambio sea democrático. Desconocen la soberanía popular. No es un concepto en el que se detengan, más que para sugerir que si el cambio es profundo, conviene abortarlo.
Son los mismos que están contra el aborto. Se niegan sistemáticamente a admitir la interrupción de un embarazo, pero cada tanto instan a abortar un gobierno.
Una frase más de Burke que no tiene desperdicio: “El dinero es el sustituto técnico de Dios”.
Página12
LA PALABRA ES DEL PUEBLO
Para la oposición, el Gobierno no quiere evitar la concentración
Más de la mitad de la población está de acuerdo con la nueva ley de medios
La consultora CEOP realizó dos encuestas con pocos días de diferencia. Los resultados revelan algunos cambios según el nivel de conocimiento del proyecto oficialista. Según el estudio, el 55,2 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de medios contra un 32,7 que no lo está y un 12,1 que desconoce el tema.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada la semana pasada en la Cámara baja del Congreso. El debate en diputados fue arduo, contó con posturas encontradas entre oficialista y opositores y, aunque el ACyS se manifestaba en contra de aprobar la ley, el quiebre dentro de la fuerza política lo dio el socialismo, que se pronunció a favor. Ahora, hay amplia expectativa acerca de qué pasará en la Cámara de Senadores.
La aprobación del proyecto provocó que algunos monopolios mediáticos agudizaran su enfrentamiento con el Gobierno nacional, y la pelea política se tornó cada día más dura.
Sin embargo, aunque en las últimas semanas el foco estuvo puesto en las discusiones que se llevaban a acabo en el Parlamento, la opinión pública pareció estar relegada de la discusión. Pero la consultora CEOP realizó una encuesta de la que surge en las claras posiciones de la población con respecto a esta ley.
Según el estudio, el 55,2 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de medios contra un 32,7 que no lo está y un 12,1 que desconoce el tema.
Además, el sondeo deja claro que un alto porcentaje de la población, –el 55%– cree que hay medios o grupos de medios que están interesados en que la ley no sea aprobada.
En este sentido, el 61,5 por ciento de la opinión pública apunta al Grupo Clarín, un 4,0 a América TV y un 2,2% al diario La Nación.
La semana pasada, mientras le ley estaba siendo discutida en el Parlamento, ante el mismo interrogatorio, los encuestados colocaron al diario La Nación en segundo lugar y a América TV en tercer lugar.
La realidad es que el diario fundado por Bartolomé Mitre no se ve afectado económicamente por la ley que estos días comienza a discutirse en el Senado. Lo que hace La Nación es oponerse ideológicamente al proyecto, que es otra cosa.
El conocimiento posterior de la ley, que tuvo amplia difusión en los medios, es tal vez lo que provocó la inversión de estas posturas en la opinión pública.
PUNTOS CLAVE. Además, el 49,2 por ciento no cree que la nueva ley permita a los gobiernos de turno el control de la prensa, mientras que el 37,5 por ciento, sí cree que los controlarán.
Ante la afirmación “La nueva ley fomentará la popularidad en la información”, el 51,5% se declara en acuerdo, el 33, 7 en desacuerdo y el 14,8 por ciento NS/NC.
Por otra parte, casi el 60 por ciento de los consultados opina que la nueva ley generará más trabajo, “ya que los medios deberán contar con un mínimo de producción nacional”.
Más del 50 por ciento de los entrevistados aseguran que “la nueva ley fomentará la popularidad en la información”. En cambio, el 33,7% se pronunció en contra de esta afirmación.
El estudio de CEOP se realizó entre los días 14 y 17 de este mes sobre una muestra de 1.000 casos efectivos y tiene carácter de alcance nacional.
Los consultados fueron hombres y mujeres mayores de 18 años y de todo nivel socioeconómico.
El principal motivo por los cuales los encuestados consideraron necesario el cambio de la ley de radiodifusión fue la necesidad de impedir la monopolización de los medios de comunicación.
Otro de los puntos relevantes de estudio arroja que casi el 50 por ciento de la población cree que la nueva ley de medios evitará la conconcentración de medios en grandes grupos económicos. En cambio, el 33,6%, sí cree que lo hará.
VOCES OPOSITORAS. Para el diputado de la Coalición Cívica Fernando Iglesias, el alto porcentaje de aprobación de la gente se debe a que “el Gobierno ha sido muy eficiente en hacerle creer a la ciudadanía que se oponía a la concentración de medios, cuando no hizo nada cuando les convenía”.
“Con la excusa de estar en contra de la concentración de medios. el Gobierno intenta instalar la creación de un monopolio controlado por el Poder Ejecutivo”, señaló Iglesias.
Fuente: BAE
domingo, 20 de septiembre de 2009
LIBERTAD DE EMPRESA II
INMOBILIARIO RURAL : Diputado radical dijo “muy probablemente apoyaremos” el proyecto de Mesa de Enlace
INCREIBLE : Benedetti considera que aumentar los $ 0,80 por has. del inmobiliario rural “es un impuestazo”
Luego que el gobierno provincial decidiera aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural al 6 % de los dueños de la tierra entrerriana, de modo que paguen un poco más que $ 0,80 centavos por hectárea, la Mesa de Enlace que integra Alfredo De Angeli puso el grito en el cielo y, detrás de ellos, el radicalismo. Así, el Diputado Provincial de la UCR Jaime Benedetti consideró que “estamos en presencia de un impuestazo” y adelantó que, “si la Mesa de Enlace Provincial entrega un proyecto lo evaluaremos y muy probablemente lo apoyaremos con el resto de los integrantes del Bloque Radical que preside el Diputado Marcelo López”. Como ya informáramos, una casa de 2 habitaciones en Concordia paga casi el doble de impuesto inmobiliario que un campo de 100 has. Con la actual reforma, solo pagarán más aquellos que tengan más de 1.000 has (alrededor del 6 % del total), mientras que más de un 30 % de productores pagará menos que en la actualidad.
En un comunicado enviado a DIARIOJUNIO, el diputado Benedetti asegura que el martes la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara Baja tratará las modificaciones al Impuesto Inmobiliario Rural que envió el Ejecutivo. Al respecto, negó que esta reforma signifique una gran contribución del Gobierno ni que tenga carácter progresivo, como la presentó el gobernador Sergio Urribarri. “Por el contrario, estamos en presencia de un impuestazo, un fuertísimo aumento que en algunos casos llega al trescientos por ciento (300 %)”.
Luego de formular una confusa explicación en números, Benedetti vaticinó: “Si la Mesa Provincial de Enlace del sector, entrega un proyecto que introduce modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural, lo evaluaremos y muy probablemente lo apoyaremos con el resto de los integrantes del Bloque Radical que preside el Diputado Marcelo López. Ahora bien, en caso contrario, si prospera la iniciativa del Gobierno con el apoyo del oficialismo, se seguirá privilegiando la caja en lugar de la producción y se acentuará la desaparición de explotaciones rurales en nuestra provincia”.
Como se sabe, los primeros en poner el grito en el cielo por el aumento, fueron los representantes de los dueños de la tierra, entre ellos De Angeli de quien Urribarri dijo que “no parará hasta ver la provincia incendiada".
Diario Junio
INCREIBLE : Benedetti considera que aumentar los $ 0,80 por has. del inmobiliario rural “es un impuestazo”
Luego que el gobierno provincial decidiera aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural al 6 % de los dueños de la tierra entrerriana, de modo que paguen un poco más que $ 0,80 centavos por hectárea, la Mesa de Enlace que integra Alfredo De Angeli puso el grito en el cielo y, detrás de ellos, el radicalismo. Así, el Diputado Provincial de la UCR Jaime Benedetti consideró que “estamos en presencia de un impuestazo” y adelantó que, “si la Mesa de Enlace Provincial entrega un proyecto lo evaluaremos y muy probablemente lo apoyaremos con el resto de los integrantes del Bloque Radical que preside el Diputado Marcelo López”. Como ya informáramos, una casa de 2 habitaciones en Concordia paga casi el doble de impuesto inmobiliario que un campo de 100 has. Con la actual reforma, solo pagarán más aquellos que tengan más de 1.000 has (alrededor del 6 % del total), mientras que más de un 30 % de productores pagará menos que en la actualidad.
En un comunicado enviado a DIARIOJUNIO, el diputado Benedetti asegura que el martes la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara Baja tratará las modificaciones al Impuesto Inmobiliario Rural que envió el Ejecutivo. Al respecto, negó que esta reforma signifique una gran contribución del Gobierno ni que tenga carácter progresivo, como la presentó el gobernador Sergio Urribarri. “Por el contrario, estamos en presencia de un impuestazo, un fuertísimo aumento que en algunos casos llega al trescientos por ciento (300 %)”.
Luego de formular una confusa explicación en números, Benedetti vaticinó: “Si la Mesa Provincial de Enlace del sector, entrega un proyecto que introduce modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural, lo evaluaremos y muy probablemente lo apoyaremos con el resto de los integrantes del Bloque Radical que preside el Diputado Marcelo López. Ahora bien, en caso contrario, si prospera la iniciativa del Gobierno con el apoyo del oficialismo, se seguirá privilegiando la caja en lugar de la producción y se acentuará la desaparición de explotaciones rurales en nuestra provincia”.
Como se sabe, los primeros en poner el grito en el cielo por el aumento, fueron los representantes de los dueños de la tierra, entre ellos De Angeli de quien Urribarri dijo que “no parará hasta ver la provincia incendiada".
Diario Junio
LIBERTAD DE EMPRESA
Canal 13 fue casi un regalo menemista
El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares”, asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal de esa señal.
El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares”, asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal del Canal 13. Su denuncia, presentada ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, apunta directamente a los ex funcionarios menemistas Jorge Rachid, Raúl Granillo Ocampo, Raúl Otero y León Guinzburg, piezas fundamentales del armado. Pero también roza a Ernestina Herrara de Noble y Héctor Magnetto.
“La comisión evaluadora que integraban Rachid, Otero, Granillo Ocampo y Guinzburg desestimó en primera instancia las ofertas presentadas por los otros tres oferentes, lo que les impidió mejorar sus respectivas propuestas. Esa jugada le permitió a Artear ganar la licitación pagando 5.581.395 dólares”, explica Carbonelli. Una adjudicación que apenas superó en un 7,1% el valor de base fijado. Un monto que contrasta con los 8.139.534 dólares que pagó Telefé para ganarle la puja en segunda instancia a Tevemac –del grupo Macri– por el Canal 11, suma superior en un 111,6% al piso estipulado en los pliegos del concurso.
“La bondad menemista llegó al punto de entregarles en comodato gratuito por cinco años la utilización de los bienes muebles a las empresas adjudicatarias. En el caso del Canal 13, a valores actuales, el monto por los alquileres rondaría el millón de dólares”, precisa Carbonelli. Sin embargo, las irregularidades no terminan allí. Apoyado en el dictamen que en su momento emitió el Superior Tribunal de Cuentas de la Nación, Carbonelli recuerda que la comisión evaluadora asignó a los oferentes puntajes en el momento de analizar las propuestas, y no antes como lo requieren las normas.
Ni siquiera las tasaciones de los activos de las emisoras privatizadas tuvieron la claridad que requieren los actos del Estado. En los hechos, fueron practicadas por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo y, como en el caso del patrimonio fílmico, se concretaron “sin consideraciones de orden técnico”, como destacó en su momento el Superior Tribunal de Cuentas. “Ahora que el Congreso discute una nueva ley de radiodifusión, espero que se haga justicia para que nunca más el monopolio Clarín avasalle los derechos de los demás con el poder que le confiere la concentración de medios”, afirma Carbonelli.
Fuente: El Argentino
El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares”, asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal de esa señal.
El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares”, asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal del Canal 13. Su denuncia, presentada ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, apunta directamente a los ex funcionarios menemistas Jorge Rachid, Raúl Granillo Ocampo, Raúl Otero y León Guinzburg, piezas fundamentales del armado. Pero también roza a Ernestina Herrara de Noble y Héctor Magnetto.
“La comisión evaluadora que integraban Rachid, Otero, Granillo Ocampo y Guinzburg desestimó en primera instancia las ofertas presentadas por los otros tres oferentes, lo que les impidió mejorar sus respectivas propuestas. Esa jugada le permitió a Artear ganar la licitación pagando 5.581.395 dólares”, explica Carbonelli. Una adjudicación que apenas superó en un 7,1% el valor de base fijado. Un monto que contrasta con los 8.139.534 dólares que pagó Telefé para ganarle la puja en segunda instancia a Tevemac –del grupo Macri– por el Canal 11, suma superior en un 111,6% al piso estipulado en los pliegos del concurso.
“La bondad menemista llegó al punto de entregarles en comodato gratuito por cinco años la utilización de los bienes muebles a las empresas adjudicatarias. En el caso del Canal 13, a valores actuales, el monto por los alquileres rondaría el millón de dólares”, precisa Carbonelli. Sin embargo, las irregularidades no terminan allí. Apoyado en el dictamen que en su momento emitió el Superior Tribunal de Cuentas de la Nación, Carbonelli recuerda que la comisión evaluadora asignó a los oferentes puntajes en el momento de analizar las propuestas, y no antes como lo requieren las normas.
Ni siquiera las tasaciones de los activos de las emisoras privatizadas tuvieron la claridad que requieren los actos del Estado. En los hechos, fueron practicadas por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo y, como en el caso del patrimonio fílmico, se concretaron “sin consideraciones de orden técnico”, como destacó en su momento el Superior Tribunal de Cuentas. “Ahora que el Congreso discute una nueva ley de radiodifusión, espero que se haga justicia para que nunca más el monopolio Clarín avasalle los derechos de los demás con el poder que le confiere la concentración de medios”, afirma Carbonelli.
Fuente: El Argentino
LEY NACIONAL Y POPULAR
EL SENADOR SOCIALISTA RUBEN GIUSTINIANI APOYARA LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
El anticipo de un voto positivo
A pesar de que la UCR intenta “discutir la estrategia parlamentaria” en el Senado, el presidente del PS ratificó a sus colaboradores que mantendrá la posición que tuvieron sus diputados respecto de la reforma de la Ley de Radiodifusión.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El senador socialista Rubén Giustiniani ratificó ayer que votará a favor de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados, cuando el proyecto se discuta en el Senado. Los depositarios y testigos de la certeza fueron sus propios colaboradores. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados” de su partido, dijo a Rosario/12 una fuente cercana al legislador. La definición descarta entonces la posibilidad de que los socialistas puedan discutir el voto de Giustiniani con sus socios de la UCR, sobre todo con los más cercanos al vicepresidente Julio César Cleto Cobos y permeables a las presiones mediáticas.
Esta semana, el propio gobernador Hermes Binner había anunciado que la posición de Giustiniani sería idéntica a la que adoptó su bloque en Diputados porque “se trata de una situación ya debatida y resuelta en el interior del partido”. Lo mismo sostuvo el diputado Roy Cortina, autor del proyecto alternativo del socialismo y promotor de las modificaciones que planteó el PS y luego se plasmaron en la media sanción de Diputados. “En términos generales, los socialistas tomamos definiciones como partido y somos muy respetuosos”, afirmó Cortina.
Ayer, Giustiniani evitó las declaraciones públicas a la espera de que el dictamen de Diputados ingrese al Senado en las próximas horas. Pero confirmó a su entorno que votará a favor de la ley. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados”, reiteró una colaboradora del senador.
La definición del socialismo es una clara respuesta al pedido de la UCR para discutir el voto de Giustiniani en el seno del Frente Progresista santafesino. El pataleo de los radicales comenzó con el diputado Darío Boscarol, que acusó a sus socios políticos de ser “funcionales al kirchnerismo” y dejar pasar una oportunidad de “fortalecer a la oposición en el país”. Boscarol planteó que si bien el apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “era una decisión autónoma del Partido Socialista” y no tendría “repercusiones” en la alianza, creía que “la posición del socialismo a nivel nacional no fue la mejor”. Y pidió que sus aliados revisen la postura en el Senado. “Giustiniani es un legislador del Frente Progresista, por lo tanto deberíamos discutir su voto en el Senado”, insistió.
En los mismos términos se pronunció la UCR en un documento del interventor en el comité provincial. “En temas de trascendencia, las posiciones deben ser una resultante del debate de las diferentes fuerzas que componen la coalición”, sostuvo. Y consideró “saludable que se asegure un debate previo a cualquier tratamiento” en el Senado. Porque el socialismo adoptó una postura “sin agotar los mecanismos de consulta necesarios y reclamados por todo el arco opositor”.
Binner también les contestó a los radicales. Y defendió la posición del socialismo porque es “coherente” con sus principios. “Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia y de nuestra trayectoria, como lo fuimos en el debate sobre las AFJP. No cambiamos nuestras formas de ver la realidad circunstancialmente por los cambios de gobierno”, afirmó.
El gobernador dijo que el socialismo decidió apoyar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en general y plantear disidencias parciales porque “el Gobierno modificó los principales cuestionamientos, como el ingreso de las telefónicas y la composición del órgano de control”.
“Nosotros fuimos coherentes, como cuando apoyamos la transferencia de los fondos de las AFJP a la Anses. Siempre respaldamos el sistema de reparto. Y en el caso de la ley de medios de comunicación, históricamente hemos defendido la necesidad de una federalización. Y ponemos como ejemplo el caso de Santa Fe: para que a uno lo escuchen en toda la provincia hay que ir a un canal de Buenos Aires. Yo no aseguro que los Kirchner van a cumplir con lo que dice la ley. Pero hoy tenemos una nueva herramienta legal para exigir su cumplimiento”, concluyó Binner.
Página 12
El anticipo de un voto positivo
A pesar de que la UCR intenta “discutir la estrategia parlamentaria” en el Senado, el presidente del PS ratificó a sus colaboradores que mantendrá la posición que tuvieron sus diputados respecto de la reforma de la Ley de Radiodifusión.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El senador socialista Rubén Giustiniani ratificó ayer que votará a favor de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados, cuando el proyecto se discuta en el Senado. Los depositarios y testigos de la certeza fueron sus propios colaboradores. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados” de su partido, dijo a Rosario/12 una fuente cercana al legislador. La definición descarta entonces la posibilidad de que los socialistas puedan discutir el voto de Giustiniani con sus socios de la UCR, sobre todo con los más cercanos al vicepresidente Julio César Cleto Cobos y permeables a las presiones mediáticas.
Esta semana, el propio gobernador Hermes Binner había anunciado que la posición de Giustiniani sería idéntica a la que adoptó su bloque en Diputados porque “se trata de una situación ya debatida y resuelta en el interior del partido”. Lo mismo sostuvo el diputado Roy Cortina, autor del proyecto alternativo del socialismo y promotor de las modificaciones que planteó el PS y luego se plasmaron en la media sanción de Diputados. “En términos generales, los socialistas tomamos definiciones como partido y somos muy respetuosos”, afirmó Cortina.
Ayer, Giustiniani evitó las declaraciones públicas a la espera de que el dictamen de Diputados ingrese al Senado en las próximas horas. Pero confirmó a su entorno que votará a favor de la ley. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados”, reiteró una colaboradora del senador.
La definición del socialismo es una clara respuesta al pedido de la UCR para discutir el voto de Giustiniani en el seno del Frente Progresista santafesino. El pataleo de los radicales comenzó con el diputado Darío Boscarol, que acusó a sus socios políticos de ser “funcionales al kirchnerismo” y dejar pasar una oportunidad de “fortalecer a la oposición en el país”. Boscarol planteó que si bien el apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “era una decisión autónoma del Partido Socialista” y no tendría “repercusiones” en la alianza, creía que “la posición del socialismo a nivel nacional no fue la mejor”. Y pidió que sus aliados revisen la postura en el Senado. “Giustiniani es un legislador del Frente Progresista, por lo tanto deberíamos discutir su voto en el Senado”, insistió.
En los mismos términos se pronunció la UCR en un documento del interventor en el comité provincial. “En temas de trascendencia, las posiciones deben ser una resultante del debate de las diferentes fuerzas que componen la coalición”, sostuvo. Y consideró “saludable que se asegure un debate previo a cualquier tratamiento” en el Senado. Porque el socialismo adoptó una postura “sin agotar los mecanismos de consulta necesarios y reclamados por todo el arco opositor”.
Binner también les contestó a los radicales. Y defendió la posición del socialismo porque es “coherente” con sus principios. “Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia y de nuestra trayectoria, como lo fuimos en el debate sobre las AFJP. No cambiamos nuestras formas de ver la realidad circunstancialmente por los cambios de gobierno”, afirmó.
El gobernador dijo que el socialismo decidió apoyar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en general y plantear disidencias parciales porque “el Gobierno modificó los principales cuestionamientos, como el ingreso de las telefónicas y la composición del órgano de control”.
“Nosotros fuimos coherentes, como cuando apoyamos la transferencia de los fondos de las AFJP a la Anses. Siempre respaldamos el sistema de reparto. Y en el caso de la ley de medios de comunicación, históricamente hemos defendido la necesidad de una federalización. Y ponemos como ejemplo el caso de Santa Fe: para que a uno lo escuchen en toda la provincia hay que ir a un canal de Buenos Aires. Yo no aseguro que los Kirchner van a cumplir con lo que dice la ley. Pero hoy tenemos una nueva herramienta legal para exigir su cumplimiento”, concluyó Binner.
Página 12
LAS PRÓXIMAS CARTAS
LOS PROXIMOS PASOS DEL GOBIERNO SI SE APRUEBA LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Una agenda para entusiasmar a los aliados
El kirchnerismo buscará profundizar sus coincidencias con los bloques que apoyaron en Diputados la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. La Reforma Política y la de Entidades Financieras son algunas de las iniciativas en estudio.
Por Martín Piqué
El jueves a la mañana, pocas horas después de que terminara la votación en particular de los 166 artículos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, recibió un llamado en su celular. Era la Presidenta. Rossi se encontraba en el despacho de la diputada Patricia Fadel; lo acompañaban el titular de la Cámara, Eduardo Fellner, la vicepresidenta del cuerpo Patricia Vaca Narvaja y la propia Fadel. Tras las primeras felicitaciones, Cristina Fernández pidió hablar con Vaca Narvaja y Fadel. “Este es el camino que tenemos que seguir avanzando y profundizando”, le dijo CFK a la legisladora cordobesa que el próximo 10 de diciembre terminará su mandato para ser embajadora en México. La mandataria se refería a las coincidencias puntuales con bloques de centroizquierda, inclusive con el socialismo, que habían hecho posible la media sanción y con un margen mayor del esperado: 147 votos afirmativos. Para mantenerse en esta línea, el Gobierno impulsaría el proyecto de Reforma Política. Una nueva ley de Entidades Financieras también está en estudio.
El desenlace de la votación en Diputados provocó entusiasmo en la quinta de Olivos. De hecho, el resultado reforzó la estrategia que el matrimonio presidencial está delineando para lo que resta del año legislativo y el inicio del próximo. Un año que promete ser complicado por la nueva composición del Congreso. Se trata de sostener en el tiempo una agenda de contenido progresista, que permita seguir explorando acuerdos con el centroizquierda no K.
No será tan sencillo volver a coincidir en iniciativas puntuales con las bancadas de centroizquierda, como Solidaridad e Igualdad, el ARI de Tierra del Fuego, el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social, Proyecto Sur de Pino Solanas y Claudio Lozano. Para que el oficialismo vuelva a encontrarse en una misma posición con esos bloques deberá impulsar proyectos que sean difíciles de rechazar para los espacios identificados con las demandas del centroizquierda. El oficialismo ya tiene en carpeta una propuesta que le permitiría volver a coincidir en una discusión parlamentaria. Se trata del proyecto de ley de Reforma Política (ver página 5).
La iniciativa que estudia el Gobierno se hace eco de dos demandas históricas de los partidos pequeños con ideario de centroizquierda. La idea es aumentar el aporte del Estado por cada voto obtenido en las últimas elecciones. Otra medida que prevé el proyecto es garantizar que todos los partidos tengan el mismo espacio de publicidad en las pantallas de los medios de comunicación financiados por el Estado. Así se pretende poner límites a las inversiones siderales en publicidad que suelen realizar los candidatos multimillonarios.
En el oficialismo descuentan que los bloques de centroizquierda apoyarían un proyecto de Reforma Política con esos lineamientos. “Si los partidos de centroizquierda no pueden ni siquiera pagar la impresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires”, argumentó ante Página/12 un funcionario de diálogo permanente con las bancadas de extracción progresista.
En el Ejecutivo evalúan que el acercamiento con el centroizquierda será complicado en la próxima discusión en el Congreso, en la que se tratará el presupuesto del año 2010. “Creo que los bloques progresistas van a aprovechar este tema para volver a mostrar su autonomía con respecto al kirchnerismo”, pronosticó a Página/12 un diputado de origen extra-PJ que suele acompañar al Gobierno.
La herencia de la dictadura
La discusión del presupuesto en el Congreso será el momento en que se debatirán otros temas subsumidos en la asignación presupuestaria de cada ministerio: quizá el más importante de todos sea la posibilidad de implementar una asignación universal por hijo. Se trata de una medida muy sensible para los bloques de centroizquierda. La propia Presidenta reconoció que es necesario extender el alcance de la política social, que hoy deja sin cobertura a 2.860.713 menores de 18 años, cuando presentó el plan de cooperativas “Ingreso Social con Trabajo”. En el mismo discurso, CFK se preguntó de dónde saldrían los fondos para financiar esa ampliación de derechos. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?”, interpeló aquel mediodía de agosto.
Los bloques de centroizquierda tienen una respuesta para la pregunta de CFK. Para la mayor parte del espacio progresista, la asignación universal por hijo es posible si se grava la renta financiera o se fija un nuevo impuesto a la compra-venta de acciones en la Bolsa. Una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y de la derogación de la vigente, que en rigor es un decreto-ley (número 21.526) y fue instituido por la última dictadura en 1977. Uno de los impulsores de la idea de gravar las transacciones financieras es el senador socialista Rubén Giustiniani. En la reciente visita al Senado del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Giustiniani insistió con su propuesta. “Es impracticable, sobre todo por la historia del sistema bancario argentino”, retrucó Fernández.
Pero la propuesta de crear un nuevo impuesto que afecte al sistema financiero no fue desechada por completo. Como tampoco se descarta impulsar una nueva ley de Entidades Financieras que reemplace la heredada de la dictadura. La nueva reglamentación tendría como eje promover el crédito productivo y recuperar cierto poder regulatorio en las variables financieras, como las tasas de interés. La nueva legislación podría formar parte de un combo que incluiría además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas medidas están siendo promovidas por la CGT que encabeza Hugo Moyano. La titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, ya intentó impulsar un cambio en el Banco Central. El vice de esa entidad, Miguel Pesce, reconoció que es necesaria una reformulación del sistema financiero.
El diputado electo Carlos Heller es el principal promotor de la idea de modificar la legislación que regula al sistema financiero (ver aparte). Su mandato empezará el 10 de diciembre, aunque el año legislativo comenzará tras la apertura de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo de 2010. Si no hay una definición sobre este tema antes de esa fecha, ése sería el momento de abrir la discusión. En los planes del kirchnerismo, la clave es la construcción de nuevas coaliciones.
Página 12
Una agenda para entusiasmar a los aliados
El kirchnerismo buscará profundizar sus coincidencias con los bloques que apoyaron en Diputados la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. La Reforma Política y la de Entidades Financieras son algunas de las iniciativas en estudio.
Por Martín Piqué
El jueves a la mañana, pocas horas después de que terminara la votación en particular de los 166 artículos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, recibió un llamado en su celular. Era la Presidenta. Rossi se encontraba en el despacho de la diputada Patricia Fadel; lo acompañaban el titular de la Cámara, Eduardo Fellner, la vicepresidenta del cuerpo Patricia Vaca Narvaja y la propia Fadel. Tras las primeras felicitaciones, Cristina Fernández pidió hablar con Vaca Narvaja y Fadel. “Este es el camino que tenemos que seguir avanzando y profundizando”, le dijo CFK a la legisladora cordobesa que el próximo 10 de diciembre terminará su mandato para ser embajadora en México. La mandataria se refería a las coincidencias puntuales con bloques de centroizquierda, inclusive con el socialismo, que habían hecho posible la media sanción y con un margen mayor del esperado: 147 votos afirmativos. Para mantenerse en esta línea, el Gobierno impulsaría el proyecto de Reforma Política. Una nueva ley de Entidades Financieras también está en estudio.
El desenlace de la votación en Diputados provocó entusiasmo en la quinta de Olivos. De hecho, el resultado reforzó la estrategia que el matrimonio presidencial está delineando para lo que resta del año legislativo y el inicio del próximo. Un año que promete ser complicado por la nueva composición del Congreso. Se trata de sostener en el tiempo una agenda de contenido progresista, que permita seguir explorando acuerdos con el centroizquierda no K.
No será tan sencillo volver a coincidir en iniciativas puntuales con las bancadas de centroizquierda, como Solidaridad e Igualdad, el ARI de Tierra del Fuego, el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social, Proyecto Sur de Pino Solanas y Claudio Lozano. Para que el oficialismo vuelva a encontrarse en una misma posición con esos bloques deberá impulsar proyectos que sean difíciles de rechazar para los espacios identificados con las demandas del centroizquierda. El oficialismo ya tiene en carpeta una propuesta que le permitiría volver a coincidir en una discusión parlamentaria. Se trata del proyecto de ley de Reforma Política (ver página 5).
La iniciativa que estudia el Gobierno se hace eco de dos demandas históricas de los partidos pequeños con ideario de centroizquierda. La idea es aumentar el aporte del Estado por cada voto obtenido en las últimas elecciones. Otra medida que prevé el proyecto es garantizar que todos los partidos tengan el mismo espacio de publicidad en las pantallas de los medios de comunicación financiados por el Estado. Así se pretende poner límites a las inversiones siderales en publicidad que suelen realizar los candidatos multimillonarios.
En el oficialismo descuentan que los bloques de centroizquierda apoyarían un proyecto de Reforma Política con esos lineamientos. “Si los partidos de centroizquierda no pueden ni siquiera pagar la impresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires”, argumentó ante Página/12 un funcionario de diálogo permanente con las bancadas de extracción progresista.
En el Ejecutivo evalúan que el acercamiento con el centroizquierda será complicado en la próxima discusión en el Congreso, en la que se tratará el presupuesto del año 2010. “Creo que los bloques progresistas van a aprovechar este tema para volver a mostrar su autonomía con respecto al kirchnerismo”, pronosticó a Página/12 un diputado de origen extra-PJ que suele acompañar al Gobierno.
La herencia de la dictadura
La discusión del presupuesto en el Congreso será el momento en que se debatirán otros temas subsumidos en la asignación presupuestaria de cada ministerio: quizá el más importante de todos sea la posibilidad de implementar una asignación universal por hijo. Se trata de una medida muy sensible para los bloques de centroizquierda. La propia Presidenta reconoció que es necesario extender el alcance de la política social, que hoy deja sin cobertura a 2.860.713 menores de 18 años, cuando presentó el plan de cooperativas “Ingreso Social con Trabajo”. En el mismo discurso, CFK se preguntó de dónde saldrían los fondos para financiar esa ampliación de derechos. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?”, interpeló aquel mediodía de agosto.
Los bloques de centroizquierda tienen una respuesta para la pregunta de CFK. Para la mayor parte del espacio progresista, la asignación universal por hijo es posible si se grava la renta financiera o se fija un nuevo impuesto a la compra-venta de acciones en la Bolsa. Una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y de la derogación de la vigente, que en rigor es un decreto-ley (número 21.526) y fue instituido por la última dictadura en 1977. Uno de los impulsores de la idea de gravar las transacciones financieras es el senador socialista Rubén Giustiniani. En la reciente visita al Senado del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Giustiniani insistió con su propuesta. “Es impracticable, sobre todo por la historia del sistema bancario argentino”, retrucó Fernández.
Pero la propuesta de crear un nuevo impuesto que afecte al sistema financiero no fue desechada por completo. Como tampoco se descarta impulsar una nueva ley de Entidades Financieras que reemplace la heredada de la dictadura. La nueva reglamentación tendría como eje promover el crédito productivo y recuperar cierto poder regulatorio en las variables financieras, como las tasas de interés. La nueva legislación podría formar parte de un combo que incluiría además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas medidas están siendo promovidas por la CGT que encabeza Hugo Moyano. La titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, ya intentó impulsar un cambio en el Banco Central. El vice de esa entidad, Miguel Pesce, reconoció que es necesaria una reformulación del sistema financiero.
El diputado electo Carlos Heller es el principal promotor de la idea de modificar la legislación que regula al sistema financiero (ver aparte). Su mandato empezará el 10 de diciembre, aunque el año legislativo comenzará tras la apertura de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo de 2010. Si no hay una definición sobre este tema antes de esa fecha, ése sería el momento de abrir la discusión. En los planes del kirchnerismo, la clave es la construcción de nuevas coaliciones.
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